+06.07.56.png)
Mujeres y Política
Derechos Humanos la utopía oaxaqueña
Soledad JARQUÍN EDGAR
Esta columna debería estar dedicada a los buenos
deseos que esperamos sucedan en los próximo meses de este 2013 que apenas
inicia, sin embargo hemos postergado esa lista maravillosa de buenos deseos
frente a los hechos que siguen demandando urgencia. Así, bajo la consigna de “mas
vale tarde que nunca” dejaremos esa lista para la próxima.
Pues bien, recordarán ustedes el caso de María
Elena López Bretón, quien debido a las exigencias laborales y hostigamiento de
sus jefes inmediatos, nada más ni nada menos que en las oficinas del propio
gobernador de Oaxaca, terminó por perder a su hijo, bueno pues todavía andan
muchos cabos sueltos y a pesar de las recomendaciones y de los precedentes que
este caso sienta, los servidores públicos protegidos por su jefe inmediato,
léase Gabino Cué Monteagudo, no han sido molestado en lo más mínimo, contradiciendo
de manera fehaciente lo que su gobierno pregona: la defensa de los derechos
humanos.
El fin de año reciente, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que sin duda sienta precedente
y que lleva al IMSS, entre otras cosas, a tomar la medida de poner la leyenda
“expediente confidencial” cuando éste sea ginecológico y no se vuelvan a
prestar los malos médicos a la manipulación de la información como sucedió con
el caso López Bretón, sólo porque un funcionario de nombre Héctor Iturribarría
Pérez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, solicitó información al IMSS sobre
la paciente, misma que habría sido falsificada y sobre todo exhibida sin la
menor ética.
Este sería el segundo acto, porque el primero fue
protagonizado por Jesuswaldo Martínez Soria, coordinador
de Evaluación del Desempeño, quien lejos de escuchar que el embarazo de López
Bretón era delicado y que demandaba de ciertos cuidados, se mostró
desinteresado en que su subalterna tomara determinados cuidados, por el
contrario, le exigió más, le dijo que si no podía que renunciara y hasta le
reclamó por el hecho de estar embarazada. El resultado es el que ya conocemos.
Sin duda, tal y como se resolvió por la ahora
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en la recomendación
29/2011, era evidente la violación a los derechos humanos cometidos por
servidores públicos oaxaqueños, sí , en específico por Jesuswaldo Martínez
Soria, quien por cierto goza de una cabal ignorancia al olvidar los acuerdos
que dentro y fuera del país ha firmado México para proteger los derechos
humanos de las mujeres.
Ahora le tocó a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitir una conclusión sobre el caso, con fecha 30 de noviembre pasado,
en la que tanto el gobierno estatal como la Coordinación de Atención a Quejas y
Orientación al Derechohabiente del IMSS aceptaron las propuestas de
conciliación y solicita que informe de los avances en ese sentido.
El IMSS deberá girar instrucciones a los servidores
públicos que tengan acceso a los sellos y papel membretado de uso exclusivo y
oficial para que le den el uso adecuado
a efecto de evitar que vuelvan a ser “filtrada” información que sólo es de
interés para el o la usuaria.
Además ordena se de vista al órgano Interno de
Control en el IMSS para análisis y valoración en el procedimiento
administrativo de investigación SI/149/12/OAX, a efecto de que se consideren y
determine la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron por
facilitar sellos y papel membretado o falsificado el documento objeto de la queja
presentada por María Elena López Bretón.
Y, por último, que gire un oficio al área
correspondiente en que se valore la posibilidad de dar vista a la autoridad
ministerial ante la probable falsificación de papelería del IMSS, por cuanto a
la falsificación de firmas en el resumen médico que de la agraviada presentó
por parte del personal del Gobierno del Estado, que en este caso sería Héctor
Iturribarría Pérez, secretario Técnico del titular del Poder Ejecutivo (léase
Gabino Cué Monteagudo).
En cuanto al gobierno estatal, la CNDH le ordena
realizar los siguientes actos conciliatorios, primero que los servidores
públicos se abstengan de solicitar, obtener y manejar información de
trabajadores sin motivo ni fundamento.
En segundo lugar, se giren instrucciones a quien
corresponda para que Héctor Iturribarría Pérez, secretario de Técnico del
titular del Poder Ejecutivo, “evite ejercer con motivo de su cargo
hostigamiento laboral o represalias” en contra de María Elena López Bretón.
Que se de vista de este documento a la Secretaría
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que inicie la
investigación correspondiente en contra de los servidores públicos que
intervinieron en los hechos, como es el caso de Héctor Iturribarría, quien
solicitó y obtuvo del IMSS el resumen médico de María Elena López Bretón y que
después exhibió ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca.
Y, por ser necesario, lo cual es evidente, la CNDH solicita
que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación en
materia de derechos humanos dirigidos al personal directivo, con la finalidad
de promover y fomentar la inclusión de las mujeres y se asegure en la
planeación del presupuesto se incorpore la perspectiva de género, la
transversalidad y se asegure la no repetición de este tipo de actos.
Tanto el IMSS como el gobierno de Oaxaca tienen 90
días para cumplir, es decir, les quedan más o menos 60 para hacer efectiva esta
conciliación y cerrar una página por demás bochornosa en la historia de la
construcción de la igualdad entre mujeres y hombres, vista desde donde usted
quiera y que nos vuelve a marcar que los derechos de las mujeres no son una
prioridad, porque, sí así fuera, al menos los dos funcionarios hostigadores:
Iturribarría Pérez y Martínez Soria estarían haciendo otra cosa y no en los
cargos que ostentan dentro del gobierno de Gabino Cué que insisto sigue pagando
publicidad gubernamental para decir que en Oaxaca se cumple con los derechos
humanos, pero la evidencia habla por sí sola.
Sin duda, el esfuerzo realizado por María Elena
López Bretón para llegar hasta las últimas consecuencias será recordado por
todas las oaxaqueñas ya que ha sentado precedente, no es posible hablar de
igualdad si todavía hay quienes creen que un embarazo impide el desarrollo y
que por tanto una mujer embarazada estorba a los ocupados funcionarios.
Mucho cuidado deberán tener en el funcionariato,
incluso para garantizar esos derechos, sean de confianza o sindicalizadas las
mujeres que laboran en el gobierno, y por supuesto en la iniciativa privada, no
vaya siendo que sigan despidiéndolas por ese motivo o les nieguen sus horas de
lactancia porque es necesario “sacar un boletín” como sucede a las periodistas
que prestan sus servicios en las oficinas gubernamentales.
María Elena López Bretón una ciudadana que cree en
el ejercicio de sus derechos realizó toda esta encomienda y tramitología aún
cuando ella misma afirma “el daño causado en mi vida es irreparable” y tiene
toda la razón porque perdió un hijo que estaba por nacer y en eso tendrá un
peso determinado la actuación de Perla Woolrich Fernández, titular de la
Contraloría y Transparencia gubernamental, a quien por cierto la recordamos por
su promoción permanente y a ultranza del derecho a la vida aún a pesar de la
vida de las propias futuras madres por decisión e imposición. A ver si muestra
los dientes, como ya lo señalamos la semana pasada.
www.caracolasfem.blogspot.com
