Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El crecimiento de las actividades delictivas en Oaxaca como en todo el país han generando en la percepción ciudadana el sentimiento de inseguridad y desconfianza cada vez mayor, frente al rezago del sistema de procuración de justicia. Dos problemas que irrumpen de manera paralela y que se van agravando desde hace varios años por la criminal corrupción e impunidad, promovida y fomentada por las instancias de gobierno, local y federal.
Efectivamente, las libertades y derechos ciudadanos consagrados en la Constitución sólo pueden ejercerse en un ambiente seguro y justo, que únicamente será posible cuando el Estado garantice eficaz y eficientemente sus funciones dentro del orden jurídico establecido, restringiendo su actividad a las limitaciones jurídicas establecidas.
Desde una perspectiva ciudadana, el problema de la inseguridad tiene dos vertientes, una es el rápido crecimiento de la delincuencia, que afecta a más amplios sectores y la incerteza jurídica, considerando que una mínima proporción de las demandas de justicia encuentra respuesta adecuada. Por lo que se ha generalizado la sensación de encontrarse en indefención ante el crimen.
A lo anterior, se le aúna la complicidad eminente de actores oficiales, -diversos funcionarios públicos, instancias policiacas y militares- con la delincuencia, la criminalización de la disidencia y los movimientos sociales, tal vez otros o los mismos renovados que fueron detractores del gobierno ulisista .
Por supuesto que los conflictos políticos, que en ese tenor se pretende resolver desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, por inoperancia de la Secretaría de Gobierno, resultan deteriorar aún más la imagen del gobierno de la paz y el progreso.
La Sección 22 del SNTE denunció penalmente ante la PGJE, la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar, integrándose la averiguación previa correspondiente; este evento complica sin duda el conflicto político suscitado entre el magisterio oaxaqueño y el gobierno de Gabino Cué, por los acontecimientos violentos ocurridos el pasado 15 de febrero, que se hace vigente al reiterar su exigencia de renuncia de la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro Arias; del encargado de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y del director del Instituto Estatal de Educación Pública, Bernardo Vázquez Colmenares.
En un primer momento pareciera que la respuesta, ocurrente e imprudente, venía del responsable de la procuración de justicia, que a falta de capacidad profesional y herramientas mínimas para realizar sus funciones de investigación, ofreció “recompensa” a quien le ayude a encontrar al desaparecido.
Ahora la prensa nos da cuenta del comunicado del gobernador donde puntualiza:
“Por considerar que se trata de un hecho de alto impacto social, el Gobernador del Estado avaló la decisión del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de ofrecer una recompensa de 500 mil pesos, a quien proporcione información relevante a los números de emergencia 066 y 089, que conduzca a la localización del Profesor Carlos René Román Salazar.
A través de estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su cabal apego a la legalidad y a la expedita procuración de la justicia, así como al respeto irrestricto de los derechos humanos.
Finalmente, reiteró a los familiares y al magisterio del estado, que su administración se mantendrá atenta a la evolución del proceso de investigación, y continuará actuando con seriedad y eficiencia hasta el esclarecimiento de este caso”. (Comunicado-CGM/Esclarecer caso maestro Carlos René Román Salazar/18 mar 11/Comunicación Social del Gobierno del Estado)
Hay, a mi juicio varias observaciones, de carácter lógico-jurídico sobre este asunto, a pesar de que es un asunto de carácter estrictamente jurídico tiene tremendo entramado político:
El acontecimiento que se denuncia es de carácter penal, toda vez que se denuncia ante la instancia investigadora como un posible secuestro de persona desaparecida, situación que previamente había sido puesta en conocimiento de la dependencia encargada de la seguridad pública. La presión política que implica la Sección 22 del magisterio, contamina y reviste de tintes políticos el asunto, que pone en entredicho las atribuciones del Procurador de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública, y el seguimiento procedimental de la averiguación previa y la investigación correspondiente.
La denuncia penal y la correspondiente investigación se desvirtúan, cuando se permite la implicación discrecional del gobernador para determinar, sin referencia legal alguna, la calificación del hecho delictivo como “hecho de alto impacto social”. No existen criterios para esa descripción y pasar por encima de los procedimientos legales, el gobernador o cualquier otro funcionario debe constreñirse a lo dispuesto en la Constitución de Oaxaca en su Artículo 2º “… El Poder Público y sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer…”. Entonces no actúa apegado a la ley. Lo contrario es abuso, es imperativo, violenta sus funciones, falta a su compromiso democrático para privilegiar a un grupo con el que tiene pendientes políticos y al parecer les adeuda favores.
Es incomprensible la retórica de los derechos humanos de un sólo hombre, cuando existe el pendiente de seguridad y justicia con los oaxaqueños y oaxaqueñas, es simulación mediática que agrede a la sociedad y vulgariza una respuesta que no alcanza a las mayorías y por ende las ofende.
Cabe precisar que para poder determinar el ofrecimiento y en su momento la entrega de una “recompensa” debe haber la posibilidad expresa de hacerlo en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, lo que no existe; después en base a esa posibilidad que en este caso la ley no contempla, tendría que publicarse en el periódico oficial; por último, las recompensas sólo se ofrecen cuando se haya girado orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, tampoco es el caso.
Por último, la Procuraduría de Justicia forma parte de la administración que el gobernador Cue encabeza ¿Los recursos financieros para pagar la recompensa de dónde saldrán? Tal vez del fondo propio, a pesar que no deberían desviarse de lo establecido en la ley, o puede ser del ahorro que resulta de la disminución inequitativa de los bonos complementarios al personal ministerial, que de cualquier manera por lo menos en este caso se ahorrarán la investigación, que se intercambia por “recompensa”.
Sin duda, por sentido común, este ofrecimiento está fuera de la metodología criminalística, agrava peligrosamente la situación de inseguridad que se vive en la entidad e incurre en actuaciones por demás ilegales, dejando no sólo la percepción de total ineficacia, también el irresponsable mensaje de que no hay investigación pero sí dinero que resuelva un posible delito.
Es indignante, oficioso y agresivo para el resto de la ciudadanía que todavía tiene la esperanza de que ahora sí, el gobierno de transición, el de los luchadores sociales, el democrático va a resolver el problema más sentido de la comunidad: la seguridad pública. Un derecho que el gobierno debe garantizar, con o sin presión política; seamos sus amigos, partidarios o aliados o no lo seamos, debe respondernos con la misma celeridad a quienes vivimos en Oaxaca ¿Lo hará?
Periodismo de la condición social de las mujeres
