POSDATA

Partidos burlan la ley y niegan lugares a las mujeres

Por Sara Lovera
En el colmo de todo lo imaginable, de lo posible, de las declaraciones sobre la justicia electoral para las mujeres emitidas alrededor del 8 de marzo, los partidos políticos se niegan a promover a las mujeres en tiempo y forma, pero sobre todo, conforme a la ley en los puestos electorales. La resistencia evidencia que vivimos en el peor de los machismos y fuera de un estado de Derecho.

¿Quién podrá obligar a que cumplan? Sabiendo con suficiencia que muchas mujeres importantes, capaces, capacitadas, conocidas, lideresas experimentadas, empoderadas y decididas, han sido eliminadas de las listas y los argumentos son salvajes, como hace 150 años, cuando la paradoja es que en el mundo las mujeres están haciendo gobierno, ciudadanía y han mostrado su mayoría de edad.

Esta semana, el Instituto Federal Electoral podría definir las listas electorales, donde al menos el 40 por ciento deberían ser mujeres, por plantearlo como lo ven ellos. Este instituto podría elegir o definir por su cuenta y asegurar ese porcentaje, en tanto, que los partidos políticos siguen argumentando que no han podido encontrar mujeres interesadas, que no se inscribieron, que a muchas no les interesa ser candidatas y que un derecho no es obligación.

La última frase es la más increíble que puede argumentarse, "un derecho no es obligación", como si viviéramos en la peor de las democracias posibles.

Un hecho palmario y sin vueltas es que, hasta el domingo 25 de marzo todos los partidos políticos no cumplen la ley, a pesar de la sentencia del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) de que esta vez serán sancionados. Frente a ello, alegremente enviaron cartas al IFE pidiendo que se tuerza la ley, porque no pueden cumplir.

Hace unos días, escuché la explicación de la ex diputada feminista Elsa Conde sobre ¿cómo poner una cuota para la participación de las mujeres en la política? lucha que data desde 1993, se llama acción positiva y que se ha pasado de ahí para exigir lo lógico, lo elemental, lo justo: la paridad. Porque las mujeres somos poco más del 50 por ciento de la población, de la militancia partidaria, de la economía y la productividad.

Pero todo eso no existe en la cabeza de las dirigencias que siguen incluyendo en las listas a viejos o antiguas políticas; a hermanos y familiares y que han obviado la demanda de las mujeres y no las ven. Las quejas se han sucedido toda la semana anterior. Sólo en el frente Progresista, por ejemplo, había más de mil precandidatas interesadas y ahora resulta que sólo han incluido a 95 y no a 120 como exige la ley y tramposamente entre 25 y no 26 candidaturas al Senado, sólo una mujer tiene posibilidades reales de ganar. O sea, la trampa sobre la trampa.

Algunos argumentos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista (PVEM) son como del siglo XIX, insostenibles.

Según la información de las periodistas Fabiola Martínez, Georgina Saldierna y Rosa Elvira Vargas, del diario La Jornada, publicada el sábado 23 de marzo, los partidos tienen argumentos verdaderamente impugnables. La prepotencia es verdaderamente brutal y se resisten a ver que el mundo cambió. Nos ven todavía como esclavas.

Veamos estos argumentos:

“El PAN no está obligado a lo imposible ni a postular candidatas en aquellos distritos o elecciones donde no exista interés manifiesto. Los derechos políticos son derechos y no obligaciones políticas (...) y en tanto no exista una manifestación clara de interés, este instituto está imposibilitado por el momento para registrar candidatas mujeres”.

"El PRI expone argumentos similares, así como de la imposibilidad de ejecutar ciertas sentencias del tribunal electoral. Por ejemplo, señala, aun cuando se presentaron 93 solicitudes de registro de diputados por el principio de mayoría relativa, en 35 no fue posible otorgar el registro por incumplimiento de requisitos. En el caso de los diputados, añade, al PRI le fue imposible lograr la meta, porque únicamente se inscribieron 93 mujeres para competir en 80 distritos".

Lo mismo ocurrió al Partido Verde Ecologista de México, coaligado al PRI en 199 distritos. Su representante en el IFE, Sara Castellanos, explicó esta dificultad:

“Una cosa es que sean militantes y otra que quieran ser candidatas. Se habla mucho de género, pero ya dentro de los partidos políticos es difícil. Cuando fundamos el partido la prioridad era apoyar a la mujer; entonces, la estructura era de 80 por ciento de mujeres. Sin embargo, cuando intentamos postular a las indígenas tuvimos una fuerte experiencia, porque en algunas entidades las mujeres se quedaban afuera de los consejos partidistas vendiendo sus artesanías. No les interesaba participar. Las militantes no quieren ser candidatas”, dijo Sara Castellanos, del Verde Ecologista.

Por su parte, la coalición de Izquierda que asegura cumplió, fue desmentida por el Movimiento de Mujeres Progresistas que incluye al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Movimiento Ciudadano, más las mujeres de Morena, quienes anunciarán el comienzo de una jornada por la legalidad y los derechos que las asisten.

Sostienen que solamente han sido registradas 95 fórmulas de mujeres de las 120 obligadas y que fueron postuladas 25 mujeres al Senado (en lugar de 26), y que sólo una tiene reales posibilidades de ganar.

Anuncian que pedirán al IFE que haga cumplir la ley y niegue el registro de las listas.

El IFE hizo una reunión extraordinaria para analizar el problema. Y según las noticias, Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE se hará cumplir el artículo 221 del Código Federal Electoral (COFIPE) que establece que si un partido o coalición no cubre los requisitos, además de la amonestación pública, se sancionará con la negativa de registro de las candidaturas correspondientes.

La verdad es que la resistencia llega a tal punto que el PRI ya quiere ahora que se revisen las decisiones del tribunal electoral para que "explique los alcances de sus jurisprudencias, con base en las cuales incluyó la cuota de género en todas las postulaciones.

Lo verdaderamente incomprensible es que los partidos políticos debieran operar con sus estatutos internos, que en todos los casos obligan no la cuota sino a la paridad, en los casos de PRI y PRD; al 40 por ciento como la ley dice en los casos de PT, Movimiento Ciudadano y PAN ; en el Ecologista los estatutos dicen 30 por ciento y en el caso de Alianza no hay mandato y éste parece ser el único que presentó sus listas apegado al mandato.

Lo que me rebela contra lo que sucede es saber que durante los últimos 30 años las mujeres de todas las clases, en todo el país, de todos los gustos, signos y asignaturas partidarias, militantes populares, dirigentes, han discutido sobre sus derechos, han impulsado los cambios legislativos, han participado en las mesas electorales, de vigilantes a funcionarias electorales, que éstas mujeres con todo lo que de ellas se pueda discutir, sí quieren, desean.

Muchas se han quedado en el camino durante varias elecciones, dirigentes indígenas y campesinas, como Martha Sánchez o Daphne Cuevas; otras se han aliado, han, como se dice, cabildeado intensamente, han invertido sus recursos, sus energías, y son permanentemente excluidas e invisibilizadas. La resistencia machista es bárbara, es de una prepotencia increíble. Y quienes dirigen al país, casi todos hombres, hacen demagogia, mienten, les importa muy poco cumplir con la ley y lo que es peor, no tienen el menor interés en la democracia que tanto presumen en discursos vacíos.

De acuerdo con la historiadora Patricia Galeana, las mujeres pidieron el voto y ser votadas desde 1824, es decir desde hace 188 años, y ahora resulta que no quieren, no cumplen con los requisitos, no muestran interés y no las encuentran los jefes de los partidos. Se llama machismo.

Y por otro lado, la ley les obliga a destinar el dos por ciento de sus recursos a promover el liderazgo femenino desde 2008 y ninguno ha cumplido. Nadie los sanciona y la burla se extiende, nos invade, nos hace pensar que este país no tiene remedio. Otra discusión es si las mujeres son mejores que los hombres, pero ese no es el caso.

Veremos.

saralovera@yahoo.com.mx

MUJERES Y POLITICA

Reformas de fondo

Soledad JARQUIN EDGAR
En seguimiento a los malos hábitos políticos, durante el proceso electoral temas como el aborto, la eutanasia, los matrimonios homoparentales y todo lo que tenga que ver con la libertad y los derechos de las mujeres serán puestos desde distintos enfoques y promesas de avance, aunque en el fondo, cuando las aguas revueltas por los procesos comiciales vuelvan a su nivel todo quede en el olvido.
Los recintos de los congresos legislativos no serán la excepción, desde ahí, los partidos políticos contribuirán a exponer ideas que apuntalen a quienes buscan votos y simpatías para sus candidatos presidenciales y en las otras representaciones populares en disputa. La diputación actuará como siempre, de forma partidista, con supuestas propuestas legislativas “democráticas” y “libertarias”, y también si nos descuidamos y no ponemos atención corremos el riesgo de una que otra trastada, como el asunto del Estado laico pendiente en las agendas legislativas-clericales, que de no ser analizada y discutida, pero sobre todo razonada, esta microcirugía legislativa podría resultar peligrosa en extremo para el futuro de México.
Y lo planteo porque ya empezaron con sus propuestas “democráticas” y “libertarias”. Un ejemplo concreto es la iniciativa de reforma constitucional bajo la modalidad de modificación al Décimo Párrafo del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, misma que presentó la diputada del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana.
En Oaxaca, hace años que el movimiento social de las mujeres e instituciones públicas dirigidas por feministas pusieron el dedo en el renglón al manifestar el tamaño del problema de la violencia contra las mujeres, con saldos que usted conoce y que terminan con la muerte y asesinatos, sobra decir, innecesarios de varios miles de oaxaqueñas.
Así en tiempos del anterior gobierno estatal, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) propuso un paquete de reformas legislativas que durante mucho tiempo aguantaron el jaloneo y los condicionamientos de diputados y magistrados, mujeres y hombres, que se resistían a reconocer, en primer término que la violencia tiene su más fuerte componente en la institución familiar, es decir, el hogar dulce hogar, aún así, la entonces titular del IMO, Norma Reyes Terán, consiguió con el cabildeo que realizó que el concepto cambiara y se reconoció legislativamente el concepto de la violencia de género, algo que en aquellos principios no lograron ni las diputadas federales.
En la anterior legislatura local, habría que decir, hubo descalabros importantes para las mujeres, un caso concreto fue la modificación precisamente al artículo 12 Constitucional, que representó y sigue representando un retroceso para la vida y la libertad de las mujeres, pero también a su derecho a decidir, al reconocer al cigoto o huevo por encima de los derechos de la madre, trabajo que orquestaron en 2009, las fracciones parlamentarias del PAN, con Perla Woolrich Fernández y algunos priistas reaccionarios, claro con el silencio cómplice y acomodaticio de la “izquierda” local que entonces tenían un peso en la nefasta chiquillada istmeña.
Sigo el recuento: En la actual administración, también través del IMO se presentó un nuevo paquete de reformas legislativas, que como ya hemos dicho hasta el cansancio siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones de las y los legisladores que no pueden dar pasos fundamentales debido a que les resulta intrascendente crear leyes que protejan la vida libre de violencia de las mujeres.
Por otro lado, es necesario decir, que todavía hay por ahí diputados de todas las corrientes y representantes de grupos de la derecha o los misóginos de la izquierda o los recatados del centro que se preguntan ¿por qué tipificar el feminicidio? Y para mostrar que su ignorancia no es casual sino que son resultado del remanente educativo de este país (léase alumnado de la sección 22), hablan de la necesidad de tipificar una especie de homicidio de hombres. Pero no saben y estarían obligados a saber que existen investigaciones concretas de académicas y científicas que han demostrado que la diferencia entre los asesinatos cometidos contra mujeres está basada en la condición social de disminución (mujeres-cosas)y por ende el no reconocimiento al derecho de vivir sin violencia machista, misógina y patriarcal, sólo por citar un punto.
En ese estirar y aflojar las iniciativas siguen durmiendo en los cajones y la violencia, como reconoce la legisladora Aldeco Reyes Retana del PAN, sigue creciendo y su propuesta legislativa no tiene en el fondo ningún impacto social y legal sustancial real, excepto la mediática, la de estar presente con esa “preocupación” por las mujeres, que no es, reitero de fondo, sólo de forma y de pronunciamiento en los medios.
En todo caso, la opinión de las expertas en materia de género, es decir de quienes se han preocupado en realidad por estudiar el fondo de esta realidad lacerante para las mujeres y, por ende, para toda la sociedad, lo de fondo y sustancial sería una reforma constitucional al Artículo 12, una modificación completa que elimine la criminalización del aborto que al final de cuentas es violencia de género.
Porque entonces sí se concretaría, al menos en la Constitución Política local, como lo pide la legisladora: “por ser un derecho universal de toda mujer a una vida libre de violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado. Todos los órganos del poder público en el Estado, en sus distintos niveles y esferas de actuación, tienen la obligación de hacer efectivo y funcional esta prerrogativa, por lo cual garantizan en el ámbito de sus funciones un sistema estatal que confiera tangiblemente a las mujeres toda la cauda de derechos que merecen (y lo subrayo, por el término absurdo) acorde con la legislación internacional vigente”.
De otra manera estaremos frente a un parche sin destino al Artículo 12, de ahí que su propuesta se convierta en algo intrascendente, lo único que logró es que alguien haya publicado su nota y yo lo comente. Para lograr lo contrario, lo que se necesita, resulta indispensable e impostergable que se ajuste la ley a las transformaciones sociales y eso requiere de la incorporación de la igualdad en todo el artículo 12 o, dicho de otra manera, la transversalidad de una perspectiva de género del 12 Constitucional, completa y no a pedazos. Claro que ese ajuste requiere de la eliminación de prejuicios y costumbres en función de la libertad y la autonomía de las mujeres, de lo contrario, como ya han señalado las estudiosas del género, estaremos frente a un planteamiento intrascendente y simplemente con características mediáticas.
Aunado a ello, también resulta impostergable que se armonicen las leyes secundarias y se saquen a la verdadera discusión las iniciativas que hoy guardan en los cajones del legislativo, una discusión y análisis sin sesgos partidistas, personales, costumbristas y hasta moralinos, sacarlos del limbo legislativo donde están ahora, e incluso, ampliar las reformas a fin de proteger verdaderamente ese derecho a una vida libre de violencia de género.
Por supuesto, los pasos son fuertes, no son enmiendas o parches. Incluso habría que derogar la ley de asistencia a la violencia intrafamiliar, que es asistencialista y no una forma de justicia plena para las víctimas de la violencia de género en Oaxaca.
Sin duda, quienes integran la LXI Legislatura local, integrada por el mayor número de mujeres que ha tenido un congreso oaxaqueño, por lo que estadísticamente se ubicaría con el agregado de “histórica” tienen en sus manos una enorme tarea, pero para ello es necesario que se preparen, lean, estudien, se asesoren con quienes han estudiado el tema, dejen de lado su moral y sus prejuicios personales, porque al final de cuentas, las y los legisladores están ahí por representar los intereses del pueblo, que habría que recordarles, ese pueblo es mayoritariamente femenino, de ahí que las leyes deben ajustarse a las transformaciones sociales.
Eso requiere de la incorporación de la igualdad en todo el artículo 12 o la transversalidad de una perspectiva de género del artículo 12, completa, que significa eliminar prejuicios y costumbres en función de la libertad y la autonomía de las mujeres, de lo contrario su planteamiento es intrascendente.
Y, finalmente, reitero, no es canto de sirenas lo que requerimos, no son golpes mediáticos, no son puntadas para confundir al electorado, frente a la realidad cruenta de Oaxaca, donde las leyes están cercenadas y resultan obsoletas.
Es necesario dar golpes de timón, aunque ello implique pisarle los cayos al poder económico (como sucede con la industria médica local que se opone sistemáticamente a tipificar la violencia obstétrica) o pisar fuerte sobre el poder de los poderes: el patriarcal, las iglesias, los medios de comunicación, las escuelas y otras instancias de poder que siguen reflejando a las mujeres en sus papeles de madres-esposas dentro de su “contexto natural”, como cuidadoras del hogar-familia, por cierto el sitio mas inseguro históricamente para ellas.
Y al mismo tiempo refieren a las transgresoras como putas-incorregibles, perversas que han invadido con su mal ejemplo el ámbito público, el espacio de los hombres, tanto en la política como en la delincuencia, en la academia y en la ciencia, en los deportes, en todo lo que ellas han trastocado, ¿pero quien les diría que las mujeres siempre seríamos santas?
De eso se trata de cambiar de fondo lo que hoy sigue impidiendo el desarrollo libre de violencia de las mujeres.
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