A reserva
Prodecon ombudsman de contribuyentes
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Hace poco más de año y
medio se creó la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon),
después de azarosos transes legislativos, desafortunados arrebatos
presidenciales y una acción de inconstitucionalidad resuelta por Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica los artículos 5 fracción
VII y 12 fracción II, de la Ley Orgánica de la Prodecon, en relación a la
información de datos y transparencia y en el segundo caso a la forma de elegir
consejeros.
La creación de esta
institución se propuso hace ocho años, pero fue hasta septiembre de 2011 que
empezó a desarrollar sus funciones, el debate que ocasionó la citada ley y las
observaciones que en su momento emitió el Ejecutivo Federal, contribuyeron a
mejorar y enriquecer el marco orgánico a efecto de que pudiera contar con los
instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con su misión de proteger y
defender los derechos e intereses de las y los contribuyentes de manera
eficiente y funcional.
Por ello, se da
importancia al hecho de que en muy poco tiempo esta institución se ha consolidado
como un organismo público que otorga a los contribuyentes una eficaz asesoría,
representación y defensa de sus derechos sustantivos y adjetivos en materia
fiscal.
La Prodecon es el primer
Ombudsman fiscal mexicano, cuyo fin es la revisión y
mejora permanente de las
acciones y prácticas de las autoridades fiscales
federales. Su fundamento
deviene de la reforma que actualiza el artículo 1 constitucional que en su
último párrafo reza:
“Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Este contenido respalda
la creación y funciones de un organismo en defensa del contribuyente en un país
como México que se distingue por tener una legislación tributaria compleja
formada por leyes y reglamentos fiscales complicados y muchas veces confusos,
con vigencias cortas que propician frecuentemente situaciones desfavorables
para las y los contribuyentes, lo que hacía necesaria la existencia de una
instancia del Estado que garantice la protección de los derechos fundamentales
de las y los pagadores de impuestos.
La Prodecon se establece
como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La prestación
de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se
contienen en la Ley Orgánica respectiva.
La Prodecon tiene
competencia para conocer de cualquier acto en materia fiscal
federal, ya sea emitido
por el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA o autoridades fiscales coordinadas
(entidades federativas y municipios que por convenio sean recaudadoras de
impuestos federales).
Las facultades
sustantivas que tiene la PRODECON son las siguientes:
• Dar asesoría y atender
Consulta legal.
• Ofrecer representación
legal y defensa.
• Atender procedimientos
de quejas y reclamaciones.
• Investigar y analizar
problemas sistémicos.
• Proponer al SAT
modificaciones a su normatividad interna.
• Emitir opiniones
técnicas a petición del SAT.
• Convocar a reuniones
con las autoridades fiscales.
• Proponer
modificaciones a las disposiciones fiscales.
De las anteriores
facultades se podría pensar que la más relevante o representativa de sus
funciones es la de atender procedimientos de quejas y reclamaciones, es decir,
actuar como Ombudsman fiscal.
La Prodecon se
constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante las autoridades
fiscales o los Tribunales Federales. En estos casos, hay un monto máximo del
crédito fiscal que no debe exceder de treinta veces el salario mínimo en el DF
elevado al año (709 mil 122 pesos) para efectos de que proceda a la representación
legal en defensa del contribuyente.
En virtud de esas
atribuciones, la Prodecon recibe toda clase de quejas por actos de autoridades
fiscales federales, para verificar que los mismos no vulneren los derechos de
los contribuyentes.
Tiene, además, amplias
facultades de investigación; puede requerir informes a cualquier autoridad y
nombrar observadores que verifiquen las actuaciones de las autoridades
fiscales.
Las quejas o
reclamaciones fundadas dan lugar a la emisión de recomendaciones públicas no
vinculatorias.
La recomendación pública
contiene un señalamiento directo respecto del actuar ilegal o inapropiado de la
autoridad fiscal federal y propone las medidas correctivas conducentes.
Esta semana se abrió la
delegación estatal en Oaxaca de la Prodecon, la novena en el país, y tendrá
como reto representar a las y los pagadores de impuestos que soliciten sus
servicios, garantizándoles la defensa de sus derechos ante los actos y
disposiciones de autoridades fiscales federales que afecten su esfera jurídica
y patrimonial y, sobre todo, a las personas que carecen de recursos económicos
que no pueden contratar los servicios de un abogado en la defensa de sus
derechos.
