Palabra de Antígona
Mujeres y Fuero Militar
Por Sara
Lovera
Desde hace
casi 20 años, tras el artero ataque sexual que vivieron tres indígenas
tzeltales en Altamirano, Chiapas, en abril 2004, se desempolvaron decenas
de agravios militares contra civiles hombres y mujeres, que han ido a parar a
los archivos del Ejército, argumentando que los crímenes del Ejército se juzgan
ahí mismo, reafirmando la impunidad y burlando a las leyes sistemáticamente.
El 10 de
agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado, sin discusión:
"Nunca debe ser juzgado un militar por un tribunal militar cuando la
víctima del delito sea un civil y se hayan violado sus derechos humanos en
consecuencia de ese delito", señaló el ministro Arturo Zaldívar. Se
ha conseguido jurisprudencia a propósito de un coronel acusado de encubrir el homicidio
de un joven morelense en 2011.
Lo mismo
habría ocurrido con el caso de Rosendo Radilla, que hizo que Felipe Calderón
enviara una iniciativa, una de varias que se archivaron en el Congreso de la
Unión, para derogar el fuero militar, un mecanismo siniestro que ha impedido
hacer justicia, en decenas de casos, desde la época de la guerra sucia en
México.
Y nada
parecía suceder. Ha tenido que ser la Corte, en segunda ocasión, la que ponga
un freno a esta situación.
Apenas ayer
el general retirado José Francisco Gallardo -perseguido hace años por querer
introducir en el Ejército el respeto a los derechos humanos- explicó en un
programa de televisión que todavía no se tramite, que la actual administración
castrense, a cargo de Guillermo Galván, ha "perdonado" al menos a mil
militares que han incurrido en crímenes contra civiles, como si viviéramos en
un régimen militar y no civil. Eso, al menos constituye una alerta fenomenal
que parece no ser acotada por la reciente definición de la Suprema Corte y nos
coloca de cara a algo mucho peor.
La
justificación para juzgar a militares por militares y el tema del perdón es
inadmisible. Se ubica en un ordenamiento de la Ley de Servidores Públicos,
explicó el general que otorga "discrecionalidad" al secretario de la
Defensa, para aplicar la sanción o "perdonar", es decir una ley
exclusiva que ha permitido a los militares cometer fechorías, sin ser
sancionados.
Estamos como
puede verse a la mitad del camino. ¿Para qué servirá el mandato de la Corte? si
no se han movido un ápice las leyes que permiten a los militares cometer toda
clase de arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones y las que no lo son,
como esas de actuar como policías?
Ahora, dice
la Corte, los militares con uniforme o no, en funciones o no, que cometan
ilícitos deben ser juzgados por los mecanismos civiles. ¿Y el pasado?
Me pregunto
si la ley será aplicada para más de 20 amparos que tienen las autoridades por
estos abusos; si será posible reabrir el caso de las indígenas tzeltales en
Chiapas o de las indígenas loxichas en Oaxaca, si ello abarcará las denuncias
recientes, recopiladas por la periodista Soledad Jarquín, sólo en Oaxaca; si
cesará la demanda reiterada de Valentina Rosendo e Inés Fernández, de Guerrero,
a quienes no se les ha cubierto la reparación del daño, hace casi una década,
desde que fueron atacadas por militares en su propia casa.
¿Debemos
tener esperanza? Si los casos están documentados y las demanda han llegado,
para nuestra vergüenza hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
y el propio tribunal del mismo carácter. Es como dar vueltas a la noria, sin
conocer cuando habrá justicia.
La Corte es
clarísima: el tribunal máximo resolvió que si los militares no están
uniformados, pero están en activo, deberán ser considerados como miembros del
Ejército y sancionados según las funciones que realicen y los delitos o faltas
cometidas.
La resolución
fue adoptada tras el análisis de una impugnación interpuesta por civiles contra
del coronel de infantería José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el
homicidio del joven Jethro Ramsés Sánchez por parte de un grupo soldados en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos, en mayo de 2011.
Ello es tan
claro como la letra del artículo 13 de la Constitución, que establece que el
fuero de guerra, debe ser interpretado de manera restrictiva, de tal modo que
"los delitos cometidos por militares contra civiles nunca sean juzgados
por los tribunales castrenses". Existen cuando menos seis amparos
relativos a ejecuciones extrajudiciales de civiles presuntamente
ordenadas por un coronel y un teniente en el mismo estado entre 2009 y 2010.
Los ministros
también analizarán el caso de Otilio Cantú, un joven que fue asesinado por
militares comisionados a la policía estatal de Nuevo León, en abril de 2011.
La sentencia
establece que en casos de violaciones a derechos humanos de civiles por
integrantes del Ejército no debe operar la jurisdicción militar. “En mi opinión
se trata de un delito cometido por un militar que viola derechos humanos de
civiles. La víctima del delito es un civil y, consecuentemente, la jurisdicción
es de un juez ordinario”, sostuvo.
Hoy, la
Corte aún deberá resolver otro conflicto de competencias y 28 amparos
sobre el fuero militar, de los que se desprenderán criterios obligatorios para
los tribunales del país, en cumplimiento de la resolución de la CIDH en el caso
Radilla, que ordenó acotar el fuero militar en casos de violaciones a derechos
humanos.
Habría que
recordar otras líneas, de Soledad Jarquín, de apenas hace un mes cuando señala
que "la sociedad mexicana no debería permitirlo y sí condenar en todo
sentido la violencia contra las mujeres, más aún cuando en este tipo de actos
delictivos están involucrados policías o militares" y añade "en
muchos casos las mujeres y las niñas son objeto de violencia sexual que ha sido
utilizada como una forma de tortura. Un acto inconfesable que nos habla y hasta
mide de la calidad moral y de la tolerancia ciudadana".
El recuento
es largo, en julio de 2006 el país conoció de la violación sexual cometida en
contra de 14 mujeres, eran tiempos electorales y los perpetradores de tales
actos eran elementos del 14 Regimiento Motorizado del ejército mexicano que
estaban en Monclova, Coahuila, para cuidar la paquetería electoral. En ese
crimen participaron, al menos, 12 militares. Y sólo cuatro fueron condenados,
hoy tres de ellos purgan alguna condena. Esta pendiente el proceso contra otro
que se dio a la fuga.
Se pierden en
la memoria los casos de víctimas en las zonas indígenas de Chiapas, no sólo las
tres jóvenes Tzeltales, hay una civil, cuyo caso se cerró. Lo de las Tzeltales
está pendiente en la CIDH, y en Oaxaca, también nos recuerda la periodista
Jarquín, ni siquiera hubo denuncia, las indígenas zapotecas del pueblo Loxicha
fueron amenazadas y advertidas de que si les caían en mentiras u omisión, ellas
mismas serían las acusadas. Nadie ha movido un dedo para que los dos detenidos,
tras cinco años de la desaparición forzada de las hermanas Daniela y Virginia
Ortiz Ramírez, digan dónde están.
Jarquín
señala sin ambages que a partir de 2006, se han documentado otros casos de
violencia en la que están involucrados policías o militares en Veracruz y en
Michoacán, pero también existen reportes de hechos similares en Baja
California, Chihuahua y Estado de México, el último puesto sobre la mesa de
nueva cuenta como resultado de la contienda electoral: Atenco donde policías
cometieron abuso sexual contra 26 mujeres, bueno ese es el número de las que
denunciaron, y hasta ahora nadie ha sido castigado, mal precedente para las
mexicanas como auguran las feministas.
Y los
reportes son innumerables, el país entero lo vive sin chistar.
Se trata de
una injusticia vergonzosa, de alcances insoportables. Salen y salen resolutivos
internacionales sin que nadie se altere. Ahora mismo la noticia de la Suprema
Corte pasó inadvertida. Mientras se sigue esperando un indicio de justicia.
Lo más grave
es que el atropello continúa. Apenas el 13 de julio pasado, volvimos a ver cómo
ex policías participaron en la violación de cinco jovencitas en un paraje de
Huixquilucan, Estado de México.
Los casos de
violencia y homicidio de mujeres se comentan en las redes sociales, como
un mal que se soporta. En la última semana se han colocado denuncias diversas,
asesinatos y desapariciones de mujeres, en algunos de ellos están implicados
militares.
Tengo que
recordar aquí un recuento minucioso que también Soledad Jarquín hizo en 2008,
entonces la cuenta era tremenda. Yo misma escribí el 25 de septiembre de ese
año que en México se han podido documentar atropellos sexuales, violaciones,
abusos y asesinatos al menos a 80 mujeres a manos de militares entre 1956 y
2008, según el texto de Jarquín leído en una reunión celebrada en San Diego,
California, EEUU.
En todos
estos casos no fueron juzgados ni castigados los militares, excepto en los tres
mencionados por el caso de Castaños, Coahuila, que la periodista, premio
nacional, documentó en campo y durante las audiencias.
Yo entonces
reflexionaba sobre este informe lacerante, que era evidente que la política del
Gobierno mexicano al enviar militares a poblaciones civiles con diversos
pretextos favorece la impunidad de que gozan miembros del Ejército
Mexicano a la hora de realizar acciones, ya sea en combate a la delincuencia
organizada o en tareas de persecución y represión, pues cometen violaciones sexuales
a las mujeres y el cuerpo femenino se convierte en un botín de guerra. La
cuenta ha ido creciendo.
Mientras
la legislación mexicana aplica medidas de excepción, cuando los
militares cometen delitos comunes, prohibidos por la Constitución y
considerados de origen civil, por lo que todos los casos los juzga el propio
ejército.
Y pese a la
prohibición que impide a los militares ser juzgados en forma extraordinaria y
los acuerdos internacionales que los Estados Unidos Mexicanos han signado, hay
una larga lista de agravios a mujeres, las cuales van desde violencia sexual
hasta el asesinato.
DENUNCIAS, PERO NO RESPUESTAS
En los hechos
ocurridos en distintas épocas en Oaxaca con las comunidades Triquis, hubo
denuncias pero no respuestas, y las sufridas por las zapotecas de Loxicha, no
originó ninguna denuncia.
Como si el
tiempo estuviera congelado, en aquellos días de 2008 , se planteaba que
el grave problema de México, es que “tenemos a un ejército patrullando
las calles en una postura que no es totalmente apegada a derecho, según
el Artículo 129 de la ley suprema mexicana y, por el otro lado, las mujeres
agredidas –-como los hombres-- se están enfrentado a otras “excepciones” que
dan impunidad a los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.
Por ejemplo, en
Chiapas, hace 18 años tres mujeres indígenas fueron violadas por un grupo de
militares apostados en Altamirano, un pueblo que da entrada a la zona de Las
Cañadas, donde operaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Este caso,
profusamente documentado, con denuncia y seguimiento jurídico, llegó a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hasta ahora no
hay un solo soldado detenido.
Sobre la
comunidad Triqui, también Soledad recordaba que parafraseando a un grupo
de luchadores sociales de la región Triqui se asumía que: “El papel que
el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus
casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como “gavilleros”,
“robavacas” y “delincuentes”.
Lo cierto es
que hace 67, 18 o dos años, las mujeres son víctimas del abuso histórico y
genérico, pero la violación es síntesis de la sexualidad dominante en una
cultura que expropia, se apodera y conculca a todas las mujeres su cuerpo y
sexualidad erótica y procreadora. La violación es el hito de la cotidianeidad
de la mujer –-“cuerpo-para-otros”--, podemos decir citando a las
especialistas.
Es así como
el cuerpo de las mujeres es considerado “botín de guerra”, porque en el
patriarcado es un objeto. Entonces se ejerce sobre ellas la violación como una
forma de venganza contra el enemigo, se les menoscaba y se les humilla.
Hoy no hay
más que decir. Lo que se tiene que generar es una conciencia cívica, buscar que
las mujeres actúen de manera colectiva, de esta manera la resistencia del
Estado para aceptar su responsabilidad sería más difícil. Y es tiempo,
considerando los argumentos de la Suprema Corte, que la nueva legislatura
finalmente se pronuncie y derogue el Código del Fuero Militar, que Manlio Fabio
Beltrones detuvo en 2010 en el Senado y los diputados archivaron desde 2005, al
menos tres iniciativas de las diputadas. Quehacer hay, hay que ponerse a
trabajar, sin duda.
saraloveralopez@gmail.com
