martes, 24 de junio de 2014

Asaltan instalaciones de la Revista Contralínea


Asaltan instalaciones de la Revista Contralínea
 
México.- Las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación –ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, Coyoacán– fueron asaltadas la noche del lunes 23 de junio de 2014. Como resultado de ello, los delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de los reporteros. También, documentación personal que algunos periodistas resguardaban en sus escritorios.
 
Además, fueron sustraídos 19 equipos de cómputo –incluidas laslaptops del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez–, una cámara de video profesional, 3 pantallas de televisión, equipo de audio, incluida una consola de producción radiofónica. Los asaltantes también se llevaron discos compactos con información editorial. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.
 
La Casa de los Derechos de los Periodistas A.C. de la cual el periodista Miguel Badillo es socio, reprueba esta nueva acción en perjuicio de la Revista Contralinea y exige a las autoridades de procuración de justicia  del Distrito Federal,  la investigación inmediata y eficiente para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos hechos y a la Procuraduría General de la República (PGR) le pide  que  atraiga el caso, ya que se trata de  una agresión sistemática en contra de esta publicación como se demuestra con el historial de agravios que  esta organización a documentado.
 
Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso. Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406).
 
Ahora, en el robo ocurrido este lunes 23 de junio, se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables.
 
Cabe destacar que dichas cámaras forman parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo deContralínea.
 
Y aunque dicho Mecanismo también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística.
 
Como se recordara, a lo largo de su historia Contralínea ha sido objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.
Algunas de las agresiones
 
El 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea; amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron que se les revelaran los nombres de fuentes de información. Un día después iniciaron las acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.
 
Entre las irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del medio.
 
El 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros.
 
Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
 
El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones deContralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
 
Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
 
El 16 de enero de 2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel Badillo, director deContralínea. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.
 
El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó aContralínea y a sus periodistas por “daño moral”.
 
El 14 de septiembre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009, donde acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista por el gobierno federal.
 
El 10 de abril de 2010 desconocidos allanaron y saquearon las instalaciones de Contralínea. En ese mismo mes, pero el día 27, la Caravana por la Paz que se dirigía a San Juan Copala fue emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros Érika Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de “desaparecidos” dos días. Fueron rescatados el 29. Ambos periodistas presentaban deshidratación, David Cilia, tres heridas de bala.
 
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros, fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras fueron agredidas en el contexto de violencia que se vive en todo el país.
 
En diciembre de 2013, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciaron una nueva investigación por las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista Contralínea.
 
El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido proceso: a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio millón de pesos.
 
El Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco condenó a la revista Contralínea y a trabajadores de este medio a pagar una multa por 500 mil pesos. El proceso, promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó a espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la información.
 
En el caso intervinó la Secretaría de Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH). Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicita al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, se investigue “la presunta violación a los derechos humanos en relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.
 
En el documento oficial se hace referencia a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación General 20, en las que se documentó la violación al debido proceso en que incurrió el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de Gobernación solicita al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado, así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”.
 
En su comunicación, la Secretaría de Gobernación le recuerda al Poder Judicial del Estado de Jalisco –representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos”.
 
La CNDH, por su parte, también ha abierto un expediente en el que documenta los más recientes agravios en contra de la revistaContralínea y sus periodistas. El visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech Rodríguez, dio entrada a la queja presentada por Contralínea.
 
En el documento se establece que los periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su contra, como tampoco de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009, en el que se les permitiera “conocer las acciones en su contra y emprender la defensa adecuada”.
 
Asimismo, en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha abierto un expediente con el que se han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades en los ataques sistemáticos a un medio de comunicación.
 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, ha tomado conocimiento del caso y estudia el tipo de acción a emitir al respecto.
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Jalisco sólo escuchó la relatoríade la queja de los periodistas, pero no se comprometió a nada y dijo que en 5 días hábiles darán una respuesta si admite o no la queja.
 
Grupo Zeta consiguió del Juzgado Noveno de lo Civil en el estado de Jalisco una sentencia condenatoria contra la revista Contralínea. Sin que se hubiera notificado al medio de comunicación ni a los periodistas involucrados, el proceso avanzó sigilosamente y concluyó en una condena a pagar una multa por supuesto daño moral por 500 mil pesos. La disposición también dicta el remate de la casa familiar del director de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la condena.

lunes, 23 de junio de 2014

Palabra de Antígona Violencia y Pobreza: un rompecabezas

Palabra de Antígona
Violencia y Pobreza: un rompecabezas

Sara Lovera
Los valles de Baja California probablemente son una de las regiones más ricas y hermosas de nuestro país. Son inmensos contenedores de riqueza agrícola y vitivinícola; el de Mexicali por el algodón y el de Guadalupe por su variedad de uvas y olivas. San Quintín por su producción agrícola. Nadie debía ser infeliz en esas tierras que solamente visitó una vez Hernán Cortés y que durante los largos años de la independencia y después de la Revolución se dejó aislada, casi desconocida.
Los cielos y los soles son apabullantes. Especialmente porque los campos de cultivo, excepto el Valle de Mexicali, están de cara al mar. Baja California es posible que haya sido inspiradora de la imagen del Cuerno de la Abundancia que tantas expectativas dio a México durante cientos de años.
Por eso no puedo entender la desigualdad, esa a la que se refirió la semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que nos ubicó como el cuarto país en el mundo más desigual y contrastante. Solo desde esa vertiente del reparto de los bienes no hay forma de entenderlo.
Hace muchos ayeres, cuando conocí a un grupo de mujeres dedicadas a la comunicación en Mexicali, me pareció sorprendente que una de ellas refiriera con toda seguridad que ahí, en Baja California no había discriminación femenina, ni violencia contra las mujeres ni abandono cívico y político.
Hoy Baja California tiene el tremendo quinto lugar en violencia feminicida, en asesinato de mujeres. Y me duele el alma cuando pienso en San Quintín y en los miles de hombres, mujeres y niños que padecen las inclemencias de ese mal reparto de bienes materiales y simbólicos, quienes trabajan jornadas extenuantes, que son los hermanos y hermanas del sur; no entiendo el largo camino de los migrantes que se quedan varados en Tijuana o en Mexicali, que engrosan día a día las fábricas, maquiladoras de exportación, muchas veces sin derechos. Esa Tijuana heroica donde se producen hasta arneses para la industria militar de Estados Unidos.
Esas calles tijuanenses polvorientas que conviven con el mar y la festiva avenida Revolución, o los caminos del Valle de Guadalupe de un verde que refresca, o  los antiguos y modernos centros de apuestas. Los lugares precisamente donde las mujeres son intercambiadas y abusadas de forma cotidiana. Es la mítica frontera, donde descubrimos en 2005, que era el lugar donde miles de mujeres no sólo dejaban sus vidas en la maquiladora, sino que también las encontraban tiradas en los campos, golpeadas, violadas, asesinadas.
El viernes último, en Mexicali, terminaron un conjunto de foros “Por la Libertad de Expresión”, en los que se analizaron los ingentes problemas de la maravillosa y pujante Baja California. En otras palabras, los quehaceres y las miserias que la desigualdad, el machismo, la exclusión y la impunidad van dejando como una herida más profunda que la falla de San Andrés, esa que telúricamente atenta contra la integridad de sus habitantes y sus ciudades.
El último foro tuvo como tema la violencia feminicida: “Equidad y Feminicidios”, el asesinato de mujeres que acosa y desgarra a nuestra inteligencia y la esperanza de la igualdad como una ruta deseable. 
Foros  impulsados por un conjunto de instituciones como el Congreso de Baja California, el Instituto de Estudios Legislativos de Baja California, la Comisión de  Derechos Humanos del Noroeste, la organización Periodismo Negro, la Asociación de Periodistas Universitarios, Bionero.org, Semanario El Cactus, Comunicadoras de Mexicali, Fundalex y la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública y a los cuales me invitaron para debatir y reflexionar.
No es posible, dijeron muchas mujeres participantes, que en Mexicali donde no ha dejado de gobernar el Partido Acción Nacional por más de 18 años, no exista un instituto de las mujeres, no se ha instalado el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia  y se busca menospreciar el problema de la violencia de género, como le pasa a un sinfín de gobernadores y autoridades por todo el país.
Increíble, el lugar donde otrora se levantó la bandera blanca de la total alfabetización, el mismo donde se han erigido enormes empresas vitivinícolas exitosas, donde se derrama creatividad y trabajo, cultura y literatura, el lugar de la esperanza para nuestros hermanos del sur, está hoy en una situación de desigualdad. Recuerdo que sólo ahí he visto mantas enormes colgadas de las fachadas de las empresas tijuanenses donde casi a gritos piden personal y se exhiben las condiciones de trabajo favorables.
Sí, la Baja California, el otro México como le llama Ricardo Rafael, donde corrían los dólares y el vino mientras el resto del país estaba en crisis en 1929;  de donde salieron algunos de los presidentes de México; el lugar dónde se eligió a la primera diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios en 1954, ahí discutimos en un espacio de reconocimiento a las mujeres, una sala con sus retratos y biografías, que muestra a sus lideresas históricas, en la que está la primera diputada, pero también quién organizó el Asalto a las Tierras y una emblemática periodista.
¿Por qué negar que existe el asesinato de mujeres? ¿por qué tanto temor a develar el carácter patriarcal y machista de la acción feminicida? ¿por qué negar que estamos envueltos en una vorágine que ninguna política o ley puede parar? 
En la sala, una mujer de duro rostro y palabras fuertes, nos contó cómo ha vivido la violencia de los hombres, violencia cotidiana en su quehacer de prostituta y cómo organiza mujeres por sus derechos.
En el Foro hablaron las diputadas y las mujeres organizadas; se escuchó a las y los comunicadores de la falta de espacio real para ejercer su derecho a decir, a investigar, a contar lo que realmente está pasando.
Me duele ese otro México, porque ha dejado de ser una quimera. Ahí estaban las y los diputados felices porque avanzaron en la tipificación del delito de feminicidio y se reflexionó cómo eso no significa nada, porque no hay instituciones que hagan posible hacer justicia. Y no hay justicia, hay impunidad. Los datos aportados por un funcionario del  INMUJERES que fue invitado, señalan que todos los días en este país donde se practica el estado de Derecho, son asesinadas 7.1 mujeres y que esa vergüenza cubre a todo el país.
Luego esos datos que acosan de los organismos internacionales, en plena campaña contra el  hambre, porque somos con Turquía, Chile y Estados Unidos, los de mayor desigualdad. México un país donde el 10 por ciento de las y los mexicanos concentra el 36.7 por ciento de la riqueza y ellos mismos el poder; mientras que otro 10 por ciento apenas vive con el 1.2 de los recursos. Esto es la balanza tremenda de nuestra realidad.
Los Foros llevarán nuevos aires para legislar nuevas cosas, como una comisión de feminicidio que un día de estos se va a formar; o una revisión a fondo para crear dispositivos de protección a periodistas, sin embargo, nada hace posible convencer a quien gobierna que es de ley y honradez usar los recursos federales para atender la violencia contra las mujeres, no da cuentas, no da información, como me dijo el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, ni se consigue tampoco parar la explotación laboral en el Valle de San Quintín.
Digamos que es lo que todos los días nos afecta y lo que cotidianamente se quiere ocultar, como si callando se resolvieran los problemas. Este flagelo está en las manos de todas y todos. Habría que pararlo realmente, con medidas de fondo, sin discursos, para que un día se pueda volver a gozar de las bellezas de los valles de Baja California; las sierras de Chihuahua; los mares de Veracruz; los valles, montañas y mares de Oaxaca; los cielos de Sinaloa, las caídas de agua de Chiapas y sus lagunas. Los hermosos pueblos del Estado de México; la riqueza petrolera de Tamaulipas, en fin de cada una de las riquezas de las entidades en que geográficamente se divide México.
Es decir, volver a la felicidad que nos contaron quienes nos antecedieron, esa del cuerno de la abundancia, de la revolución social, del Estado de Derecho que nadie encuentra por ninguna parte. La que puede hacer la diferencia para cegar, definitivamente, la discriminación y el oprobio que vivimos las mexicanas.