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Mujeres y Política
Prensa amenazada
Soledad
JARQUÍN EDGAR
La
desaparición y asesinato del periodista Moisés Sánchez, en Veracruz, es una
muestra más de la difícil condición del ejercicio profesional de la tarea de
informar en aquella entidad, donde se pasó de las agresiones verbales, las
amenazas, hasta la fabricación de delitos y privación de la libertad al
asesinato de 11 periodistas, nueve hombres y dos mujeres.
Como
siempre o, para no exagerar, casi siempre, los hechos brillan por la impunidad
en la que permanecen los casos de Víctor Manuel Báez Chino, en junio de 2012,
editor de la sección policiaca del periódico Milenio El Portal de Veracruz y
director adjunto del diario virtual Reporteros Policiacos.com; Guillermo Luna,
Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, fotoreporteros asesinados en mayo de ese
mismo año; la corresponsal de la revista política Proceso, Regina Martínez,
asesinada en el interior de su casa en abril de 2012; Yolanda Ordaz asesinada
un año antes en junio de 2011, un crimen que en lo particular fue impactante;
el 20 de junio de 2011 se cometió otro crimen contra el director de Notiver
Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana; Noel López Olguín, colaborador
de varios medios locales veracruzanos, su cuerpo fue hallado en junio de 2011, a
tres meses de haber desaparecido; hace un año, en febrero de 2014, se encontró
el cuerpo de Gregorio Jiménez.
Como en el
caso de los estudiantes de Guerrero, en el asesinato de Moisés Sánchez, está
involucrado un presidente municipal. José Luis Abarca, presidente municipal de
Iguala, se dijo, habría pedido actuar contra los estudiantes de la normal rural
“Isidro Burgos”, en el caso del asesinato del periodista veracruzano está
involucrado el presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz, señalan
las investigaciones.
Esto no es
“nuevo”, los pequeños y grandes poderes son una amenaza para el ejercicio de la
tarea informativa, aderezada hoy con la clara presencia de criminales dispersos
en todo el territorio nacional, para desgracia del pueblo y como hemos visto a
raíz de la “declaración” de guerra hecha por el entonces presidente de México,
Felipe Calderón, el Ares mexicano.
El
asesinato de periodistas ha ubicado a este país, según la organización
internacional Reporteros sin Fronteras, como uno de los “más mortífero” y el primero de América Latina, en el
recuerdo ha quedado Colombia y la persecución a periodistas en los tiempos de
las dictaduras en Sudamérica. Entonces como sucedió con Moisés Sánchez se
recuerdan casos (en Chile, por ejemplo) de periodistas sacados de sus casas
para desaparecerlos, como pasó con José Carrasco Tapia, historia que se narra
en el libro Historia de un Periodista.
No es lo
mismo pero el resultado es el mismo. El fin es lo que cuenta. Se trata de
callar a quienes se comprometen en la transmisión de hechos concretos, de
quienes opinan, de quienes ocupan un lugar intermedio entre los gobiernos y la
sociedad, pero lo que revelan no es algo que le guste a esos poderes llamados
fácticos, resultado de estas dinámicas sociales en que hemos basado nuestro
andar al pertenecer a un grupo social y de cuya relación depende la
gobernabilidad.
Michael
Coppedge, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dam,
señala que estos poderes “residen básicamente en los sectores empresariales, la
prensa, las iglesias, los estamentos militares, los <grupos de presión, los
<grupos de tensión, los <nuevos movimientos sociales, ciertas
<organizaciones no gubernamentales, las <mafias y
otras entidades cuyas potestades no están previstas ni autorizadas por la ley
pero que no por eso son menos eficaces ni menos influyentes a la hora de la
toma de las decisiones en la vida social”.
En suma,
la prensa es también un poder fáctico y está amenazado por el resto de los
poderes. Decir la verdad tiene costos muy altos en México, no someterse a los
mandatos del poder tiene sus costos, investigar tiene sus costos y la historia
es cruenta en ese sentido. En los años treinta, me contaba una querida amiga,
su padre un periodista veracruzano fue asesinado cuando ella tenía tres años.
Recordó que un presidente municipal de Orizaba, Veracruz, le pidió a los
representantes de la prensa que pasaran a cobrar cada mes. “Mi padre no quiso,
a los pocos días, estábamos desayunando, tocaron la puerta, él se levantó y
abrió…A pesar de que era muy chica, recuerdo los disparos que le quitaron la
vida”.
Lo que
sucede en Veracruz es terrible. No tiene calificativo alguno, menos cuando se
presume tanta impunidad y ese estado de relajación que muestra el gobernador
Javier Duarte ante hechos tan terribles y tan dramáticos, que afecta de manera
colectiva el derecho a la información de toda una sociedad, y al mismo tiempo
que tienen un impacto fundamental en las familias, entre los amigos y colegas.
Lecciones
amargas las que ofrece Veracruz, en especial para Oaxaca, donde como lo recalcó
el director general de El Imparcial, Benjamín Fernández Pichardo, durante un
desayuno de trabajo con el Consejo Editorial y colaboradores, “la cuota ha sido
muy alta para este diario”. Y recordó el asesinato de tres voceadores en la
región del istmo: Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez y Agustín López, quienes
fueron emboscados en la carretera en tanto distribuían el diario, en octubre de
2007.
Se refirió
también al caso del reportero de la sección policiaca, Alberto López Bello,
lapidado junto con otra persona, en la agencia municipal de Trinidad de
Viguera, en la capital del Estado.
Lamentó la
agresión contra el reportero José Ignacio Santiago, hechos ocurridos en enero
pasado, lo que requirió que fuera hospitalizado y terminara con dos brazos
rotos. Primero fue alcanzado por una
camioneta que lo derribó de la motocicleta, luego lo patearon hasta que perdió
el conocimiento.
Como en
Veracruz el nivel de las agresiones tiende a subir, como resultado de las vagas
investigaciones, del no hacer caso. Algunos colegas han recibido amenazas
virtuales o directas; otras son escuchadas desde las propias oficinas de la
Secretaría de Seguridad Pública, recordemos el caso de los troles que fue
denunciado hace meses por Patricia Briseño y esta servidora, el joven twitero
de marras sigue colaborando en la dependencia, orquestando insultos y toda
clase de descalificaciones, sin que el titular de la dependencia Alberto Esteva
se de por enterado.
No es para
echar en saco roto lo que pasa en Veracruz que es muy grave, como tampoco es
para ser omisos, en Oaxaca donde según reporte de Página3.mx “en menos de un mes, por lo
menos seis periodistas han sido agredidos en Oaxaca, principalmente por
organizaciones sociales…” Es decir, por otro poder fáctico, que goza de todas
las garantías por parte del gobierno estatal.
El
pasado lunes fueron agredidos dos fotógrafos Alberto López del diario Rotativo
y Rolando Jiménez de Paralelo 20 por grupos de pobladores de San Baltazar
Chichicapam, que bajo la consigna “a todos los de la prensa”, iban con la
intención de agredirlos, armados de palos y piedras. Hechos que ocurrieron
frente a policías estatales que nada hicieron para evitar la agresión.
Antes,
el 22 de diciembre fueron agredidos en la caseta de Huitzo los reporteros
Gaspar Monjarraz y Javier Barrón -de TV Azteca- por integrantes de la
agrupación Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes les quitaron su equipo
y causaron daños a su unidad de motor, además de agresiones físicas, dice
Página3.
A estas
agresiones se sumó la ya relatada de José Ignacio Santiago, compañero reportero
de esta casa editora en la región del Istmo. Rafael Vargas, de MVM fue agredido
el 23 de enero por integrantes de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), de ahí la solicitud de atención que han presentado ante las autoridades
organismos como el Grupo Prensa Oaxaca.
Lo
dicho, en México ejercer el periodismo no es cosa de valientes sino de gente
inteligente, pero a veces ni la inteligencia funciona frente a la cerrazón de
los grupos de poder, caciques o integrantes de una sociedad que está cansada de
engaños y nulas repuestas del gobierno. Pero ojo: quienes reporteamos u
opinamos solo estamos cumpliendo con un deber como trabajadores, solo hacemos
valer un derecho ciudadano: el derecho a la información. Matar o agredir
periodistas es un crimen contra la humanidad.
@jarquinedgar
