A Reserva
La universalidad de los derechos humanos…una
visión sesgada
Bárbara
García Chávez
En
diferentes actos políticos de trascendencia mediática el gobierno de Oaxaca ha
contado con una excepcional actuación de enlace con organismos internacionales,
política encargada a Jaime Bolaños Cacho, desempeñándose formalmente en esa
área o bien desde su nueva trinchera, sin embargo, no hay que restarle merito a
su Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas
Fuentes, referida a Oaxaca desde el mismísimo gobierno ebrardista y de origen
“ciudadano” que ha alcanzado privilegios de gestión por el ascenso de su dirigente
Emilio Álvarez Icaza Longoria, hoy Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por
supuesto, que los avances políticos en materia de derechos humanos de su mentor,
permiten a Cruzvillegas alcanzar acuerdos para el reconocimiento y legitimación
de las acciones del gobernador Gabino
Cué Monteagudo en materia de derechos humanos por parte de funcionarios y
funcionarias de instancias internacionales (ONU-OEA) y algunas organizaciones
independientes que realzan y se explotan incontrolablemente desde la oficina de
comunicación social del estado.
El tema
de los derechos humanos y el “buen quehacer” del gobierno, vuelve a estar en
las palestras políticas del Oaxaca, cuando los intrincados electorales se
desarrollan con hartos percances y cuestionamientos ciudadanos.
El último
reconocimiento promovido por el gobierno calderonista, al que representó la
canciller –de entonces- Patricia Espinosa en octubre del año pasado, con el
premio Más Naciones Unidas en México, entregado a Cué Monteagudo, por su compromiso con el desarrollo humano
del pueblo oaxaqueño y con la cooperación internacional y –dijeron- “por su
rectitud y por su coraje, un sentimiento de renovación y cambio, de aire fresco
combinado con la necesaria experiencia que da esperanza democrática de la
mayoría de su pueblo”. Reconocimiento que precisamente coincidió con el agravamiento
del problema en relación a los fondos para potenciar empresas europeas en el
Istmo de Tehuantepec.
En días
pasados la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en
Defensa de la Tierra y el Territorio, ha llamado a la movilización permanente
de sus pueblos al que se han sumado más de cien organizaciones sociales y
civiles de México suscribiendo un comunicado en el que hacen un llamado al
gobernador de Oaxaca a “evitar la utilización de la fuerza pública para
reprimir la protesta social” y a no imponer “proyectos trasnacionales en aras
de un desarrollo, sin que se beneficie en igualdad de derechos a los dueños
originarios de los territorios indígenas”.
Se aúna a
este problema la denuncia pública del asalto y represión por grupos parapoliciacos
que imputan enviados por el gobierno estatal
a un grupo de jóvenes activistas que operan una radio comunitaria en
Juchitán de Zaragoza, que opera también como centro comunitario y cultural, que
ha servido en múltiples actividades como: orientación académica a niños,
escenario de expresiones artísticas y punto de reunión de la comunidad hablante
de zapoteco, lengua originaria de esa población.
Esta
situación de emergencia se suma a la ingobernabilidad de varios municipios en
diversas regiones del estado, a la falta de garantías que precautoriamente
tendría que haber en la región Triqui y que a falta de acciones contundentes y
eficaces, se ha reeditado el desplazamiento de cientos de mujeres niños y niñas
fundamentalmente argumentando la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados
para el regreso a sus comunidades.
También
está presente el constante reclamo de organizaciones civiles como el Frente de
Organizaciones Contra el Terrorismo de Estado (FOCTEO) y Sobrevivientes y Ex presos Políticos de Oaxaca por la Defensa
de los Derechos (SEPDDH); el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEP); el Comité de Defensa de
(CODEDI – XANICA); las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de
Oaxaca (OIDHO), que no quitan el dedo del renglón, calificando a los aliados
del gobierno como farsa de izquierda y señalan la demagogia de Gabino Cué, al
no actuar con acciones contundentes frente a los crímenes cometidos por los
gobiernos anteriores, persecución, apresamiento y asesinatos cometidos contra los
pueblos indígenas, especialmente contra la comunidad loxicha durante el
gobierno de Diódoro Carrasco y la violación sistemática a los derechos humanos
por la política autoritaria de Ulises Ruiz.
Su
impunidad sigue siendo una deuda con el pueblo oaxaqueño. Hasta la fecha no hay
ningún funcionario procesado de la administración pasada por los crímenes
políticos perpetrados contra los activistas sociales, lo que afirman hace
cómplice al actual gobierno del cambio.
Por otro
lado, no se puede dejar de lado la permanente inestabilidad que vive Oaxaca por
la incertidumbre que causan los bloqueos y las movilizaciones del magisterio
que además dejan a miles de niños y niñas sin clases, y complican la vida
laboral de las madres de familia; sin contar con los sucesos violentos que
protagoniza este sector en perjuicio de la ciudadanía.
En estas
condiciones el gobernador Gabino Cué Monteagudo se reunió con representante de
las Brigadas Internacionales de Paz -Peace Brigades International (PBI), por
sus siglas en inglés- organización no gubernamental que protege los derechos
humanos y a sus defensores, los cuales -otra vez- le reconocieron su activismo
en este rubro, dejando –de nueva cuenta - los hechos separados de su papel de
“defensor de derechos humanos”.
Además…
Este
martes el gobernador Gabino Cué y la dirigencia de la Sección 22 convinieron en
que la iniciativa de ley en materia educativa que presentará el gobernador
Gabino Cué la próxima semana contendrá el Plan para la Transformación de la
Educación en Oaxaca (PTEO). Es decir, que el gobierno de Oaxaca planteará
formalmente al legislativo local que no se implemente en Oaxaca, como
excepcional, el derecho a la educación en los términos constitucionales de
acuerdo a la última reforma, lo que generará sin duda un conflicto jurídico
considerando que los derechos humanos establecidos en la Constitución federal
son de plena y general jurisdicción en el territorio nacional.
No
garantizar la protección de un derecho humano fundamental como es la educación,
y excepcionalmente recurrir a la suspensión de esta garantía implicaría sin
duda una declaración formal en los términos del artículo 29 de la propia Constitución.
Entonces el PTEO como norma diferenciada ¿implica un estado de excepción? ¿Se
suspende o no la garantía a la educación en los términos del artículo 3º, si el
congreso local aprueba la implementación de una reforma distinta a la federal?
El Estado
de excepción aquí y en China se determina bajo la premisa sine qua non de
“crisis” que implica que la Constitución se ve confrontada a una situación no
prevista. (El ejemplo más claro es la oposición de algún grupo
“desestabilizador”). Aparece la diferencia entre situaciones de normalidad y
anormalidad. Aquí en caso de crisis lo fáctico ha superado lo regulado y se
impone la fuerza normativa de lo fáctico sobre la legalidad institucionalizada.
La constitución responde a esas crisis incorporando un modelo alterno de
organización del poder y allí aparecen los Estados de Excepción.
En
principio el Estado de Excepción se puede ubicar dentro del concepto más amplio
de dictadura. Desde el punto de vista político, la dictadura es una situación
de hecho y de derecho que se opone al Estado de Derecho.
La
doctrina distingue entre una legalidad ordinaria que regula los actos y hechos
que se producen en situaciones de normalidad y una legalidad extraordinaria
(estado de excepción), que regula los actos y hechos que se producen en
situaciones excepcionales. En cualquiera de los dos casos, la permanencia del Estado
de Derecho determina que los poderes públicos deben estar sometidos al
principio de la legalidad.
La
mayoría de juristas serios, consideran que los estados de excepción, en sentido
estricto, "son regímenes jurídicos especiales originados en circunstancias
extraordinarias de variada índole –natural, ecológica, sanitaria, económica,
política-, que ponen en peligro la estabilidad de la instituciones, o la vida de
la nación o de sus habitantes, cuya finalidad es procurar el restablecimiento
de la normalidad".
El Estado
de Excepción normalmente se invoca o se pretende instaurar por grupos de poder
fáctico, muchas veces más poderoso que el propio poder de Estado, para
desvirtuar las instituciones constitucionales y no para preservarlas, ya que
además de su carácter desorbitado, se ha traducido en la restricción (cuando no
en la violación sistemática) de la mayoría de los derechos fundamentales”.
Es
importante también no perder de vista que el estado de excepción es una
garantía de la constitución. Incorporar este modelo supone la negación temporal
del orden constitucional previsto con una ventaja aparente que es mantener la
eficacia formal de la constitución y facilitar la vuelta a la normalidad.
En fin,
el caso es que en el futuro inmediato, Oaxaca estará otra vez en la vorágine
política en la que habrá de resolver un asunto de índole nacional. Habrá que
ver.
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