Palabra de Antígona, Diputadas al Congreso

Palabra de Antígona

Diputadas al Congreso

Por Sara Lovera

La LXII Legislatura que iniciará en septiembre próximo, contará con casi 37 por ciento de mujeres de seis distintos partidos políticos. En total 183, según el análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG), cifra que podría variar a favor o en contra, tras procesos que están en disputa.

Esto es ocho puntos porcentuales más que en la actual legislatura. Ello, dice el CEAMEG, sólo y nada más porque los partidos políticos fueron sentenciados por el TRIFE a simplemente cumplir con la ley. Los partidos siguen en actitud de  resistencia para otorgar en tiempo y forma el 2 por ciento de sus ingresos -prerrogativas de ley- para asegurar la capacitación de nuevas líderes. Además de sus tradicionales mecanismos de control o su ignorancia supina respecto a los derechos de las mujeres.

También los partidos, cuellos de botella para la participación política de las mujeres, si los dirigen los hombres tradicionales, pondrán escollos para avanzar en hacer efectivas leyes que hoy son solamente de papel y que podrían ser aplicadas, mitigar el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres y hacer efectivos  los derechos sexuales y reproductivos. Una demanda central es legalizar el aborto.

Del PRI y Verde, si logran tener acuerdos en el Congreso, habrá 83 mujeres que pueden no tener la misma visión, pero si alianza; de la izquierda 50 mujeres y de la derecha tradicional 36. Es decir un cúmulo de mujeres que podrían hacer la diferencia. Se ha llegado a sólo 4 dígitos del 40 por ciento de ley, pero al mismo tiempo esta vez se rebasó el ansiado 30 por ciento que ha propuesto la ONU como mínimo para asegurar una masa crítica femenina en las cuestiones de Estado. 

Lo grave de este asunto es que muchas mujeres llegan a las cámaras sin ningún interés por los derechos humanos de las mujeres. Con franjas de desconocimiento elemental sobre éstos y con visiones distorsionadas de la oportunidad de poder usar su curul y la tribuna para empujar y resolver  los problemas de la desigualdad. No se trata de que lleguen y ya. Esto es un pendiente histórico.

Si la gran mayoría de las que serán diputadas pertenecen a institutos políticos conservadores, como PRI/PVEM/PAN, no podemos estar muy contentas. Todas las que vienen de esta ideología torcida serán 123, o sea, la perspectiva es más bien negativa frente al tamaño del reto, aunque podríamos pensar que muchas pueden actuar con autonomía.

La última encuesta de INEGI, sobre violencia indica que cerca de 18 millones de mexicanas sufren algún tipo de violencia en sus hogares, sin considerar los millones de mujeres afectadas por la cadena de violencia institucional, los apresamientos ilegales, las desapariciones, las asesinadas (más de 2 mil al año) y por supuesto las que viven violencia por el sólo hecho de ser pobres, indígenas o sin opciones por edad, etnia o condición social y familiar.

LAS CIFRAS Y LOS RETOS

Las mujeres ganaron en elecciones de mayoría, votadas por quienes acudieron a las urnas el 1 de julio, 91 y 92 llegarán por la vía  de las listas  plurinominales.

En la mayoría, 45 por la colación PRI-Verde; 18 más por el PRI; del Frente Progresista (PRD-PT-MC) 20 mujeres, y 8 del Partido Acción Nacional.

Las que llegaron por lista (92), la mayoría fue de Acción Nacional con 28; luego el PRI con 23; PRD con 21; el Partido del Trabajo llevará cinco; el Movimiento Ciudadano cuatro, y por la votación conseguida el Partido Nueva Alianza, otras cinco, ninguna de ese partido ganó de mayoría.

Es decir, habrá una bancada femenina muy plural, que afrontará nuevos retos especialmente lo que significa desafiar a sus entidades de la República para armonizar las leyes de violencia e igualdad en códigos, constituciones, reglamentos, ideas, muy desiguales y que con frecuencia significan atajos para lograr poner en práctica lo que se acuerda desde el centro. Un gran problema.

Las fuerzas femeninas y los abogados del país, en entidades muy dispares, no reconocen que la máxima ley para garantizar la igualdad y los derechos humanos a las mujeres es la Constitución, avanzada años luz respecto de las legislaciones locales.

El otro problema que las diputadas tendrán que enfrentar es cómo llegar a una acuerdo para presidir las comisiones estratégicas. La de Feminicidio, la de Equidad y Género, el partido que dirigirá el CEAMEG y otras comisiones tan importantes como desarrollo social, salud, migración, población, seguridad y presupuesto donde las mujeres con conciencia de mujeres podrían hacer la diferencia.

Ello no significa desaprobar la importancia simbólica de esta bancada de 183 mujeres, tras muchos años en que las mujeres no llegaban a más del 20 por ciento, las que se ganaron el nombre de juanitas por renunciar inmediatamente para dejar el lugar a un varón –lo que no se podrá hacer hoy- y la sensación de incomunicación sistemática, por la falta de interés en las cosas de la mitad de la población.

Algunos grupos de mujeres ya festejan estos números. Los muchos años de esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por promover la ciudadanía femenina están dando frutos.

Lo contrario a esta sensación satisfactoria, es saber que lo que en el país se juega en estos tiempos, es la gobernabilidad, la violencia y, por supuesto, la democracia. Saber que el proceso presidencial es al menos ilegítimo, porque precisamente en la venta y coerción del voto, las mujeres del pueblo fueron fundamentales, su doble carga, su dependencia milenaria y su pobreza, no las coloca como actoras para la democracia sino todo lo contrario. Este también es un escollo que no se puede evadir. No festejar, sino asumir el tamaño del problema del país, es lo que ahora toca. Veremos.

saralovera@yahoo.com.mx

Mujeres y Política Otra vez de policías y militares

Mujeres y Política

Otra vez de policías y militares

Soledad JARQUÍN EDGAR

No es normal o no debería ser, por tanto la sociedad mexicana no debería permitirlo y sí condenar en todo sentido la violencia contra las mujeres, más aún cuando en este tipo de actos delictivos están involucrados policías o militares, quienes por el contrario deberían proteger a la población, pero no ha sucedido así; en muchos casos las mujeres y las niñas son objeto de violencia sexual que ha sido utilizada como una forma de tortura. Un acto inconfesable que nos habla y hasta mide de la calidad moral y de la tolerancia ciudadana. Nadie se entera o se da por enterada, pocas personas se indignan y menos personas actúan, como sociedad estamos prendidos del pleito entre políticos y partidos, la inalcanzable democracia que mide nuestra inmadurez ciudadana al permitir todo lo que no debe ser aceptado.

El recuento de este tipo de hechos de violencia sexual contra mujeres es tema de un libro, pero la memoria -aunque corta y subjetiva- nos recuerda que en julio de 2006 el país conoció de la violación sexual cometida en contra de 14 mujeres, eran tiempos electorales y los perpetradores de tales actos eran elementos del 14 Regimiento Motorizado del ejército mexicano que estaban en Monclova, Coahuila, para cuidar la paquetería electoral.

Los elementos del ejército, una veintena de los cuales 12 fueron reconocidos por sus víctimas respondieron de forma violenta luego de que uno de ellos, vestido de civil había sido corrido del bar Las Playas donde había protagonizado una riña con otros parroquianos en ese centro de divertimento. No conforme, el soldado amenazó con volver y volvió horas más tarde, esta vez eran 20 soldados uniformados, portando armas y vehículos militares para cometer la violencia sexual en los cuerpos de 14 mujeres de entre 18 y 40 años, quienes trabajaban en Las Playas y el Pérsico, además de asaltar, amenazar y golpear a quienes se les ponían enfrente en los dos antros de la zona de tolerancia de Castaños, municipio conurbado a Monclova.

Con la participación de policías y militares, así como de grupos paramilitares, se han cometido actos de tortura o venganza en los que está de por medio la apropiación del cuerpo de las mujeres y niñas; Castaños fue emblemático y, como muchas personas lo saben, cobró notoriedad internacional porque fue el primero en la historia mexicana donde los soldados fueron juzgados por el fuero común y no el militar por los delitos de abuso sexual, robo, amenazas y agresiones físicas.

Al final, sólo cuatro soldados fueron condenados, tres de ellos purgan alguna condenas. Incluso está pendiente el proceso contra un soldado que se dio a fuga, por lo que sólo 13 de las 14 mujeres recibieron “justicia”. Como se dijo entonces tras conocerse el fallo: justicia a medias o impunidad para ocho soldados, todo depende cómo se quiera ver, en la vida de estas 14 mujeres quedó la huella de sus criminales.

Sin embargo, hay testimonio y sobre todo víctimas en las zonas indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde los casos se cuentan por más de uno en cada entidad y uno de ellos llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de las guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo. En Oaxaca ni siquiera hubo denuncia, las indígenas zapotecas del pueblo Loxicha fueron amenazas y advertidas de que si no decían la verdad serían ellas las acusadas y saben ¿quién les hizo tal advertencia? Pues el entonces “ombudsman” oaxaqueño Evencio Nicolás Ramírez Martínez, a la postre Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, quien como tal no movió ni un dedo para detener a los señalados como responsables de la desaparición forzada de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez. También este julio sumaron ya cinco años de su ausencia y nadie sabe nada de ellas.

A partir de 2006, se han documentado otros casos de violencia en la que están involucrados policías o militares en Veracruz y en Michoacán, pero también existen reportes de hechos similares en Baja California, Chihuahua y Estado de México, el último puesto sobre la mesa de nueva cuenta como resultado de la contienda electoral: Atenco donde policías cometieron abuso sexual contra 26 mujeres, bueno ese es el número de las que denunciaron, y hasta ahora nadie ha sido castigado, mal precedente para las mexicanas como auguran las feministas.

Norte, sur y centro del país están atravesados por el mismo miserable problema, que deja huellas de la crueldad criminal con la que actúan los cuerpos de “seguridad” mexicanos, situación fortalecida a raíz de la estrategia guerrera empleada por el comandante en jefe, Felipe Calderón Hinojosa, las mujeres que transitan de un lado a otro del país o que ponen un pie fuera de sus viviendas, han visto limitados sus espacios, amenazada su libertad y su existencia en general, entre el comando de los malos y el comando de los que vestidos de buenos actúan peor, datos concretos están en el informe sombra de la CEDAW que revelan como se ha dicho un incremento del 68 por ciento en feminicidio entre 2007 y 2009; en Nuevo León el incremento es de casi 300 por ciento; también aumentó la desaparición de menores en 60 por ciento y las alarmas se encendieron porque son destinadas a la trata, más de tres mil mujeres, principalmente jóvenes, en sólo nueve estados. En suma exponen en el documento las organizaciones el incremento tiene una relación directa con la “estrategia” de combate al crimen organizado y Felipe “El Valiente” Calderón ni se inmuta, ni “no teme ser llevado a la Corte de la Haya”, notición de ocho columnas.

Las cifras nos revelan el tamaño del problema, pero pensemos en sólo una de esas vidas, en el sufrimiento de esas mujeres, en como impactan a sus familias cercanas, amigos y compañeros. Pensemos en eso y mejor aún pongámonos en sus zapatos, a ver si así nos movilizamos más.

Para casi todas las mujeres, resulta por demás indignante, humillante y dolorosa la forma en que la injusticia sigue marcando sus vidas y hay muchas muestras; en todas partes la impunidad sigue una marcha segura, se nota porque mientras unas siguen esperando que sus victimarios sean castigados, a otras se les castiga por tomar decisiones que ante los ojos de los otros resultan amorales, como sucede con las mujeres a quienes se les ha criminalizado por abortar, aun cuando haya sido por causa involuntaria.

Todos los días nos seguimos tropezando con esas historias de terror, pero sólo cuando las víctimas acusan y denuncian, a veces a pesar de sus vidas. El episodio indignante de violencia sexual cometido por dos policías en activo, un ex policía y un ex militar en un parque del Estado de México contra ocho adolescentes y jóvenes integrantes de una agrupación religiosa que se encontraban en un retiro, es una nueva laceración donde la marca de la impunidad y la falta de investigaciones científicas, pero sobre todo la parálisis y complicidad de las procuradurías estatales o federales está presente. Se trata de una herida para la sociedad, no sólo para las mujeres, porque ahora ya se sabe, que algunos de estos delincuentes que atacaron en campamento el pasado 13 de julio eran verdaderos pájaros de cuenta, pues al menos se les relaciona con tres homicidios y asaltos.

Como en algunos otros casos anteriores, de nueva cuenta la presión social y lo que nos queda todavía de indignación colectiva de mujeres y algunos hombres, favoreció en la detención de al menos 17 presuntos o confesos involucrados. ¿Cuánto dolor habrían ahorrado a todas estas mujeres, jóvenes y adolescentes si las autoridades del Estado de México hubieran actuado y detenido desde febrero o marzo pasados a estos delincuentes? Porque fue entonces que cometieron los otros delitos y a cuántas mujeres más lastimaron durante ese tiempo en que las autoridades ni investigan ni detienen.

Sin duda es preocupante que en México sigan ocurriendo casos como el que vivieron estas jóvenes, donde los delincuentes son policías o militares, en activo o ya no. Estamos ante un hecho real: la apropiación del cuerpo de las mujeres como ejemplo claro y patente de las relaciones de poder desigual, donde ellas son el objeto, el trofeo que pueden tomar y humillar, muchas veces hasta la muerte de las víctimas.

En un país, dónde el jefe de jefes, a pesar de que su mandato está por terminar, presume a sus fuerzas castrenses y de forma velada también de los efectos sangrientos que esta guerra ha tenido, esta claro que no se les re-educa para que respeten la vida de la ciudadanía, en especial de las mujeres, a quienes insisto se les sigue viendo como cosas. Cuando ocurre lo contrario le llaman “efecto colateral” o se nos atravesó. Lamentable pero cierto, como me dijo en una entrevista don Raúl Vera, Obispo de Saltillo, Coahuila, los militares (y eso incluye a los policías) son enseñados a despreciar a la gente, más aún si se trata de gente pobre o de mujeres.

El desprecio a la vida humana es, sin duda, lo que reflejan estos delincuentes con uniformes o sin ellos, algunos como ya vimos surgidos de las escuelas castrenses de este país, donde se les dio enseñanza, comida y techo y, por si algo faltara, también sueldo, con dinero de los impuestos de la poca gente que los paga.

Las mujeres, como víctimas de este sistema machista, no sólo se enfrentan a la delincuencia de quienes tienen poder porque portan un uniforme, que les expropian la libertad a decidir sobre sus cuerpos, sino que también se enfrentan a la impunidad, a la falta evidente de capacidad del sistema y a la corrupción policial, esa que dice que investiga. Para muestra el doloroso caso de Jesica Lucero, una niña de 14 años que denunció a su violador y luego fue asesinada. Hechos ocurridos en el Estado de México, la punta del iceberg podrido de un sistema que no responde a las mujeres.

Capítulo Oaxaca

Sin duda a algunas autoridades les resulta difícil reconocer que tienen un grave problema de credibilidad. En Oaxaca, en lo que va del año 2012 han ocurrido 45 homicidios, al menos así lo revela el seguimiento hemerográfico, es decir, el de las notas publicadas en los diarios locales, incluyendo El Imparcial. Por eso hay que decirle que son 45 casos publicados y habrá otros que ni siquiera alcancen los medios que se editan en Oaxaca capital.

Sin embargo, la Subprocuradora de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Ileana Hernández Gómez, sostiene que son 33. Le aviso que ya las organizaciones feministas de Oaxaca iniciaron una colecta para regalarle un ábaco y unos lentes violeta a ver si suma bien y cuenta a las que le faltaron, por lo que sus dichos no coinciden con el recuento ciudadano que realizan Consorcio-Oaxaca y otros espacios.

Tal ves la confusión de la funcionaria radica en que inexplicablemente, la flamante Subprocuraduría no es la responsable de investigar los asesinatos contra mujeres, sino otra instancia de la Procuraduría y tal vez eso la tenga fuera de la realidad, hecho que ya se le hizo costumbre, por eso la urgencia del ábaco y los lentes violeta para la Subprocuradora Ileana Hernández Gómez y lo peor es que sean una o dos, insisto, persiste la corrupción, la impunidad y la falta de vergüenza. No se engaña a Gabino Cué en el Año de la no violencia contra las mujeres en Oaxaca como dijo –seguramente con sarcasmo el gobernador-, lo que se pretende es justificar es lo injustificable: su falta de credibilidad ante las personas.

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