Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El pasado 6 de enero, se dio a conocer la creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, como una acción más de lo que llaman la reforma del estado democrático. Se nombró como comisionada a la maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes, recomendada desde el gobierno ebradista de la ciudad de México y avalada por su compañero del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Emilio Álvarez Icaza, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2001 a 2009.
La recién nombrada Comisionada se formó en los principios ideológicos y pragmáticos del CENCOS; por lo que es importante conocer la derivación política y ascendiente social de esta organización que nace en los años sesentas, que en sus orígenes difundió la información hacia la comunidad de iglesias, desde un punto de vista en el que aportaba a la discusión de la iglesia como parte del cambio social. Su estrategia fue utilizar los medios de comunicación de manera eficiente para la formación de valores cristianos y para dirigir, orientar y recopilar los trabajos, experiencias y el desempeño del apostolado.
Es entonces comprensible que Cruzvillegas Fuentes alcance tan digno cargo en un gobierno declarado de facto como de derecha, con el beneplácito de las organizaciones pro derechos humanos dirigidas por los cotos eclesiásticos en Oaxaca. Sin embargo, pensamos en activistas que se han comprometido desde su quehacer jurídico, político y social en Oaxaca, incluso desde antes del aciago 2006, tan valiosas como la hoy comisionada; es el caso de Angélica Ayala, Margarita Dalton, Yésica Sánchez Maya, María Eugenia Mata, Gloria Zafra, Concepción Núñez y seguramente algunas más.
Por otra parte, aún más importante y cuestionable, resulta, el proceso fuera de la ley de la creación de esta nueva instancia del Ejecutivo y el propio nombramiento sin referencia normativa que lo permita; el nuevo gobierno democrático pasa por alto el principio de derecho ineludible referente al deber que implica la función pública de no hacer nada que no permita la ley expresamente.
En boletín de prensa distribuido por Comunicación Social del gobierno estatal, que circuló hace poco más de una semana, el jefe de la oficina de la gubernatura, Benjamín Robles, informó que por iniciativa del gobernador se había entregado en la Cámara de Diputados un paquete de reformas legales, para consolidar la transición democrática en el que se incluía la creación de la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos.
Es decir, de la loable sensibilidad del gobernador Gabino Cué para transitar hacia un régimen democrático, dice su comunicado, se han impulsado diversas acciones encaminadas a estructurar el andamiaje institucional que coadyuve a darle un nuevo rostro a la entidad, con la participación decidida de la ciudadanía.
Error tras error, el gobierno del Estado que encabeza Gabino Cué Monteagudo viola el orden jurídico con argumentos que parecieran populistas y distan flagrantemente de los procesos legislativos que dan origen legal a cualquier acción de gobierno, aún más de aquellos que pretenden enarbolar la democracia, sin constreñirse a la estructura legal que debe regir sus actos en la función pública.
La democracia no puede estar por encima del derecho y la legalidad; la democracia hará exigible la consulta al pueblo (ciudadanía) que permita el proceso legislativo con el objetivo de crear las normas jurídicas necesarias que autoricen cualquier acción o decisión de los gobernantes; así y sólo así, las acciones del gobierno democrático serán legales y legítimas. Si no es así, entonces sólo son actos de voluntad de una persona que abusa y excede los límites de sus funciones en un aparente ejercicio democrático que resulta antidemocrático y por supuesto a modo de lo que él considera lo mejor, atribuyendo esta conducta ilegal a la voluntad ciudadana.
Este proceso tiene una sola dirección no podrá invertirse si se pretende ser congruente con el orden jurídico y sus principios republicanos.
Esta oficina de la Comisionada de los Derechos Humanos y su titular, por falta de lineamientos legales que determinen sus funciones expresamente, podría parecer una función paralela a los de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos Oaxaca, creada en cumplimiento de una norma constitucional, con un procedimiento cierto y funciones implícitas en la ley reglamentaria.
Por otra parte, aunado a lo anterior, si la comisionada ya se encuentra en funciones, es seguro que le fue asignado presupuesto, lo que podría constituir un delito imputable de facto a ella, al responsable de Finanzas y por supuesto a la Oficina de la Gubernatura si es que depende de ésta.
Por último y aludiendo a las repetidas citas de Benito Juárez García en foros, discursos y presentaciones, que el propio Gobernador hace desde su campaña y toma de protesta, incluso repetidas incesantemente por sus colaboradores y contra dichas en los hechos por simulación e ignorancia, cito:
"No temáis, pues, que el inmenso poder que hoy se deposita en mis manos, se convierta en un instrumento que os oprima, ni que sirva para favorecer a una familia, a una clase o a un partido. No oaxaqueños. El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley: la felicidad común debe de ser su norte, e iguales los hombres (y las mujeres) ante su presencia, como lo son ante la ley". Benito Juárez, al rendir protesta como gobernador de Oaxaca.
¿Estará cumpliendo con la consigna juarista? Parece que no.
