A Reserva
Sin leyes ad hoc
los propósitos son ocurrencias
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
A pasar de los discursos,
proclamas mediáticamente exaltadas y
mucho presupuesto público asignado y al parecer ejerciéndose en Oaxaca, la
violencia de género contra las mujeres en todas sus expresiones, sigue su camino,
un amplio camino ascendente que desfigura y desmiente cualquier intento
anunciado de recomponer el estatus de riesgo que en un ámbito de desigualdad
padecen las oaxaqueñas.
Haciendo el recuento de las
“buenas voluntades” de los gobiernos -tanto federal como estatal-, podemos
recordar la serie de eventos que sucedieron en el marco del día de la mujer, en
marzo pasado: La firma de la declaratoria para consolidar la igualdad en el
país, pronunciamiento que irresponsablemente hizo Felipe Calderón afirmando,
sin recato, que este ha sido el sexenio de las mujeres; acorde con esta declaración de poca envergadura política, por la
inconsistencia que supone, el gobernador de Oaxaca se suma a “las buenas
noticias”: habrá medidas extraordinarias –dice- que ahora sí modificarán el
estatus de riesgo permanente que ha puesto en peligro la integridad y la vida
de las mujeres oaxaqueñas .
Ante estas “buenas noticias”
nos cae como balde de agua fría el reciente informe sombra de las activistas de
derechos humanos frente a la CEDAW que afirma que “han sido los peores años
para el avance de los derechos de las mujeres, pues se ha agudizado la
violencia contra ellas debido a la falta de estrategia de seguridad pública con
perspectiva de género”. La vida de las mujeres –dijeron- está en riesgo,
situación que se refleja ante el aumento de 68 por ciento de muertes violentas
de mujeres entre 2007 y 2009 en el país.
Dieron cuenta de las
recomendaciones de la CEDAW respecto a emitir alertas de violencia de género en
Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, entre otros.
Asimismo, informaron de miles
de casos de mujeres y niñas desaparecidas. Mientras, Jessica Sánchez Maya aseguró
que “México es el segundo país del continente americano donde más se amenaza de
muerte a las defensoras de derechos humanos y es el país más peligroso del
continente para el desarrollo de la labor de los y las periodistas”. Entonces
¿de qué habla Calderón?
Oaxaca sigue estando en los
primeros lugares de violencia familiar y a tan solo 20 meses del gobierno del
cambio suman la escalofriante cifra de 140 los asesinatos de mujeres, un
promedio de 7 víctimas por mes.
Coincidiendo con la
declaratoria presidencial, el gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo -que
ya antes había declarado al 2012 “Año contra la violencia de género hacia las
mujeres”-, suscribió con el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, un
convenio de coordinación entre los dos niveles de gobierno para crear el Centro
de Justicia para la Mujer del Estado de Oaxaca, con una inversión inicial de
9.1 millones de pesos.
Hasta el día de hoy subsiste
esta cantidad que se dijo inicial y casi al término del sexenio y del año
presupuestal, al parecer no fluye el recurso completo ni se concreta el centro
aludido, que seguramente requerirá mucho mayor presupuesto y más voluntad política
del gobierno del estado y, por supuesto, se espera que en esta ocasión en
principio quede debidamente integrado el marco jurídico normativo que rija la
organización y estructura, como las funciones y competencias y también determine
el presupuesto corriente de este centro de justicia que revista de certeza jurídica a las usuarias de esta nueva
instancia que aún no se encuentra debidamente regulada.
Tal vez, ofreciendo el
beneficio de la duda, el Centro de Justicia para las mujeres, permita
garantizar con mayor eficacia los derechos humanos de las mujeres, de manera
especial, reducir la violencia estructural contra ellas, resarcir los daños que
como estado no ha podido ni mínimamente garantizar, su integridad y su vida.
El acceso a una vida libre de
violencia es, claro está, un derecho fundamental que regula la norma internacional,
nacional, en la Constitución Federal y reglamentado en una ley general de
carácter nacional como estatal.
Este derecho humano requiere
de políticas públicas integrales e interrelaciónales, y multidisciplinarias en
relación a la prevención de la violencia de género, atención y acompañamiento a
víctimas de violencia de género, intervención a agresores y contención a
personal que atiende a las mujeres en situación de violencia de género. El
desempeño de estas funciones complejas debe ser consecutivo y permanente, para
lo que se requiere en principio y necesariamente un marco jurídico apropiado que
regule todas y cada una de las acciones públicas debidamente estructuradas.
Es un paso gigante que inicia
con la armonización de leyes y normas reglamentarias, de carácter general y
especifico, en el orden común como es el caso del Código Penal y Procesal
Penal, que prevea, por ejemplo, una adecuada tipificación de delitos en la
materia: violencia familiar, delitos sexuales, feminicidio; criterios que
impliquen acciones positivas frente a crímenes contra mujeres, medidas de
protección, etc. En materia civil se
requiere modificar los estándares jurídicos respecto a los derechos de
propiedad y posesión, los testamentarios, registrales y otros, que modifiquen
sustancialmente la óptica frente a la plena ciudadanía de las mujeres.
Se trata de transformar en serio
las políticas públicas frente a los derechos y libertades de las mujeres, desde
la garantía del derecho y la ley; la justicia no se alcanza por decreto y
cualquier nueva institución, con el nombre que sea, si no está legalizada
difícilmente podrá estar legitimada. Una vez más, hacer
lo contrario solo serían ocurrencias los buenos propósitos de los gobiernos.
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