Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Con qué argumentos nos podrían convencer la y los presidenciables, me refiero a quienes esperamos nos convenzan de que es posible salvar a México, recuperar los principios republicanos, la soberanía, o por lo menos, esa independencia que de manera pragmática alentó nuestro espíritu identitario de raza –a veces indígena, otras, defendiendo nuestro mestizaje-.
Más de un siglo creímos que hubo revolución y las tendencias políticas nos permitieron elegir entre los aguerridos Villa y Zapata y el timorato de Francisco I. Madero; también hubo quienes prefirieron hacer suyas las directrices radicales de los Flores Magón.
En esos cien años la democracia representativa se “consolidó” con propuestas programáticas e ideológicas de dos partidos: PRI y PAN, que alcanzaron su registro legal, permaneciendo ileso hasta ahora.
El primero, el PRI, resultado del acomodo de las fuerzas revolucionarias, originalmente militares que durante más de treinta años se arrebataron el poder a punta de bayoneta; los revolucionarios que por las instituciones, traicionaron y asesinaron al defensor de los pueblos indígenas, campesinos y pobres, Emiliano Zapata; y, por supuesto, a Francisco Villa, quien resistía los embates terroristas del desprestigio, las amenazas y la intervención constante del gobierno mexicano aliado con el vecino poderoso del norte. Carranza, Obregón y Calles, los Generales de Porfirio Díaz, convertidos en revolucionarios… referencias del poder en México.
A finales de los años treinta, se crea el PAN, comulgando con la democracia cristiana, corriente política europea, proclive al capitalismo y fortalecimiento de una clase social superior. Los miembros del PAN, a quienes no les gusta ser declarados como de “derecha”, se allanaron a la historia revolucionaria de nuestro país, encontrando una figura afín a su perfil. Ni más ni menos que el llamado “prócer de la democracia”, Francisco I. Madero.
Estos dos partidos han pasado todas las pruebas, su permanencia histórica desde hace ochenta años como opción político-electoral casi exclusiva, se interrumpe en 1976 con el asenso a la presidencia de José López Portillo, candidatura del PRI apoyada por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Popular Socialista (PS).
Después de éste vergonzoso proceso electoral del que resultó, insulsamente ganador, el único candidato que contendió en esa elección, fue absolutamente cuestionado el sistema político mexicano; el partido de Estado dejaba de ser sujeto promotor de la democracia latinoamericana, en un conflictuado territorio, que cada vez más expresaba su tendencia autoritaria con continuos golpes de estado, que rompían la expresión mínima de los derechos humanos.
La inamovilidad del sistema partidario mexicano fue a contracorriente con la dinámica de la vida política nacional; las estructuras políticas existentes no se adecuaron a la evolución política y de transformación social de nuestro país en ese periodo, por lo que a mediados de la década de los setenta la deslegitimación del ámbito político-electoral estaba en su máxima expresión, por lo que el presidente debió apurar la nueva ley Federal Electoral Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; que entre otras cosas daba cabida a organizaciones políticas que no participaban del juego político-electoral.
En el marco de esa nueva ley se legalizaron y registraron algunos partidos como el Comunista Mexicano que estaba proscrito, el Partido Demócrata Mexicano (PDM) de corte sinarquista y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
Hacia 1979 contendieron en la elección federal siete partidos políticos; a los que se les sumó para la elección de 1982 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Partido Social Demócrata (PSD). El Partido Comunista se transformó, pretendiendo unificar algunas expresiones de la izquierda cambió su nombre por Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Nueve partidos políticos con registro contendieron, algunos con el paso de las elecciones lo fueron perdiendo.
La elecciones de 1988, fueron sobresalientes, por competidas e impugnadas, lo que orilló a una nueva reforma política electoral y a un nuevo instrumento legal: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe resaltar el incremento del financiamiento público hacia los partidos, convirtiendo esta prerrogativa de ley en un fuerte incentivo para la entrada de una variedad de organizaciones políticas al sistema de partidos. Las cuatro modalidades de financiamiento público fueron: a)Por actividad electoral, en relación directa con el número de votos obtenidos por cada partido en las elecciones de diputado y senadores; b)Por actividades generales, una gran cantidad prorrateada entre todos los partidos políticos; c)Por actividades específicas relacionadas con actividades de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y tareas editoriales, y d)Por subrogación del Estado a través de los legisladores que aportan para el sostenimiento de sus partidos.
Lo que es rescatable documentar, sin duda, es “la pluralidad democrática” electoral que fortaleció en la vida política del país el anhelo o ambición de participar en el proceso federal electoral de 1991, cuando 12 organizaciones solicitaron su registro condicionado como partidos políticos. El PRT recuperó su registro y de los doce solicitantes solo les fue concedido registro al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El proceso electoral de 1994, presentó nueve opciones políticas y debido a su escasa votación perdieron su registro los partidos: PDM, PPS, PARM, PVEM y PFCRN.
La reforma electoral de 1997 creó la figura denominada agrupación política nacional, que fueron definidas como "formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada”.
Se estableció para estas agrupaciones financiamiento público equivalente al dos por ciento del monto que anualmente reciban los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, relativas a la educación y capacitación. Este tipo de financiamiento incrementó sustancialmente el número de solicitudes que buscaron su registro como agrupaciones políticas nacionales, de todas las tendencias y hasta sin ideología. Se pasó de 24 en 1997 a 82 en el 2003. Solo se registraron ocho. ¿Se habrá fortalecido la democracia ciudadana?
Hacia la elección presidencial del 2000, seis organizaciones obtuvieron su registro como partidos políticos nacionales, haciendo un total de 11 partidos contendiendo por el voto ciudadano. En ésta elección perdieron su registro los partidos Centro Democrático (PCD), Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Democracia Social (PDS).
En la elección intermedia de 2003 los partidos Sociedad Nacionalista (PSN), Alianza Social (PAS), México Posible (PMP), Liberal Mexicano (PLM) y Frente Cardenista (PFCRN) no alcanzaron el número mínimo de votos para refrendar su registro.
Es obvio que México ha sido inmensamente flexible y dadivoso con los organismos y partidos políticos, a falta de claridad en los ejes estructurales y pragmáticos en el ejercicio democrático, que cuestionan los sectores sociales públicos y privados, nacionales e internacionales. Cada vez es más difícil que un partido acceda por sí mismo a gobiernos o legislaturas con mayoría, por lo que habría que ser más cuidadoso en evitar la presencia de partidos de "membrete" que tienen gran facilidad para hacer a un lado sus programas y principios ideológicos en aras de prebendas políticas y/o económicas particulares.
El desprestigio que hay en torno al financiamiento público y la inmoralidad con que se maneja el proceso electoral, es excesivamente costoso. Los planteamientos para desarrollar principios democráticos en el rubro de financiamiento, tanto en los ingresos como en sus gastos, han sido precarios, oscuros, sin límites claros, muy poco vigilados y menos aún fiscalizados.
Para la elección del 2009, la más reciente a nivel federal, el Instituto federal electoral entregó a los partidos políticos nacionales:
• PAN, 751 millones 151 mil 528 pesos
• PRI, 510 millones 332 mil 963 pesos
• PRD, 437 millones 989 mil 599 pesos
• PT, 201 millones 211 mil 946 pesos
• PVEM, 226 millones 353 mil 668 pesos
• Convergencia, 220 millones 624 mil 449 pesos
• PANAL, 193 millones 252 mil 740 pesos
• PSD, 137 millones 744 mil 957 pesos
Es claro, la profusa existencia de partidos políticos se explica desde el ámbito económico y la maleabilidad de obtener recursos sin grandes y reales mecanismos de control financiero público; por otra parte, en un sistema de alta competencia partidista, los partidos nuevos adquieren una cuota de negociación preelectoral y postelectoral inédita para el funcionamiento tradicional de la negociación parlamentaria en nuestro país. Las coaliciones electorales se vuelven foros de negociación y revierten cualquier posibilidad de eficacia cuando las cuotas a partidos rebasan los límites de gobernanza, por supuesto en perjuicio de la ciudadanía. De eso ahora sabemos en Oaxaca ¿O no? Las argucias de los partidos políticos, se refrendan en tres vertientes, convenientemente pactadas y lideradas por los de siempre, los permanentes e inamovibles PRI y PAN, y el sucesor del Partido Comunista, totalmente desdibujado y rebasado por MORENA, que no es partido pero es igual.
Las candidaturas alcanzaron la víspera y no se vislumbra quien pueda crear expectativas serias de gobierno. Por ahora solo vemos cinco personajes cruzados por salmos, rosarios y amor del bueno ¿Con eso pretenden convencernos? De verdad ¿Con eso gobernaran? Dime cuál es tu dios y te diré que harás… que temeridad.
Periodismo de la condición social de las mujeres
