miércoles, 11 de junio de 2014

Cronología: Caso Yeniffer Barroso Rodríguez vs SPP


Cronología:
Caso Yeniffer Barroso Rodríguez vs SPP

1 de mayo de 2007. Fui contratada por el Gobierno del Estado, en la Secretaría de Protección Ciudadana, con nombramiento de confianza nivel 5.  Funciones: Conducir y producir el programa de radio y televisión de la Dependencia a través del canal 9. El titular era el Lic. Sergio Segreste Ríos.
1 de octubre de 2010, me fue otorgado nombramiento confianza sin término de finiquito con nivel administrativo 5 adscrita a la oficina del Secretario de Seguridad Pública.
1 de diciembre de 2010 es nombrado nuevo titular Marco Tulio López Escamilla.
El 17 de diciembre de 2010 se me incapacita por maternidad.
29 de marzo de 2011 me reintegro. Al llegar a mi departamento no cuento con lugar específico, no tengo material para trabajar, me asignan la función de sacar copias y hacer mandados al jefe actual.
12 de abril de 2011. Solicito al Lic. Roberto Morales me ponga a disposición de la Secretaría de Administración por estar siendo hostigada en mi área de trabajo.
6 de septiembre de 2011. Denuncio ante mi jefe directo, Lic. Antonio Gutierrez Sumano, Coordinador de Comunicación de SSP a Manuel Maldonado Ojeda por violencia cibernética en mi contra.
18 de octubre de 2011 solicito audiencia con el Secretario López Escamilla. Su secretaria Particular Rosa Minerva Cruz Triunfo, me niega la posibilidad de entrevistarme con él.
5 de enero de 2012. Solicito nuevamente ante el oficial mayor se me ponga a disposición de la Secretaría de Administración, me indica que sí, siempre y cuando acceda a tomar un café fuera de la oficina.
4 de mayo de 2012. Soy atendida en audiencia por el Secretario de la SSP, a quien manifiesto todos los atropellos cometdos por Manuel Maldonado, Minerva Cruz, Xavier Villalobos Carranza, así como de un grupo de personas adscritas al área de comunicación social. Me solicita comparezca ante el área jurídica, lo cual hice pero no me entregan copia firmada, después observo que existen algunas alteraciones a mis dichos.
8 de mayo de 2012. Pido la intervención  del IMO para manifestar el maltrato verbal, físico, cibernético y psicológico que soy objeto.
10 de mayo de 2012, el IMO gira oficio al Secretario de Seguridad Pública para exhortarlo a actuar.
11 de mayo de 2012, contesta al IMO el Lic. Carlos Morales Sánchez, Director Jurídico de SSP, donde indica que se le impuso suspensión preventiva a Manuel Maldonado.
Durante los meses siguientes solicito se atienda mi caso, aportando pruebas, entrevistándome con quienes teóricamente tenían la encomienda de investigar, sin embargo mi dicho transcrito no me fue entregado, aduciendo mil dificultades de origen técnico.
Me es entregada la orden de iniciar con los exámenes de control de confianza. Asisto a la evaluación poligráfica y psicológica.
Se me indica que realice los exámenes médicos. El médico me solicitan me desnudara totalmente, en presencia de alguien que ni siquiera me mostró identificación de doctor y ante dos personas más del sexo masculino, a lo cual me opuse y envíe oficio a la Directora del C4, encargada de los exámenes, para que me explicara. La propia Subdirectora del C4 me indica verbalmente que no debieron tratar de hacerme de esa manera los exámenes incluso me hace saber que a todas les han pedido constancia de no embarazo para poder ingresar.
4 de septiembre de 2012. Me intentan notificar la separación de mi cargo a las 4 de la tarde, ante lo cual inicio huelga de hambre en las instalaciones de mi oficina, solicitando una explicación ante proceder tan injusto y arbitrario. A las 8 horas, el Jefe del Departamento de Asuntos Penales del Cuartel de la Policía, quien con tres policías acreditables y dos varones más me sacaron de la oficina en la que me encontraba en forma por demás violenta. Este hecho es grabado por el actual titular de Tránsito del Estado, Porfirio Villalobos.  Fui golpeada, insultada, arrastrada, intimidada, trasladada al cuartel en un vehículo con vidrios polarizados. 9:15 de la noche me ingresan al cuartel de la policía donde en la explanada estaban formados aproximadamente 300 policías quienes son testigos de la privación de mi libertad.
A la 23:00 horas me trasladan a los separos de la policía municipal, donde me son certificadas lesiones. Al llegar estaban esperando mi arribo  Emanuel Catillo, Subsecretario de Reinserción Social, así como el Director Jurídico, Carlos Morales Sánchez, quienes me indican que se retiran los cargos si firmo mi renuncia y un documento donde los exonero de cualquier acción que hayan cometido en mi contra, a lo cual me niego.
Intimidan a mis familiares indicándoles que me ingresarían al penal de Ixcotel porque lo cometido era en grave. Soy acusada de uso indebido del uniforme y condecoraciones, y de usurpación de funciones.
5 de septiembre de 2012. A las 6 de la mañana arriba un vehículo de la Procuraduría de Justicia del Estado donde soy trasladada sus oficinas ubicadas en Ciudad Judicial, soy recluida hasta las 6 de la tarde una vez comprobada la falsedad de las acusaciones hechas en mi contra.
6 de septiembre de 2012. Acudo a la oficialía mayor por mis documentos personales que habían quedado en mi oficina. En el momento de mi llegada un grupo de la oficina de asuntos internos comandados por Hipólito Avendaño, Director de esa oficina, y otras 10 personas, entre ellas un notario público de apellido Avilés, quienes me notifican que se montará Consejo de Honor en mi contra.
7 de septiembre acudo a poner mi denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, donde no se me abre expediente alguno, y se me convence de que la vía es otra.
13 de septiembre de 2012. Se monta Consejo de Honor en mi contra.
26 de Octubre. se me notifica que soy removida de mi cargo y que solo tengo derecho a mi liquidación.
7 de diciembre de 2012. Interpongo demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
5 de septiembre de 2013. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falla a mi favor declarando la nulidad lisa y llana de la resolución del 26 de Octubre del 2012, sin embargo, por “errores” de mi abogado no se piden los efectos que considero resultan naturales.
19 de septiembre de 2013. Demando ante la defensoría nuevamente, denunciado su opacidad anterior que rayaba en contubernio con la Secretaría de Seguridad Pública.
10 de octubre de 2013. Nuevamente solicito intervención del IMO para saber de mis denuncias ante la Dirección de Asuntos Internos de la SSP. La Lic. Beatriz Casas manifiesta de manera verbal que el director de asuntos jurídicos, le informó que Manuel Maldonado había sido separado definitivamente de sus funciones. Posteriormente el 11 de noviembre me es enviado oficio donde se me indica que esa persona fue suspendida, basando esta información en oficio que les dirige el Director Jurídico de la SSP, Gabriel Quevedo Martínez.
Enero 7 de 2014. Me entrevisto con el nuevo Secretario de Seguridad Pública,  Alberto Esteva Salinas, quien me advierte que no desea problemas, desdeña mi nombramiento por ser otorgado durante la administración del anterior Gobernador y solo me indica que esté en contacto con uno de sus allegados para dar trámite a mi asunto. Nada ha sucedido.
13 de marzo de 2014. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dicta seis recomendaciones. Entre ellas medidas para reparar los daños, como la reincorporación de Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez en el trabajo que venía desempeñando hasta el 4 de septiembre de 2011; el pago de salarios y demás prestaciones económicas que dejó de percibir, atención psicológica por las afectaciones provocadas, y se ofrezca una disculpa pública a la afectada.
20 de marzo de 2014. Entregué a la Diputada Itaiza López Galvan copia de la recomendación con objeto de solicitar su apoyo para la consecución de los puntos recomendados por el Defensor, sin que hasta el momento haya recibido respuesta alguna.
Marzo de 2014. Entregue al Senador Benjamín Robles Montoya, ante más de mil mujeres, mi recomendación a efecto de que se pronunciara a mi favor, quedando muy solemnemente en apoyarme, lo cual hasta el momento no ha sucedido.
19 de mayo del 2014. Exijo a la Defensoría se me notifique de la no aceptación de la recomendación para los efectos legales conducentes ya que la Secretaría acepta la recomendación de manera parcial, y engañosamente quieren hacer creer que lo aceptado está siendo cumplido, con la complacencia de las autoridades de la Defensoría.
22 de mayo de 2014. Pido al IMO una explicación  ya que al acudir a la dirección jurídica de la SSP encuentro a Manuel Maldonado Ojeda, laborando sin problemas en la Secretaría, a pesar de los dichos de Beatriz Casas.
24 de mayo de 2014. Acudo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para manifestar lo anterior y procederá  a la impugnación de la recomendación pues no fue cumplida ni aceptada.
30 de mayo de 2014. Soy notificada por la Defensoría sobre la aceptación parcial de la Secretaría de la recomendación, así como  de las acciones que han empezado a realizarse de acuerdo a los puntos recomendados, marcando cosas como aceptadas cuando solo hay documentos simples que supuestamente prueban el hecho de la ejecución
(De Las Caracolas, página 8)


domingo, 8 de junio de 2014

Mujeres y política Estado de impunidad


Mujeres y política
Estado de impunidad

Soledad JARQUÍN EDGAR
Hay una fina línea entre la violación de un derecho humano -los que tienen obligación de garantizar- y la comisión de un delito grave. Se viola el derecho a la salud, a través de la violencia obstétrica en Oaxaca, lo que cuesta la vida de mujeres, vivir con una discapacidad y en ocasiones que sus hijos e hijas también pierdan la vida.
En la calle se viola el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y se cometen más violaciones a sus derechos humanos en las instituciones donde dicen procuran justicia para ellas, incluyendo las autoridades municipales, como sucede en San Juan Cotzocón.
Se abusa sexualmente de niñas en un albergue y las autoridades siguen cometiendo delitos al “multar” al profesor por haber sido denunciado y a la madre de una de las dos menores por denunciar, porque así son los usos y costumbres, además de permitir que el delincuente siga trabajando en otra escuela donde las niñas y los niños corren peligro frente a un posible acto de violencia sexual.
Esto es Oaxaca, donde como decía el compositor guanajuatense “la vida no vale nada” en uno de los versos de su canción Camino de Guanajuato, que aplica perfectamente para las mujeres. La falta de seguridad que ha sido demostrado con las reveladoras cifras del INEGI en materia de feminicidio y claro el seguimiento hemerográfico, por ejemplo, y que se confirma con hechos concretos los casos arriba mencionados.
En salud pública, las oaxaqueñas no tienen garantizado nada. El seguimiento de los casos publicados en la prensa local, que se pueden observar electrónicamente en pagina3.mx, señalan que son 17 ya los partos “fortuitos” o “precipitados” documentados por la prensa y que han sido atraídos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Debe resultar terrorífico para las juchitecas acudir al Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de ese municipio, donde en dos semanas se ha presentado un parto “precipitado” en el baño y el fallecimiento de una recién nacida por presunta mala atención, aunado a la histerectomía o extracción de la matriz  “debido a complicaciones” sin consentimiento ni de la paciente ni de su familia, debido a complicaciones.
La secuencia de partos fortuitos y partos precipitados -dos nuevas clasificaciones de un parto, “marcas registradas” por los funcionarios de los mal llamados Servicios de Salud de Oaxaca -comandados por el teniente de artillería Germán Tenorio Vasconcelos, digo, porque si fuera médico otra historia nos cantaría- dejaron de preocupar a la autoridad, no se inmuta ni el titular de Salud ni se preocupa Gabino Cué.
No es para menos. Se trata de mujeres que además son pobres y muchas de ellas indígenas, que nada representan en su escala de buenos resultados en los espléndidos negocios financieros que se hacen con la salud, desmantelando clínica en equipo y medicamentos y subrogando servicios a sus clínicas particulares con millonarias ganancias, entre otros muchos hechos que se reflejan a leguas en la salud pública local.
El otro caso que preocupa e indigna a la población es la solicitud de intervención interpuesta por dos madres San Miguel Chicahua, Nochixtlán, quienes denunciaron el abuso sexual del “profesor” Mateo Cruz Ramírez, en contra de sus hijas, hechos que ocurrieron en junio de 2013 en el albergue Niño Artillero de esa comunidad.
En este hay varios asuntos graves por los que cualquier gobierno moriría de vergüenza, sobre todo por las negligencias y omisiones que se cometen, así como las dilaciones y la impunidad que provocan, a costa insisto de la vida, la salud mental y física las mujeres a quienes en un tris les arrebatan la felicidad desde la infancia.
Y no dejamos de sorprendernos de las tan irracionales actitudes de los servidores públicos, como es el caso de los maestros, y esa constante actitud de violentar a sus alumnas como sucede con Mateo Atalo Cruz Ramírez y al menos otros tres casos documentados en los últimos dos años por la Defensoría.
Bajo el expediente DDHPO/1517/(01)/OAX/2013, después de -por lo visto- una larga investigación, finalmente el 28 de abril de este año emitió la recomendación 04/2014, como se señala en el documento público y que de acuerdo con el Visitador de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos,  fue aceptada la semana pasada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca un mes después .
Mientras tanto y desde que ocurrieron los hechos, al finalizar el anterior ciclo escolar, el agresor aún está en servicio, como si estuviera libre de pecado, como si nada hubiera hecho y tal vez dañando la vida de otras menores, porque si de algo no se puede engañar la población es de la excesiva protección del que gozan los maestros oaxaqueños que tienen a Oaxaca de rodillas.
El profesor Mateo Atalo Cruz Ramírez, jefe del albergue, había hecho tocamientos a las dos menores, por lo que fue acusado por la madre de una de ellas ante la autoridad municipal de San Miguel Chicahua, claro que la respuesta del “profesor” es la misma que algunos funcionarios asumen: “hágale como quiera, vale más mi palabra que la suya”.
Por presentar la denuncia, la Alcaldesa de la comunidad, Francisca Antonia Santiago, impuso a la madre de la menor la multa de medio cartón de cervezas y medio de refrescos y al denunciado la multa de dos mil pesos para reparar el daño, que no sabemos si pago o no pero que de entrada no hizo porque no tenía dinero. Es increíble pero cierto, la misoginia en hombres y mujeres. El profesor negó los hechos aduciendo que las niñas de nueve y diez años de edad le habían tomado confianza y que por eso lo saludaban de beso. Solo faltaba que dijera que las niñas lo provocaron. También se le pidió que dejara el albergue tras el pago de la multa.
La profesional en Psicología de la DDHPO emitió un dictamen en que plantea que ambas sufrieron privación de una adecuado descanso, maltrato físico como forma indiscriminada,  como forma de castigo, privación al derecho a la alimentación, explotación infantil, conductas de voyerismo, amenazas verbales de castigo físico y psicológico, mensajes de desprecio y burla.
Y aunque usted no lo crea y a pesar de tener conocimiento de los hechos, tanto el personal del IEEPO como de la Sección 22, al finalizar el ciclo escolar, el maestro Mateo Atalo Cruz Ramírez solicitó su cambio de adscripción y fue autorizado su traslado en la escuela primaria Amado Nervo de Santiago Mitlatongo, Nochixtlán. ¿Se puede creer esto?
Es muy curioso, pero la primera recomendación que hace la DDHPO es para que el maestro no esté frente a grupo; “debiéndose para ello respetar todos sus derechos laborales”. La verdad es para no dar crédito. La DDHPO emite una recomendación en doble sentido, por un lado, solicita que el delincuente y abusador sexual que gusta de denigrar la integridad de las niñas no este al frente de grupo pero al mismo tiempo pide que por favor no le violenten sus muy merecidos derechos laborales. ¡Faltaba más si es de la Sección 22!, los preclaros hijos de este gobierno.
En segundo término la recomendación va en el sentido de cuantificar y cubrir la reparación del daño de las dos niñas y luego una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las niñas y niños de estos albergues.
Salud y educación dos derechos humanos fundamentales tirados por la borda frente las omisiones, la flojera, la displicencia, el valemadrismo del jefe de la banda: Alí Gabino Babá Cué Monteagudo. ¿De verdad todavía alguien tiene duda?

@jarquinedgar