Palabra de Antígona
¿Por qué un seguro para jefas de familia?
A Elena Dovala+
Por Sara Lovera
Las decisiones de Estado a favor de las mujeres, a pesar de todos los discursos sobre los derechos de las mujeres y su autonomía, caen con una frecuencia que alucina, en decisiones asistenciales y no de promoción y desarrollo sino para que se cumpla su destino principal de cuidadoras de su prole o familia.
Con estas decisiones se reafirma la situación subordinada y dependiente de la mitad de la población y la reacción de los sectores críticos de mujeres siempre es lenta y poco efectiva cuando la hay. No encontré ninguna crítica a este programa, pero diré tampoco ningún aplauso.
Y preocupa porque sabemos de qué se trata.
En la época de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en nombre de la solidaridad con las mujeres, se otorgaron recursos a las más pobres para que los niños fueran a la escuela y fueran atendidos por servicios de salud y alimentación, por cierto, el 17 de abril es la Jornada Internacional de los Movimientos Campesinos.
Como parte de este programa, ellas tenían su obligación para ir al “control” o sea los puestos médicos para recibir educación y servicios de anticoncepción. Urgía cumplir la meta de menos de dos hijos por mujer en función de los acuerdos con los bancos internacionales que se dedican a financiar “el desarrollo”.
Este dinero se convirtió, según estudios posteriores, en la rebatinga directa en las familias campesinas siempre sin recursos –sobre todo donde había padre, el hombre de la casa- y, por tanto, en esos años creció sistemáticamente la violencia de pareja. Los estudios los realizaron diversas instituciones públicas y privadas, las que demostraron que aquellas jornadas de solidaridad finalmente reafirmaron el papel subordinado de las mujeres y éstas quedaron sujetas a nuevos riesgos, el de la violencia sobre todo y el del despojo de sus recursos.
Ahora el anuncio de un Seguro de Vida para las jefas de familia, dentro de la Cruzada contra el Hambre, presentado con bombos y platillos el pasado 14 de marzo, deja claro que se apoya a mujeres que se hacen cargo directamente de sus hijos, pensando en la familia, siempre en este sentido.
Serán beneficiarias, según los datos oficiales, 1.7 millones de mujeres, aproximadamente 22 por ciento de 7 millones de jefas de familia, es decir, mujeres que se hacen cargo completamente de la manutención de sus familias, si hemos de creer en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
¿Y que significa este seguro? Que en caso de que alguna de estas mujeres “falte” sus hijos no quedarán a la intemperie. Lo que no está mal. Entonces es un seguro para los niños y las niñas y no para las mujeres. Y sería correcto que nos digan la verdad y no manipulen diciendo que con esta acción se favorece a las mujeres, cuando se beneficia su condición de madres futuro.
Es un programa que operará el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que de acuerdo a la tradición preside la esposa del presidente en turno y generalmente funciona como un órgano asistencial y de reafirmación de la familia, concebida en forma tradicional, pensando que necesariamente ha de estar formada idealmente con padre, madre e hijitos.
Reafirmo que es claro que no se trata de recursos -400 millones depositados en instituciones financieras- que provean el progreso y autonomía de las mujeres, sino un recurso utilizable si las mujeres mueren y para que aseguren el futuro de su prole. Esto es una visión que ratifica el papel tradicional de las mujeres, hoy beneficiarias del Estado, considerando que su vida y su eterno destino es cuidar de su familia. Lo que hacen es enviarnos un mensaje que irá en este sentido y no en otro.
Por eso es engañosa y manipulada la explicación del presidente Enrique Peña Nieto cuando dijo: "Esta es una acción de justicia social. Es una acción ética del Estado mexicano el asegurar que quienes están en mayor rezago social y menos tienen, tengan un mínimo de ingreso y mínimo de bienestar". ¿Cuándo se muera la madre?
Lo que no hallo por ninguna parte es dónde un seguro utilizable para el caso de que desaparezca la madre que se hace cargo de la familia, impacta a la productividad del país. Más bien entiendo que impacta el desarrollo del sector financiero, porque detentar y administrar 400 millones de pesos no es despreciable para ese sector.
Peña Nieto en este anuncio también dijo: “este seguro va más allá de ser un programa estrictamente asistencial, porque hoy buscamos y estaremos reorientando el esfuerzo del Estado mexicano, a través de los distintos programas sociales, para alentar la productividad entre los mexicanos, y no sólo garantizar mínimos de bienestar para quienes menos tienen”, al informar que los recursos irán primero a las zonas rurales, más rezagadas y luego, en otro momento, a las zonas urbanas.
Son recursos para que los niños y niñas, eventualmente desamparados, sin su madre puedan, supongo yo, ir a la escuela, comer, desarrollarse y prepararse para que en algún momento puedan incorporarse a procesos de productividad, dentro de algunos años. El Estado los protegerá hasta los 23 años. La información disponible lo explica y se asume que es un asunto de “justicia social”, para futuras generaciones.
Durante mucho tiempo, desde los primeros diagnósticos sobre la condición de las mujeres, sabemos que éstas necesitan programas directos para su desarrollo, considerando varias cosas: la discriminación, la falta de oportunidades laborales justas; la posibilidad de compartir las tareas de cuidado a los demás; la necesaria e importante posibilidad de adquirir habilidades para su propia vida, reconocimiento a sus aportaciones a la economía nacional y en los últimos tiempos sabemos que además necesitan justicia y no impunidad frente al tamaño de la violencia contra ellas.
En acuerdo a los compromisos del gobierno de Peña Nieto de incluir con visión de género éstas necesidades, el anuncio de este seguro, pareciera que se ha iniciado un proceso en sentido contrario a las promesas de campaña y a las declaraciones de emprender acciones que realmente desplieguen procesos para el desarrollo y la seguridad de las mujeres, para su vida.
Urgen acciones, una cruzada sí contra el hambre, donde la pobreza alimentaria de millones de mujeres sea realmente un tema de gran preocupación. Por ejemplo, la muerte materna, en miles y miles de mujeres tiene que ver con esa pobreza, además de la falta de programas de salud integrales, de promoción de campañas durante el embarazo y de la construcción de hospitales en las regiones más pobres, con personal, instrumentos y medicinas.
Y para abril en que el movimiento campesino retoma, como cada año, sus demandas, las mujeres del campo necesitan créditos, apoyo técnico para sus siembras; programas efectivos de comercialización, tierras, de modo que no tengan que migrar cada año hacia las zonas de mayor productividad de productos agrícolas donde se emplean en condiciones miserables como en el Valle de San Quintín, en Baja California. Y sus hijos también requieren oportunidades y no como en ese Valle, donde reiteradamente se ha denunciado el trabajo infantil en condiciones degradantes, para no hablar de los campos de Sinaloa o del Bajío.
Es muy importante que la Cruzada contra el Hambre y todos los anuncios que en tan poco tiempo hemos oído del nuevo gobierno, sean realmente modernos y abarcadores, porque estamos cumpliendo casi 40 años desde que la igualdad entre hombres y mujeres se inscribió en la Constitución.
Veremos.
