Soledad JARQUIN EDGAR
En México la inseguridad ha cobrado la vida de 81 periodistas en los últimos 11 años. Este jueves 1 de septiembre, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos comunicadoras en un parque de la delegación Iztapalapa en la ciudad de México, se trataba de Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, una trabajadora de la revista Contralínea, la otra periodista independiente.
El poder de la delincuencia como el poder político se muestran intolerables al quehacer de la información. La vida de las y los comunicadores en este país no tiene una pizca de certidumbre. Estamos frente a un fenómeno que debe preocuparnos y ocuparnos.
Lo hemos expresado reiteradamente. El nuestro es un país en guerra que favorece la comisión de delitos arteros y bárbaros contra las libertades. A río revuelto ganancia de pescadores. Preguntaba la semana pasada en un artículo ¿quién sigue? Tras el cobarde asesinato de Humberto Millán y ya tenemos respuestas.
Los hechos cruentos que se han vivido en los los últimos cuatro años toman caminos cada vez más amplios y la violencia se generaliza, aún en la ciudad de México donde supuestamente se había recuperado la seguridad o se habían abatido los altos índices de delincuencia, según las autoridades perredistas que gobiernan la capital del país.
Nada es seguro en México, nadie está seguro. La delincuencia ha cerrado las puertas de la libertad, empujados por lo que se ha demostrado es una pésima estrategia plantada para supuestamente abatir el crimen organizado por parte de Felipe Calderón Hinojosa, el resultado es lo que vemos todos los días, miles de personas asesinadas cuyos victimarios gozan de impunidad.
Hay muchas formas de silenciar el quehacer de quienes laboran en los medios de información. Los gobiernos han implementado acciones que buscan desaparecer la cada vez más diversa y amplia variedad de medios cuya existencia se ha favorecido con las nuevas tecnologías, donde cada uno de ellos tiene su público, no hay, medio pequeño.
La venta de publicidad se condiciona a la voluntad del poder político y cuando se concede el “favor” a un medio de comunicación se piensa, se cree y se aspira, a que los informativos, impresos, televisivos, radiofónicos o electrónicos, digan las cosas a modo de quién paga. Si no hay esa posibilidad se cancela la “ayuda”. Eso sucede en el país entero, lo mismo en Oaxaca que en Quintana Roo, en Chihuahua, Nuevo León o Chiapas… de norte a sur y de este a oeste.
El otro poder, el poder de la delincuencia que puede estar del mismo lado de las instituciones públicas o fuera de ellas, también busca el silencio de las y los informadores. Es el poder que lo atraviesa todo y que ha convertido a México como el país más peligroso para la labor periodística en América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas.
Nos indigna y duele el asesinato de las periodistas pero no debemos paralizarnos como sociedad, debemos exigir justicia, ciudadanizar nuestro reclamo. Ayer fueron Ana María Marcela Yarce y Rocío González, días antes lamentábamos el asesinato de Humberto Millán en Sinaloa; y previamente nos habíamos estremecido con el artero asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, en Veracruz, y detrás de ella una lista larga de nombres de mujeres y hombres cuyas vidas han sido cegadas, hasta complementar 81 entre 2000 y 2011, a los que se suman13 desaparecidos y desaparecidas, como se ha señalado. Según el periodista Pepe Reveles sólo el siete por ciento de estos crímenes son cometidos por el la delincuencia organizada. El resto entonces es consecuencia de acciones del poder político que intenta contra las libertades porque les estorban.
Lo que no debemos perder de vista como sociedad, es que no podemos permitirnos que se imponga el silencio a quienes informan por parte de los poderes político o de la delincuencia que ahora gobiernan México, porque entonces será la sociedad la que más pierda sus libertades esenciales para el desarrollo de las otras libertades, me refiero a la libertad de expresión y la libertad de estar debidamente informados.
Lo otro que también hay que decir es que de nada o de muy poco, han servido las comisiones especiales para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación que para ello existen en casi todos los estados del país igual destino han tenido las fiscalías especiales que debieran actuar e investigar estos crímenes, porque la realidad es clara: la impunidad sigue no sólo para quienes escriben o hablan en los medios de información y comunicación, también se atenta contra la ciudadanía. Y ante ello, volvemos a exclamar: ¡No más sangre señor Calderón. Ya basta!
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