Mujeres y
Política
Otra vez de
policías y militares
Soledad JARQUÍN EDGAR
No es normal o no debería ser, por tanto la sociedad
mexicana no debería permitirlo y sí condenar en todo sentido la violencia
contra las mujeres, más aún cuando en este tipo de actos delictivos están
involucrados policías o militares, quienes por el contrario deberían proteger a
la población, pero no ha sucedido así; en muchos casos las mujeres y las niñas
son objeto de violencia sexual que ha sido utilizada como una forma de tortura.
Un acto inconfesable que nos habla y hasta mide de la calidad moral y de la
tolerancia ciudadana. Nadie se entera o se da por enterada, pocas personas se
indignan y menos personas actúan, como sociedad estamos prendidos del pleito
entre políticos y partidos, la inalcanzable democracia que mide nuestra
inmadurez ciudadana al permitir todo lo que no debe ser aceptado.
El recuento de este tipo de hechos de violencia sexual
contra mujeres es tema de un libro, pero la memoria -aunque corta y subjetiva-
nos recuerda que en julio de 2006 el país conoció de la violación sexual
cometida en contra de 14 mujeres, eran tiempos electorales y los perpetradores
de tales actos eran elementos del 14 Regimiento Motorizado del ejército
mexicano que estaban en Monclova, Coahuila, para cuidar la paquetería
electoral.
Los elementos del ejército, una veintena de los cuales 12
fueron reconocidos por sus víctimas respondieron de forma violenta luego de que
uno de ellos, vestido de civil había sido corrido del bar Las Playas donde había
protagonizado una riña con otros parroquianos en ese centro de divertimento. No
conforme, el soldado amenazó con volver y volvió horas más tarde, esta vez eran
20 soldados uniformados, portando armas y vehículos militares para cometer la
violencia sexual en los cuerpos de 14 mujeres de entre 18 y 40 años, quienes
trabajaban en Las Playas y el Pérsico, además de asaltar, amenazar y golpear a
quienes se les ponían enfrente en los dos antros de la zona de tolerancia de
Castaños, municipio conurbado a Monclova.
Con la participación de policías y militares, así como de
grupos paramilitares, se han cometido actos de tortura o venganza en los que
está de por medio la apropiación del cuerpo de las mujeres y niñas; Castaños
fue emblemático y, como muchas personas lo saben, cobró notoriedad
internacional porque fue el primero en la historia mexicana donde los soldados
fueron juzgados por el fuero común y no el militar por los delitos de abuso
sexual, robo, amenazas y agresiones físicas.
Al final, sólo cuatro soldados fueron condenados, tres de
ellos purgan alguna condenas. Incluso está pendiente el proceso contra un
soldado que se dio a fuga, por lo que sólo 13 de las 14 mujeres recibieron
“justicia”. Como se dijo entonces tras conocerse el fallo: justicia a medias o
impunidad para ocho soldados, todo depende cómo se quiera ver, en la vida de
estas 14 mujeres quedó la huella de sus criminales.
Sin embargo, hay testimonio y sobre todo víctimas en las
zonas indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde los casos se cuentan por
más de uno en cada entidad y uno de ellos llegó hasta la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el de las guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo.
En Oaxaca ni siquiera hubo denuncia, las indígenas zapotecas del pueblo Loxicha
fueron amenazas y advertidas de que si no decían la verdad serían ellas las
acusadas y saben ¿quién les hizo tal advertencia? Pues el entonces “ombudsman”
oaxaqueño Evencio Nicolás Ramírez Martínez, a la postre Procurador de Justicia
del Estado de Oaxaca, quien como tal no movió ni un dedo para detener a los
señalados como responsables de la desaparición forzada de las hermanas Daniela
y Virginia Ortiz Ramírez. También este julio sumaron ya cinco años de su
ausencia y nadie sabe nada de ellas.
A partir de 2006, se han documentado otros casos de
violencia en la que están involucrados policías o militares en Veracruz y en Michoacán,
pero también existen reportes de hechos similares en Baja California, Chihuahua
y Estado de México, el último puesto sobre la mesa de nueva cuenta como
resultado de la contienda electoral: Atenco donde policías cometieron abuso sexual
contra 26 mujeres, bueno ese es el número de las que denunciaron, y hasta ahora
nadie ha sido castigado, mal precedente para las mexicanas como auguran las
feministas.
Norte, sur y centro del país están atravesados por el
mismo miserable problema, que deja huellas de la crueldad criminal con la que
actúan los cuerpos de “seguridad” mexicanos, situación fortalecida a raíz de la
estrategia guerrera empleada por el comandante en jefe, Felipe Calderón
Hinojosa, las mujeres que transitan de un lado a otro del país o que ponen un
pie fuera de sus viviendas, han visto limitados sus espacios, amenazada su
libertad y su existencia en general, entre el comando de los malos y el comando
de los que vestidos de buenos actúan peor, datos concretos están en el informe
sombra de la CEDAW que revelan como se ha dicho un incremento del 68 por ciento
en feminicidio entre 2007 y 2009; en Nuevo León el incremento es de casi 300 por
ciento; también aumentó la desaparición de menores en 60 por ciento y las
alarmas se encendieron porque son destinadas a la trata, más de tres mil mujeres,
principalmente jóvenes, en sólo nueve estados. En suma exponen en el documento
las organizaciones el incremento tiene una relación directa con la “estrategia”
de combate al crimen organizado y Felipe “El Valiente” Calderón ni se inmuta,
ni “no teme ser llevado a la Corte de la Haya”, notición de ocho columnas.
Las cifras nos revelan el tamaño del problema, pero
pensemos en sólo una de esas vidas, en el sufrimiento de esas mujeres, en como
impactan a sus familias cercanas, amigos y compañeros. Pensemos en eso y mejor
aún pongámonos en sus zapatos, a ver si así nos movilizamos más.
Para casi todas las mujeres, resulta por demás indignante,
humillante y dolorosa la forma en que la injusticia sigue marcando sus vidas y
hay muchas muestras; en todas partes la impunidad sigue una marcha segura, se
nota porque mientras unas siguen esperando que sus victimarios sean castigados,
a otras se les castiga por tomar decisiones que ante los ojos de los otros
resultan amorales, como sucede con las mujeres a quienes se les ha
criminalizado por abortar, aun cuando haya sido por causa involuntaria.
Todos los días nos seguimos tropezando con esas historias
de terror, pero sólo cuando las víctimas acusan y denuncian, a veces a pesar de
sus vidas. El episodio indignante de violencia sexual cometido por dos policías
en activo, un ex policía y un ex militar en un parque del Estado de México
contra ocho adolescentes y jóvenes integrantes de una agrupación religiosa que
se encontraban en un retiro, es una nueva laceración donde la marca de la
impunidad y la falta de investigaciones científicas, pero sobre todo la
parálisis y complicidad de las procuradurías estatales o federales está
presente. Se trata de una herida para la sociedad, no sólo para las mujeres,
porque ahora ya se sabe, que algunos de estos delincuentes que atacaron en
campamento el pasado 13 de julio eran verdaderos pájaros de cuenta, pues al
menos se les relaciona con tres homicidios y asaltos.
Como en algunos otros casos anteriores, de nueva cuenta
la presión social y lo que nos queda todavía de indignación colectiva de
mujeres y algunos hombres, favoreció en la detención de al menos 17 presuntos o
confesos involucrados. ¿Cuánto dolor habrían ahorrado a todas estas mujeres,
jóvenes y adolescentes si las autoridades del Estado de México hubieran actuado
y detenido desde febrero o marzo pasados a estos delincuentes? Porque fue
entonces que cometieron los otros delitos y a cuántas mujeres más lastimaron
durante ese tiempo en que las autoridades ni investigan ni detienen.
Sin duda es preocupante que en México sigan ocurriendo
casos como el que vivieron estas jóvenes, donde los delincuentes son policías o
militares, en activo o ya no. Estamos ante un hecho real: la apropiación del
cuerpo de las mujeres como ejemplo claro y patente de las relaciones de poder
desigual, donde ellas son el objeto, el trofeo que pueden tomar y humillar,
muchas veces hasta la muerte de las víctimas.
En un país, dónde el jefe de jefes, a pesar de que su
mandato está por terminar, presume a sus fuerzas castrenses y de forma velada también
de los efectos sangrientos que esta guerra ha tenido, esta claro que no se les
re-educa para que respeten la vida de la ciudadanía, en especial de las
mujeres, a quienes insisto se les sigue viendo como cosas. Cuando ocurre lo
contrario le llaman “efecto colateral” o se nos atravesó. Lamentable pero
cierto, como me dijo en una entrevista don Raúl Vera, Obispo de Saltillo,
Coahuila, los militares (y eso incluye a los policías) son enseñados a
despreciar a la gente, más aún si se trata de gente pobre o de mujeres.
El desprecio a la vida humana es, sin duda, lo que reflejan
estos delincuentes con uniformes o sin ellos, algunos como ya vimos surgidos de
las escuelas castrenses de este país, donde se les dio enseñanza, comida y
techo y, por si algo faltara, también sueldo, con dinero de los impuestos de la
poca gente que los paga.
Las mujeres, como víctimas de este sistema machista, no
sólo se enfrentan a la delincuencia de quienes tienen poder porque portan un
uniforme, que les expropian la libertad a decidir sobre sus cuerpos, sino que
también se enfrentan a la impunidad, a la falta evidente de capacidad del
sistema y a la corrupción policial, esa que dice que investiga. Para muestra el
doloroso caso de Jesica Lucero, una niña de 14 años que denunció a su violador
y luego fue asesinada. Hechos ocurridos en el Estado de México, la punta del
iceberg podrido de un sistema que no responde a las mujeres.
Capítulo Oaxaca
Sin duda a algunas autoridades les resulta difícil
reconocer que tienen un grave problema de credibilidad. En Oaxaca, en lo que va
del año 2012 han ocurrido 45 homicidios, al menos así lo revela el seguimiento
hemerográfico, es decir, el de las notas publicadas en los diarios locales,
incluyendo El Imparcial. Por eso hay que decirle que son 45 casos publicados y
habrá otros que ni siquiera alcancen los medios que se editan en Oaxaca
capital.
Sin embargo, la Subprocuradora de Delitos contra la Mujer
por Razón de Género, Ileana Hernández Gómez, sostiene que son 33. Le aviso que
ya las organizaciones feministas de Oaxaca iniciaron una colecta para regalarle
un ábaco y unos lentes violeta a ver si suma bien y cuenta a las que le
faltaron, por lo que sus dichos no coinciden con el recuento ciudadano que
realizan Consorcio-Oaxaca y otros espacios.
Tal ves la confusión de la funcionaria radica en que
inexplicablemente, la flamante Subprocuraduría no es la responsable de
investigar los asesinatos contra mujeres, sino otra instancia de la
Procuraduría y tal vez eso la tenga fuera de la realidad, hecho que ya se le
hizo costumbre, por eso la urgencia del ábaco y los lentes violeta para la
Subprocuradora Ileana Hernández Gómez y lo peor es que sean una o dos, insisto,
persiste la corrupción, la impunidad y la falta de vergüenza. No se engaña a
Gabino Cué en el Año de la no violencia contra las mujeres en Oaxaca como dijo
–seguramente con sarcasmo el gobernador-, lo que se pretende es justificar es
lo injustificable: su falta de credibilidad ante las personas.
