Soledad JARQUÍN EDGAR
En México tres entidades han tipificado como delito
las malas prácticas médicas en obstetricia: Chiapas, Guerrero y Veracruz, y en
otros estados del país es ya un trámite en el Poder Legislativo. Otra corriente
de opinión señala que castigar al personal médico es ver sólo la punta del
iceberg, ocultado que se trata de un problema estructural donde el personal
médico es el menos responsable. Dos puntas de la hebra que van una al oriente y
otra al poniente.
En 2012, en Oaxaca el planteamiento se quedó en la
congeladora del Legislativo y no pasó. Algunas personas suponen que fue por
presiones de los empresarios de la salud, entre ellos, el ex titular del ramo,
Germán Tenorio Vasconcelos, y claro, las presiones de quienes eran los
principales interesados, los sindicatos de salud, que al paso del tiempo
exploraron y realizaron sendos paros laborales que develaron las deficiencias
materiales y de personal que obstaculizan brindar un servicio médico eficiente
y de calidad.
Paros que terminaron con la salida de Tenorio
Vasconcelos, bajo cuestionamientos de enriquecimiento, la sospechosa muerte de
un colaborador cercano, entre otros asuntos. Lo cierto es que Oaxaca se
encuentra como un estados discriminador de las mujeres en el ámbito de la
salud. ¿Cómo en Oaxaca? Para nadie resulta una sorpresa, pues la discriminación
y la violación de los derechos fundamentales son una constante.
Sin duda, escuchar las historias de mujeres cuya salud
y vida han sido expuestas como resultado de la negligente actitud del personal
médico de las clínicas de salud-del seguro popular, del IMSS y del ISSSTE, así
como de otros hospitales públicos del país, nos lleva a pensar en la necesidad
de establecer sanciones a quienes faltaron a su deber como profesionales, pero
no son los únicos dice GIRE, el organismo que desde hace 23 años ha puesto la
lupa a la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el papel la vida de las mujeres está garantizada. En la práctica, no. En la realidad las mujeres vivimos una discriminación simulada, como señaló la titular de GIRE, Regina Tamés, al presentar el informe Niñas y Mujeres sin Justicia, Derechos Reproductivos en México, una radiografía de más de dos años de trabajo, de investigación ardua y profunda en las propias instituciones del país, que pone en blanco y negro la condición de precariedad del sistema de salud en México, cuyos resultados se reflejan en permanente violación al derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, en específico de las niñas y las mujeres.
Casos emblemáticos y dolorosos fueron presentados en
el Museo Rufino Tamayo de la capital mexicana, que emocionaron –yo diría de
manera justificada- a la titular de GIRE al revelar los nombres de las mujeres,
que son litigados por este organismo, entre ellos el de Susana, chiapaneca que
murió como resultado de una negligencia médica al momento del parto; también se
presentó el de Irma, la mazateca cuyo parto en el jardín de una clínica de
Oaxaca le dio la vuelta al mundo y puso sobre la mesa un tema que pronto se
volvió frecuente: parir afuera de las clínicas de salud por malas decisiones
tomadas no sólo por personal médico sino también por administrativos y de
seguridad.
GIRE sostiene que criminalizar la violencia obstétrica
solo castigando al personal médico, oculta el mar de fondo y no resuelve el
problema, las pésimas condiciones del sistema de salud pública del país,
problema del que las mexicanas nos venimos quejando desde hace décadas,
indudablemente se ha recrudecido por las crisis financieras y por meter con
calzador el llamado seguro popular que acabó por reventar lo poco que quedaba,
de ahí que el sistema resulte peor cada día y la propuesta es ir al fondo.
El dilema para las mujeres embarazadas y que tienen
seguridad social es tomar el riesgo de atenderse en una clínica pública o pagar
una suma estratosférica para ser asistida en una clínica particular. Lo que
está en juego es su vida y la del futuro hijos o hija. Habrá quien pueda pagar
pero otras simplemente no tienen opción. Si usted se toma la molestia de
preguntarle a tres mujeres cómo fueron atendidas durante el parto y si esas
mujeres pueden identificar los riesgos que corrieron, sus respuestas seguramente
le ayudaran a entender el Informe de GIRE, además de coincidir con la
aseveración rotunda que hizo Regina Tamés al señalar que a las mujeres también
se les “ejecuta” en los hospitales del país, en esa comparación con la
violencia brutal derivada de la delincuencia organizada que atraviesa a México.
Cierto hay que mirar el fondo del problema,
seguramente plagado de acciones de corrupción. Cierto que hay que cambiar el sistema
porque los costos humanos son sumamente altos, incluso para las niñas, pero yo
creo que sin dejar de mirar al personal médico, que indudablemente tiene que
cambiar su actitud y que también es innegable ha sido solapado por sindicatos y
por el Consejo de Arbitraje Médico, donde la iglesia está en manos de Lutero.
Los médicos no
son dioses son seres humanos iguales a las pacientes, a las mujeres que acuden
para ser atendidas en un parto y que lo menos que esperan son gritos, regaños,
cachetadas, cesáreas no necesarias,
malas prácticas médicas o que sus cuerpos se conviertan en escuela donde
todo un grupo de futuros profesionistas pueden tocar, imposición de métodos
anticonceptivos o negación a la interrupción legal del aborto, cuando se
presenta una o varias de las ocho causales de aborto legal que de manera
distinta se pueden realizar en las 32 entidades del país, incluso hasta la
semana número 12 como sucede en el Distrito Federal.
Sí, en México el aborto es legal según la entidad donde se viva. Sin embargo, el reconocimiento de la personalidad jurídica desde el vientre, ha llevado a creer que abortar es un delito per se, de ahí que el personal médico haya denunciado, entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, a casi 700 mujeres en el país, la mayoría increíblemente en el Distrito Federal; además existen de 75 juicios –Distrito Federal, Puebla e Hidalgo, con mayor número de casos- y 29 sentencias, seis en Distrito Federal, tres en cada una de las siguientes entidades: Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, con el mayor número.
Así, en estos momentos 13 mujeres están en prisión
preventiva –Chihuahua, 4; DF, tres; México, 2; Oaxaca y Sonora con un caso cada
entidad; además de nueve más en prisión definitiva, Hidalgo, con tres;
Michoacán con dos; México, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Yucatán, con uno por
entidad.
Así mientas se persigue a mujeres que interrumpieron
sus embarazos, muchas veces involuntariamente, la violación sexual de niñas es
un delito que no se castiga siempre.
Considerando que sus victimarios pueden estar dentro de sus propias
familias, una denuncia de violación está sujeta a pruebas difíciles para una
menor, muchas amenazadas y llenas de miedo no denuncian y otras niñas ni
siquiera saben que enfrentan un embarazo hasta el último momento, niñas de 10 a
19 años, según datos de GIRE, a quienes se les niega el derecho a abortar, como
sucede con ocho casos que acompaña esta organismo y que terminan con la pérdida
de la vida o en coma, como pasa en estos momentos con Marielos, una niña de 13
años obligada a tener a su hijo producto de una violación y que pese a detectar
un posible cuadro de eclampsia no fue atendida por un especialista.
Marielos, como otras muchas mexicanas son las víctimas
del sistema de salud y el personal que en el trabaja, pero también lo son de la
sociedad mexicana que ha naturalizado la violencia obstétrica y que ve como normal
la violación a los derechos sexuales y reproductivos. Pero como indica GIRE,
detrás de cada número hay una mujer con nombre y apellido, con sueños y
proyectos, muchas veces truncados. Niñas y mujeres sobre las que se cometió un
delito que nunca o casi nunca se persigue y menos se castiga.
@jarquinedgar
