Soledad
JARQUIN EDGAR
SemMéxico.
28 marzo 2016.- El principal problema de la violencia en general, pero en
específico de género contra las mujeres, es la impunidad. Ese es el principal
enemigo.
En
febrero pasado, se dio a conocer el Índice Global de Impunidad México,
elaborado por la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios
sobre Impunidad y Justicia, que revela que solo el uno por ciento de los
delitos en México son castigados.
“La
impunidad, dice el estudio, es la inexistencia de hecho o de derecho, de
responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda
investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso
de ser reconocidos los culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la
indemnización del daño causado a sus víctimas”, dice el estudio.
Cito
el dato más interesante y hasta vergonzoso que revela esta medición IGI 2015
(Índice Global de Impunidad), México ocupa el lugar 58 de 59 países con más altos índices
de impunidad, solo superado por Filipinas. La cifra es de 75.7, muy similar al
caso Colombia.
¿Qué
relación tiene con la violencia de género contra las mujeres? Toda la relación.
No solo porque vivimos en una sociedad que cree fervorosamente que la violencia
contra las mujeres es normal, más aún lo es para las autoridades que procuran y
para las que imparten justicia.
En
2015, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigía la declaratoria
de Alerta de Violencia de Género en
entidades como Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo,
Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California. Este año el llamado se
hizo para otras entidades, en Veracruz hay una investigación en curso que de no
quieren que salga. También es un hecho en el Estado de México, Morelos y
Jalisco.
Si consideramos la violencia contra las mujeres y vemos
el índice de impunidad, observaremos que existe una relación directa que nos da
elementos para confirmar la preocupación de las feministas que demandan
atención real y efectiva al fenómeno de la violencia contra la mujeres y,
específicamente, el feminicidio. Un llamado que se extiende por todo el país y
que hacen desde hace varios años organizaciones diversas. Un movimiento amplio
de mujeres y feministas.
El estudio de referencia divide en cinco categorías “el gado de impunidad”: bajo, medio, alto,
muy alta y atípica. El
índice de impunidad en las entidades de México varia entre el 47.22 que tiene
Campeche, es el más bajo, y el 76.61, el más alto, que posee Quintana Roo.
Con
la pertinente aclaración que hacen quienes hicieron la investigación al
considerar que en Michoacán la impunidad es atípica, ya
que “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y
restructuración que ha sufrido los últimos años, el indicador obtenido no
refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado, lo cual se
explica en parte porque el IGI-MEX no incluye variables que capturen la
problemática de inseguridad pública y corrupción que se han puesto al
descubierto últimamente. De igual forma, la situación de esta entidad puede
variar significativamente al incorporar la dimensión de los derechos humanos”.
En el grado de impunidad muy alta, cuyo índice es
superior a 70 puntos, abarca para desgracia de nuestro país, al mayor número de
entidades: Quintana Roo es el más alto con 76.61, ubicado en el lugar 31 de la
lista (recordemos que Michoacán está fuera de ese conteo).
En el lugar 30 está el Estado de México con 76.48; en el
29 se ubicó a Baja California con 74.22; en el 28, Durango con 73.97; en el 27
sigue Tamaulipas con 73.38; el lugar 26 está ocupado por Guerrero, con un
índice de 73.19; luego en el 25,
Coahuila con 72.93; Yucatán, 27.80; Veracruz 72.38; Querétaro 72.24; Nuevo
León, 71. 63; le sigue en el lugar 20, está Oaxaca, con 71.63 y, el último de
este grupo es Baja California Sur con 70.74.
Es decir, si recordamos la lista de entidades en las que
se exigió la alerta de violencia de género vemos que se repiten Baja
California, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Oaxaca. La mitad de los que están
en esa clasificación del índice de impunidad estatal muy alta.
El resto está entre las entidades con un alto grado, que
oscila entre el 65.15 y 69.37, las cuales son del más alto al más bajo:
Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco,
Colima, Zacatecas y Guanajuato. Entonces sí hay una relación directa entre la
impunidad y lo que parece imparable fenómeno de la violencia de género.
Las entidades en las cuales el índice estatal de
impunidad oscila entre media y baja, son: Chiapas, Chihuahua, Sonora, Distrito
Federal, San Luis Potosí (que rebasan los 50 puntos) seguido de Nayarit y
Campeche.
Eso explica resultados como 1) que en México siete de
cada 10 crímenes contra
mujeres permanecen no son castigados sus responsables, según datos del
Observatorio Nacional del Feminicidio; 2) que en el Estado de México a pesar de
la Alerta de Violencia de Género la cifra de feminicidios siga a la alza
dramáticamente y que el castigo a los responsables sea una mera ilusión y, 3) que un padre tenga que demandar justicia y
que en las redes se haga lo mismo para una joven violada sexualmente por cuatro
muchachos protegidos por el poder político y económico en Veracruz, como pasa
con el caso de la banda de Los Porkys. ¿Y Duarte?
Un
caso emblemático pero que tiene episodios semejantes en otras entidades, como
Oaxaca, donde hace algunos años una joven fue brutalmente violada por un grupo
de “juniors” que la amenazaron de muerte, por lo que ella y su familia optaron
por no denunciar los hechos. En la banda de estos “porkys oaxaqueños”, como en
Veracruz hay hijos de políticos y “empresarios”. La misma historia solo que
revolcada.
Esa
impunidad es la que provoca que miles de delitos contra mujeres no sean
denunciados y esa es la impunidad que tiene a México en ese nada honorable lugar
58 de 59 países según el estudio de la Universidad de las Américas Puebla y el
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.
La
sospechosa disputa
Resulta
por demás curioso ver cómo pretenden repartirse el pastel en la capital
oaxaqueña. José Antonio Hernández Fraguas quiere ser el bueno para la
presidencia municipal por el PRI. El Partido del Trabajo empleando eso que
llamaría humor negro en política, busca “horadar” al PRI llevando a un
candidato priista como Martín Matus Alonso (por eso digo que es puro humor
negro llevado a la política), que nadie sabe a quién o quiénes puede
representar como para “horadar” al PRI. Hernández Fraguas quien fue presidente
municipal hace seis años quiere repetir y para que todo quede entre cuates
también iría su ex tesorero, Matus Alonso, solo que en el PT. Esto es lo que yo
llamo cinismo.
Nada,
solo sospechosismo puro. Todo quedaría entre amigos. Pero para eso claro está
el cómplice mayor será el Partido del Trabajo.
Ahora
que resulta que Hernández Fraguas es el nuevo Chavelo por aquello de que
siempre lleva a sus cuates.
@jarquínedgar
