sábado, 27 de octubre de 2012

CELIA RAMIREZ PÉREZ, PRIMERA ABOGADA OAXAQUEÑA




Celia Ramírez Pérez, una mujer diferente
* Falleció la primera abogada del Intituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado

Soledad JARQUÍN EDGAR
El próximo 7 de diciembre, Celia Ramírez Pérez cumpliría 96 años, sin embargo, falleció el 24 de julio en la ciudad de México. Ella fue la primera abogada egresada del Intituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado, actual Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En su memoria, recupero algunos datos publicados en el libro Mujeres de Oaxaca, editado en 2011 por el municipio de la capital oaxaqueña. 
Celia Ramírez Pérez concluyó sus estudios en 1940 y presentó el examen profesional en 1944, 110 años antes hizo lo mismo el primer abogado egresado de esa institución: Benito Pablo Juárez García.
En los años cuarenta no era común que las mujeres fueran a la universidad, un tanto porque prevalecía la idea que  no debían estudiar una carrera universitaria, pues su “papel” se circunscribía a la familia. A pesar del ambiente hostil, Celia Ramírez Pérez no claudicó.
Su padre fue Manuel Ramírez Santos, maestro normalista y regidor en el gobierno de Oaxaca de Juárez, y de su madre Virginia Pérez Oceguera. El primero era masón, la madre era Protestante. Ella, contra lo que establecía la regla, trabajó fuera de casa desde muy joven y era una excepcional jugadora de golf, pasatiempo que disfrutaba en los campos de don Guillermo Brena, siendo ya abogada del Poder Judicial.
Su paso por las aulas universitarias estuvo plagado de dificultades por ser mujer, pero nunca estuvo dispuesta a claudicar. Entre sus compañeros recuerda a Carlos Lira, Antonio Jiménez Galán, Fernando y Alfredo Castillo, Martín López Rito, Luis Castañeda Guzmán, todos ellos reconocían en ella buena memoria y dedicación para el estudio, ganándose el apodo de “El fonografito”.
Celia se casó con el doctor Álvaro Sánchez cuando aún no se titulaba. A escondidas de su esposo y suegro -que también era médico- escribió su tesis profesional cuando esperaba a su segundo hijo, para ello contó con la ayuda de los secretarios del Instituto, Manuel Castro Rivadeneyra y Refugio Colmenares “Cuquita”, quienes le ayudaban enviándole libros de la biblioteca.
Sin decir nada a nadie, Celia Ramírez Pérez presentó su examen profesional un 25 de julio de 1944, el título de Abogado de los Tribunales de la República fue expedido el 7 de mayo de 1948, siendo director del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado, el licenciado Heliodoro Díaz Quintas.
En 1947, la abogada Celia Ramírez Pérez, quedó viuda con un hijo y una hija, entonces es designada agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justcia adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil, siendo este su primer trabajo como abogada.
Como abogada litigante Celia Ramírez fue pionera en Oaxaca, las personas se desconcertaban con frecuencia, pues no era común que una mujer ejerciera la abogacía en los años cincuenta, lo que la llevaba a sitios donde ellas no eran vistas de manera común, como una comisaría.
En una ocasión sus servicios como abogada fueron requeridos por una conocida suya que en ese tiempo regenteaba la zona roja de la ciudad,  lugar que se conocía como “El Pueblito”, pues un grupo de sus abonadas había sido remitido a la comisaría. Como ya era noche, Celia se puso cualquier par de zapatos, un abrigo y sin ver su arreglo salió apresuradamente. Con el cabello recién pintado y que casualmente era del mismo color de su abrigo, se presentó en la Comisaría e hizo los trámites convenientes para que salieran las señoras. Sin embargo, Celia comprobó que la justicia es “ciega”, cuando al retirarse, el policía de guardia la detuvo negándole la salida en tanto no le mostrara “su boleta de liberación”.
En la década de los cincuenta fue una de las fundadoras de la Escuela Secundaria por Cooperación, actualmente escuela secundaria José Vasconcelos.
En su currículum destacan los cargos de: Directora del Registro Público de la Propiedad, Directora del Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad, Jueza Segunda Penal, Jueza de lo Familiar, Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, al tiempo que impartía clases en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, hasta su jubilación.
Sus hijas Elisa Sánchez y Leticia Ricárdez consideran que su madre, Celia Ramírez Pérez, fue una mujer extraordinaria, adelantada a su tiempo que enfrentó con valor inusitado dificultades impuestas por la el contexto social del  momento.
“Hoy es obligatorio que las mujeres profesionistas firmen y actúen con su nombre completo, sin atender a su estado civil. Pero mi madre, Celia Ramírez enviudó poco tiempo después de presentar su examen profesional. Cuando le fue entregado su título  firmó como Celia Ramírez viuda de Sánchez. Años más tarde,  tramitó la expedición de su cédula profesional que fue emitida recogiendo los datos de  su título. Sin embargo, para entonces, Celia había contraído matrimonio con el profesor Rafael E. Ricárdez, de modo que el encabezado de su cédula  indica que se trata de Celia Ramírez viuda de Sánchez, pero  al calce se lee la firma Celia R. de Ricárdez”. Por lo tanto, Celia contaba con dos identidades en la misma cédula profesional debido a que firmaban según su estado civil.
“Pero no podemos aún dar por terminada esta historia, años después, estando casada en su tercer matrimonio con el Licenciado Germán Ortega Torres, hubo de realizar algunas diligencias a efecto de acreditar que se trataba de la misma persona que ahora firmaba como “Celia Ramírez de Ortega”, señalan sus hijas.
Desde el año 2002, la abogada Celia Ramírez Pérez radicaba en la ciudad de México con sus hijas, rodeada de nietos y nietas, siendo para ellos un ejemplo de vida, una vida “adelantada a su tiempo”, como decían las compañeras de colegio de sus hijas quienes la admiraban porque era distinta a otras mujeres de su época.
Hace poco dos años, cuando la entrevistaba para el texto que escribí para el libro Mujeres de Oaxaca, Celia Ramírez Pérez continúa preocupándose e indignándose al leer noticias que parecen resultado de la injusticia social, considera que el estudio y la preparación son elementos fundamentales para el desarrollo de las mujeres y aseguraba que “la conciencia de su propia dignidad” es vital para no permitir que se ejerza violencia en ellas.
En marzo de 2010, la regiduría de Equidad y Género, precidida entonces por Bárbara García Chávez, le otorgó el reconocimiento de Ciudadana Distinguida, acto al que acudió acompañada de su numerosa familia.






DERECHOS POLÍTICOS, UNA BATALLA LEGAL


Derechos políticos, una batalla legal para las mujeres


“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer,
 Si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”.
                                                                                  Michelle Bachelet


Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El camino en la defensa de los derechos políticos-electorales de las mujeres, cruza necesariamente, por el avance normativo en materia de derechos humanos. En el plano del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, México ha firmado y ratificado por lo menos 47 tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En México hay avances constitucionales como la modificación del título primero: “De los Derechos Humanos y sus garantías” y el esablecimieno de obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Los derechos humanos estaba almárgen del texto constitucional, lo que ponía a Mexico entre uno de los países de América Latina verdaderamente atrasado. Esta reforma que modificó 11 artículo es una de las más significativas en los últimos años en la medida que reconoce a los derechos humanos como fundamento del orden jurídico nacional, contemplando inclusive aquellos derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales.
Marco jurídico internacional
El marco jurídico internacional de los derechos políticos de las mujeres está sustentado por tres convenciones internacionales y un pacto:
La CEDAW que establece que tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Por lo que ellas podrán a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
La Convención sobre los derechos políticos de la mujer que establece el derecho de las mujeres a votar, a ser electas y a ocupar cargos públicos en igualdad de condicions que los hombres.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 especifica que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades.
Y la convención interamericanal sobre concesión de los derechos políticos a la mujer, que de forma puntual establece en el Artículo 1 que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo.
Marco Jurídico Nacional:
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 4, punto 1: norma que el voto en las elecciones es un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
El Artículo 25, punto 1, e): La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.
Artículo 219: De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.
Artículo 220: Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.
Sistema de Cuotas de Género
En octubre del 2004, sólo 24 de los 32 estados en nuestro país contaba con algún tipo de disposición normativa que hiciera consideraciones sobre la representación de género.
La  reforma electoral del 2007 elevó las cuotas de género del 30 al 40 por ciento, lo anterior produjo un aumento de casi cuatro puntos porcentuales en la proporción de candidatas a diputada federal (de 35 por ciento en 2006 a 38.9 por ciento en 2009).
La mayoría de las candidatas uninominales en distritos sujetos a la cuota de género son nominadas en distritos que pueden considerarse como electoralmente débiles: en la elección federal de 2009, 176 de las 249 candidatas de mayoría relativa del PRI, PAN y PRD fueron postuladas en distritos perdedores.
Sentencias relevantes
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del 2006 a la fecha, el TEPJF ha dictado 30 sentencias en materia de género relativas al derecho a ser votada, destacando aquellos asuntos relativos al acceso a un cargo y a las cuotas de género.
En la sentencia JDC-461/2009 se aclaró que la regla de alternancia se refiere específicamente al orden en que han de colocarse las candidaturas en la lista de representación proporcional (plurinominal). Dicho orden de las candidaturas en razón del género debía ser repetida y sucesiva, intercalando, individualmente consideradas, candidaturas de un género seguido de otro distinto (hombre/mujer o mujer/hombre).
En la sentencia de los juicio de protección a los derechos políticos–electorales del ciudadano. Expedientes: SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, se determinó que para la integración de las listas de candidatos de los partidos a los diversos puestos de elección popular, en particular para diputados y senadores, tanto de mayoría relativa como plurinominales, es necesario elevar la cuota de 30 a 40 por ciento, remitiendo las reglas de su aplicación a los estatutos de cada partido.(sin que lo obstaculice alguna forma de elección directa o indirecta impuesta por la normativa de los partidos políticos)
De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el marco normativo nacional e internacional, sujeta a los Estados a garantizar los derechos humanos, incluidos los políticos y electorales.
De acuerdo a los pronunciamientos de la Corte, la justiciabilidad y eficacia de los derechos, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.
La clara violación por parte de los partidos políticos al no llevar a cabo los mecanismos que garantizan el acceso a las mujeres a participar en la vida política del país en igualdad de oportunidades con respecto a los hombres, demuestra la falta de responsabilidad e ineficacia del Estado mexicano por cumplir con los compromisos internacionales y con su propia normativa interna.
Es necesario que el Estado mexicano garantice el respeto de estos derechos, de manera que, las mujeres estén en posibilidades de exigir el ejercicio de sus derechos político-electorales y no sigan enfrentando los obstáculos que los partidos políticos han diseñado para evadir el cumplimiento de la ley.