lunes, 18 de marzo de 2013

A Reserva ¿De qué lado estamos?


A Reserva
¿De qué lado estamos?

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Es evidente que la libertad de expresión, de libre asociación y el derecho de manifestación, así como de libre tránsito y el resto de los derechos fundamentales no son derechos absolutos, por tanto, están sometidos a la preservación del orden público. Sin embargo, en una sociedad abierta y libre, la garantía del orden público no es un bien jurídico absoluto.
En esta disyuntiva hay un elemento que no se debemos perder de vista: el Estado, que es el garante de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución y es quien debe actuar sin dar prevalencia a uno u otro derecho, tanto la libertad de tránsito como la libertad de reunión y asociación, y su consiguiente manifestación pública, son responsabilidad directa del órgano gubernamental, que en todo momento debe proveer a la sociedad de las garantías necesarias para que sus derechos no se vean vulnerados. Ni uno ni otro.
En este sentido es que el gobierno debe adoptar las medidas pertinentes para posibilitar, tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de derechos y bienes de la titularidad de terceros. Difícil, cierto pero posible, se requiere de talento y de estrategias eficientes de concertación y, en su caso, el uso de los mecanismos legales que tiene a su alcance.
En efecto, en principio estamos ante un derecho indeclinable en una sociedad democrática, que es de titularidad individual y de ejercicio colectivo, el derecho de manifestación pudiera parecer la forma más eficaz de la exposición de las ideas o de “la protesta” y  la “defensa de intereses” generales o sectoriales con publicidad en lugares de tránsito público, ocasionando conflicto en perjuicio de terceros.
En la actualidad el ejercicio del derecho de manifestación colectiva, también se ha interpretado como un “cauce del principio democrático participativo”, principio que por demás se argumenta por los gobiernos de transición que pujan desde sus campañas por ganar las simpatías ciudadanas en búsqueda de legitimidad. Esto de alguna manera pone camisa de fuerza para actuar dentro de la legalidad en aras del bienestar general, considerando, equivocadamente, que se deben favores electorales que hay que pagar con impunidad.
Aún con los abusos que ha implicado el derecho de manifestación -del que sin duda es responsable el Estado por las omisiones permanentes que rompen el Estado de Derecho y las concesiones que como pago de tanto ha otorgado a sectores como el magisterial en Oaxaca-, causando terribles daños al tejido social, polarizando a la ciudadanía con encono y rencillas cada vez más profundas e intransigentes, es imprescindible recordar que para muchos grupos sociales este derecho de manifestación, es en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones.
Incluso es pertinente recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en que “la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertades humanas”.
Oaxaca como referencia, resulta un caso inédito e inusitado, donde la experiencia ciudadana está en permanente confrontación en relación a sus derechos -manifestación y libre tránsito- de manera específica y en términos generalizados el derecho de manifestación  se asocia ipso facto con el movimiento magisterial.
No hay duda de que en Oaxaca “las manifestaciones callejeras” son una molestia colectiva que se asume cada vez con menos tolerancia, con indignación y repudio hacia los gobiernos, tanto estatal como municipal, es evidente que se altera el orden público y se arriesga la seguridad ciudadana, lo que al parecer se le olvida a los gobiernos que es el límite del ejercicio de los derechos constitucionales.
Así el ejercicio del derecho de manifestación ha de ser pacífico y es contraria a ello una situación de violencia generalizada. Si los sucesos de Mitla versus Sección 22 no se consideran violentos, entonces ¿qué debemos esperar?
La prudencia ha estado del lado de la ciudadanía, frente a la indulgencia abusiva y hasta la promoción del gobierno de grupos políticos fundamentalmente aliados a la coalición gobernante que de pronto alzan sus banderas para confirmar sus privilegios y reacomodarse frente al actual proceso electoral.
Claro que el hartazgo in crescendo  hace oír las voces alteradas y violentas de grupos políticos hegemónicos que atropellan buenas voluntades,  que aprovechan la ocasión para exacerbar  los ánimos pidiendo incluso a la autoridad administrativa y a sus agentes una represión que resultaría, sin duda, excesiva e indiscriminada por la ineficiente y abusiva policía con la que cuenta Oaxaca. Hay que pensarlo, porque eso daría pie a que se restringiera el derecho de manifestación de quien ahora lo pide, nadie esta exenta o exento de ser sujeto de golpes, tortura o en su momento detenido injustamente.
Es el profesionalismo pertinente, la responsabilidad y el tino democrático de los gobernantes, distinguir y aislar las manifestaciones violentas o delictuosas,  que están fuera de la protección del artículo 9º de la Constitución.
Ugartechea:  enmascarado
Lo que resulta una aberración es la ocurrencia del presidente municipal de la capital oaxaqueña, Luis Ugartechea, y su campaña denominada: “Quiero mi ciudad sin bloqueos”, ocurrencia familiar ideada desde la ultratumba panista, grupo que se encuentra en abierta desventaja, ya fuera el calderonismo y por su suegro el secretario de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, pretendiendo posicionarse en la clase política gobernante coaligada, donde fue impuesto por algún tatamandón del PRI y no haya su lugar.
Esta insulsa campaña, aparte de confrontar al otrora amigo y cómplice político Gabino Cué, pretende legitimar la inacción de su gobierno municipal y -ahora sí- deslindarse del llamado  movimiento democrático magisterial de Oaxaca, lavarse las manos como Herodes, cuando Ugartechea fue de los promotores de este movimiento en el fatídico 2006.
Al parecer esta campaña no ha prosperado a pesar del hartazgo ciudadano. Por un lado sus firmantes están en el propio gobierno municipal y en la clase oligárquica empresarial y, por el otro, funcionarios municipales andan peregrinando en las escuelas privadas recolectando firmas. Y si fueran a las escuelas de la sección 22 ¿saldrían de ahí?
Como presidente municipal puede promover una iniciativa de buen gobierno que reglamente las marchas y manifestaciones en la vía pública, en lugar de ponerse la máscara de ciudadano y actuar como opositor de su propio gobierno promoviendo firmas ante la inacción gubernamental ¿Qué le pasa?
Canalgentelibre.com