Soledad JARQUIN EDGAR
El recuento de los daños contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en la última década se ha traducido en México en una lista macabra que demuestra el incumplimiento de autoridades e instituciones para proteger la vida de las y los informadores y coloca al país como el más peligroso de América Latina y el segundo en el ámbito mundial para el ejercicio de esta profesión. Además, claro de arrebatar a la sociedad dos de sus principales derechos: la libertad de expresión y de información.
Ayer sábado, de forma inédita en este país, bajo la consigna “Los queremos vivos” periodistas de todos los puntos de la República mexicana realizaron una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta la Secretaría de Gobernación -de Reforma a Bucareli- la demanda central fue poner un alto a la impunidad que envuelve los 64 crímenes cometidos en contra informadores y trabajadores de los medios de comunicación. Cifra a la que se suman una importante cantidad, aún no contabilizada del todo de mujeres y hombres desaparecidos por su trabajo periodístico; aunado claro está a los cientos y cientos de agresiones (Ixtli Martínez, en Oaxaca, es uno de muchos otros casos), amenazas y hostigamiento que todos los días se reciben.
Esta cifra que indigna a las y los profesionales del periodismo y que debería indignar a la población mexicana, porque no sólo está en riesgo la vida de quienes trabajan en los medios sino sus propios derechos a la información y a la libertad de expresión, nos revelan que en México se comete un crimen contra periodistas cada dos meses desde que gobierna la derecha, lo que no quiere decir que la hegemonía priista haya sido mejor. Un dato concreto, por ejemplo, es el hecho de que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados y asesinadas poco menos de 50 periodistas.
El caso de Oaxaca, también es para reflexionar, en este sexenio que termina, se cometieron homicidios contra siete trabajadores de los medios. Brady Will, camarógrafo de la red alternativa Indymedia, lo que ocurrió en aquel convulsionado año 2006. Raúl Marcial Pérez, quien era columnista del diario El Gráfico y dirigente de una organización en la región de la Mixteca, el atentado que terminó con su vida sucedió en diciembre de 2006.
Además de los voceadores del diario Imparcial del Istmo: Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez, hechos ocurridos en octubre de 2007, los cuales se atribuyen al crimen organizado pues personal de ese diario había sido amenazado. El 7 de abril de 2008, hay dos nuevas víctimas mortales: Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, ambas locutoras de La voz que rompe el Silencio, radio comunitaria de San Juan Copala.
De sus agresores nada en concreto, la impunidad reina como en la gran mayoría de los hechos ocurridos, como en el resto del país. Pero además de los arteros crímenes que terminaron con sus vidas, ellas y ellos enfrentaron otro problema: la discriminación y el prejuicio de un gran porcentaje de informadores. ¿La (sin) razón? Bueno el hecho de que no trabajaban en medios convencionales o los llamados “grandes medios”; por otra parte, en el caso de Teresa y Felícitas se cuestionaba si eran o no periodistas, lo cierto es que sí lo eran estaban frente a un programa informativo. Se cuestionó incluso su posible “militancia” contra el poder político, lo que no sucede con quienes militan con el poder.
La franja más peligrosa para el ejercicio del periodismo es la que conforman los estados del norte del país, cierto, pero el fenómeno de asesinar para acallar, para atentar contra la vida de las personas, se repite a lo largo y ancho del país. La Sociedad Interamericana de Prensa, ha clasificado a los estados según la incidencia de ataques a periodistas: Zonas de muy Alto Riesgo: Tamaulipas, Baja California y Sinaloa. Zonas de Alto Riesgo: Sonora, Chihuahua y Guerrero. Zonas de Riesgo: Veracruz, México, Nuevo León, Coahuila, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Zonas Inseguras o Difíciles: Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Campeche y Yucatán. Sin embargo, habría que decir que en las otras 14 entidades ya se han cometido crímenes de este tipo, como sucedió en Quintana Roo, Tabasco y Durango, con uno, dos y tres asesinatos, respectivamente.
Por eso es trascendente lo que este sábado sucedió en la capital del país, todos y todas unidas por una misma voz que demandaba justicia para las y los comunicadores, informadores y trabajadores de los medios de comunicación, que hoy enfrentan el peor de los momentos de la historia del periodismo en México, recrudecida por la guerra interna que sostiene el señor Felipe Calderón contra el crimen organizado, porque los datos así lo muestran.
Sin embargo, habría que aclarar que el crimen organizado no es el único que atenta contra la vida de las y los trabajadores de los medios, hay casos concretos donde es el poder político quien ordena terminar con la vida de las personas, es importante decirlo porque frente a esta ola mediática, pareciera que el único responsable es el crimen organizado. Un ejemplo es lo sucedido a María Esther Aguilar periodista de Zamora, Michoacán, quien desde 2003 fue desaparecida, luego de reportar una operación militar en la que el hijo de un político había sido arrestado por pertenecer al crimen organizado.
La estudiante de Doctorado en Gobierno e integrante del Programa en Inequidad y Política Social en la Universidad de Harvard, Viridiana Ríos, señala en un artículo titulado “Más periodistas asesinados en México que en Iraq”, que desde 2004, año en que México le arrebató a Colombia el tercer lugar como el país es peligroso para el ejercicio del periodismo, este grave problema se ha incrementado y “ha empeorado” rápidamente. La consecuencia es que México tiene hoy el segundo lugar (en el ámbito mundial) antes en manos del Congo y superó –incluso- a un país en guerra: Iraq. Lo mismo pasó con Filipinas “donde los periodistas simplemente han decidido andar armados”.
La manifestación de periodistas de Reforma a Bucareli y otras que se reportan en diversos estados del país, tiene una profunda razón de ser: la defensa a un derecho fundamental para la democracia, el desarrollo, la paz y la libertad, se llaman libertades de expresión y de información, que la población entera está obligada a defender.
Sin duda el gobierno de Felipe Calderón tiene mucho que decir sobre lo qué ha hecho y ha dejado de hacer para proteger los derechos constitucionales y debidamente establecidos en el punto nueve de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no queremos que nos digan que están investigando, que han instituido una instancia especial y que se ha legislado para castigar con severidad estos crímenes, nada de eso sirve en tanto los responsables de las 64 muertes, desapariciones y toda clase de agresiones a periodistas permanezcan sin castigo, pero sobre todo en la impunidad que les regala su gobierno.
