domingo, 10 de noviembre de 2013

A reserva ¿Demagogia?




A reserva
¿Demagogia?

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Una de las bandera de campaña de Enrique Peña Nieto fue y parece que aún la cacarea, la “creación de un Sistema de Seguridad Social Universal, para garantizar a todos los mexicanos condiciones mínimas de bienestar, que tiene que ver con la atención a la salud, un seguro de desempleo y una pensión para el retiro como elementos fundamentales de este sistema de seguridad social universal"
Tres asuntos a cual más de peliagudos, en un país cuyas condiciones históricas, socio económicas y por supuesto políticas, han situado determinante y reiterativamente al pueblo mexicano en escenarios de pobreza desde alimentaria hasta la cualquier otra denominación que califique la ausencia de dignidad y bienestar de millones de personas.
La pobreza viola una amplia gama de derechos humanos que comienzan con el derecho a la integridad física. La prioridad del derecho a la supervivencia y a las necesidades básicas es una consecuencia natural del derecho a la seguridad personal. La pobreza somete a quien la padece a un entramado de relaciones en las que se les privan de múltiples bienes tanto materiales como simbólicos, de trascendencia universal, que son imprescindibles para el desarrollo humano. La pobreza es una condición que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, de la capacidad, de las opciones, de la seguridad y del poder necesario para vivir dignamente y ejercer los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que toda persona posee por el hecho de nacer.
 Cierto es que estas medidas anunciadas son el reconocimiento patente de la exclusión de millones de personas a una vida digna, derechos humanos que en nuestro país se han violentado sistemáticamente –el derecho a la salud, al trabajo digno y el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez-. Medidas que implican reformas constitucionales y que no se hacen realidad, hasta que son verdaderamente aplicadas y evaluadas. Es decir hoy por hoy para la ciudadanía siguen en declaraciones propias de campaña política…habrá que ver.
Lo que sí es posible revisar a conciencia es lo que existe y padecemos y casi especular en tanto a las posibilidades respecto a los beneficios sociales prometidos:
El derecho fundamental a la salud, inaccesible para millones de personas en México, injusto para quienes no cuentan con empleo formal, están en una posición vulnerable considerando que uno de los gastos más importantes es el que se refiere precisamente al cuidado de la salud, y en muchos casos puede significar la pérdida absoluta del patrimonio familiar y en el peor de los casos, sin contar la posibilidad de la muerte de personas a la falta de recursos económicos que son necesarios para costear la atención médica.
La reforma, no es novedosa en tanto desde 2004 entra en vigor el esquema de seguridad universal denominado Sistema de Protección Social en Salud, identificado como Seguro Popular, que pretende ofrecer  acceso igualitario de un aseguramiento médico público a la población no asalariada. Sin embargo según cifras del INEGI, solo 65 de cada 100 personas tienen derecho a servicios médicos de alguna institución pública o privada, 23 de estas son atendidas a través del Seguro Popular.
Si traducimos estas cifras a los millones de personas que no cuentan aún con servicio médico estaremos hablando de casi 40 millones de mujeres y hombres a los que se les viola este derecho fundamental, independientemente de quienes pueden acudir a los servicios de salud gratuitos y se enfrentan con los pésimos servicios y la falta de medicamentos indispensables en un cuadro básico.
El seguro de desempleo en un país donde el desempleo crece desproporcionalmente en comparación con la población y se incrementan cifras y fenómenos como  el tercer porcentaje más alto entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de jóvenes que no estudian ni trabajan, solo por debajo de Turquía e Israel, situación que representa una falla estructural que implica la pérdida de oportunidades para un desarrollo pleno.
El “empleo” en el sector informal puede considerarse en muchas ocasiones como una fuente de sobrevivencia, que además está estrechamente ligada a la pobreza. Estas personas son llevadas a elegir la informalidad con base en una simple reflexión costo-beneficio, entre el costo de la formalidad –en el que toman en cuenta los gastos adicionales y los complicados trámites y requisitos– contra los beneficios de la informalidad, a pesar de que esta contempla la renuncia a asuntos como la protección legal, la seguridad social y de manera específica el acceso a los servicios de salud gratuita que representa alrededor del 30 por ciento de la población.
Tal vez lo primero que se tendría que atacar es la crisis permanente y la falta de estrategias formales para abatir el desempleo, si consideramos que de acuerdo con la estimación del crecimiento de la población, México necesita crear alrededor de 800 mil empleos en la década 2010-2020, está comprobado y así lo demuestran las estadísticas, que en el mundo entero la mayoría de empleos son a través de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, en México aproximadamente el 60 por ciento de estas empresas de reciente creación entablan procesos de bancarrota dentro de su primer año de actividad debido en principio a la inestabilidad de la economía y a la excesiva burocracia de trámites fiscales y legales, la falta de crédito adecuado y oportuno, la falta de empleados capacitados, y las crisis económicas a las que han estado expuestas.
En México se consideran adultos mayores las mujeres y hombres con más de 60 años y se cuentan en total casi siete millones. El grupo de adultos mayores presenta lo que se denomina como de mayor “riesgo social” que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social y atención a la salud.
Así, 54 por ciento de la población de 65 a 69 años es derechohabiente de los servicios de salud, esta cifra se reduce escandalosamente conforme se cumplan más años. En cuanto al beneficio de pensión actualmente menos del 30 por ciento de adultos mayores la reciben.
Una interrogante respecto a la pensión universal prometida es la relativa a las mujeres adultas mayores y su posición en desventaja, cuando ellas han trabajado en casa sin remuneración; la condición de la mujer de edad avanzada, se ve afectada negativamente por la discriminación sufrida a lo largo de su vida; así, a manera de ejemplo, destaca el hecho de que registra menores niveles de escolaridad respecto a los hombres, además  de la reducida participación laboral limita sus posibilidades de generar ahorro para la edad adulta mayor o de acceder a una pensión.
Así las cosas ¿qué tanto podrá Peña Nieto con todo y sus reformas alcanzar sus propósitos?... Ver para creer.