Soledad JARQUIN EDGAR
En México, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos ha resultado el más difícil de obtener. En 1953 y tras una batalla de varias décadas las mujeres finalmente obtuvieron el derecho a votar y ser votadas, es decir, obtuvieron la ciudadanía.
La constitución contempla la igualdad de la mujer y el hombre y existen reglamentaciones locales, nacionales e incluso internacionales que favorecen la no discriminación de las mujeres, se reconoce –al menos en el papel- la condición de igualdad, la no discriminación, estos son derechos humanos de las mujeres, de ahí que los estados del país y a nivel general tengan leyes para garantizar –dicen- una vida libre de violencia de género contra ellas.
Sin embargo, los derechos íntimos, los del cuerpo se siguen regateando a las mujeres en todo el país. Entre 2008 y 2010, 17 entidades hicieron reformas constitucionales que reconocieron la personalidad jurídica del ser humano desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural. Salvaguardando excepciones en algunos casos. En Quintana Roo, por ejemplo son cuatro las excepciones que no penalizan el aborto, las mismas que operan en algunas entidades como Oaxaca, una de ellas, es que el aborto no es delito cuando el producto es resultado de una violación y existen mecanismos –reitero en el papel- que deben garantizar ese derecho a abortar.
Sin embargo, no todo el país está en esa condición y es claro que las mexicanas no cuentan con esas garantías para una vida libre de violencia, que de acuerdo con la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tendría que estar ya caminando. Por eso decimos que son las propias instituciones gubernamentales las que violentan la vida de las mujeres y las niñas, un ejemplo es la impunidad, esto es el no castigo para los victimarios o las penas de prisión irrisorias como las impuestas esta semana al pederasta Jean Succar Kuri, por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
Cierto que ninguna penalidad le devolverá a esas niñas, hoy adolescentes o jóvenes, una vida sin la posibilidad de recordar todos los días la tortura sexual a la que han sido sometidas, tendrán, como dice una especialista que aprender a vivir con ello. Lo cual, pienso, es inadmisible.
El empresario de origen libanés marcó con la tinta indeleble de su saliva la vida de esas niñas y por eso resulta inadmisible, el castigo de 13 años y 45 días de presión impuestos, peor aún es increíble conocer que esta es la sentencia más alta impuesta en el país en castigo por los delitos cometidos.
Esta declaración sobre la penalidad más alta nos habla de lo que planteaba antes, la impunidad y las penalidades bajas son una forma de violencia institucional contra las mujeres y las niñas, son una como una llave maestra que permite a las personas, como Succar Kuri y las redes de pederastas que hay a su alrededor, seguir cometiendo estos delitos relacionados incluso con la trata de mujeres, niñas y niños. Abominable sin duda lo que ha hecho el juez Gabriel García.
Y es odioso, pues en contraparte, la derecha y los conservadores de partidos políticos de todas las fracciones políticas del país, ganaron la partida cuando en 17 entidades se reconoció la personalidad jurídica del no nacido y se violentó el derecho a decidir de las mujeres.
El ejemplo lo vemos en entidades como Baja California, Guanajuato, Querétaro y otros muchos estados donde las mujeres reciben 25 años de prisión tras sufrir un aborto, sea o no provocado, pues consideran que el aborto es un delito de homicidio agravado en razón de parentesco.
Lesly, una joven bajacaliforniana pelea con uñas y dientes tras recibir una sentencia de 23 años, aún cuando se violaron sus garantías al debido proceso y en cambio, con todas las agravantes del caso, Succar Kuri tendrá que pagar sólo 13 años 45 días tras haber lesionado –insisto- para siempre la vida de varias niñas.
En el siglo XXI las mexicanas hemos vivido los peores reveces de la historia en la conquista de nuestros derechos, coincidencia no es el arribo de la derecha, representada por Acción Nacional al gobierno de varias entidades, pero sobre todo a la presidencia de la República, eso mientras a las y los priistas se les olvidaron sus aportaciones históricas para el cacareado “avance de las mujeres” y ni que decir de los llamados partidos de izquierda, que entre tantas mezclas se olvidan de sus principios.
Dejo este tema para la reflexión y para recordar que en Quintana Roo, el aborto es legal o no punible, al menos por cuatro razones, según el Artículo 97 del código penal:
I.- Cuando sea resultado de una conducta culposa (imprudencial) de la mujer embarazada.
II.- Cuando el embarazo sea resultado de una violación, que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación.
III.- Cuando a juicio de cuando menos dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, o
IV.- Cuando a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario para evitar un grave peligro para la vida.
Y digo esto por una información que leí esta semana de un medio electrónico de Quintana Roo, dónde se dice que el aborto es ilegal en casi todos los casos en Quintana Roo. Ya vimos que no.
Pero la derecha sigue en sus intentos, este jueves en San Lázaro, según comentaba la diputada Enoé Uranga, las diputadas federales del PAN, ante la inicial ausencia de la mayoría de diputadas del PRD y PT, la falta de toma de postura de las legisladoras del PRI, las panistas, aprovechando su mayoría coyuntural, intentaron votar el dictamen referente al 4° Constitucional respecto al aborto.
Por fortuna, como señala Enoé Uranga logró convencer a la panista Leticia Quezada para que retirara el tema.
¨Pero como dice la diputada, no es un interés legítimo lo que lleva a proponer este tema, sino la medición de fuerzas políticas en tiempos electorales y el aborto se convierte en “rehén de los intereses”, no sólo de los partidos sino de las distinta corrientes dentro de los partidos.
