Soledad Jarquín Edgar
La desaparición de jóvenes estudiantes en México tiene
una larga y dolorosa historia, décadas de lo mismo. Este fin de semana se
cumplió un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro
Burgos, los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
A diferencia de otros ataques y atentados contra
jóvenes en otros momentos de la historia, ninguno había estado documentado
desde el primer momento y ninguno había tenido el alcance mediático que tuvo
Ayotzinapa. Recordemos que de México 68 la información a lo largo de sus
primeros 40 años se vertió gota a gota. Sin embargo, nada hay de claro sobre el
destino de los jóvenes estudiantes de Guerrero, solo tenemos claro que se
cometió un crimen.
En este caso lo que ha operado es la desinformación
que desde las propias instituciones gubernamentales se ha generado, una
manipulación de datos, hechos y dichos, y que por diversas razones se caen del
imaginario colectivo en un tris, cuando surge la otra verdad.
Ayotzinapa marca un antes y un después para Enrique
Peña Nieto. El antes fue remar contra la corriente que no creyó en una elección
legítima. Un antes que auguraba la vuelta al cacicazgo priista y una
autoritarismo “blando” desde los Pinos. Un antes donde los baños de sangre
seguían manchando pisos y paredes a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Un antes que intentaba demostrar que este era un
“nuevo” gobierno, que los 12 años fuera del poder los había cambiado, que eran
otros, que se trataba de un priismo renovado, lo mismo pero más barato, dirían
algunas voces, y los muchos ojos y dedos que no dejan de seguir cada paso, cada
instante de Peña, con la misma intención de no perderse de ninguna palabra o
movimiento. Era ese mensaje de “te estamos viendo” que la ciudadanía a través
de las redes sociales lleva de manera puntual y que provocó que el joven
presidente rompiera en muy poco tiempo esa especie de record de pifias que
ahora se le cuentan a los mandatarios.
Pero Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes,
le dio una vuelta completa a la tuerca del andamiaje del gobierno, que hasta
entonces había echado a andar la maquinaria de los grandes medios para
presionar y luego “celebrar” las grandes reformas legislativas con toda esa gama
de calificativos que se emitieron.
Sin embargo, lo sucedido la noche del 26 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero, y los desatinos de las autoridades precipitaron al
gobierno hacia un verdadero “despeñadero”, ese donde la credibilidad no
funciona y donde la realidad resulta contraria al discurso político. De ahí los
resultados adversos a lo sucedido con otros mandatarios, a Peña la cuerda se le
había acabado antes de entrar al tercer año de gobierno y pese a su eslogan de
campaña del informe hay pocas esperanzas para creer en lo que promete: “entramos a esta segunda mitad con muchas
ganas y más fuerza”.
Pero al margen del desastre que políticamente ha
representado para Peña, la desgracia de Ayotzinapa pone sobre la mesa que el
Estado mexicano no es garante de la seguridad, menos aún de la juventud
históricamente agraviada, como sucede en este caso, por el solo hecho de ser
diferentes y por tener un origen distinto, una discriminación de origen.
Jóvenes, que como ya habíamos dicho, proceden de esa cadena odiosa que produce
la pobreza que le debemos a la corrupción terminal que padece México y que
llevó a expresar en algún momento una frase que resulta lapidaria: México es
una fábrica de pobres.
Las historias de vida de cada uno de estos muchachos,
que aspiraban a ser maestros rurales, revela la carencia de oportunidades
construidas desde los escalones más altos de las propias instituciones, donde
los privilegios solo alcanzan al poder, generación tras generación y sexenio tras
sexenio.
Lo de Ayotzinapa volvió a poner en las calles la voz
de miles de personas que se sienten agraviadas, en especial la voz de la
juventud, cobijados por la intelectualidad del país, que cercaron el dolor de
las familias, los huérfanos verdaderos de esta tragedia que hoy tras un año, el
gobierno sigue sin poder explicar, pero que nos deja claro que el nuestro es un
sistema político “guiado” por el narcopoder, ese sistema que hoy en la
televisión abierta se proyecta como “benefactor” a través de melodramas,
telenovelas y la producción de “noticias” sobre la vida y la obra de los narcos
que operan en el país.
Ayotzinapa reveló la capacidad que la juventud
universitaria tiene para salir a la calle y a todas las plazas del país para
manifestarse por la desaparición de los 43…lo que lamentablemente no ha
sucedido con las mujeres.
Por las mujeres, víctimas de la narcopolítica que las
vende como carne, como dice Norma Reyes Terán, nadie o casi nadie ha salido a
la calle. Todos los días en los diarios locales, a través de las redes sociales
y en pocos noticieros de televisión, se habla, se dice, se cuenta que en México
desaparecen las mujeres a puños.
Lo que impera en este caso es el silencio. ¿Dónde
están? Es la pregunta que cada día se hacen las familias, familias cuyas
fuerzas parecen desvanecerse frente a la falta de respuestas, la nula actividad
de las instancias responsables de investigar este delito y sobre ellas hay
temor, un temor permanente porque de su movilidad depende de la vida de sus
hijas.
No hay estado del país que escape a este doloroso
problema que ha crecido y sigue sin llevarnos a la calle al menos un día de
cada mes para solidarizarnos con esas familias. En Chihuahua las madres de las
desaparecidas y asesinadas hicieron visible el problema hace más de dos
décadas, hicieron que se movieran algunos, pero otros siguieron postrados sobre
la misma silla de la corrupción. Las mujeres de Ciudad Juárez obligaron a
realizar investigaciones y llevaron a México ante las instancias de justicia
internacionales. Pero el problema persiste, sigue, oculto tras la violencia del
narcopoder.
De la mano del feminicidio, camina en silencio y casi
de forma invisible la desaparición de las mujeres, que por si fuera poco está
atravesada por el prejuicio y la incompetencia de las llamadas policías
investigadoras.
Sabemos que algunos municipios de Tlaxcala eran el
nido de enganchadores que desaparecían a mujeres jóvenes para ponerlas como
carne en el mercado de la prostitución, la trata. Problema que todo indica se ha
extendido dolorosamente al vecino estado de Puebla. En el estado de México las
familias viven un grito ahogado, como revelan los testimonios de las familias
que por su cuenta y riesgo se movilizan.
Recién la revista electrónica Contralínea (http://goo.gl/GuUupI) revela en su
investigación periodística titulada: Más de 7 mil desaparecidas en México, cómo
este delito se ha incrementado de forma inconcebible en los últimos dos
sexenios, es decir, los seis años de Felipe Calderón con tres mil 144 casos, y menos
de tres años, tres mil 725 casos en los tres años de gobierno de Enrique Peña
Nieto. Significa que en lo que va del sexenio hay el doble de mujeres
desaparecidas comparado con su antecesor.
Detrás de estas 7 mil desaparecidas hay una mujer,
generalmente joven, a veces una niña y mujeres adultas, pero también hay una
familia que espera su regreso y que lucha denodadamente porque ese milagro se
produzca, y resulta un milagro frente a la reiterada corrupción y omisión que
priva en las corporaciones policiacas, en las procuradurías.
Las preguntas que me hago son ¿cómo pueden operar
estas bandas de tratantes de mujeres con tanta impunidad? ¿Quién les facilita
el tránsito y operación? ¿Cómo hacemos para generalizar la idea de los jóvenes,
los varones, para rechazar la prostitución? ¿Quién facilita en cada localidad y en cada
municipio la instalación de servicios de prostitución desde catálogos hasta en
la calle? ¿Quién supervisa los hoteles de todas las categorías y gustos donde
se ejerce la prostitución? ¿Quiénes se llevan los moches? ¿Cómo cambiar los
estereotipos que sostienen que las mujeres son objetos sexuales? ¿Cómo educar a
esta sociedad doblemoralista que se asusta por una cosa pero permite y calla
frente a la otra?.
Este fin de semana se cumplió un año de la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también ya son ocho años
desde que un día salieron de su casa Virginia y Daniela Ortiz en la zona triqui
y nadie sabe dónde están.
Pero no son lamentablemente los únicos casos, de
acuerdo con los datos del portal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Oaxaca, se han reportado en la capital oaxaqueña otros y la suma de
estos alarma: ocho años de ausencia de Eloina Zárate Ventura; se van a cumplir
cuatro años desde que fue vista por última vez Maydelith Sulem Carmona Favián; un
año y un mes de ausencia de Italia Leah Quiroz Aceves, de 13 años de edad; más
de un año desde la ausencia de Karen Trejo Triana; ya son más de dos años desde
que desapareció Meiyli Aquino de 15 años; Daria López López, de 25 años de
quien no se supo más desde hace casi tres años cuando desapareció de la puerta
del aeropuerto ubicado en eso que llaman la zona metropolitana, y Paula Concepción Moreno Gómez quien en febrero
cumplirá cinco años desaparecida.
Además de que desde hace cinco meses nada se sabe de
Valeria Vásquez Santiago desaparecida en el municipio de Tlacolula; va a
cumplir un año de la ausencia de Selene Torres Becerril, en una comunidad de la
Costa; un año también desde que no Esperanza Fabián Martínez, en una comunidad
de Miahuatlán; también nadie sabe nada de Violeta López León de 16 años
desaparecida en Putla de Guerrero; en Salina Cruz desapareció hace mas de dos
años Sagrario del Carmen Salazar Lucero de 17 años; ya son casi cinco años
desde que nadie sabe de Isis Itandehui Canché Barajas de 25 años en Tuxtepec.
Sin duda, apenas unos cuantos casos de mujeres
desaparecidas por quienes la PGJEO ha colocado un anuncio en su página web,
pero no más. Hay un letargo en la burocracia que encabeza el procurador Joaquín
Carrillo Ruiz y claro deberían estar prendidos los focos rojos en la capital
oaxaqueña, donde hay que hacer mucho, pero mucho trabajo y es, como en todo lo
que tiene que ver con las mujeres, un asunto de voluntad política.
En el palacio del estado donde gobierna el desgobierno
de Gabino Cué, no hay políticas públicas contra la violencia, no hay interés
alguno, lo que sí existe es el protagonismo de algunas funcionarias y
legisladoras empecinadas en seguir sus carreras políticas a costa de todo,
incluso de las propias mujeres.
Esa falta de interés permea y es mal ejemplo para los
gobiernos municipales. Necesario recordar a Javier Villacaña Jiménez que deberá
tomar el toro por los cuernos. La trata está en sus calles, que además de
bonitas, rescatadas y alumbradas requiere algo más.
@jarquinedgar
