A Reserva
Inseguridad e incremento de feminicidios
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El concepto de seguridad pública,
se refiere a la cualidad de “seguro”, es decir aquello que está exento de
peligro, daño o riesgo, también se entiende como algo cierto, firme e indubitable,
por lo tanto la “Seguridad” refiere una certeza, un resguardo hacia las
personas y sus bienes materiales.
Por mandato constitucional, la
Seguridad debe ser garantizada por el Estado y en un estado democrático como el
que se afirma por norma y aún más en airados y pomposos discursos políticos en
México, cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, tiene el
derecho y hasta la obligación de exigirla como un derecho fundamental
universal, es decir sin excepción de rangos por raza, nacionalidad, condición
social, cultura o género.
La seguridad se inserta en el
sentido del orden social, en el que subyacen la paz social, la justicia y el
progreso, en este sentido la seguridad es una exigencia social inexcusable,
pero sin duda constantemente deficiente, por lo que la sociedad reacciona con
indignación pero no con la suficiente
articulación y fuerza ciudadana que obligue a los diferentes niveles de
gobierno a actuar en consecuencia.
La pobreza, la marginación, las
desigualdades y la muy deficiente educación, frente a políticas publicas
inexistentes en materia de seguridad, la inacción criminal de la procuración de
justicia, la tibieza de los tribunales y el legalismo desbocado que llena
páginas de letras sin ninguna incidencia practica que se traduzcan en mejores
condiciones de la población, sin duda
son causa de la desesperanza y de esas reacciones sociales aisladas, difusas y
egoístas que merman la capacidad solidaria de indignación, que van generando
conformismos de grupo, autismo social que desgasta el asombro y en consecuencia reduce lo que debería ser
una exigencia contundente que obligue al estado a garantizar la vida de sus
gobernados y su seguridad.
Esta situación de inseguridad que
priva en México y se agudiza en algunas regiones más que otras, que algunos
estados se vuelven foco rojo por diferentes fenómenos como el tan aludido
narcotráfico, la delincuencia organizada, que se actualiza con el secuestro, el
tráfico de infantes, niñas y mujeres, cobro de cuotas a negocios y comercios,
situaciones de las que no están exentos los estados más pobres, los del sureste
de la república, y en los que además, como es el caso de Oaxaca, se percibe la
inseguridad como un golpe a traición, donde los de antes fallaron y los de
ahora no cumplen lo pactado, que
quebrantan y desconocen los compromisos asumidos frente al pueblo.
Cierto es que la ausencia de
seguridad en Oaxaca, se padece palpablemente por todos los sectores, pero sin
duda es mayor en los sectores más expugnables, los más pobres, los indígenas,
los desempleados, etc. Sin embargo la trascendencia de la inseguridad, alcanza
grados mayúsculos cuando además impacta a la mitad de la población – cuando
permea la sensación de que ser mujer implica alto riesgo, cuando ningún estatus
las salva, de la violencia y que la muerte las asecha; que ninguna autoridad
resguarda su derecho a vivir libres de violencia. Esta percepción generalizada conlleva
drásticas consecuencias sociales que se agudiza por la abierta omisión e
impunidad, por el incumplimiento cínico del deber ético y constitucional de proteger
y garantizar la vida de las mujeres y su acceso a vivir sin violencia.
La ciudadanía tendría que poder
confiar en la congruencia entre lo pedido y lo prometido, entre el deber ser y
el hacer del gobierno. No se trata de colores politizados, el gobierno debe,
está obligado a proveer bienestar, para lo cual se requiere preponderantes e imperativos de tal manera
que se todo intento delincuencial se vea frustrado, sea por mecanismos de ley,
sea por acciones en la prevención y procuración de justicia.
Las mujeres oaxaqueñas viven un
estado de inseguridad e incerteza jurídica, que las coloca frente a la
inactividad del estado y desprotección de sus derechos fundamentales, como
víctimas potenciales de diferentes formas violencia, la más grave y peligrosa
la violencia institucional, es clara la ausencia de herramientas eficientes que
contribuyan a salvaguardar los derechos de las mujeres, que las protejan
y faciliten el acceso a la justicia.
Negar o falsear datos y números,
solo demuestra la insensibilidad de los actores de gobierno, su falta de
compromiso, incluso su desinterés y desprecio por las mujeres, que por cierto
son las mismas que en actos demagógicos las nombran “nuestras mujeres” frente a
las que se les suaviza el rostro y les piden el voto o apoyo, e incluso son las
que los han legitimado en el poder.
Sera que ahora si con el miedo
que ocasiona ver a una y otra y otra asesinada impunemente se le exija no solo
con indignación si no con la razón que da el derecho inexpugnable frente a los
gobernantes, que los obligue a pasar “del dicho al hecho”
@BarbaraEGCH
