Soledad JARQUIN EDGAR
Una semana para la reflexión y las definiciones. Tras la modificación al Artículo 12 Constitucional en septiembre de 2009, las mujeres de Oaxaca estamos frente a una guillotina francesa igual a la que pasó Olimpia de Gouges en 1793, tras plantear la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque la modificación al 12 no sólo fue un grave retroceso en los derechos sino ha puesto en mayor peligro sus vidas.
Ello como resultado de una ola deliberada del conservadurismo y que mostró el peor de los rostros contra las mujeres desde que gobierna el PAN en este país, encontrando siempre “cómplices a modo”. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de los derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso, cuando se trata del producto de una violación, como señaló en febrero pasado el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.
Una andanada panista contra la definición tomada en la Asamblea del Distrito Federal que había legalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación. Ese terror del conservadurismo alcanza el calificativo de homicidio agravado por parentesco, como pasa en Baja California, Guerrero, Querétaro, Aguascalientes, Campeche y Veracruz. Solamente en Baja California hay 25 mujeres presas por abortar. Este lunes, el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo en América Latina será planteado –por primera vez- en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Oaxaca, aún cuando no se penalizó el aborto por violación, a raíz de la reforma de septiembre de 2009 promovida por Acción Nacional, no hay procedimiento de interrupción legal del embarazo, pese a que la ley lo señala, provocando que las mujeres recurran a prácticas clandestinas de aborto incrementando el riesgo de muerte en las mujeres, como señala el Secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, quien de acuerdo a la nota informativa de Yadira Sosa, plantea la urgencia de aprobar una ley que permita el aborto en Oaxaca. (Imparcial/25/marzo/2011).
En una reacción rápida, la titular del IMO, Abel López Sánchez, respaldó esas declaraciones y argumentó en un comunicado de prensa que de acuerdo con IPAS México del 2000 al 2008 la tasa de letalidad por aborto en mujeres en edad fértil ascendió a 80 por cada cien mil, lo que ubica a Oaxaca en el cuarto lugar del país, sólo después de Guerrero, Chiapas y el Estado de México.
La práctica del aborto es una decisión difícil para quien tiene que tomarla, como han señalado las instituciones y organismos de mujeres. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sostiene que además el aborto es causa de enfermedad y muerte por la práctica clandestina en que se desarrolla por la penalización; tiene un elevado costo en la atención de complicaciones; es resultado de la falta de programas que garantice la salud reproductiva de las mujeres, como la planificación familiar, y es reflejo de las injusticias sociales que existen en el país.
Sin duda, el tema del aborto legal está puesto de nueva cuenta en la mesa de la discusión. Las mujeres dicen sí y efectivamente, quienes deben tomar una decisión son quienes hacen las leyes, los cuales está dicho deben basarse en el principio del Estado laico, es decir, lejos de los dichos de otras instancias como la jerarquía de los cultos religiosos, pues está claro: no gobiernan el país y no deben gobernarlo fustigando las conciencias de quienes legislan, ni con amenazas de excomunión ni promesas de un terrible infierno.
Estamos frente a un problema de salud pública con implicaciones sociales, no se trata de un problema penal, porque el hecho de que sea “ilegal” abortar no impide la interrupción de un embarazo, por el contrario pone en riesgo la vida de las mujeres o las condena a vivir con secuelas discapacitantes ante la mala e insalubre práctica y favorece el enriquecimiento de quienes practican abortos. Se trata, como se ha planteado de un problema de salud y no de un problema penal. Aunado a ello, hay que hacer la tarea de educar en sexualidad y derechos reproductivos.
Educar en salud sexual y reproductiva sería una solución menos cruenta. Pero el conservadurismo del PAN y de oficiosos de la derecha, incrustados en partidos “democráticos” o en el gobierno federal, lo impiden cada vez que se plantea si se lleva esta educación a los libros de texto y se sonrojan o asustan cuando se tiene que llamar cada cosa por su nombre.
La responsabilidad de garantizar los derechos a las mujeres está en manos de quienes gobiernan. Ahora falta ver si estas declaraciones no sirven para distraer el difícil momento que vive Oaxaca, si se quedan sólo en esa declaración de buenos deseos. Llevar el tema al Congreso local representará una serie de posiciones encontradas en tiempos políticos diferentes a los que había en 2009. Esta vez el PAN no contará con el respaldo del PRI, el PRD podrá hacer un papel más democrático como reza su nombre. El PT también tiene esa posibilidad y Convergencia podría contribuir. En esta legislatura hay 15 mujeres, más de las que han llegado en la historia del Congreso local, cierto que eso no garantiza la conciencia de género pero las mostrará y veremos hasta donde llegan “sus luchas” en pro de los derechos de las mujeres, esas que a veces sólo les sirven en los discursos o incluso para llegar muy lejos con sus intereses personales. Lo que es cierto es que la gestión pro derechos de las mujeres no puede eliminar unos temas y seguir en otros, por supuesto que no.
Ojalá que la balanza política no ponga los intereses particulares ni creencias personales como peso. Se trata de garantizar la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, como es el nombre del Pacto Nacional que se conformó a raíz del lamentable retroceso que sufrieron 17 entidades.
Los partidos políticos se podrán lavar la cara y responder a una vieja demanda de las ciudadanas, en este caso de las oaxaqueñas y dar un revés al recalcitrante conservadurismo que se ha metido hasta los huesos de políticos de “avanzada” en algunas entidades. Si no ocurre nada, si se ponen a chiflar sobre la loma, si el IMO, la Secretaría de Salud o las organizaciones no ponen la iniciativa de contrarreforma en la mesa del Congreso local o alguna fracción hace caso omiso y los congresistas dejan de hacer la tarea, estaremos frente a un acto mediático de distracción que mucha falta les hace a algunos tomadores de decisiones.
El conservadurismo es letal y tiene mucha cuerda por delante, no tiene límite. Si en Oaxaca no se mete un freno podríamos llegar a escuchar propuestas misóginas y muy machistas, como la hecha por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, famoso porque también maneja su Estado con aliento alcohólico. El jalisciense ha propuesto un paquete de iniciativas que incluyen la tipificación del delito de “esterilidad provocada”, su iniciativa dice: “Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el consentimiento expreso de quien tenga legitimación para otorgarlo conforme a las disposiciones legales aplicables, practique procedimientos quirúrgicos que provoquen en una persona esterilidad”. ¡Qué horror y qué miedo!
Un horror y un miedo tan terrible como el que causó la regidora de Medio Ambiente y Ecología, Elsa Martínez Iturribarría, que como lo reporta la prensa local, manifestó su desacuerdo por el hecho de que algunas mujeres emplean como “pretexto ser madres solteras” para sacar provecho y “pedir apoyos”, todo porque una mujer solicitó permiso para poner un puesto de antojitos -un changarro de esos que enorgullecían a Fox-, y ahora en tiempos de la bonanza económica que ahora propaga Felipe Calderón, el presidente “frustrado” como señaló su homólogo de EEUU, Barak Obama.
No hay vuelta de hoja, un puesto de antojitos refleja la desigualdad social, la feminización de la pobreza y la existencia inocultable de la violencia permanente contra las mujeres. Sería muy recomendable que la regidora le echara un vistazo a los resultados preliminares del Censo 2010 y se enterará que el 27 por ciento de los hogares de Oaxaca están jefaturados por mujeres, también que son ellos y no ellas las que abandonan la casa familiar, los que piden el divorcio y que luego no pagan la pensión alimenticia. Bueno también debe saber que una consecuencia de las relaciones heterosexuales sin cuidado son los embarazos, independientemente del estado civil de las personas. La verdad no alcanzo a comprender la molestia de la concejala.
Es decir, ahí no hay varón proveedor, amén claro está de que no esté enterada que las mujeres salieron al mercado laboral de manera masiva hace más de 50 años, pero no siempre hay trabajo y casi nunca buen sueldo y no siempre hay un padre responsable en la casa y mientras no cambien las políticas pública y no se hagan programas desde la perspectiva de género para reducir las brechas de las desigualdad, las mujeres seguirán aludiendo a su condición de “madres solteras” porque están divorciadas, separadas o porque tuvieron un hijo sin estar unidas “legalmente” a nadie. Me extraña y, peor aún, reitero me llena de horror que se piense que una mujer quiere sacar provecho o se victimice, por el contrario lo que busca es salir adelante sin depender de una “ayuda gubernamental de mil 500 pesos mensuales”, como propuso el gobernador Cué el 8 de marzo pasado en ese afán proteccionista que no reconoce la ciudadanía de las mujeres y por ende sus derechos. Lo que debe hacer la regidora es hurgar un poco y encontrará que en el trienio anterior, la entonces concejala de Equidad y Género, Bárbara García Chávez, hizo una propuesta desde la perspectiva de género para este año y que muy probablemente no han tomado en cuenta.
