A Reserva
Oaxaca y su caja fuerte: impudicia
burocrática
Si los salarios que se destinan a
la alta
burocracia fuera la medida del desarrollo, Oaxaca sería del primer
mundo.
Bárbara
GARCÍA CHÁVEZ
Oaxaca
ha tenido los pasados dos años, a luz vista, un gobierno trivial, ineficiente y
con mucha más pena que gloria. Eso lo sabe quien vive en Oaxaca –en cualquiera
de sus regiones- y enfrenta día a día la inoperancia cotidiana que insulta la
dignidad ciudadana y rompe el sesgo de la apatía frente a la creciente
inseguridad, la falta de oportunidades, el desempleo,
la
insuficiencia o nula prestación de servicios públicos, el imperativo incierto
de la justicia y sus privilegios, la informalidad de la economía promovida
desde el Estado, la indignante escalada de la Sección 22 del SNTE en acuerdos y
cochupos que denigran cada vez más la educación pública con la complacencia del
gobierno, los pésimos servicios de salud o en más casos de los que se quisiera
la falta de acceso a ellos, impunidad y corrupción cínica y ofensiva y claro la
crítica pobreza y la creciente desigualdad.
Los
entrecejos en el ejercicio del poder se pliegan a profundidad cuando de dinero
se trata. Las historias de abuso, enriquecimiento ilícito e inexplicable, pago
de cuotas y favores, compra de medios de comunicación, refuerzos al culto de la
personalidad del todo poderoso y otras bajezas se vislumbran siguiendo la ruta
del dinero.
Es
evidente, las estadísticas son francas, no mienten, Oaxaca es uno de los
estados más pobres de la república mexicana, como asentó hace menos de seis
meses el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Albino
González, frente al representante del Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal, afirmando que la marginación y pobreza extrema se
refleja en 172 municipios, siendo San Juan Tepeuxila la más pobre de las localidades
del país.
Por
supuesto este reconocimiento no implicó un mea culpa del gobierno, solo fue
para efectos de convenir más recursos emergentes, que con desfachatez
argumentan serán para programas de combate a la pobreza y con ello poder
atender el rezago que se está viviendo en Oaxaca.
Pues
sí que resulta insolente que un gobierno que confiesa la pobreza de su pueblo
se adjudique en nómina de funcionarios las más altas remuneraciones como pago
de su incompetencia, implícita procazmente en su declaratoria de pobreza, con
la finalidad obscena y demagógica de aplicar programas contra la pobreza.
Las
siguientes cifras que se informan son las dictaminadas por la Comisión
Permanente de Presupuesto y Programación y autorizadas por el pleno de la Cámara
de Diputados del Estado para el ejercicio 2013, como ejemplo de la falacia que
ha significado “el cambio democrático” del gobierno de la paz y el progreso. Y
si como afirma el gobernador de Oaxaca Gabino Cué gana un “salario” de 105 mil
pesos mensuales, entonces muchos otros en su gobierno ganan más que él.
Habría
que empezar por los partidos políticos, semilleros naturales de personajes habilitados
en la función pública, siete nacionales y dos más estatales, a todos se les
entregan 90 millones 533 mil 775 pesos de pesos, precisando que son PRI, PAN y
PRD los que se llevan más de dos terceras partes de este recurso, además,
claro, del presupuesto que se les asigna por la federación.
Las
y los diputados reciben una dieta de 54 mil 711 pesos sin contar sus bonos
extras, recuperación de gastos y patrocinio parlamentario, se les asignan hasta
cinco y en algunos casos más asesorías cuya remuneración mensual es de 13 mil 849
pesos cada una, pueden ser incluso su personal doméstico, parientes o pareja en
turno sin problema alguno. Hay quienes solo consiguen alguna credencial
electoral, lo que es suficiente para recibir el recurso de algún fantasma o
aviador.
La
Auditoría Superior del Estado que es el órgano técnico del Congreso que tiene a
su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del
Estado y Municipios, su presupuesto se cocina aparte, y resulta que el auditor Carlos
Altamirano Toledo, de origen perredista, gana la friolera de 109 mil 963 pesos,
cuota importante que asegura la obediencia del auditor a los designios del
gobernador, igual que lo hacía la ex auditora Lizbeth Caña Cadeza con su jefe Ulises Ruiz ¿Cuál cambio?
En
el poder judicial el escandalo es mayúsculo, resulta que el presidente
magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, recomendado especial de quien fue
suplente de Gabino Cué Monteagudo en el Senado al asumir el cargo de
gobernador, sin experiencia judicial alguna, igual que los presidentes del
Tribunal Superior que nombraban los gobernadores priistas, gana más que el
mismo gobernador: 171 mil 716 pesos mensuales, claro que hay que considerar el
peso mediático de su padrino. Lagunas Rivera gana casi cinco veces más que lo
asignado a las y los jueces y diez veces más que un secretario de acuerdos o uno
de estudio y cuenta en los que recae buena parte del trabajo judicial.
En
la Secretaría de Administración los altos funcionarios, léase el secretario Alberto
Vargas Varela, que gana 133 mil 923 pesos en contraste con las decenas del
personal de confianza y por contrato, cuyo sueldo oscila entre cinco y ocho mil
pesos mensuales. Eso sin contar su falta de humanidad y soberbia del
funcionario capaz de darle la espalda a quien fuera uno de sus mejores amigos en
otros tiempos y que enfermo le solicitó ayuda.
La
recién creada Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, tiene
asignado un presupuesto salarial casi de lujo, el Defensor Arturo Peinbert, obtiene
cada mes 116 mil 800 pesos en contraste con el sueldo del intendente que
percibe ocho mil 827 pesos. Este señor ni su boda tuvo que pagar, pues fue un
regalo del gobernador a la novia que es su queridísima secretaria privada.
El
consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, Alberto Alonso Criollo, gana 123 mil 663 pesos. En 2013, año de
elecciones intermedias, deberá justificar su autonomía y eficacia.
Las
percepciones a altos funcionarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca explican la guerra campal a la que están dispuestos a someterse por
ganar la rectoría, incluyendo personajes que parecían profesionistas desinteresados
de la educación y que sin recato se han deschongado por acceder al poder universitario,
para ser de los 10 que ganan 181mil 221 pesos, encabezados claro está por el
rector. Ello significa obtener más ingresos que cualquier funcionario público
de “primer nivel” del gabinete estatal. Sin duda, ser rector es un gran negocio
para toda la vida, una especie de seguro, ya que siguen obteniendo “un pago” indefinidamente
por la nada despreciable suma de 110 mil 847 pesos mensuales; también sucede
que un ex director de escuela o facultad en esta universidad gana más que
aquellos que están en funciones; aberraciones que no suceden en ninguna
universidad del mundo. Tal vez esta situación propicia que la avaricia rebase
las expectativas de calidad académica que hace mucho quedó distante, los
resultados están a la vista desde hace décadas.
La
disimilitud del presupuesto a los organismos autónomos se refleja ofensivamente
en el carácter asistencialista de este gobierno que otorga un presupuesto
gigantesco de 378 millones 490 mil 437 pesos para gastos del DIF fundamentalmente
discrecionales ¿qué significa esto? Usted imagínese lo que quiera.
La
cortedad de la visión del gobierno ciudadano se concretiza en el aberrante y
disminuido presupuesto que se destina a Ciencia y Tecnología, con tan solo de
cuatro millones 598 mil 56 pesos en comparación al presupuesto referido al
turismo hasta ahora dirigido con políticas ramplonas de 315 millones115 mil 724
pesos que se contradice con el menor presupuesto que a la lengua, cultura e
identidad indígena se le haya asignado, la insultante cifra de tan solo 864 mil
510 pesos, en una entidad que promueve el turismo fundamentalmente basado en la
identidad indígena.
En
el rubro de la obra pública e infraestructuras de destinaron un mil 172
millones 986 mil 45 pesos, cifra que se manipula y disfraza en los contratos de
asignación directa, permitiendo la indeseable e inhumana “lista de raya” donde
se contrata por la dependencia que jefatura el millonario empresario
constructor Netzahualcóyotl Salvatierra a cientos de trabajadores eventuales
con salarios de hambre y sin ninguna seguridad social. Tal vez es la práctica
en sus constructoras pero alguien debería informarle que además de ser un
ilícito está implicando responsabilidad en su función pública.
Claro
es que las remuneraciones dignas deberían garantizar el buen desempeño en el
servicio público, no siendo así, resulta una verdadera afrenta a un pueblo
empobrecido que sigue esperando el cambio prometido que no se asoma y,
evidentemente, se enriquecen quienes ostentan el poder político que además en
una pésima planeación financiera atentan al sentido común, regateando el derecho
a una vida digna que el Estado tendría que garantizar no sólo al funcionariato
sino a toda la población.
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