A reserva
¿Demagogia?
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Una de las bandera de campaña de
Enrique Peña Nieto fue y parece que aún la cacarea, la “creación de un Sistema
de Seguridad Social Universal, para garantizar a todos los mexicanos
condiciones mínimas de bienestar, que tiene que ver con la atención a la salud,
un seguro de desempleo y una pensión para el retiro como elementos
fundamentales de este sistema de seguridad social universal"
Tres asuntos a cual más de
peliagudos, en un país cuyas condiciones históricas, socio económicas y por
supuesto políticas, han situado determinante y reiterativamente al pueblo
mexicano en escenarios de pobreza desde alimentaria hasta la cualquier otra
denominación que califique la ausencia de dignidad y bienestar de millones de
personas.
La pobreza viola una amplia gama de
derechos humanos que comienzan con el derecho a la integridad física. La
prioridad del derecho a la supervivencia y a las necesidades básicas es una
consecuencia natural del derecho a la seguridad personal. La pobreza somete a
quien la padece a un entramado de relaciones en las que se les privan de
múltiples bienes tanto materiales como simbólicos, de trascendencia universal,
que son imprescindibles para el desarrollo humano. La pobreza es una condición
que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, de la
capacidad, de las opciones, de la seguridad y del poder necesario para vivir
dignamente y ejercer los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales que toda persona posee por el hecho de nacer.
Cierto es que estas medidas anunciadas son el
reconocimiento patente de la exclusión de millones de personas a una vida
digna, derechos humanos que en nuestro país se han violentado sistemáticamente
–el derecho a la salud, al trabajo digno y el derecho de los adultos mayores a
recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la
vejez-. Medidas que implican reformas constitucionales y que no se hacen
realidad, hasta que son verdaderamente aplicadas y evaluadas. Es decir hoy por
hoy para la ciudadanía siguen en declaraciones propias de campaña
política…habrá que ver.
Lo que sí es posible revisar a
conciencia es lo que existe y padecemos y casi especular en tanto a las
posibilidades respecto a los beneficios sociales prometidos:
El derecho fundamental a la salud,
inaccesible para millones de personas en México, injusto para quienes no cuentan
con empleo formal, están en una posición vulnerable considerando que uno de los
gastos más importantes es el que se refiere precisamente al cuidado de la
salud, y en muchos casos puede significar la pérdida absoluta del patrimonio
familiar y en el peor de los casos, sin contar la posibilidad de la muerte de
personas a la falta de recursos económicos que son necesarios para costear la
atención médica.
La reforma, no es novedosa en tanto
desde 2004 entra en vigor el esquema de seguridad universal denominado Sistema
de Protección Social en Salud, identificado como Seguro Popular, que pretende
ofrecer acceso igualitario de un
aseguramiento médico público a la población no asalariada. Sin embargo según
cifras del INEGI, solo 65 de cada 100 personas tienen derecho a servicios
médicos de alguna institución pública o privada, 23 de estas son atendidas a
través del Seguro Popular.
Si traducimos estas cifras a los
millones de personas que no cuentan aún con servicio médico estaremos hablando
de casi 40 millones de mujeres y hombres a los que se les viola este derecho
fundamental, independientemente de quienes pueden acudir a los servicios de
salud gratuitos y se enfrentan con los pésimos servicios y la falta de
medicamentos indispensables en un cuadro básico.
El seguro de desempleo en un país
donde el desempleo crece desproporcionalmente en comparación con la población y
se incrementan cifras y fenómenos como el tercer porcentaje más alto entre los 34
países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de
jóvenes que no estudian ni trabajan, solo por debajo de Turquía e Israel,
situación que representa una falla estructural que implica la pérdida de
oportunidades para un desarrollo pleno.
El “empleo” en el sector informal
puede considerarse en muchas ocasiones como una fuente de sobrevivencia, que
además está estrechamente ligada a la pobreza. Estas personas son llevadas a
elegir la informalidad con base en una simple reflexión costo-beneficio, entre
el costo de la formalidad –en el que toman en cuenta los gastos adicionales y
los complicados trámites y requisitos– contra los beneficios de la
informalidad, a pesar de que esta contempla la renuncia a asuntos como la
protección legal, la seguridad social y de manera específica el acceso a los
servicios de salud gratuita que representa alrededor del 30 por ciento de la
población.
Tal vez lo primero que se tendría
que atacar es la crisis permanente y la falta de estrategias formales para abatir
el desempleo, si consideramos que de acuerdo con la estimación del crecimiento
de la población, México necesita crear alrededor de 800 mil empleos en la
década 2010-2020, está comprobado y así lo demuestran las estadísticas, que en
el mundo entero la mayoría de empleos son a través de las pequeñas y medianas
empresas, sin embargo, en México aproximadamente el 60 por ciento de estas
empresas de reciente creación entablan procesos de bancarrota dentro de su
primer año de actividad debido en principio a la inestabilidad de la economía y
a la excesiva burocracia de trámites fiscales y legales, la falta de crédito
adecuado y oportuno, la falta de empleados capacitados, y las crisis económicas
a las que han estado expuestas.
En México se consideran adultos
mayores las mujeres y hombres con más de 60 años y se cuentan en total casi
siete millones. El grupo de adultos mayores presenta lo que se denomina como de
mayor “riesgo social” que resulta en parte inherente al avance de la edad y que
se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de
seguridad social y atención a la salud.
Así, 54 por ciento de la población de
65 a 69 años es derechohabiente de los servicios de salud, esta cifra se reduce
escandalosamente conforme se cumplan más años. En cuanto al beneficio de pensión
actualmente menos del 30 por ciento de adultos mayores la reciben.
Una interrogante respecto a la pensión
universal prometida es la relativa a las mujeres adultas mayores y su posición
en desventaja, cuando ellas han trabajado en casa sin remuneración; la
condición de la mujer de edad avanzada, se ve afectada negativamente por la
discriminación sufrida a lo largo de su vida; así, a manera de ejemplo, destaca
el hecho de que registra menores niveles de escolaridad respecto a los hombres,
además de la reducida participación
laboral limita sus posibilidades de generar ahorro para la edad adulta mayor o
de acceder a una pensión.
Así las cosas ¿qué tanto podrá Peña
Nieto con todo y sus reformas alcanzar sus propósitos?... Ver para creer.
