Palabra de Antígona
Alerta de Género en Morelos: Legislativo
Por Sara Lovera
Las y los diputados de la nación, de diferentes entidades
del país y distintos partidos políticos, no están sordos ni son
indiferentes. Esta semana la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto
de acuerdo para solicitar respetuosamente a la presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su calidad de Secretaria Ejecutiva del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (SNPASEVCM) promueva la alarta de Género para el Estado de
Morelos.
El Sistema nació teóricamente por dar a las
mexicanas seguridad y buena vida, sin violencia.
La noticia muestra cómo se han usado todos los recursos
legales establecidos en la República para que simplemente se cumpla con la ley.
Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, en México cada año en promedio
mil 800 mujeres son asesinadas y la impunidad es hasta del 90 por ciento.
Ello sucede aquí no en otro lugar, en este país donde se
anuncia que vivimos el mejor momento del Estado de Derecho. Los asesinatos de
mujeres no paran en todo el México, las cifras son alucinantes. Si sólo
consideramos los datos de Morelos, estamos hablando de más de 400 homicidios;
que hay 145 mujeres desaparecidas en el Estado de México, que cerca de 925
asesinatos se han acumulado en esa entidad, de donde proviene la actual
administración federal. 164 casos se han documentado en Oaxaca y así, la lista
es enorme, desgraciadamente.
Hasta el cansancio se han fundamentado los hechos,
existen dos observatorios civiles que definen como muy grave la situación para
las mujeres en el país. Hace unos días la ONU reveló el tamaño de la violencia
en pareja, cosa que está preocupando a los probables socios norteamericanos y
europeos, socios para aliviar un poco la condición de hambre y pobreza en
México.
Lo que hay que decir es que no para el asesinatos de
mujeres ni la demanda, ahora en la cancha del poder legislativo, donde se han
llegado a las mismas conclusiones que los organismos civiles. También las
comisiones de Equidad y Género de diversos congresos están activas, sustentando
que en el país los homicidios contra las mujeres nos dicen claramente el estado
de la democracia en México.
Exhortos a las autoridades desde el legislativo del estado
de Oaxaca en abril pasado señalan que debe encabezar esta demanda la comisión para
la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; igual hicieron las
legisladoras en el estado de Hidalgo y en su momento los congresos
de Veracruz y del Estado de México. ¿Qué sucede que no hay oídos para respetar
la división de poderes?, es decir para probar que vivimos en un Estado de
Derecho.
¿Cuál es el problema? Que al parecer ningún gobierno
quiere cumplir la ley. La negativa a dar curso a las alertas de género tiene
bases sustentadas, análisis de hechos, estadísticas, fundamentación jurídica,
acorde con el artículo primero de la Constitución. ¿Por qué las autoridades de
la Secretaría de Gobernación se niegan? Esto es como una interrogante que va
lastimando la credibilidad para la ciudadanía. ¿No que quieren quedarse en el
poder? Digo los priistas.
En Morelos la situación es muy grave, la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., ha tocado todas las
puertas. Ya construye un expediente que en breve será enviado, tras varias
cartas y solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la misma que deberá llamar a cuentas a los gobiernos estatales y federal. Esos
gobiernos tienen varias y diversas solicitudes para que realmente se haga lo
pertinente en los casos claros de zonas de alta peligrosidad para las mujeres.
Se ha exhortado al gobierno Federal, constantemente.
Organismos civiles, como las Libres en Guanajuato, han
documentado perfectamente su demanda, rechazada sin suficientes argumentos y
como en Morelos, se ha mapeado cada zona. El SNPASEVCM tiene como Secretaria
Ejecutiva a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz,
quien apenas el 20 de junio último, en Tlaxcala dijo: “El gobierno federal y
los gobiernos estatales deben mandar un mensaje claro a la sociedad, ante
delitos que la aquejan como la trata de personas: No toleraremos la impunidad
para quienes violen los derechos de las mujeres y atenten contra la vida de ellas
y de jovencitas”.
Se tratará sólo de palabras, me pregunto, ella parecería
interesada y podría desencadenar el procedimiento. Sin embargo, la respuesta en
Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Morelos es el mismo:
que no hay razones suficientes para la alerta.
Quien lee esta semana Palabra de Antígona deben
saber que el asunto es sencillo, se trata de investigar si quienes solicitan la
Alerta tienen datos, si efectivamente en los lugares señalados hay peligro
sistemático para la vida de las mujeres y, si es así, las autoridades deben
intervenir, investigar y tomar medidas preventivas y correctivas, que eso dice
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
No encuentro razones para negarse. ¿Qué harán ahora que
la Comisión Permanente lo está solicitando? El punto de acuerdo incluye que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos coadyuve en las
investigaciones, que verifique los datos largamente investigados que la
Comisión civil ha realizado y verificado, datos de los últimos 25 años
verdaderos oprobios acumulados. Eso simplemente, por las 400 mujeres asesinadas
y por la Ley.
Lo interesante de este punto de acuerdo es que se ha
puesto en evidencia la contradicción entre los gobiernos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y sus legisladores. Su actuación frente a gobiernos como el
de Morelos, presidido por Graco Ramírez, del PRD y en otros casos con gobiernos
del Partido Acción Nacional.
El exhorto ha sido solicitado por la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Senado de la República, que
preside senadora panista María del Pilar Ortega, convertida en congreso permanente
y constituida por 15 senadores y diputados, entre ellas seis priistas, cuatro
panistas, tres perredistas, uno del Partido del Trabajo y otro del Partido
Verde Ecologista. Los y las priistas firman el exhorto; un panista, el verde y
uno del PRD no firmaron, es curioso. La segunda en importancia en esa comisión
es la senadora priista Cristina Díaz Salazar, promovida en el PRI para un nuevo
encargo en su partido. Es increíble que la Secretaría de Gobernación, cuyo
titular es emanado del PRI, se niegue.
Es importante ver el curso que esta solicitud tendrá en
próximos días. Será una gran lección ver cómo y de qué manera el Ejecutivo se
negará a desplegar las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, en desfase absoluto de cara a las
declaraciones pomposas de hacer transversal la visión de género en el Plan
Nacional de Desarrollo. O será nada más pura demagogia.
Veremos.
