martes, 1 de febrero de 2011

Palabra de Antígona. Adriana Morlett: desaparecida

Palabra de Antígona

Adriana Morlett: desaparecida

Por Sara Lovera

Frente a una desaparición lo que parece invadir el alma es la angustia, la ansiedad, la zozobra, la congoja y un sentimiento que crece en espiral de desesperanza y desesperación.

Esa desaparición inexplicable, inquietante, nos coloca en un estado de desasosiego permanente. Es como si alguien hubiera quebrado toda racionalidad.

Desde septiembre del año pasado, Adriana Morlett desapareció. Era el 6 de septiembre, hace casi cinco meses. Ella dejó de estar, caminó a un no sitio, a un sin lugar, convertida en humo y sin señales de vida. Como si se la hubiera tragado la tierra, llevado el viento, evaporada y ausente.

No volvió a casa. Ese septiembre, luego de ir a recoger un libro a la biblioteca central de la UNAM, se citó con Mauro Alberto Rodríguez Romero, pensaba ir a casa a ver unas películas y tras salir de la biblioteca, filmada por las cámaras de seguridad, simplemente se eclipsó. Se sumergió en este océano de la violencia que parece ser la imagen de México. Lo extraño es que días después el libro que pidió prestado regresó a la biblioteca y nadie sabe cómo.

Estudiante de la Facultad de Arquitectura, Adriana se había citado con amigas y amigos para tener una velada estupenda. La esperaban a las 8 de la noche pero no llegó. Ella fue a la biblioteca a las 7 de la noche, no tardó nada en gestionar el préstamo y ya, en la puerta de salida sonó su celular, era Mauro Alberto, hoy escondido, atrapado por quién sabe qué saberes sobre su amiga.

Por supuesto que las autoridades encargadas y responsables de investigar, de encontrarla, no han explicado nada. La desaparición de Adriana está en la impunidad y sus padres viven con ese desasosiego de la desesperación y la zozobra del no saber, del no entender. Se han dado cuenta del significado de la palabra impunidad que asola a nuestra realidad, esa impunidad que nos cubre y nos hunde todos los días frente a la injusticia y la desgracia.

Hace menos de una semana que la diputada Teresa Incháustegui, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, reveló que el Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), en la última década desaparecieron 676 mujeres.

Los datos son siempre ilustrativos, pero atrás de cada una de esas 676 mujeres hay una vida, una historia, una gama de afectos, un cúmulo de experiencias y expectativas, de planes, de ilusiones.

Según la SSP de las 676 mujeres reportadas como desaparecidas, el 64.2 por ciento son mujeres de entre 10 y 24 años de edad, es decir, niñas y jóvenes.

Adriana está en la estadística, pero está en un no lugar, borrada, desvanecida en el mar de expedientes. Se trata, dijo la diputada Incháustegui, campechana y politóloga, que el número de mujeres desparecidas tendría que ser un asunto importante para la sociedad, esa masa informe que se debate en el día a día de las preocupaciones urgentes: el trabajo, el salario, su seguridad y la integridad individual.

La desaparición de mujeres en México, la de Adriana, por ejemplo es parte de los diferentes contornos de la violencia que se convierte en un tema, pero que no se resuelve ni se enfrenta por el Estado y la sociedad; que se nombra pero que no se confronta. Leyes van y vienen. Las desapariciones continúan inexplicablemente, sumidas en ese mar de amargura que desestructura familias, comunidades y país.

¿Dónde está Adriana? Seguro que es la pregunta cotidiana con la que le amanece a su madre, a su padre, a sus más queridas compañeras y amigas.

Es evidente que las autoridades federales incumplen su responsabilidad, no dan señas de eficacia, porque las desapariciones, esas que a nadie le importan, más que a las familias, como las organizadas en Coahuila o las tan antiguas buscadoras de hijos e hijas del grupo Eureka de la senadora Rosario Ibarra, sin encontrar respuestas.

Hace algunos días, la agrupación feminista Pan y Rosas lanzó un pronunciamiento sobre la desaparición de Adriana Morlett Espinoza y ha gritado fuerte:

¡La queremos de regreso!

El amigo de Adriana, explican las mujeres de Pan y Rosas, identificado como Mauro Alberto Rodríguez Romero e inscrito en la Facultad de Psicología de la UNAM, no explica si se encontró con ella y lo grave es que no se tienen más datos, porque el estudiante ante el temor a pasar de testigo a indiciado, primero evadió dar cualquier explicación y cuando finalmente se decidió a dar información, se mostró renuente argumentando que no quiere ser un “chivo expiatorio”.

Dio dos versiones de los hechos: en una aseguró que al salir de la biblioteca, Adriana lo quiso acompañar hasta su casa “por tener una atención” con él y que en cuanto llegaron, él sólo dejó su mochila y la acompañó a tomar un taxi. Después dijo que fueron a su casa, porque Adriana quería ver un sofá que le iba a comprar y que posteriormente la acompañó a tomar el taxi.

Lo único cierto, cinco meses después es que la investigación está estancada, ya que Mauro Alberto acudió a la Comisión de Derechos Humanos del D.F. para interponer una queja contra las autoridades de la Fiscalía Antisecuestros, según él, ha sufrido actos de intimidación y lo han interrogado sin estar plenamente identificados como personal de la fiscalía o sin las órdenes judiciales correspondientes. ¿Y las autoridades lo dejaron libre?

El padre y la madre que vivían en Guerrero dejaron casa y empleo y dedican todo su tiempo, como parias a buscar a su hija, desde hace meses.

Ellos, como muchos ciudadanos y ciudadanas, hacen por vía libre sus investigaciones frente al casi nulo avance de las pesquisas que deben realizar las autoridades.

Se ha podido precisar que Mauro Alberto prepara un recurso psicológico que anule sus probables declaraciones. Es decir ¿no ha declarado? ¿Por qué pretende preparar este recurso psicológico de perder la memoria? Los padres de Adriana cuentan eso, que la familia de Mauro Alberto se los ha dicho. ¿Dónde está la autoridad? Pan y Rosas no se explica, el mar burocrático o la falta de todo ¿no se sabe? Esto es se ha oscurecido el contexto, las autoridades están muy ocupadas, no funcionan las oficinas judiciales o qué pasa.

El caso de Adriana muestra el desprecio que sobre la vida de las mujeres tienen las autoridades y aparece como única verdad la impunidad. Las militantes de Pan y Rosas sostienen que esta es una forma de violencia contra las mujeres, ya que los responsables de investigar la desaparición, sólo dicen: “No tenemos nada".

Lo irracional es que el marco legal que nos rige establece que tras una desaparición, la búsqueda no se inicia hasta 72 horas después, cuando la experiencia –como sucede en Ciudad Juárez- muestra que en las primeras horas después de la desaparición de una persona son cruciales. Lo asombroso que es la pasividad a pesar de pruebas, como el que “alguien” regresó a la biblioteca el libro que Adriana sacó, sin haberlo reportado; o ante llamadas como la que recibió la mamá de Adriana, de que la tenían privada de su libertad para prostituirla. Llamada que se realizó desde un teléfono público de la delegación Gustavo A. Madero, pero que los policías “no pudieron localizar”.

Hoy las mujeres organizadas gritan ¡Devuelvan a Adriana!

A Reserva Derechos humanos sí, legalidad también.

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

El pasado 6 de enero, se dio a conocer la creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, como una acción más de lo que llaman la reforma del estado democrático. Se nombró como comisionada a la maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes, recomendada desde el gobierno ebradista de la ciudad de México y avalada por su compañero del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Emilio Álvarez Icaza, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2001 a 2009.

La recién nombrada Comisionada se formó en los principios ideológicos y pragmáticos del CENCOS; por lo que es importante conocer la derivación política y ascendiente social de esta organización que nace en los años sesentas, que en sus orígenes difundió la información hacia la comunidad de iglesias, desde un punto de vista en el que aportaba a la discusión de la iglesia como parte del cambio social. Su estrategia fue utilizar los medios de comunicación de manera eficiente para la formación de valores cristianos y para dirigir, orientar y recopilar los trabajos, experiencias y el desempeño del apostolado.

Es entonces comprensible que Cruzvillegas Fuentes alcance tan digno cargo en un gobierno declarado de facto como de derecha, con el beneplácito de las organizaciones pro derechos humanos dirigidas por los cotos eclesiásticos en Oaxaca. Sin embargo, pensamos en activistas que se han comprometido desde su quehacer jurídico, político y social en Oaxaca, incluso desde antes del aciago 2006, tan valiosas como la hoy comisionada; es el caso de Angélica Ayala, Margarita Dalton, Yésica Sánchez Maya, María Eugenia Mata, Gloria Zafra, Concepción Núñez y seguramente algunas más.

Por otra parte, aún más importante y cuestionable, resulta, el proceso fuera de la ley de la creación de esta nueva instancia del Ejecutivo y el propio nombramiento sin referencia normativa que lo permita; el nuevo gobierno democrático pasa por alto el principio de derecho ineludible referente al deber que implica la función pública de no hacer nada que no permita la ley expresamente.

En boletín de prensa distribuido por Comunicación Social del gobierno estatal, que circuló hace poco más de una semana, el jefe de la oficina de la gubernatura, Benjamín Robles, informó que por iniciativa del gobernador se había entregado en la Cámara de Diputados un paquete de reformas legales, para consolidar la transición democrática en el que se incluía la creación de la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos.

Es decir, de la loable sensibilidad del gobernador Gabino Cué para transitar hacia un régimen democrático, dice su comunicado, se han impulsado diversas acciones encaminadas a estructurar el andamiaje institucional que coadyuve a darle un nuevo rostro a la entidad, con la participación decidida de la ciudadanía.

Error tras error, el gobierno del Estado que encabeza Gabino Cué Monteagudo viola el orden jurídico con argumentos que parecieran populistas y distan flagrantemente de los procesos legislativos que dan origen legal a cualquier acción de gobierno, aún más de aquellos que pretenden enarbolar la democracia, sin constreñirse a la estructura legal que debe regir sus actos en la función pública.

La democracia no puede estar por encima del derecho y la legalidad; la democracia hará exigible la consulta al pueblo (ciudadanía) que permita el proceso legislativo con el objetivo de crear las normas jurídicas necesarias que autoricen cualquier acción o decisión de los gobernantes; así y sólo así, las acciones del gobierno democrático serán legales y legítimas. Si no es así, entonces sólo son actos de voluntad de una persona que abusa y excede los límites de sus funciones en un aparente ejercicio democrático que resulta antidemocrático y por supuesto a modo de lo que él considera lo mejor, atribuyendo esta conducta ilegal a la voluntad ciudadana.

Este proceso tiene una sola dirección no podrá invertirse si se pretende ser congruente con el orden jurídico y sus principios republicanos.

Esta oficina de la Comisionada de los Derechos Humanos y su titular, por falta de lineamientos legales que determinen sus funciones expresamente, podría parecer una función paralela a los de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos Oaxaca, creada en cumplimiento de una norma constitucional, con un procedimiento cierto y funciones implícitas en la ley reglamentaria.

Por otra parte, aunado a lo anterior, si la comisionada ya se encuentra en funciones, es seguro que le fue asignado presupuesto, lo que podría constituir un delito imputable de facto a ella, al responsable de Finanzas y por supuesto a la Oficina de la Gubernatura si es que depende de ésta.

Por último y aludiendo a las repetidas citas de Benito Juárez García en foros, discursos y presentaciones, que el propio Gobernador hace desde su campaña y toma de protesta, incluso repetidas incesantemente por sus colaboradores y contra dichas en los hechos por simulación e ignorancia, cito:

"No temáis, pues, que el inmenso poder que hoy se deposita en mis manos, se convierta en un instrumento que os oprima, ni que sirva para favorecer a una familia, a una clase o a un partido. No oaxaqueños. El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley: la felicidad común debe de ser su norte, e iguales los hombres (y las mujeres) ante su presencia, como lo son ante la ley". Benito Juárez, al rendir protesta como gobernador de Oaxaca.

¿Estará cumpliendo con la consigna juarista? Parece que no.