viernes, 31 de diciembre de 2010

Letras violeta 2010, el año de la impunidad

Soledad JARQUIN EDGAR

Muchas malas noticias marcan con desagrado el final de un año difícil para las y los mexicanos. Las informaciones están relacionadas con la violencia, con el poder del machismo, donde sus principales víctimas son las mujeres de todas las edades.

Entre esas noticias desagradables está la violación a dos menores de edad en Chetumal, Quintana Roo, y otra más con el secuestro de centroamericanos a su paso por el país, ahora concretamente en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Los datos y las cifras son horribles considerando que lo que más se lastima es la vida de las mujeres. Cinco mujeres son asesinadas a diario en el país, más de 50 personas –mujeres y hombres- viajeros indocumentados son secuestrados cada día a su paso por México, ese es el recuento crudo de la realidad nacional.

El Estado que protege no existe, el Estado obligado a preservar la vida es omiso, negligente y, peor aún, consentidor y con ello provoca impunidad; la estrategia contra la delincuencia organizada, como las acciones para prevenir, erradicar y eliminar la violencia contra las mujeres son inocuas o no existen, así de sencillo. La realidad es la prueba fehaciente.

Vamos por partes, la semana pasada los medios quintanarroenses difundieron la noticia sobre la violación sexual de dos niñas y el responsable de los hechos el cantante Kalimba, de 28 años de edad. El cantante es buscado por las procuradurías de Quintana Roo y del Distrito Federal.

El poder económico se impone. Los hechos que ustedes conocen se cometieron tras la actuación del cantante en un bar propiedad de otro poderoso, el sobrino del ex gobernador Joaquín Hendricks, donde las dos menores eran edecanes honorarias, como la misma empresa llamó a las ahora víctimas. ¿Qué es una edecán honoraria? Bueno según la propia empresa significa trabajar sin salario y, además, trabajar con poca ropa.

Sin duda, estamos frente a otro abuso. ¿En qué país vivimos? ¿Es posible que exista esa clasificación de edecanes honorarias? O estamos frente a la ventana del delito de trata de personas con fines sexuales. Lo sabremos si las investigaciones realmente tocan el fondo de este abismo de corrupción e impunidad, donde el poder financiero y de relaciones de algunos permiten comprar licencias y permisos, pero también los ojos y las conciencias de funcionarios que solapan esta corrupción que facilitó la violación de dos menores y el señalado como abusador es el cantante Kalimba, quien hasta ahora no ha dado la cara.

Pero hay más hechos vergonzosos en México. Hechos que no tienen explicación alguna, por donde quiera que se miren y en cambio nos confirman que el nuestro es un reino de impunidad. La herida más reciente de la sociedad mexicana es el asesinato de Maricela Escobedo, una madre que buscaba justicia para su hija también asesinada. El mensaje de la impunidad es claro, infunde temor eso esperan las autoridades municipales, estatales y federales, los malos funcionarios, los jueces injustos y el mismo crimen organizado.

A diferencia de eso, creo que todavía habrá más Maricelas, muchas más mujeres colocando carteles, cruces en las puertas de los palacios de gobierno, como lo hacía Maricela en Chihuahua cuando fue asesinada. Porque hoy lo único que tenemos es la voz, la denuncia, la inconformidad, la capacidad de indignarnos…y si perdemos eso que nos queda, lo habremos perdido todo.

Pero en medio de todo esto, hay quienes se han vuelto invisibles a los ojos de todo el país, son los y las caminantes sin nombre, sin rostro que vienen de Centroamérica y que lo único que buscan es pasar este país para llegar a la frontera con Estados Unidos, porque ahí, tras la franja 3,326 kilómetros está el sueño americano.

El mismo que persiguen miles de mexicanas y mexicanos, que por pobres e indígenas, viven la misma terrible suerte que padecen los migrantes que proceden de Centroamérica y de otras latitudes, porque en el reino de la impunidad quien paga manda, quien paga salva la vida, quien paga sufre menos…

Hasta hace poco menos de una década, quienes estudian el fenómeno migratorio lo tenían más o menos claro. Sabían sobre las organizaciones de “coyotes” que tranzaban con la vida de las personas, los extorsionaban, los engañaban y los dejaban a su suerte en las frías montañas o en los intensos calores de los desiertos de esa gigantesca frontera.

En Oaxaca, por ejemplo, que ha sido un estado expulsor de mano de obra, tanto hacia el norte del país como más allá de sus fronteras, las historias de las mujeres y los hombres que han migrado casi nunca revelan éxito, están cargadas de dolor, de engaños y cientos y cientos de pérdidas de vidas, de familias dispersas y comunidades que se han convertido en caseríos fantasmas ante la imposibilidad gubernamental de detener a los migrantes, de arraigarlos en sus tierras que sólo producen pobreza y la muerte por inanición, como me decían hace años en un trabajo periodístico un grupo de mujeres que tuvieron que hacer frente a la realidad de vivir sin hombres en sus pueblos, todos se habían ido al norte o al narco, como más tarde nos revelaría la investigación de la maestra Concepción Núñez Miranda.

Al paso del tiempo, las investigaciones del fenómeno migratorio se enfrentan a otro problema, el secuestro de migrantes centroamericanos e, incluso mexicanos, para el servicio del crimen organizado. El más desgarrador panorama que conocimos fue en San Fernando, Tamaulipas, cuando 72 migrantes fueron asesinados, presuntamente por los Zetas, brazo armado del crimen organizado, al negarse a incorporarse a esas organizaciones.

Recuerdo todavía como aquellos hechos nos indignaron, pero pronto algo más nos cubrió de oprobio y luego otro suceso en esta cadena interminable que arrojó más de 30 mil personas asesinadas en sólo un año en este país en guerra, una guerra que no nos pertenece pero que nos daña.

Un hecho más son los 54 migrantes desaparecidos en el Istmo de Tehuantepec, cuya noticia pasa todos los días como se puede ver si recurrimos al recuento hemerográfico de quienes trabajan el tema allá en la zona del Istmo y que nadie ha atendido a fondo, por el contrario y como siempre el problema de la delincuencia se dejó crecer, se dio “manga ancha” a quienes encontraron ahí un filón de oro para el mundo oscuro que es la delincuencia contra migrantes, porque los gobiernos responsables de cuidar la vida de las personas no hicieron su trabajo convirtiendo a las y los centroamericanos en caminantes invisibles a los que no confirieron ninguna oportunidad y borraron.

Como sociedad hacemos exactamente lo mismo que hacen los gobiernos, que como decía al principio, juntos se convierten en un Estado que no protege, omiso porque se olvida de su obligación de proteger la vida de las personas, incluso de aquellos que no nacieron en México, como esos caminantes que pasan por este territorio sin ley ni autoridad en lo que se convierte este país ante nuestros ojos y tan es así que es posible que sucedan estos hechos donde la gente simple y sencillamente desaparece o es asesinada y como si nada pasara.

La única respuesta factible es la confirmación de lo también dicho: aquí reina la impunidad y a la impunidad la protegen los señores del poder, como es el caso del gobierno panista de Felipe Calderón, los gobiernos estatales de todos los colores por donde pasan hasta la frontera con Estados Unidos y qué decir de la mayoría de los presidentes de todos esos municipios.

La impunidad que convierte a policías en delincuentes, a agentes migratorios en parte de los carteles o al menos en los vigías de quienes más tarde o más adelante habrán de asaltar, secuestrar, violar sexualmente a las mujeres y hasta asesinar.

Ellos serán vendidos como esclavos, serán destinados al cultivo de estupefacientes, a ser parte de esa cadena que busca pasar la droga hacia otras latitudes, especialmente hacia el mayor mercado de consumo: Estados Unidos.

Ellas, serán vendidas para el comercio sexual o de servidumbre que requieren esas organizaciones criminales. Un millonario negocio negro, tan oscuro que curiosamente tampoco ven las autoridades del país. Yo, en lo personal, me niego a aceptar vivir en un país así.

Lo único que nos queda como sociedad es no dejar de decir las cosas. Frente al crimen organizado una sociedad organizada, porque lo que está visto es que no hay gobierno.

lunes, 27 de diciembre de 2010

A reserva: ¿Será que exista un Estado Derecho a medias?


Bárbara García Chávez

Desde 1764 el italiano Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, en su obra Dei delitti e delle pene, consideró el garantismo como un principio jurídico básico dentro de las modernas formas de organización social. Valorado peligroso y revolucionario, sujeto al pecado, el libro de Beccaria fue calificado por la Iglesia católica como prohibición inquisitorial, donde lo mantuvo cerca de 200 años. De forma paralela, la Ilustración convertía esa obra en un emblema de la defensa de libertades por tratarse de un programa jurídico alternativo al del antiguo régimen oponiéndole al absolutismo la noción de “Estado limitado”, donde los jueces eran limitados por la ley y, a la vez, el legislador lo era por la necesidad social (Principio de soberanía). En adelante, el garantismo se afirmaría como corriente reguladora de los poderes del Estado.

En los orígenes del garantismo, Beccaria sentó las bases de un principio fundamental: la pena no podía justificarse en la venganza sino en la utilidad, es decir, en la prevención de otros delitos. Asociado a ello surgía una defensa del contrato social, en la idea de que lo justo debía ser socialmente útil.

El liberalismo naciente en el siglo XIX, acotó severamente el poder controlador del Estado absolutista, reduciéndolo a regular y proteger los privilegios económicos de una nueva clase económica, que estableció la creciente desigualdad entre clases sociales, sustentando criterios de explotación a partir del uso indiscriminado de la fuerza de trabajo.

La justicia y la igualdad, como valores supremos adjudican al estado la obligación de garantizarlos a partir de su inserción en leyes supremas, constituyéndolos en derechos universalmente reconocidos.

La evolución histórica de la libertad y demás derechos humanos fundamentales, que fueron desarrollados a la par con el modelo de Estado y que, finalmente, lograron que cumpla con las condiciones básicas de un Estado garantista de derechos constitucionales y sociales.

Hace más de 200 años, a partir de la Revolución Francesa, en la mayoría de las antiguas monarquías absolutas europeas, influenciadas por el viraje que tuvo la Francia absolutista hacia un Estado liberal, se concibió el Estado de Derecho como garante de la libertad, girando otros derechos a su alrededor. Un cambio radical en el sistema político, económico y social.
A través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se reconocían las mínimas libertades a los individuos varones y su dignidad como personas, otorgándoles la capacidad de elegir y ser elegidos, enmarcados en los derechos civiles y políticos, pero restringidamente.
Durante el siglo pasado el Estado Constitucional ha ejercido una influencia en la garantía de la aplicación de los llamados derechos sociales, ha sufrido una evolución a la par del modelo de Estado, que sin los movimientos sociales y los cambios socio-políticos, no se hubieran convertido en factores reales de poder en los modelos de Estado.

El Estado Social de Derecho no sólo se encarga de proporcionar a los ciudadanos condiciones básicas de vida, en el marco de las libertades, sino también la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, que son inherentes de la realidad social y buscan satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, alimentación y vivienda; derechos que garantizan la vida de hombres y mujeres sin discriminación y marginación; la libre expresión cultural y determinación de los pueblos que han sido oprimidos por potencias extranjeras.

El Estado Social y Democrático de Derecho, que incluye la Tercera Generación de Derechos Humanos, es aquel en que el Estado asegura que todos los ciudadanos tengan condiciones básicas de vida y existan condiciones para la democracia representativa y diversas libertades ciudadanas.
Se trata de una visión política- jurídica que plantea que las normas deben delimitar estrictamente los poderes estatales y proteger con claridad los derechos fundamentales. De esta forma pasa de un Estado de Derecho a un Estado Garantista de Derechos Constitucionales y Sociales.
Las Constituciones que han recibido la influencia de esta forma conceptual de entender su propio rol e importancia, tienen en sus contenidos y en su estructura, una presencia importante de principios ético-jurídicos.

El más alto deber del Estado garantista consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones del funcionariado, así como empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia y por las violaciones de los principios del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales.

Se ha llegado a un nuevo paradigma que determina al Estado garantista, en que todos sus sujetos contenidos y actuantes, deben estar estrictamente sujetos a la ley, asegurando la protección de los derechos individuales y sociales, sin excusa ni pretexto, su actuar debe suscribirse en la dura letra de la ley asegurándose que es justa y responde a las necesidades de su población, o modificándola si hay duda de ello.

En el Estado de Derecho, las normas constitucionales no son meramente declarativas, son vinculantes, de efectiva e inmediata aplicación; la exigibilidad del cumplimiento de los derechos fundamentales debe regir la actuación del propio Estado en todos los ámbitos de su competencia, para que sea cumplido el deber máximo del Estado Garantista y así avanzar un paso más hacia el fin último del Derecho: garantizar la convivencia social.

En teoría México se define en los principios constitucionales como un Estado democrático de Derecho, reconociendo en sus leyes fundamentales los derechos humanos, individuales y sociales de las tres generaciones y se obliga a garantizarlos de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado ¿será que exista un Estado de Derecho a medias? ¿Sabrán nuestros gobernantes por lo menos lo que significa Estado de Derecho?

El pueblo sí sabe lo que no le garantiza el gobierno.

Hay quienes aseguramos que en México, simplemente, no hay Estado.