lunes, 12 de diciembre de 2011

PALABRA DE ANTIGONA

El Sin Poder y la restauración priista

Sara LOVERA

La tradición priista que nos envuelve, sugería cada sexenio que el sexto año de gobierno de un presidente significaba la pérdida total del control que era, en estas fechas, transferido al candidato presidencial, que durante muchos años ya se sabía quién sería el nuevo ungido.

Hoy, Felipe Calderón, nacido de unas elecciones bajo sospecha, muestra que ha quedado totalmente sin poder. A los 23 mil mexicanos y mexicanas que han demandado del Tribunal de la Haya que se le juzgue, se han sumado nuevas voces, ante la imparable violencia, las cifras de persecución de quienes defienden los derechos humanos, el asesinato o secuestro de otros y otras, así como el atentado criminal contra Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, todavía en el hospital.

Este nuevo atentado contra Norma Andrade se suma a las amenazas que recibieron María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González, y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como dice una amiga, ni manera de defender al señor que vive en la casa presidencial de Los Pinos, sin considerar que la cifra de 67 mil asesinatos en los últimos cinco años, establece que en el 98 por ciento de los casos hay impunidad, como la hay de miles y miles de mujeres caídas por razones de género, es decir, por el sólo hecho de ser mujeres.

Felipe Calderón no tiene ya ningún poder. Está interpelado por donde quiera que se le vea. Sus correligionarios no ofrecen ninguna alternativa viable. Es claro que la clase política ha perdido toda credibilidad. No obstante hay quienes desean y tienen razón, que aparezca una luz en el camino, para parar la ola de violencia y recuperar del todo, una estela de derechos perdidos para las mujeres, algunas todavía encarceladas por interrumpirse un embarazo no deseado.

LA PÉRDIDA

En el año 2000, pensamos que pasaríamos rápidamente de la alternancia presidencial a la transición democrática, de ahí a un Estado de derecho y al desarrollo social y político. Ya nos veíamos como espejo de los estados democráticos que habían saltado las dictaduras, como en España o en Chile.

La primera gran evidencia había sido la recuperación de los derechos políticos de la ciudadanía del Distrito Federal en 1996, en que hicimos las primeras elecciones de un jefe de gobierno y creamos ciudadanía, partidos políticos y gobernantes, un espacio de vanguardia en derechos y posibilidades para las mujeres. Camino sinuoso pero posible, aún con antiguos pendientes.

Muy pronto, se pensó, que las sucesivas reformas políticas nos darían cuenta de avances y no de retrocesos. Desde aquella de la que ya nadie se acuerda, impulsada por Jesús Reyes Heroles, durante el sexenio de José López Portillo, en que se abrieron las puertas al registro de nuevos partidos políticos, entre otras muchas cosas.

Hoy sabemos que todo fue un sueño.

Con la llegada de la democracia capitalina, una de las ganancias más importantes fue la creación del Instituto de las Mujeres, que para toda la República se creó hasta el año dos mil y más tarde nos invadió de esperanzas el paquete de acuerdos y políticas comprometidas por el gobierno mexicano en las sucesivas Conferencias impulsadas por la ONU que sobre Derechos Humanos, Población y Desarrollo, del Medio Ambiente y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, abrían el camino para reconocer derechos que se habían pasmado.

Y no sólo ello, fue exponencialmente positiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do Pará, de donde germinaron las diversas leyes, general y locales, de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

La realidad es toda otra. La alternancia nos ha dejado con la boca seca. Además de que menudearon los ataques de militares a las mujeres - las Tzeltales, en la Sierra de Zongolica, las de Atenco y a 14 las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila-, por mencionar los asuntos más conocidos en esta etapa de la vida del país.

Es otra, insisto, porque a los 63 años de la declaración de Carta Universal de los Derechos Humanos, para México y su flamante artículo Primero de la Constitución, que garantiza esos derechos, las cuentas aterrorizan y el creciente atentado sobre la integridad de mujeres y hombres llena todos los días las páginas de los diarios.

¿Qué podemos esperar del 2012? Nada en progreso, todo en retroceso.

Lo más grave es que los priistas que ya se sienten gobernando de nuevo tras 12 años de fracaso panista, en el momento de mayor emergencia en el país, donde no baja la cifra de desocupación, pobreza y la pérdida de 22 puntos en el índice de Desarrollo Humano y ellos como si nada.

Además de las formas, que son fondo, como diría el maestro Reyes Heroles, a propósito de la ungida de Enrique Peña Nieto, asustan sus visiones, sus declaraciones. Luego de afirmar que México le "debe" al PRI la democracia, la educación gratuita y los servicios de salud. No importa que cada vez menos jóvenes tengan acceso a universidades y los trabajadores a servicios de salud.

Pedro Joaquín Coldwell, ahora dirigente nacional priista, afirmó que su partido salvó al país del fascismo y comunismo y hoy “nos dirigimos a la renovación, no a la restauración”. ¡Qué barbaridad!

Éste hombre, sacado del pasado, se refirió a temas que ya nadie recuerda, porque se cayó el Muro de Berlín, se terminó la Guerra Fría y los poderosos del mundo, sin cuidado organizan nuevas guerras, pero no con esos fantasmas que él vuelve a sacar a la luz como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Por supuesto que no tuvo una sola palabra este político jurásico, sobre los dolorosos hechos como la guerra sucia de los setenta, los asesinatos de perredistas en los ochenta y menos de Tlatelolco en el 68.

Claro, pensando en nuestra desmemoria, cree que no sabemos de la lucha de miles de mexicanos y mexicanas que se enfrentaron, muchos con el costo de sus vidas o la cárcel, a la definición precisa del premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, que definió a ese partido que nos quiere envolver y convocar, como la "dictadura perfecta", él mismo hace unos días en Guadalajara, rechazó el combate a la violencia con más violencia.

El panorama es desolador, para quienes nacimos y vivimos en México. Ninguna voz precandidateada garantiza la interrupción del embarazo como un derecho; a nadie se le ocurre que hay que parar los asesinatos y la violencia de género, menos podrían considerar que las mujeres tenemos el derecho a tener derechos y tampoco enarbolan ni pueden darnos una alternativa para un sistema educativo nacional, que se ha desmoronado.

La esperanza está en las personas. Sin duda. Leí con cuidado a Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien amenazado y perseguido, dice tener fe y se enfrenta sin desazón al gobierno que define como de "terror, impunidad y miedo" y simplemente ofrece, como muchísimas más personas, su trabajo cotidiano en la defensa de los derechos humanos. Yo debería tener también fe.

saralovera@yahoo.com.mx

jueves, 8 de diciembre de 2011

El Derecho con enfoque feminista


* Los esfuerzos legislativos no han seguido el ritmo de las fuerzas progresistas

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma inequívocamente que "todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos”.

A pesar de este pronunciamiento y otras declaraciones similares, las feministas reconocen que este tipo de llamadas para la igualdad no logran un cambio sustantivo en la vida de la mayoría de las mujeres.

Los problemas sistemáticos que enfrentan las mujeres han sido causados ​​por las implicaciones de la cultura, la religión y la tradición, que incide inhibiendo

y condicionando las reformas legales significativas. En otros casos, los esfuerzos legislativos no han seguido el ritmo de las fuerzas progresistas a favor de la igualdad.

Indudablemente se han conseguido importantes avances legales para las mujeres en aéreas sobre el matrimonio, la propiedad y sistemas de herencia, regulaciones de empleo y el acceso a la educación.

Estos avances van de la mano con las normas internacionales que protegen mínimamente los derechos humanos de las mujeres, sin embargo ha caminado muy lentamente la creación de las leyes especializadas, que en Latinoamérica conlleva metodologías propias del Derecho comparado sin suscribir las complicaciones jurídicas que implican retomar premisas del derecho sajón que culturalmente nos son extrañas.

Las legislaturas, en los países en desarrollo en nuestro continente, identifican las demandas de los grupos feministas, a partir de los movimientos extremos de mujeres y de la influencia de legisladoras, dependiendo de su número y posición política, así como su capacidad de acuerdos con las fuerzas políticas dominantes.

El ejercicio de aprendizaje para determinar nuevas técnicas legislativas, encuentra serias dificultades al relacionar el espíritu subjetivo de las luchas feministas y la objetividad en la creación de normas legales con contenidos y perspectiva de género.

El mayor tropiezo es la resistencia hacia un adecuado análisis ético-jurídico en el proceso legislativo que no alcanza a vislumbrar las oportunidades estratégicas que plasmen un verdadero acceso a la justicia y la igualdad,

Durante los últimos quince años, los esfuerzos de las mujeres, desde la incidencia global, de los organismos internacionales, ha obligado a los gobiernos a encuadrar su función pública en un marco legal que garantice en general la igualdad de los derechos humanos, específicamente la seguridad y el desarrollo de las mujeres.

A partir de entonces las mujeres han ganado terreno en la creación de normas especializadas que regulan los derechos de salud, sexuales y reproductivos y la protección de la violencia en sus diferentes rangos y expresiones.

La necesidad de restaurar el Estado de Derecho, desde la corriente garantista no ha implicado per se la modificación de la cultura patriarcal y conductas dominantes frente a las mujeres y sus derechos; los avances legislativos no determinan automáticamente la adecuación cultural en las conductas sociales multiétnicas, situación que ha sido empujada con determinación por organismos feministas frente a una actitud indolente y conveniente para las estructuras del Estado.

El feminismo latinoamericano ha involucrado una amplia gama de áreas temáticas desde las diferentes disciplinas del conocimiento, logrando transmitir referencias de debate vinculando lo teórico-conceptual con los movimientos sociales en favor de los derechos de las mujeres, que desde el discurso curricular explícito encuentra formas de incidir muy lentamente en los procesos formales legislativos, y aún encuentran mayor resistencia en la ejecución de acciones y políticas públicas transformadoras de nuestra realidad.

Los gobiernos latinos, en la construcción de igualdades entre hombres y mujeres cuando menos han sido elusivos y profundamente conservadores, retrasando las metas múltiples del desarrollo político económico y social nacionales frente a la evolución del derecho internacional.

Es indudable que desde las teorías feministas y los movimientos de mujeres se han transformado algunos esquemas socio-culturales, que en experiencias nacionales y regionales, -algunas más dolorosas que otras- han desplegado un fondo de información expuesta mundialmente, lo que ha permitido la injerencia de organismos internacionales que implícitamente involucran las esferas del derecho comparado favoreciendo la creación de leyes nacionales y la divulgación de los derechos humanos de las mujeres.

En cuestión de derechos femeninos, es frecuente el litigio activista, frente a la los Estados que a pesar de las leyes internacionales y nacionales, niegan o manipulan los derechos de las mujeres y sus libertades ciudadanas. Es el caso tan controvertido del derecho a decidir sobre sus cuerpos y el ejercicio libre de su libertad sexual y reproductiva; premisas legales contradictorias desde la interpretación sui generis de la propia ley y la resolución de la corte.

El derecho con carácter feminista promueve desde un principio lógico de organización, las herramientas legales para cambiar la realidad en sintonía con la universalidad de los derechos humanos, resarcir abolladuras sociales desde la aplicación de la ciencia política, la sociología y la antropología en conjunción con el derecho – legisladores, jueces, y funcionarios del poder ejecutivo-.

El enfoque feminista de los derechos humanos se suscribe necesariamente en los principios básicos, desde una perspectiva comparativa frente al derecho internacional y sus instrumentos jurídicos pasando por el reconocimiento general de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres; así como el texto de la CEDAW y sus subsecuentes convenciones.

El feminismo ha encontrado grandes obstáculos que conflictuan su justificación en los procesos legislativos y en la propia práctica de las leyes. El trance entre libertad de religión, su práctica y derechos de las mujeres a la igualdad ante la ley. Este debate que implica subjetivismos de carácter ético-moral ha estimulado contra movimientos que detienen el proceso de leyes y políticas públicas en temas de salud como el aborto, que limitan los derechos reproductivos de las mujeres, generando problemas conexos, como tasas de mortalidad materna, acceso a la anticoncepción y el VIH.

Finalmente, el feminismo debe asumir las funciones de seleccionar, transmitir y evaluar la cultura desde un compromiso político en un contexto social, económico, cultural y político de orden nacional e internacional que condiciona el desarrollo de las mujeres. En otras palabras, un contexto en el que priman los conflictos sociales, la pobreza, la delincuencia, la impunidad, una economía de mercado-consumista, así como lo que está sucediendo en el mundo en materia de terrorismo y su forma de abordarlo, tiene algo o mucho que ver con las normas jurídicas y el comportamiento social.