Por Sara Lovera
Este año cuando comienza la segunda década del siglo XXI, habrá elecciones locales en siete entidades del país, se renovarán 338 puestos elegibles y vuelve a campear la idea de las alianzas entre las fuerzas progresistas y la derecha. Algo verdaderamente importante para la vida y la condición de las mujeres.
Se elegirán seis gobernadores o gobernadoras; 116 congresistas estatales y 224 presidencias municipales. Ello significa que en cuatro entidades se modificará el plantel congresista -Baja California Sur, Coahuila, Nayarit y Michoacán-.
Al final de 2010, Tamaulipas se sumó a las entidades donde los congresos han puesto en la Constitución estatal la categoría de persona al feto, contra toda la tradición despenalizadora del aborto en México. Tamaulipas se sumó porque tenía una iniciativa al respecto.
Hoy son 17 estados donde se consideran derechos al feto, todo ello sucedió entre 2008 y 2010, y existe una iniciativa para reformar la Constitución general del país, además de la enviada por el Congreso Veracruzano, se sumó otra a la lista en el último periodo de sesiones, con lo que creció el peligro de perder las excepciones de aborto.
Importa el calendario electoral porque en Baja California Sur, donde habrá elecciones el 6 de febrero para renovar todos los órganos de gobierno, existe una iniciativa turnada a comisiones y cuyo objetivo es prohibir todas las formas de aborto y una salida aliancista, con los partidos progresistas y el derechista -Acción Nacional (PAN)-, nos pone un foco rojo. Ahí donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría haber un nuevo retroceso.
Importa porque en Nayarit ya existe esa modificación constitucional contra el aborto legal y una alianza sería desastrosa, aunque las opiniones se dividan y haya la certeza de pretender parar la llegada al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), antiguo partido de Estado. Lo peor es que no hay diferencias entre los partidos. Los priistas han votado contra la interrupción legal del embarazo en numerosos congresos locales en los últimos dos años.
Igualmente grave lo es para el Estado de México, donde habrá elecciones el 3 de julio próximo, porque en esa entidad además de existir la iniciativa, se han registrado los peores retrocesos institucionales, donde no existe un Instituto de la Mujer y la concepción familista sólo es comparable a las ideas conservadoras del siglo XIX.
En Michoacán se logró parar el cambio constitucional, aunque ahí, por la creciente violencia y las dificultades de gobernabilidad, el pronóstico es difícil. El gobierno del PRD tuvo serios intentos, en los últimos 11 años, de establecer una buena política para las mujeres, pero hace cinco años que todo parece imposible.
Las alianzas de los progresistas con la derecha son peligrosas. En Oaxaca, donde todo son bombos y platillos porque el actual gobernador, Gabino Cué, es identificado con la socialdemocracia, donde muchas personas pusieron sus mejores instrumentos para “colaborar”, es donde el gobierno no se define respecto del aborto, a pesar de ser acusado o definido como un gobierno que imitará en sus acciones o políticas al gobierno del Distrito Federal, que bajo el mandato del PRD y de Marcelo Ebrard, ha avanzado como no imaginamos en políticas y programas que reconocen el estatus y los derechos de las mujeres, los gays y las lesbianas, no escatima recursos para afrontar la violencia contra las mujeres y existe el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación.
Lo que se espera, según el marcaje histórico es precisamente el establecimiento de gobiernos cada vez más ligados a los compromisos con entidades tan poderosas como la iglesia católica, los empresarios retrógrados y las fuerzas más atrasadas dentro del PAN, y es un foco rojo a la hora en que las mujeres organizadas, con alguna fuerza visible o de amplia movilización o resistencia, vayan a incursionar en los procesos electorales.
Algo adicional lo es la participación. Los 338 puestos a elegir significan una oportunidad y un reto para la incursión femenina, desde luego, y las campañas una ocasión privilegiada para difundir los derechos de las mujeres.
El proceso ya dio arranque. El próximo 30 de enero se elegirá gobernador en Guerrero, ahí donde nació la primera Secretaría de la Mujer, una región de gran injusticia, donde un día quedó claro que existe el mayor número de muertes maternas, donde la violencia contra las mujeres y el feminicidio es mayúscula.
La alianza con militantes del PAN y de Nueva Alianza, es preocupante, entre otras cosas porque el candidato de Guerrero Nos Une, Ángel Aguirre, es además ex priista y no ha manifestado opiniones claras sobre la condición de las guerrerenses. Este hombre tiene posibilidades de ganar.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son fundamentales y no ha quedado más remedio que estar en la pelea en actitud de resistencia y sin avances en casi todo el país. De seguir la tendencia de lavado de manos, como en el caso de Oaxaca, no existen muchas esperanzas.
En Guerrero, donde podría haber un gobernante apoyado principalmente por las fuerzas progresistas, podría también haber un gobierno con muchos compromisos con las fuerzas de la iglesia y sectores retrógrados.
Cuando se hacen las cuentas de lo sucedido en los últimos tres años se le hiela a una el alma. Hay 17 entidades con prohibiciones de aborto; crecimiento exponencial de la violencia y el asesinato de mujeres, solamente entre 2009 y 2010 fue de 469 en Ciudad Juárez, Chihuahua, es decir, superando en número a las 427 reconocidas oficialmente y asesinadas entre 1993 y 2007, según todas las investigaciones.
En Hidalgo, donde habrá elecciones en 84 ayuntamientos, también la cuenta habla de 31 mujeres encarceladas por aborto, grave porque la información oficial señala que personal médico de muchos municipios es el que hace las denuncias y propicia el encarcelamiento.
En Coahuila, donde habrá elecciones para todo el gobierno el 3 de julio, no hay posibilidades de gran cambio. El gobernador saliente Humberto Moreira probablemente vaya a la dirección del PRI y su hermano pretende ser candidato y gobernador. Son una pareja sui generis, entre progresistas, populistas y de mano dura. Tradicionales, en el tema de los derechos de las mujeres cuyo progreso fue lento y anodino. Se usa doble lenguaje. No existe ahí un movimiento potente de mujeres, lo que dificulta mirar al futuro.
La tuerca política de quienes se van y quienes llegan tras los procesos de elección, resulta una tarea fundamental para el movimiento progresista de las mujeres, que pensando en un solo compartimento del extenso mapa de intervenciones todo se vendría abajo: es necesario ver más ampliamente; un camino a seguir es el de la movilización, el seguimiento y la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos y no necesariamente de la participación política que agota energías y da pocos resultados.
