sábado, 16 de marzo de 2013

Declaración de las Mujeres Indígenas en CSW 57


Declaración de las Mujeres Indígenas en CSW 57
Del 4 al 15 marzo de 2013
Naciones Unidas,
Nueva York
 
Reafirmando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas, los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y las declaraciones aprobadas por la Comisión con ocasión de los aniversarios décimo y decimoquinto de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
 
Recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 22, párrafo 2, que establece que los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación,

Recordando que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) desempeña un papel clave en el seguimiento, revisión y evaluación de los avances y desafíos en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing a todos los niveles, y en nuestras regiones las organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales deben garantizar el cumplimiento de los compromisos que los gobiernos adopten en CSW,

Considerando las recomendaciones recogidas en el Informe de la reunión del grupo internacional de expertos: combatir la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas: artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en donde se subraya la escasez de datos estadísticos sobre el alcance de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas que son tan importantes para el desarrollo y ejecución de la política basada en la evidencia, la reforma legislativa y la capacitación judicial,
 
Resaltando la necesidad de una perspectiva intercultural y un  análisis  coyuntural para abordar la violencia contra mujeres indígenas, considerando estudios sobre varios aspectos de la identidad y de los sistemas de  dominación patriarcales y coloniales que han interactuado, 
 
Instamos a todos los Estados a:
 
1 Impulsar políticas públicas con enfoque intercultural e intergeneracional con con la participación plena y efectiva de las mujeres y jóvenes indígenaspara erradicar y prevenir las violencias, institucionalizando dentro de los mecanismos de la mujer en cada país, áreas o dependencias específicas encargadas de diseñar las políticas y programas, tomando en cuenta la multisectorialidad de la problemática de las mujeres, niñas y jóvenes indígenas, orientadas principalmente a dotar de información, herramientas y presupuestos con profesionales capacitados en los sectores encargados de  justicia, educación, salud y empleo. Este proceso deberá contar para garantizar políticas apropiadas.

2. Revisar los sistemas de educación en todos los niveles e incluir una educación basada en el reconocimiento de las diversidades, las diferencias culturales y otras, como base para el respeto entre sociedades diversas y complejas, reconociéndose como  iguales en derechos. Los contenidos educativos deben contribuir a afirmar la interculturalidad, la autoestima, la dignidad y el respeto a las diferencias como valores fundamentales para erradicar las violencias  y el racismo.

3.    Establecer fondos e instancias gubernamentales para la investigación  cualificada que permita contar con instrumentos y metodologías, culturalmente apropiadas, para hacer frente a las formas  y  secuelas de las violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes  indígenas, iincluyendo presupuestos nacionales, y políticas presupuestarias orientadas a la administración de justicia que permitan reducir o erradicar la violencia contra las niñas y mujeres indígenas. 

4.    Considerar el impacto negativo de la contaminación y destrucción del medio ambiente -incluidas las industrias extractivas- en la vida de las mujeres indígenas como una forma de violencia desde la perspectiva de los derechos colectivos.

5.     Crear mecanismos de accesibilidad a la justicia ordinaria para mujeres indígenas, a través de la capacitación y sensibilización de las y los funcionarios que imparten justicia en materia de derechos individuales y colectivos con enfoque de interculturalidad y de género y reducir el encarcelamiento de las mujeres indígenas y su contacto con el sistema de justicia penal,

6.    Incluir la variable étnica y de identificación cultural en todos los instrumentos de recojo de información cuantitativa y cualitativa, desde censos a encuestas de todo tipo, con la finalidad de superar la carencia de información desagregada y específica referida a las mujeres, niñas y jóvenes indígenas para establecer las políticas necesarias y focalizadas.

7. Desarrollar planes de acción nacionales de manera coordinada, multisectorial e integral que incluyan componentes de investigación intercultural sobre la violencia y  medidas sostenibles para hacer frente a la pobreza subyacente, la discriminación, el sexismo y la sobre encarcelación.

8. Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas con el objetivo de supervisar los programas del gobierno sobre violencia identificando el impacto de la discriminación y el racismo y promoviendo medidas oportunas para poner fin a esta problemática.

9. Asegurar la participación activa de las mujeres indígenas en todos los procesos de consulta y durante las fases de formulación, implementación y evaluación de todos los programas, las políticas y la legislación relacionada con la erradicación de la violencia. 

10. Implementar un enfoque holístico y tomar en cuenta para la sanación de las victimas de violencia, las practicas espirituales y ancestrales de sanación, como parte de los mecanismos de reparación.
 
FIRMANTES:
 
Aboriginal Family Violence Prevention Legal Service of Victoria
Adivasi Women's Network, India
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
Asia Indigenous Women's Network
Chirapaq Centro de Culturas Indigenas del Peru Perú
Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA)
Consejo Regional Indigena de Risaralda Colombia 
Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
Coporwa - La Communauté des Potiers du Rwanda
Il'laramatak Community Concerns
Indigenous Women's Forum for Northeast India, India
Red de Jovenes Indigenas  de Ayacucho - Ñuqanchik
International Indigenous Women's Forum (FIMI)
La Alianza de Mujeres Indigenas de Centroamerica y Mexico
La organization Wangki Tangi
Naga Women's Union, India
National Aboriginal and Torres Strait Islander Women's Alliance
National Congress of Australia's First Peoples
Native Women's Association of Canada
Partners of Community Organization (PACOS), Malaysia
The Sami Parliament

viernes, 15 de marzo de 2013


El acoso de Juan Bueno Torio - Carta de la periodista Ana Lilia Pérez


Hace dieciséis años que me desempeño como periodista, profesión que ejerzo debidamente acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los últimos diez años, he dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder.

Las amenazas se acentuaron en el 2008, cuando investigué y publiqué los contratos que Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón, firmó como contratista de Pemex, en una ilegal dualidad como funcionario público. A partir de entonces llegué, inclusive, a verme obligada a vivir y trabajar con una escolta personal y sistemas de seguridad diversos.

En junio del 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida. Para salvaguardar mi integridad y frenar el acoso y la violencia de los que he sido víctima ―documentados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y de derechos humanos― me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal.

Durante mi estancia en Europa he participado en múltiples conferencias sobre mis investigaciones periodísticas y sobre las circunstancias en que los periodistas trabajan en México, actividades a las cuales la prensa europea ha dado amplia cobertura. Pero incluso aquí, en Alemania, donde estoy ahora, soy blanco de acoso judicial por parte del diputado con fuero federal Juan Bueno Torio, bajo las circunstancias que a continuación relato.

En febrero del 2010 apareció Camisas azules, manos negras, libro de mi autoría publicado bajo el sello Grijalbo. Se trata de un trabajo periodístico, producto de una exhaustiva investigación de más de seis años y sustentado con numerosas fuentes de información documentales y vivas, que revela graves actos de corrupción de altos funcionarios, durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, en detrimento de Pemex.

La información contenida en el libro honra plenamente los principios periodísticos de veracidad y objetividad. En uno de sus capítulos aborda el desempeño que Juan Bueno Torio tuvo como director de Pemex Refinación (del 2003 al 2006). Parte de las fuentes de información proviene de los archivos de las propias áreas de gobierno, incluido Pemex, y algunos documentos se encuentran reproducidos en la publicación. 

El libro se presentó en espacios públicos y medios de comunicación distintos. Durante dieciocho meses no hubo respuesta de Bueno Torio respecto de la información publicada, ni siquiera cuando fue consultado por diversos medios de comunicación que abordaron el contenido del libro en sus espacios informativos.

En diciembre del 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la llamada Comisión Especial pluripartidista que se encargue de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras, según puede cotejarse en la Gaceta Parlamentaria, núm. 3164, del viernes 17 de diciembre del 2010.

En agosto del 2011, mientras los legisladores federales le solicitaban a Pemex y otras instancias de gobierno los documentos citados en el libro, Bueno Torio, entonces senador de la República, con fuero federal,  presentó una demanda en mi contra por “daño moral”.

En su demanda no hay un planteamiento claro y concreto que acredite el supuesto daño que, dice, provocó la publicación de dicho libro. Sin embargo, incluye en sus pretensiones y en cada punto de su demanda, un mensaje evidentemente intimidatorio. Entre sus pretensiones proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez que lleva el caso prejuzgue acerca de los señalamientos que, en el futuro, pudiera hacer yo como periodista respecto de él.

El diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace doce años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión.

La demanda de Juan Bueno Torio tiene la finalidad de inhibir mi labor como periodista, y con ello menguar la independencia intelectual necesaria para ejercer el periodismo crítico que la sociedad mexicana demanda, y pretende que se le de validez legal a sus intimidaciones. No ofrece en ella ninguna prueba del supuesto daño moral en su contra; en cambio, exige pretensiones que atentan contra mis garantías individuales. Resulta destacable que me demandara sólo hasta que el Congreso federal abrió una Comisión Especial para dar cauce al análisis de la investigación periodística.

La labor de un periodista es difundir asuntos e información de interés público, y con ese estricto afán, en el libro citado documenté el desempeño público de Bueno Torio como funcionario de Pemex. Muestra de dicho desempeño fue que en su administración, la subsidiaria a su cargo adjudicó de manera ilegal dos contratos que implicaron un grave daño patrimonial contra Pemex, como explico a continuación.

En enero del 2012 la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer, mediante un boletín de prensa, que en diciembre inhabilitó a catorce funcionarios de la subsidiaria a cargo de Bueno Torio, “por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques-tanque a casco desnudo por cinco años”.

Los involucrados fueron inhabilitados por diez años, además, la SFP impuso multas a ocho de ellos por 500 millones, 913 mil pesos; a dos más por 355 millones de pesos; a uno por 145 millones de pesos; y a los tres restantes por 90 millones 415 mil pesos. Casos como el citado evidencian que en el periodo en el cual el hoy diputado dirigió Pemex Refinación, su desempeño no fue cabal.

Cabe señalar que las irregularidades por las cuales la SFP inhabilitó a sus subordinados fueron detectadas años atrás por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano máximo de fiscalización del país, e incluidos esos hallazgos, el resultado de su fiscalización a esos contratos, dentro de su informe de Resultados a la Cuenta Pública, tal cual se cita en el libro, donde se identifica plenamente como fuentes de información los organismos de auditoría y fiscalización oficiales.

*
En las condiciones actuales de México, identificado como el país más peligroso del mundo para los periodistas, quienes nos dedicamos a esta profesión día a día nos jugamos la vida en pos de un bien público: el derecho a la información.

De manera personal, he abordado exhaustivamente el manejo que se ha hecho de Pemex en gobiernos que prometieron combatir la corrupción y tener “manos limpias”. Varias de esas investigaciones han generado la inhabilitación o procedimientos legales contra funcionarios y contratistas corruptos, lo cual representa un triunfo para la sociedad. Como consecuencia, he sido blanco de un insistente acoso que en su expresión más cobarde incluye las amenazas de muerte.

Bajo esa circunstancia, muy a mi pesar, salí de mi país. En esta condición de asilo, hace unos meses recibí la notificación de que el señor Bueno Torio, con la clara pretensión de continuar su acoso y amenaza en mi contra, ha impulsado el seguimiento del juicio en contra mía ahora en Alemania.

Este acoso judicial, que hoy me persigue hasta Europa, debe entenderse también en el contexto de uno de los principales temas de la agenda pública en México: la situación de Pemex, que con los recientes “incidentes” y la discusión de la nueva reforma energética, de nuevo coloca los reflectores sobre la actuación de sus funcionarios y exfuncionarios. Por eso el diputado Bueno Torio se empeña en colocarme una mordaza, y pretende que el juez me prohíba a priori escribir o siquiera pensar en escribir una sola línea sobre su desempeño público.

Juan Bueno Torio aún le debe a los mexicanos muchas explicaciones sobre su  actuación como director de Pemex Refinación; por ejemplo, el hecho de que las compañías de su familia recibían millonarios contratos para el transporte de hidrocarburos en la misma empresa paraestatal que él dirigía. Me pregunto si para la ciudadanía éste es un asunto menor.

En lugar de entregar cuentas claras, el señor diputado promueve el enjuiciamiento contra una periodista que ha cumplido éticamente con el deber de informar. El juicio en cuestión es contrario al supuesto interés del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República de salvaguardar los derechos de los periodistas y ha significado un gasto de recursos públicos que bien podrían asignarse a otros asuntos.

Aun si al final de este juicio el juez decidiera ponderar la fatua pretensión de Bueno Torio por encima del interés público, el derecho que los mexicanos tienen de conocer su actuación en Pemex es irrecusable, y para eso están ahí Camisas Azules, manos negras, y El Cártel Negro, dos largas investigaciones que dan algo de luz sobre el oprobioso manejo discrecional que durante años se ha hecho de nuestra principal empresa pública.

Quizá el diputado del que hablo logre amordazar a una periodista. No obstante, pese a la rabiosa oposición de políticos y funcionarios rapaces, no habrá mordaza capaz de callar a toda una sociedad.

Ana Lilia Pérez. Alemania, marzo de 2013.