Porque son inolvidables, por la amistad que permanece:
a la Generación de Oro de la UAG, a veinticinco años de distancia
Más de una década después de que mujeres independientes, feministas, académicas, de organizaciones no gubernamentales e, incluso, servidoras públicas, demandaran de manera reiterada y en tiempos distintos, las reformas y adiciones necesarias para la eliminación de vacíos legales al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el pasado jueves 12 de agosto se aprobó el procedimiento que hará realidad lo establecido en el artículo 316, fracción II del Código Penal, es decir, el cómo, el quién y el dónde se debe practicar un aborto cuando el embarazo sea producto de una violación, disposición contemplada en Oaxaca desde 1944, según dato obtenido en el dictamen presentado.
La dilación de más de seis décadas para normar el procedimiento de aborto legal en caso de violación por parte del Legislativo es una larga cuenta de muertes maternas, frente a la única opción de las mujeres a realizarse abortos en condiciones no seguras; en otras, el dogmatismo del Legislador, se traduce en enfermedades que las discapacitan y que arrastran a lo largo de sus vidas como resultado de malas prácticas médicas al momento de un aborto que la ley no les garantizó y, un tercer drama, el cambio radical de la vida de las mujeres, que frente al vacío legal como principal obstáculo, son doblemente victimizadas al negarles su derecho al aborto legal y son obligadas a tener un hijo no deseado que le recordará durante toda su vida la forma brutal en que fue concebido. Sí, aunque digan lo contrario.
Pero los tiempos cambian y el reacomodo de las fuerzas políticas actuó como viento a favor de esta añeja demanda de las mujeres que viven en Oaxaca. Así, el priismo llevó la propuesta hasta las últimas consecuencias y el pasado jueves, por unanimidad se aprobaron las reformas y adiciones a varios artículos del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, que establecen los procedimientos de aborto en caso de violación. Sin duda y parafraseando a Neil Amstrong: “es un pequeño paso para las mujeres pero un gran salto para la humanidad”.
La adición al artículo 60 del Código de Procedimientos Penales establece que la interrupción legal del embarazo (ILE) se hará en los hospitales de asistencia pública, los cuales deberán contar con el personal no objetor de conciencia, lo que habría de garantizar a las mujeres este servicio.
Esta reforma establece que corresponderá al Ministerio Público autorizar en 72 horas, contadas a partir de la solicitud del ILE presentada por quien ha sido agredida sexualmente; en seguida el MP notificará al Secretario (o Secretaria) de Salud de la entidad, quien tendrá que ordenar a quién corresponda la práctica del ILE y deberá tomar la muestra del producto para la realización de la prueba de ADN y determinar la responsabilidad del agresor.
No hay duda, es un paso importante, pequeño pero importante, que al menos blinda el derecho de las mujeres a abortar cuando el embarazo es resultado de una violación sexual ¡faltaba más! como decía mi querida abuelita Lucha y es un gran salto considerando lo ocurrido en los últimos años con el derecho a decidir de las mujeres en 18 entidades del país, además de que ignoramos el rumbo que tomarán los derechos de las mujeres con la derechaizquierda, dispuestos a no plantear nada que pueda romper la pretendida unidad al seno de la próxima legislatura (todos contra el PRI), al grado tal que Manuel Camacho Solís ya les tiró línea y les advirtió que para evitar rompimientos nada que tenga que ver con el aborto y el matrimonio homoparental, donde tal parece no hay ni habrá consensos, una hendidura grave que con el tiempo podría desmoronar la casa. Los vientos políticos, queda claro, han cambiado de rumbo, leyó bien ese rumbo la bancada priista que llevó la aprobación de las modificaciones que supuestamente propuso Ulises Ruiz vía el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, hasta la unanimidad con la votación de 37 diputados que asistieron, cinco legisladores se perdieron esa oportunidad por encontrarse de permiso: Francisca Vera Pineda y Amador Jara Cruz, del PRD; Juan Olivera del PT, Magdiel Hernández Caballero del PUP y José Vásquez Morales del PSD.
Sin embargo, el Legislativo deja pendientes graves, como las aberrantes reformas al Artículo 12 de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, lo que sucedió en septiembre pasado a propuesta de la panista y presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Perla Woolrich, y que fehacientemente defendieron los priistas, en esa alianza de compromisos que suscribieron legisladores del PRI con el PAN sobre el cuerpo de las mujeres, provocando con ello la criminalización del aborto en 18 entidades del país.
Hemos escuchado cómo algunos actores políticos, algunas mujeres y una mayoría de hombres, han empezado a plantear un debate sobre el aborto, todos quieren decir qué deben hacer las mujeres, entre ellos por supuesto la jerarquía católica, los diputados que no resisten las tentaciones del patriarcado, los funcionarios que con poder se pretenden infalibles y, bueno, hasta los que nada tienen que decir opinan; sin embargo, las mujeres no plantean debate alguno, todos estos años lo que han puesto sobre la mesa es su derecho a decidir y a determinar sobre sus cuerpos, como una decisión propia y no del resto de las personas.
En Guanajuato, por ejemplo, el Legislativo de filiación panista, criminalizó el aborto mediante una figura creada para ello y que se denomina “homicidio en razón de parentesco”. El resultado es que 166 mujeres han sido denunciadas por el personal médico de hospitales públicos, 14 enfrentan un proceso penal, nueve han sido sentenciadas con penalidades que superan los 25 años de cárcel, 30 más ya fueron consignadas.
Tal parece que en Guanajuato, como sucede en otras entidades del país, “La cultura fálica de la dominación es, todavía, un hecho”, como asegura Juan María Alponte, en su libro Mujeres, Crónica de una Rebelión Histórica (Ed. Aguilar). Cultura fálica representada por el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez; el procurador de aquella entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, y por supuesto por el personal masculino de los hospitales que denuncian a las mujeres que abortan, mujeres casi siempre jóvenes y en situación de pobreza, que han interrumpido el embarazo sea o no provocado. Las mujeres que pueden pagar no se arriesgan, acuden a costosas clínicas para interrumpir sus embarazos. Es cuestión de oportunidades.
La criminalización del aborto, es decir, impedir a las mujeres tomar decisiones sobre sus cuerpos, ejercer ese derecho, es una imposición de un viejo sistema de dominación, que se resiste a ver a las mujeres en igualdad de derechos, en igualdad para ejercer su libertad, las considera inferiores, las oprime con sus leyes, de ahí que se atribuya la facultad de seguir subyugándolas mediante legislaciones absurdas. Son, pienso, iguales al grupo talibán que el pasado domingo ejecutó públicamente a Bibi Sanubar, viuda de 35 años, que sin estar casada se embarazó, lo que significa no cumplir con los preceptos del Corán. Antes, esta mujer que fue acribillada por el propio juez que la condenó en un juicio sumario, recibió 200 latigazos y fue obligada a abortar. Sin duda, el patriarcado es una condena vigente.
Vásquez Villanueva coordinador priista
El ex secretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva, fue designado como nuevo coordinador de los 16 integrantes que conformarán el grupo parlamentario priista en la próxima legislatura. Esta designación, largamente pensada, pone orden entre los legisladores electos, pues había quienes consideraban ser mejores y aseguraban tener méritos suficientes para ocupar el cargo.
Vásquez Villanueva tiene diversas cualidades a su favor, de los que carecen otros, por ejemplo, es de reconocer que en materia de salud pública lo realizado no tiene precedente alguno, pues en cinco años la infraestructura hospitalaria creció tanto que sólo podría compararse con lo hecho en los anteriores 25 años. A su favor también pesó el triunfo electoral que lo llevó a ocupar la diputación local, pero lo que más le valdrá ahora será su buen oficio de un político democrático, su capacidad para dialogar con todas las facciones, sin excluir claro, su juventud y su permanente preocupación por prepararse. Es, como dicen, un político de 24 horas.
La designación de Vásquez Villanueva, 90 días antes de integrar la LXI Legislatura, sin duda le dará tiempo suficiente para planear sus acciones futuras, elaborar la agenda parlamentaria y ser –junto con sus 15 compañeros y compañeras- una oposición responsable y propositiva, alejada del chantaje. Existe la posibilidad de que ahora sí haya buen trabajo legislativo priista, pues tendrán buen capitán al frente.
Quien no estuvo en la presentación a los medios de Martín Vásquez Villanueva como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, fue el diputado plurinominal electo y presidente municipal con licencia de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas. Esta actitud se tradujo como un descontento personal con la determinación de la cúpula priista que lo dejó “vestido y alborotado”, luego de que se habría separado de la primera concejalía para ser candidato plurinominal, con la promesa de ser el pastor priista en la Legislatura. La última causa, además de su imposibilidad de competir con Vásquez Villanueva, fue su coqueteo con la contraparte, se habló –incluso- de que podría ser funcionario de la administración de Gabino Cué, lo que sin duda sería una mala decisión del ahora gobernador electo.
Dicen también que existen buenas razones para que Ulises Ruiz o Eviel Pérez Magaña –quien ahora mande en el sector tricolor- se decidieran por el ex Secretario de Salud. La primera son los magros resultados al frente del gobierno de la ciudad. Como botón de muestra están las continúas manifestaciones del personal que labora en el ayuntamiento y de habitantes de diversas colonias marginadas, provocado por el caos que generó hacer promesas que nunca se cumplieron. Hernández Fraguas se empeña en no solicitar licencia para separarse del cargo de presidente municipal, lo que sigue dañando al gobierno capitalino pues Miguel Ángel Bustamante Underwood, encargado del despacho, no puede hacer absolutamente nada, de ahí su necesidad de vivir en el mundo de fantasía que ha creado Joanne Rowling, la autora de Harry Potter, por aquello de las fotografías que lo descubrieron en Puerto Escondido, lejos -por cierto- del destino para el que había solicitado permiso de ausentarse de la sesión del miércoles 4 agosto. Pidió disculpas por lo hecho y como si nada, sin embargo, pregunto ¿qué pasaría si una secretaria, una trabajador de limpia o un integrante cualquiera de la burocracia municipal fuera enviado a cumplir con una comisión de trabajo y en lugar de eso utiliza los viáticos para irse a una playa? sin duda, esa secretaria, ese trabajador de limpia, ese burócrata serían despedidos de manera inmediata. Pero Bustamante Underwood no tiene complejos, actúa como lo haría cualquier otro funcionario corrupto y no renunciará porque la dignidad es un asunto desconocido.
Hay mucho que decir del gobierno de la ciudad, donde todo lo que pasa es reflejo de la actitud apática, fría y de valemadrismo que imprimió el edil con licencia a su gestión. Ya no será coordinador de la bancada priista en la Legislatura y tendría que dejar que el curso del gobierno municipal empezara a fluir para bien de la población a la que juró servir leal y patrióticamente. En fin.
jarquinedgar@gmail.com
