Mujeres y política
Un pacto por la vida de las mujeres
Soledad JARQUÍN EDGAR
El recuento hemerográfico de las organizaciones
civiles señalan que a la fecha 198 mujeres han sido asesinadas y otras 57
desaparecieron en lo que va de la actual administración pública que encabeza
Gabino Cué Monteagudo.
Esa cifra que parece no detenerse y que aumenta con
el paso de los meses, tiene a buena parte de la sociedad bajo el temor, pero
más que eso hay indignación frente a los hechos porque reflejan que la
violencia no se puede desmontar desde las palabras y los discursos sin acciones
concretas, sin hechos que contrarresten el machismo y la misoginia que sigue
permeando no sólo la actuación cotidiana de los hombres sino también de las
instituciones.
En tanto la clase política oaxaqueña está preocupada
por obtener un sitio en la contienda electoral, la cifra macabra que deja la
violencia feminicida sigue creciendo, sin que le quite el sueño a sus
protagonistas, mujeres y hombres, que tienen puestos sus ojos en otros espacios
y no en la seguridad pública, no en erradicar la pobreza, no en la educación,
no en procurar condiciones mejores para que las y los jóvenes puedan tener
expectativas para sus vidas, no las futuras sino las actuales, y en general no
en la generación de condiciones mejores para toda la ciudadanía.
Hablar de 198 vidas de mujeres arrancadas, producto
de actos violentos cometidos en una inmensa mayoría por hombres, con acciones
de violencia sexual en otro número importante y precedidos, según los datos que
arrojan las notas periodísticas, por escenarios de violencia familiar, hielan
el cuerpo.
¿Por qué tanta exageración? Pensaran. No es para
menos. Hace algún tiempo ya habíamos hablado del espejo en que los estados del
país deberían observarse frente a la violencia
feminicida y que se concentra de forma lamentable en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde esta
violencia denominada como feminicidio tomó la categoría de una catástrofe
humana.
Todavía recuerdo en 2005, cuando recién se
inauguraba en su gobierno el terrible Ulises Ruiz, las organizaciones
demandaron poner los ojos en la violencia y asesinatos cometidos contra las
mujeres, el detonador fue el asesinato de una joven perpetrado en el municipio
de Xoxocotlán. A raíz de ello, la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza,
negó que fuera un feminicidio, porque entonces el concepto no estaba reconocido
en las leyes locales. Pasaron desde entonces siete años para que fuera
tipificado el feminicidio como delito autónomo, lo que sucedió apenas en agosto
del año pasado.
A raíz de los dos asesinatos ocurridos en cosa de
menos de 10 días y las cada vez más frecuentes desapariciones de mujeres muy
jóvenes de nueva cuenta aparece en el escenario el Procurador de Justicia del
Estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, diciendo a un diario que se
edita en la ciudad de México que “si bien los
homicidios de mujeres que se han dado en esta administración son varios, no
todos, tienen características de feminicidios”.
Me pregunto y se preguntas muchas otras personas
¿para qué meterse en camisa de once varas? ¿Qué es lo que pretende con esas
declaraciones? ¿Qué es lo que le preocupa más? Lo que diga la prensa y lo que
piense la ciudadanía o los resultados escuálidos que ofrece la dependencia que
usted encabeza.
¿Le importa tanto que los asesinatos tengan o no
tintes de feminicidio para ocuparse de ellos? ¿Acaso no es suficiente el
asesinato de mujeres y su tarea esclarecer los crímenes tengan o no tengan
“tipo de feminicidio”?
¿Qué indicaciones tiene señor procurador sobre la
violencia feminicida? Que de un plumazo mediático intenta descalificar las críticas
que la sociedad civil le hace al sistema de gobierno frente a una realidad que
es simplemente inocultable y que a todas luces está parada sobre dos aspectos:
uno la ineficiencia de sus colaboradores y la otra, resultado de la primera, la
impunidad.
Ese es, al final de cuentas el problema fundamental,
mientras los resultados de su trabajo sean conceptos tergiversados a una
conveniencia política y no la aprehensión de los feminicidas o asesinos, como
prefiera llamarlos, estaremos repitiendo la grotesca historia que juzgará por
los siglos de los siglos a los gobernadores, procuradores y hasta jueces que no
dieron ni dan resultados concretos a las familias de mujeres asesinadas y
desaparecidas en Ciudad Juárez y en otras entidades del país.
Me pregunto en qué momento las autoridades electas y
las designadas por los gobernadores para ocupar puestos públicos, que en un
ritual institucional juran servir al pueblo, que para eso les paga y bien,
pierden la sensibilidad y, por el contrario, actúan como si el pueblo les
debiera o de plano no los mereciera.
Ese es el caso del procurador Manuel de Jesús López
López quien con sus declaraciones en los medios lo que hace es menospreciar al
pueblo. Es lo que hace cuando un padre o una madre de familia solicitan
angustiados que se investigue la desaparición de su hija o que el asesinato de
sus hijas no quede en la impunidad y en cambio lo que reciben es simplemente
nada, ninguna respuesta, sino esperar, como si las cosas se resolvieran por
arte de magia.
Su ineficiencia procurador, como sucedió en 2005 con
Caña Cadeza, tienen un costo enorme para la sociedad y se refleja en las cifras
de una cuenta hemerográfica que no me queda duda podría ser aún mayor porque
para su fortuna y mala suerte de Oaxaca los medios no reflejan todo lo que
sucede en esta entidad tan grande y tan dispersa: 198 mujeres asesinadas.
La sociedad no quiere más desaparecidas, la sociedad
rechaza contundente que la cifra siga creciendo y no está dispuesta a que la
impunidad siga siendo el signo de las instituciones, la muestra está en las
marchas de protestas, en las declaraciones, en la indignación que hay en este
momento no sólo de organizaciones civiles sino de una sociedad entera y en
especial de las y los jóvenes.
Lo que tenemos a la vista producto de la violencia
misógina y machista, es también producto de la falta de una estructura de
gobierno que nos lleve a prevenir estos lamentables hechos. Con el argumento de
la eterna falta de dinero, el gobierno de la alternancia que encabeza Gabino
Cué Monteagudo ha sido incapaz de articular una acción preventiva entre todas
sus dependencias, incluso, entre los distintos poderes y niveles de gobierno.
Pero si en el gobierno de Gabino Cué lo que
prevalece es la ineficiencia y la ineptitud, en el gobierno de la ciudad de
Oaxaca y los municipios conurbados la violencia parece no quitarles el sueño.
Hasta ahora no hemos escuchado ni un solo pronunciamiento del presidente
municipal para saber al menos qué piensa, en tanto las autoridades de Mitla y
Tlacolula fueron acusadas de no actuar de inmediato después de la desaparición
de una menor de 16 años, cuyo cuerpo sin vida fue arrojado en un paraje.
Es la falta de políticas y campañas encaminadas a
prevenir la violencia contra las mujeres la que lleva a una sociedad a no
acudir al llamado de auxilio de una mujer para evitar que se cometa un crimen o
se le violente; lo mismo pasa cuando como sociedad estamos paralizados mirando
cómo aparecen las fotografías de mujeres y hombres desaparecidos en las redes
sociales o en plotters colgando de puentes o bardas y no hacemos nada consecuente
para exigir al gobernante en turno que se cumpla con la ley para proteger la
vida de las mujeres.
No lo hacemos porque pensamos que lo que sucede
dentro de una casa es un asunto privado y que no debemos meternos, pero lo
cierto es que como decían las feministas en los años setenta: lo personal es
político, y la violencia familiar no es un asunto que se queda dentro de cuatro
paredes, es un asunto público que debe ser atendido de manera pronta y eficicaz
por las autoridades, pero nunca a través de la mediación, ni la pretensión de
que las parejas se reconcilien por el “bien” de la familia.
La responsabilidad del gobierno es cambiar la
violencia estructural que hoy se puede contabilizar en cientos de casos de
agresiones a mujeres, en la desaparición de 57 jóvenes y en el asesinato de
otras 198 y está más allá de lo que hasta ahora, el protagonismo desmedido,
permite ver a las y los servidores públicos.
Una lástima para Oaxaca que sigamos gobernados por
quienes creen ilusamente en sus “buenas” acciones pero que no pueden ver la
realidad concreta. Por eso este lunes a las 12:30 horas, “Todas en un Pacto por
la Vida de las Mujeres y las Niñas de Oaxaca” convoca a las mujeres de Oaxaca a
unirse para solicitar a Gabino Cué respuestas, a rechazar la impunidad y sobre
todo que asuma su responsabilidad como gobernante y si no –eso digo yo- que se
vaya.
@jarquinedgar
