Mujeres y Política
Buen periodismo, la mejor defensa
Soledad
JARQUIÍN EDGAR
El
periodismo cambia con rapidez inaudita, un nuevo periodismo se requiere
urgente, pero hay una resistencia profunda en muchos informadores que siguen
viviendo tres décadas atrás.
Apenas hace
poco más de dos décadas que las nuevas tecnologías transformaron las
redacciones, también cambió la forma de elaborar los textos, pero el principio
periodístico es el mismo: investigar. Las nuevas tecnologías aceleraron el
ritmo de la emisión de noticias, el principio de la noticia se confunde con
todo lo que sucede, como si todo lo que acontece fuera noticia, y la velocidad
para producir “información”, hizo que de un plumazo se borrara otro principio
básico: verificar la información.
Los medios
digitales y electrónicos revolucionaron la presentación de la información,
éstos basan su efectividad en la rapidez. Los impresos o medios tradicionales,
los que publican con horas de diferencia un hecho concreto, deben profundizar,
buscar todos los lados de la noticia; en algún momento pensamos que los otros
géneros periodísticos volverían a ser las estrellas de los medios impresos, la
televisión y la radio, pero si hacemos la crítica correcta, eso todavía no
sucede.
También el
mundo cambia, se mueve con una intensidad que nos sorprende. Los paradigmas son
otros: dinero y poder. Siempre lo
fueron, no hay duda, sin embargo, hoy la cara de esos paradigmas se resume en
la cada vez mayor cantidad de pobres y la cada vez menor cantidad de súper
ricos, grandes consorcios, monopolios y en medio de todo la violencia, casi
sistemática.
Hace 30
años, relataba Sara Lovera en el “Encuentro Nacional de Periodistas
Capacitadores en Autoprotección”, la violencia contra quienes informamos no
tenía las dimensiones dramáticas que ahora se reflejan en estadísticas de
asesinatos o de personas desaparecidas, de agresiones de todo tipo, aún cuando
lo que se investigaba y publicaba era mucho más delicado de lo que hoy se
cuenta en los medios. Es decir, la violencia contra profesionales del periodismo
se ha recrudecido por menos información.
Lovera, una
periodista que empezó a trabajar en las postrimerías de 1968, sostiene que la
mejor defensa del periodismo es ser buen o buena periodista. Lo dicho por ella
fue repetido por otros periodistas, como Julio Hernández, autor de la columna
Astillero que se publica en La Jornada, y por Gerardo Albarrán, ombudsman de
MVS, en ese primer encuentro convocado por la Casa de Derechos de los
Periodistas al que asistieron más de 80 periodistas de 28 entidades del país.
Anabel
Hernández, premiada en el mundo por sus relevantes investigaciones que tradujo
en su libro Los Señores del Narco, entre otras como el toallagate, planteó que la libertad es condición ineludible de un
buen periodismo y confió en la posibilidad de que ese buen periodismo
contribuya a cambiar el rumbo del país.
Hay
preocupación entre las y los profesionales de la información. No es para menos,
la violencia es otro signo del cambio y un retroceso para la ciudadanía
mexicana, también afectada por la imposición de silencio, que se ha traducido en
la violación de derechos fundamentales para la humanidad: las libertad de
expresión y el derecho de la ciudadanía a la información. Queda claro que son
tiempos difíciles y se teme que sean aún peores.
Los datos
duros, las cifras, revelan el daño profundo y temerario causado a las y los
profesionales de la información en el sexenio de Felipe Calderón: “En lo que va
del 2012 fueron asesinados 10 periodistas, la mitad de los crímenes ocurrieron
en Veracruz y la situación es grave en Chihuahua, Guerrero, Morelos, Sonora,
Tamaulipas y Nuevo León…”, apuntó Judith Calderón Gómez, presidenta de la Casa
de los Derechos de Periodistas. Luego Artículo 19 daría las otras estadísticas,
en la voz de Ricardo González, 13 colegas desaparecidos y cuatro más que están
por ser confirmados como tales en el mismo periodo; más de 100 agresiones a las
instalaciones de medios o sistemas “intervenidos” en el caso de los portales
web de noticias; 782 agresiones directas o indirectas a reporteros y
reporteras, y el rostro más terrible de esa violencia: 72 periodistas
asesinados en los dos sexenios panistas, 45 de ellos en el actual gobierno de
Calderón que, además, sin investigación ha criminalizado a las víctimas o provoca
que los hechos se reducen a crímenes pasionales.
La
impunidad alcanza a un 70 por ciento de los casos y un porcentaje similar, se
sabe, son delitos cometidos por poderes gubernamentales o fácticos.
Balbina
Flores Martínez, del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), dijo en esa
misma reunión algo que nos habla de una sociedad traumatizada, con efectos
severos en la salud mental de las y los periodistas, esto de acuerdo con un
estudio realizado por Rogelio Flores, psicólogo clínico: 77 por ciento de los
periodistas que cubren noticias de narcotráfico presentan síntomas de ansiedad;
42 por ciento de depresión y 41 sufren estrés postraumático. Adicionalmente
algunos presentan ataques de pánico, accesos de llanto, trastornos del sueño,
dolores de cabeza, problemas estomacales o tics nerviosos.
Sin duda,
una noticia no agradable y que de acuerdo con la investigación, los síntomas
que presentan quienes cubren estas informaciones en México son mayores a los
presentados por corresponsales de guerra en Chechenia, Bosnia o Medio Oriente.
¿De qué
país estamos hablando?
Estos
datos, sin duda, confirman lo que ya se ha dicho en repetidas ocasiones, en
México no hay condiciones para el ejercicio del periodismo y en ello, como ya
se escribió antes, va de por medio la vida de las y los informadores.
Lo observa es
el silencio del primer y más obligado a garantizar la libertad y la vida de las
y los periodistas: los gobiernos. Y ese es el reclamo sustancial, de nada nos
sirve una Fiscalía en la Procuraduría General de la República si no se ha resuelto
un solo caso de agresión a periodistas, “no hay confianza ni certeza” en las
instituciones, como tampoco se tiene mucha esperanza de que a través de las
leyes de protección a periodistas se resuelvan los casos.
Una
fiscalía que, como señala Sanjuana Martínez, no resuelve nada pero dispuso
durante todos estos años de un presupuesto importante. Sin duda, la violencia
contra la prensa es un fracaso más para el gobierno federal que está por
concluir.
A las amenazas,
los asesinatos, las extorsiones, la autocensura y los exilios, se agregan los
problemas personales como mecanismos para encarcelar a periodistas, añadió la
regiomontana en alusión a la detención de la que fue objeto el pasado mes de
julio, quien calificó a este gobierno de ignominioso por la falta de voluntad
política para brindar protección y seguridad a las y los periodistas.
Esquema,
que hay que señalar, repiten gobernadores -sean del PRI, del PAN o del PRD- de
Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León, de
Colima, de Guerrero, de Quintana Roo o de Oaxaca…así el recuento iba
creciendo, se hablaba de la gente cercana, de quienes fueron amigas o
compañeros de trabajo, de quienes se han ido del país ante el tamaño de la
impunidad con la que actúan presidentes municipales, gobernadores, funcionarios
de mayor o menor escala, elementos de todas las corporaciones policiacas y
militares, y claro está, el llamado “crimen organizado”.
Pero en
Oaxaca, donde esa guerra no es abierta, lo que no quiere decir que no exista,
han ocurrido la tercera parte de las agresiones a periodistas, con casi 50
casos documentados por la Secretaría de Promoción de los Derechos Humanos e
Incidencia en Políticas Públicas del Distrito Federal, que junto con la Casa de
los Derechos de Periodistas han sido receptores de quienes han sufrido toda
clase de agresiones por razones que tienen que ver directamente con su trabajo.
Frente a
ello, las y los periodistas se plantean ¿qué hacer? Porque lo que se trata de
proteger es la vida. Ya en 22 entidades del país hay iniciativas o leyes que
tienen que ver con el ejercicio del periodismo, pero todavía no en todas las
entidades se han propuesto leyes, mecanismos, presupuestos, fiscalías y
protocolos para proteger a las y los periodistas, no sólo cuando sufren
violencia sino, incluso, para prevenir esa violencia.
Oaxaca está
tristemente en esa circunstancia. La iniciativa presentada ante el congreso
local en junio pasado está años luz de ser un instrumento de protección al
derecho a informar y ser informados y, como lo exigen los tiempos, a proteger
la vida de las y los profesionales de la información. La propuesta que hoy es
revisada en el Congreso local es un catálogo de exigencias sociales, económicas
y de capacitación, con un minúsculo planteamiento de creación de una agencia
del Ministerio Público especializada en delitos contra periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación, y por increíble que parezca se
plantea dentro de esa iniciativa denominada de “Fomento a la actividad periodística
del Estado de Oaxaca”, la creación de un fideicomiso “de apoyo a los
periodistas que tiene por objeto –parece el más importante- implementar medidas
y acciones para establecer beneficios económicos que coadyuven a mejorar las
condiciones de vida del periodista y su familia”. ¿Por qué seguir reproduciendo
los viejos, viejísimos esquemas de privilegios que han marcado para mal al
periodismo?
Ya lo dijeron quienes elaboraron esta iniciativa, es una copia de la
ley que en Guerrero opera desde hace poco más de 20 años y de una que fue
aprobada recientemente en Morelos, y que se conocen como “leyes chayote”, de
otros tiempos.
Si la propuesta no se mejora desde ahora, empezando por la definición
de lo que “se debe entender por periodista”, a excepción de quienes dirigen
estos grupos, nadie más tendrá salvaguardado su derecho a investigar y publicar
información y con ello se violentarán también los derechos de la audiencia.
Como se planteó en el Primer Encuentro Nacional de Periodista
Capacitadores en Autoprotección, hoy no tendríamos por qué estar hablando de
leyes “especiales” para los “especiales” periodistas. Tendríamos que plantear
la solidaridad gåremial, por un lado, y por el otro, entender que estamos en un
proceso político distinto y peligroso en exceso, que demanda de buen periodismo
¿quién lo demanda? Lo demanda la sociedad, nuestra audiencia, como demandaría a
un buen médico, a un buen abogado o a un buen maestro.
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