Por Sara Lovera
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un documento de política pública, orientador, incluso didáctico puesto que explica las distintas modalidades del fenómeno global de la violencia contra las mujeres.
Sin duda, fue un adelanto. Pero después de cinco años la violencia contra las mujeres sigue igual o, incluso, creció en número y “calidad”. La crueldad y lo que se define como violencia institucional -de autoridades civiles y policíacas- también ha crecido y es parte de esta guerra que desató Felipe Calderón.
Decía, cinco años después de la aprobación de la Ley General y casi inmediatamente, como no había sucedido antes, la promulgación de ordenamientos semejantes en toda la República Mexicana, han sucedido tres cuestiones preocupantes:
a) Que nadie conoce bien a bien esa ley, incluso las informaciones dicen "violencia familiar"; se desconoce que una disposición era urgente: dictar medidas de alejamiento para el agresor (prohibir que éste se acerque a la víctima).
b) Los ministerios públicos, los jueces y aún los abogados democráticos y fantásticos no la conocen, no saben que corresponde a previsiones internacionales que tienen entre una década y 35 años de haber sido emitidas; que no pueden seguir defendiendo códigos familiares o leyes civiles antiguas e inoperantes.
c) Las autoridades se niegan a operar acciones como la alerta de género que debe involucrar a un gobierno a dictar medidas especiales en lugares de alta peligrosidad para la vida y la integridad de las mujeres. Hace muy poco se negó a ello el gobierno del Estado de México y nadie logró obligarlo, porque además contó con la complicidad de las responsables de los institutos de las mujeres que pertenecen a los gobiernos estatales del PRI.
El colmo. Se ha llegado a decir que esa ley no opera porque no tiene medidas punitivas, así es en efecto. Es una ley marco y las estatales son una copia casi al carbón. Es decir, una ley indicativa, de contenido, muy interesante, pero que burlan todas las autoridades y nadie sabe dónde está el dinero para hacer un diagnóstico que la Secretaría de Gobernación escondió y no usa.
¿Para qué se querían tantas frases, párrafos y golpes de pecho? Hubo largas discusiones, incluso aquellas que iban desde “si ser mal querida” por el hombre con quién una se casa es violencia. Si las y los diputados no saben leer y escribir, es seguro que tampoco saben jueces y abogados, por más cultos o democráticos que sean.
Yo he criticado esa ley porque no tiene dientes. Ley que se contrapone a otras leyes y que no consiguió eliminar en estos cinco años, por ejemplo, las cuestiones de códigos penales que sólo reconocen la "violencia familiar", confundida con el maltrato a niñas y niños, a las personas mayores. Que a nadie ha dejado claro que hay una violencia que es contra las mujeres. Los códigos de violencia familiar retardaron 10 años esta comprensión. En el Distrito Federal existe una ley de este tipo y la otra, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, lo que ha confundido la prevención, el trato y todo.
El colmo, la Ley de Acceso ni siquiera ha servido para dejar bien claro que hay una violencia concreta contra las mujeres por ser mujeres. Se oscurece todo a su alrededor y se niega un problema realmente existente y que a diario pone en riesgo la vida de muchas mujeres, otras son asesinadas, por esa razón, por ser mujeres. Es claro que no se trata sólo de lo que se reconoce como conflictos dentro de las familias.
De ahí la iniciativa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 24 de febrero pasado. Se acabaron las contemplaciones y la posibilidad de hacer cambios culturales que detengan a los hombres que por imponerse, por ser autoritarios y simplemente maridos, creen que las mujeres -esposas, amantes, concubinas, hermanas o hijas-, son de su propiedad y si no obedecen, hay que castigarlas.
Seguramente, Alejandra Barrales, presidenta de la Asamblea, se dijo a sí misma o a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género -así solitas, una tarde, pensaron, que como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no opera, por mejor escrita y culta que sea-, lo que necesitamos es que los violentadores sepan con claridad que golpear a una mujer es un delito, por tanto debe castigarse y que cualquier persona los puede señalar, cualquier policía detener y que vayan a la cárcel mínimo 48 horas.
Es posible a la Asamblea del Distrito Federal que aprobó por unanimidad de 39, y no de 66 integrantes, estas modificaciones les asista la razón. Es posible que si se consigue que los vecinos denuncien, cuando escuchen que un individuo le pega a su compañera -simplemente por estar de mal humor, por impositivo, por "muy macho" y autoritario-, puede servir porque se pondrá en ridículo a este señor, que tranquilamente hace de las suyas y que su compañera no lo denuncia o denunciando la situación se ve obligada a retirar esa acusación por temor social.
Las modificaciones en el Distrito Federal a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, por primera vez, en la historia señalan que será de oficio detener a los golpeadores y si causan daños graves a las mujeres se les abrirá un juicio penal inmediato. Lo de fondo es que no consigan la libertad bajo fianza ni de otra forma, hasta ser juzgados.
Yo creo que estas modificaciones son muy importantes. Durante años las feministas dijimos que no era con la represión como se podría evitar la violencia contra las mujeres y que ellas debían denunciar; donde sí estuvimos de acuerdo en penalizar fue en los casos de violación, agresión sexual, golpes duros y acoso.
La timidez histórica para abordar el tema de golpeadores, que sabemos son en 67 por ciento los “queridos” esposos, condujo a la muerte a muchas mujeres. Es nuestra responsabilidad social no consentir que eso suceda más; es nuestra ignorancia supina pensar que "ellas aceptan" y, peor aún, suponer que las mujeres siguen pensando que si no les pegan, celan, acosan y torturan, no las quieren. Esos tiempos pasaron.
Pero los golpeadores cotidianos no entienden. Ahora, los habitantes del D.F. podremos denunciarlos, cualquier persona podrá hacerlo. ¡Eureka! ¿Las cárceles alcanzarán, los policías no se echarán para atrás, los jueces no los declararán inocentes, sus compañeros de trabajo no harán manifestaciones para defenderlos?
En el feminismo pensábamos denunciar a muchos políticos que golpean a sus esposas; a muchos hombres "importantes" que siembran el miedo para evitar ser denunciado. Al convertirse un delito que se persigue de oficio, la ciudadanía consciente del daño que provoca la violencia, podrá salvarlas. Poner un hasta aquí.
Lo que sigue es explicar cómo sigue pasando: mil 500 denuncias en el Distrito Federal, miles o tal vez millones en la República, 18 mujeres asesinadas al día en el país; decenas de acosos y maltratos de otras formas, no sólo de pareja, todo esto es absolutamente inaceptables.
Es urgente tomar otras medidas, pero mientras tanto los machos autoritarios en el Distrito Federal no caben más. Si la sociedad los sigue consintiendo y las mujeres dan el perdón, eso será sólo algo transitorio. El paso está dado. No es permisible más violencia contra las mujeres.
Ojalá otros congresos estatales emularan estas medidas. Ojalá hubiera conciencia de la importancia de estos cambios. Muchas mujeres pensamos que había que poner un hasta aquí realmente.
Hay que decir, por último, que una investigación que dio lugar a la ley sin dientes, si encontró con claridad que muchas mujeres que se quejaron de golpes, maltratos y acoso, cuyas parejas no fueron detenidas ni sancionadas, después las asesinaron. De modo que denunciar a los agresores, perseguirlos de oficio, salvará muchas vidas, siempre y cuando no prive la corrupción en el ámbito judicial.
saralovera@yahoo.com.mx
Periodismo de la condición social de las mujeres
