Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Informar sobre el origen y destino de los recursos públicos es una obligación básica del gobierno hacia la ciudadanía. En un gobierno democrático, la transparencia y rendición de cuentas resulta una obligación sustancial y congruente con quien contribuye al gasto público.
Conocer el presupuesto de gasto es el mecanismo más honesto para saber las intenciones y prioridades de los gobernantes. Esto permite a la sociedad civil formarse una opinión objetiva sobre su gobierno. El presupuesto es la base sobre la cual se comparará al final del año, con la cuenta pública, la consistencia del gobierno en la ejecución de su gasto según sus intenciones originales.
Por supuesto hay formas de trampear los números, lo sabemos, también hay gobiernos que cínicamente no han rendido cuentas y solo dicen que todo lo que entró, salió. Gobiernos como los de Oaxaca que han dejado grandes lagunas donde se cuelan altas cifras de dinero. Malos gobiernos que actúan autoritariamente en opacidad e ineficiencia.
Ahora es el tiempo de calificar y sólo será posible con rendición de cuentas, Oaxaca espera que la transición llegue, y la información no únicamente sea gasto de tinta y de saliva, queremos que con respeto nos diga el gobernador no solo sus intenciones sino sus acciones, cuáles fueron y cuánto nos costaron. Que rompa el tabú que reza: “Empezar mal y terminar bien, pocos ojos lo ven”.
Los grandes eventos sociales, que se pretenden actos de gobierno, contrastan con situaciones que por acción u omisión trastocan la paz y la seguridad del estado.
En principio, en su gabinete se encuentran personajes de baja calidad humana y jurídica, golpeadores de mujeres, falsos profesionistas, priistas con negro historial absueltos por designio del gobernante e insertados en la nómina; hasta los hombres rudos de URO que son acusados de violar gravemente los derechos humanos en el conflicto del 2006, es el caso del comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz.
Aún sin resolver se encuentran, el asesinato del presidente municipal de Santiago Amoltepec, Luis Jiménez Mata Santiago, ultimado a tiros; también asesinado Gustavo Pacheco Villaseñor, ex presidente municipal de Tuxtepec y dirigente de Democracia y Equidad A.C.; el homicidio del excandidato a la peresidencia municipal de San Agustín Chayuco y supervisor de Educación Indígena, Luis Quiroz Quiroz, así como los asesinatos de dirigentes triquis. Todos estos crímenes cometidos en estos primeros once meses de gestión gabinista.
También en Oaxaca, la inseguridad se incrementa y generaliza; se han multiplicado las ejecuciones hasta llegar hace unos días a la exhibición de un descabezado.
Esta situación se complica entramando la información de la SEDENA, respecto a los operativos realizados en Oaxaca los primeros ocho meses del año, donde han sido detenidos 224 personas como parte de la guerra contra el narcotráfico llevada a cabo por el gobierno federal, asegurando mariguana por un valor estimado en 850 millones de pesos; y la declaración de el Subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Joaquín Carrillo Ruiz, sobre la línea de investigación de homicidios en los que puede haber intervenido el grupo criminal conocido como los Zetas.
A la inseguridad se suma la certeza de contar con un cuerpo policiaco que no ha podido aprobar la evaluación de control de confianza, requisito legal para permanecer activos en la institución; 600 agentes policiacos no aptos para resguardar nuestra seguridad van a la calle, yo me pregunto ¿dónde son más peligrosos? Basta hacer memoria sobre las bandas criminales y su procedencia.
Mención especial requiere el rubro de derechos humanos, que sólo ha generado costosos eventos y cínica retórica que no reflejan la verdadera situación en Oaxaca.
La violencia hacia las mujeres, que ha quitado la vida a 86 mujeres, cifra inaudita y vergonzante que señala la impunidad criminal del Estado, que presume el calificativo de “gobierno de los derechos humanos”.
Organizaciones sociales, con militancia democrática, organismos indígenas, gremios de profesionistas y personas físicas que no son escuchadas y mucho menos atendidas, algunas hasta hostigadas por no haber aplaudido, ni antes ni ahora al gobierno del cambio, por expresar diferencias y exigir eficiencia.
A falta de oficios conciliatorios y aplicación de la ley, en el interior del Estado a la fecha siguen los conflictos poselectorales, propagando el encono y la violencia. Los problemas limítrofes en los Chimalapas hicieron crisis nuevamente enfrentando a indígenas oaxaqueños con chiapanecos, recrudeciendo viejos conflictos que requieren atención directa del responsable de la política interior.
La falta evidente de obra pública ocasiona permanente descontento social que se incrementa por la parálisis económica que no encuentra desahogo en la falta de empleos en la industria de la construcción y la nula política social.
La política sustentable y resguardo ecológico no han sido prioridad de este gobierno, que ha omitido actuar a favor de su población, en el caso de San José del Progreso, Ocotlán, donde la compañía minera canadiense Fortuna Silver extrae oro y plata de sus tierras ocasionando la disminución considerable del agua de los pozos que surten a la comunidad. Se privilegian las alianzas cómplices con los grandes consorcios económicos afectando indiscriminadamente los derechos colectivos de la ciudadanía a un ambiente saludable, violando las normas de sustentabilidad, tanto municipales como estatales.
Se han venido acrecentando en los últimos días las movilizaciones sociales, en descargo de diversas afectaciones que la ciudadanía imputa a la falta de atención y solución de problemas viejos y actuales, afectando los derechos también ciudadanos de las y los demás, generando un verdadero caos y hartazgo.
Si recordamos que la APPO tuvo su mayor fuerza motriz en la indudable convocatoria del magisterio oaxaqueño, y por supuesto unida a la legítima indignación de una buena parte de la sociedad; habría que considerar las declaraciones de la representación formal de la sección 22 del SNTE, que parecen el anuncio de un conflicto mayor. Los precedentes no auguran buenos resultados, pero lo peor sería que como los otros, los de antes, nos quisieran tomar el pelo.
Esperamos un informe veraz, consistente y honesto, un informe que rinda cuentas, austero y sin las grandes pretensiones de halago y reconocimientos, tampoco interesa que sea histórico, sin precedentes y por supuesto dirigido a Oaxaca, sin esa extrema seguridad a su persona y a sus cercanos, que ofende y se vuelve represión a escala.
El informe de gobierno de Gabino Cué, debe ser claro y contundente, el cambio progresista de un gobierno verdaderamente diferente, solo puede ser basado en tres premisas que concluyan inequívocamente en transparencia: planeación presupuestal, concordante con los índices de acciones realizadas y la justificación del gasto debidamente comprobada y comprobable. Claro y como agregado, la fluidez de la información, accesible en términos reales.
El gobernador suele utilizar en sus discursos la descripción de acciones teleológicas, es decir que buscan justificarse filosóficamente, y acciones autotélicas, buenas por sí mismas y no por su utilidad, que para efecto de retórica simple resultan meramente distractoras, buenas para parecer bueno, sin alcance político que implique eficacia.
En su informe esperamos referencias deontológicas, que marquen el ámbito del deber antes de ocuparse del bien moral; será bien difícil considerando que para el gobernador lo bueno no se adecúa al deber.
Nos debe demostrar que el interés general prevalece sobre el interés particular y la finalidad del Estado es el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Que la función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía y quién administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de su gestión.
Estaremos esperando se nos informe con el desglose del gasto presupuestal por ejemplo: del Órgano Superior de Fiscalización, de los órganos electorales, del financiamiento público a partidos políticos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, del gasto del Poder Ejecutivo por dependencia y programa, de la deuda pública estatal y el pago de ADEFAS, transferencias federales, gasto de nómina y plazas de confianza en las corporaciones policiacas y del magisterio, tabuladores e incrementos; utilización del Fondo Especial de Desastres Naturales, gastos de comunicación social, licitaciones, gasto y realización de obra pública, montos destinados a fideicomisos públicos, transferencias para organismos de la sociedad civil y subsidios para el desarrollo agrícola, transferencias a municipios, desglose de transferencias del Seguro Popular y Alianza para el Campo.
Ya veremos.
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