sábado, 15 de octubre de 2011

Posdata

Cáncer de Mama: Demagogia gubernamental
Por Sara Lovera
El Día Mundial del Cáncer de Mama es el 19 de octubre. La muerte anticipada de mujeres productivas es un flagelo nacional, la muerte por cáncer de mama se suma a este despropósito.
Hoy, resulta inofensiva la idea de la promoción mundial para tomar conciencia del problema. Lo que urgen son decisiones de Estado, suficientes y previsoras.
Según información oficial la situación es apremiante y muy elocuente. Más de cuatro mil mujeres mueren por esta enfermedad cada año. Una cada dos horas, 13 diarias. No obstante, sabemos que esto forma parte de la simulación oficial.
Para prevenir hay que informar, empero el 90 por ciento de los casos se detectan tardíamente. Y para detectar un posible cáncer de mama se requieren mastógrafos, pero resulta que son insuficientes: sólo operan en el sistema nacional de salud (IMSS, SSA e ISSSTE) 472 de estos aparatos.
El 78 por ciento de los mastógrafos de la Secretaría de Salud están ubicados en clínicas de especialización y se usan, primordialmente, para el diagnóstico y no para tamizaje. El 20 por ciento de estos aparatos se utilizan en doble turno y se hacen solamente cuatro mastografías por día. Eso se traduce en un enorme rezago y muchas mujeres desconocen que padecen este mal, encima no está clara la política oficial que busca que sean las mujeres las que se hagan cargo de detectar el riesgo.
Además, en nuestro país únicamente 112 médicos radiólogos se han especializado en mama. Es decir, un médico por cada 267 mil 857 mujeres que por sus edades están en mayor riesgo frente al cáncer de mama y requieren de exámenes preventivos.
Es una obligación del Estado atender esta enfermedad que hoy constituye la primera causa de muerte en mujeres de entre 30 y 54 años de edad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un cáncer de mama. Esta afección está considerada como una grave amenaza para la salud de las mujeres en edad reproductiva. Lo que urge es darse cuenta de la gravedad del problema de salud pública y hacerse cargo de que se trata de una prioridad para el sistema de salud.
No sabemos en México qué sucede. Los datos reales escasean, hay opacidad sistemática para conocer qué se hace, cuánto se invierte y qué programas de prevención eficaces existen.
A partir de 2007, la población sin seguridad social tiene derecho a tratamiento de cáncer de mama, a través del famoso Seguro Popular; sin embargo, las investigaciones y los datos estadísticos revelan que los servicios escasean y la detección temprana, a la que se llama en el Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama, es muy limitada. Por ejemplo, sólo el 22 por ciento de las mujeres de 40 a 69 años logran el servicio de una mastografía.
Es claro que hoy el cáncer de mama es una grave amenaza para la salud de las mujeres a nivel mundial y constituye una prioridad no reconocida en los países de ingresos medios. Ya vimos que en México, cada dos horas muere una mujer debido a este tipo de tumores.
Se trata de una emergencia nacional que no puede obviarse. No obstante, el argumento sistemático de las autoridades es la falta de recursos, lo que nos hace pensar que se trata de una forma adicional de discriminación femenina y las muertes por este padecimiento podrían considerarse una forma de feminicidio de Estado, como sucede con la mortalidad materna y el rezago en la atención del cáncer cérvico-uterino. Además de que efectivamente las muertes feminicidas quedan impunes en más del 90 por ciento.
Según investigaciones recientes, las opciones terapéuticas para el cáncer de mama tienen costos muy elevados, por lo que una promoción responsable y sin demagogia debía dar información amplia, efectiva y con una cobertura en todo el país.
Un cálculo científico señala que el costo de la enfermedad en etapas avanzadas es muy alto, al no existir programas de tamizaje. Sí éstos se hicieran, el ahorro sería de 284 millones de pesos.
Esta labor la están haciendo organizaciones sociales y civiles, con recursos nacionales y extranjeros, como es el caso de la fundación Susan G. Komen; existe en México el grupo RETO y algunas otras iniciativas que tratan de hacer conciencia en las mujeres para que ellas mismas, mediante la autoexploración, logren detectar anomalías en sus senos, ante la falta de un Estado responsable.
Lo cierto es que las autoridades, como en otros casos, están renunciando a su obligación. Y las mujeres desconocen su derecho y no exigen la atención, que por norma y ley, debe otorgarles el sistema de salud y evitar muertes de mujeres por falta de prevención.
Es urgente saber que se amplió y aumentó la normatividad y la legislación relativa al control del cáncer de mama a través de una Norma Oficial Mexicana. Las autoridades establecieron criterios rigurosos para vigilar los servicios de salud públicos y privados en la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de la enfermedad.
Hasta ahora el sistema de salud promueve la detección temprana, con folletitos dirigidos a las mujeres, promoviendo la autoexploración, tal como lo hacen las asociaciones civiles, sin hacerse cargo del examen clínico y la mamografía. Una mínima investigación muestra la escasez de matógrafos y medicamentos. Muchas entidades de la República no tienen programas y se fomenta el desconocimiento.
Si cómo se piensa, las directrices del marco jurídico son importantes para ofrecer un marco normativo que abarca a todo el sector salud, esto no garantiza los recursos ni la aplicación de la norma, por lo que la cobertura está muy lejos de ser la adecuada.
Uno de los gravísimos problemas de los sistemas de seguridad social y del Seguro Popular son los tiempos de espera para las mujeres que acuden a los exámenes y a los tratamientos. A veces se trata de semanas y meses para la primera consulta. Cuando el examen llega, el cáncer de mama, tal vez, ya se desarrolló y es causa de muerte. Además, escasean los medicamentos y se traslada el costo a las usuarias. Tema recurrente en todo el sistema de salud es la corrupción, no obstante los discursos, las promesas y las palabras que escucharemos este 19 de octubre.
La población debe saber que a principios de 2007, el tratamiento del cáncer de mama, incluidos servicios diagnósticos y medicamentos, se incorporó al Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Eso significa que cualquier mujer diagnosticada con cáncer de mama a partir de dicha fecha, al margen de su situación de ingreso y empleo, tiene derecho de recibir atención médica integral con fondos públicos. Pero el problema es acceder al diagnóstico temprano debido a los insuficientes mastógrafos.
Uno de los principales temas en México, igual que en otros lugares, es el mejoramiento y la ampliación del tamizaje encaminado a promover la detección temprana. Los datos disponibles sugieren que sólo entre cinco y 10 por ciento de los casos en México se detecta en las fases iniciales de la enfermedad (localizada en la mama), en comparación con el 50 por ciento que se detecta en Estados Unidos. Tenemos que decir que por ahora sólo el 6.5 por ciento de las personas que padecen cáncer de mama pueden salvarse. Las demás no.
Las autoridades saben que las tasas de mortalidad por cáncer de mama en México han tenido un aumento notorio en las últimas cinco décadas. Entre 1955 y 1960, a partir de la disposición de los primeros datos confiables, la tasa era de dos a cuatro muertes por cien mil mujeres. A la mitad de la década de los noventa se elevó de manera sostenida entre adultas de todas las edades hasta alcanzar una cifra cercana a nueve por cada cien mil. Es decir, hace 20 años que se conoce la situación que conduce a esta irracionalidad de muertes prematuras.
Desde 2006, se sabía que el cáncer de mama era la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años, sin embargo los programas no cuentan con suficientes recursos. Las preguntas son muchas y tenemos que hacerlas para contribuir a parar esta otra forma de vivir la desgracia y la muerte, que en México, se asume sin reparo por esta causa y por la violencia institucional que sentó sus reales sin protesta social.
saralovera@yahoo.com.mx

viernes, 14 de octubre de 2011

Letra violeta

Los uniformes…el retroceso

Soledad JARQUIN EDGAR

Este jueves se dio a conocer la denuncia de una mujer maya que fue torturada psicológicamente y sufrió durante horas la amenaza de ser violada sexualmente por un grupo de policías dentro de una celda en la prisión municipal de Tulum, me pareció que volvimos irremediablemente al pasado donde los derechos humanos ni siquiera era posible concebirlos en el imaginario colectivo.

Este dantesco capítulo de justicia a la mexicana, también me recordó aquellos días terribles vividos por chilenos y argentinos en los tiempos de las dictaduras militares y que terminaron sacrificando la vida de cientos de hombres y mujeres jóvenes, pasando claro está por la tortura que significa la violencia sexual.

Tuve una certeza, muy amarga, desalentadora porque estos hechos bochornosos siguen pasando en México, un país envuelto en la violencia donde la población resulta la principal afectada por el daño colateral que cobra cada día la vida de personas inocentes, que son desechados como si fueran basura en las calles, como sucede en diversas capitales del país y que “la autoridad” en turno señala, con el dedo índice y un tono de menosprecio en la voz, que se trata de delincuentes. Claro, sin que exista investigación real sobre estos asesinatos.

La agresión cometida por policías, hombres y mujeres: Gisela Morales Reyes, Selena Torres Hernández, Liborio May May y Martín López Dorantes y otros cuatro cuyos nombres se desconocen, al interior de la cárcel municipal de este municipio quintanarroense, es sin duda, reitero, una muestra más de los retrocesos que en materia de derechos humanos sufrimos en México, violencia que se incrementa contra las mujeres y que no es sino una demostración de la falsa supremacía varonil sobre ellas. Me pregunto hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde lo vamos a permitir. El hecho es grave y tiende a repetirse.

Es indignante, no tengo la menor duda que una buena parte de la población está consternada con lo sucedido y que se agrava porque la joven Gabina Pat Díaz sufre una segunda violación a sus derechos humanos frente a la negación de justicia, sus agresores apenas fueron amonestados administrativamente y como si nada hubiera pasado gozan de libertad y tal vez a estas horas ya hayan huido, mientras en el resto del país y el mundo seguimos con la indignación a flor de piel.

Es decir, el gobierno del Estado de Quintana Roo incurre en omisión y dilación de la justicia, le da tiempo a los agresores para marcharse y no ser castigados por lo que hicieron y de esta forma, el gobierno estatal y municipal, incluso, son cómplices, contribuyen a que exista impunidad, el daño más grande que se hace a las víctimas de un delito.

Lo sucedido a Gabina Pat Díaz, de 24 años, es una muestra, de lo que en este país pasa todos los días, donde las mujeres son sistemáticamente agredidas, peor aún si su origen es autóctono, dramático en extremo si son pobres, la famosa trilogía: mujeres, pobres e indígenas. La misma que habla de que todo eso ha sido superado, lo cierto es que persiste, ahí está.

Cuando un grupo de amigos y amigas comentamos sobre este hecho, me decían que este tipo de acciones que nos avergüenzan se cometen porque existe el permiso de las autoridades. Tienen razón, si los gobiernos o quienes están al frente de ellos no quisieran que estas atrocidades, esta violencia de género, se cometiera habría justicia. Así de simple.

Me pregunto cuántas veces más estos mismos policías cometieron delitos semejantes o peores contra otras mujeres y que hoy lo sabemos gracias a la valiente denuncia de Gabina Pat, quien ha dado su testimonio ante los medios de comunicación a pesar del riesgo que puede ocasionar la ausencia de justicia. Vendrán, lo sabemos, días difíciles para esta joven detenida sin justificación alguna y molestada por quienes debieran proteger su vida.

La tortura a la que fue sometida, cuando le quitaron la ropa, la esposaron y prácticamente la colgaron de los barrotes de la celda, para luego insultarla y permanentemente amenazarla durante horas con que la iban a violar, es, insisto, un indicio de la gravedad que enfrentamos en este país en relación a la falta de garantías a los derechos humanos.

Y no debe ser considerado como un hecho aislado. Para muchos varones el uso de uniformes, armas y vehículos de las distintas corporaciones policiacas y militares representa una supremacía que les sirve para subordinar al resto de las personas, más aún cuando se trata de mujeres. Cuando actúan de esa manera, los militares y los policías, e convierten en delincuentes, igual que esos que el gobierno federal de Felipe “El Valiente” Calderón combate en las calles.

A lo largo y ancho del país existen casos concretos y deleznables, por ejemplo, recuerdo ahora, a las tres adolescentes tzeltales violadas en Chiapas por militares (1994); en Guerrero fueron denunciados los casos de Atlixtac de Álvarez contra dos mujeres indígenas tlapanecas, fueron violadas por cinco soldados en diciembre de 1997; en abril de 1999, otras dos mujeres fueron agredidas en Tlacoachixtlahuaca por militares; en 2002, fueron denunciados dos episodios más, en febrero contra una mujer en Barranca Bejuco, Acatepec y otra más en marzo en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, en estos casos intervinieron ocho y 11 soldados respectivamente.

En 1997, en Oaxaca unas 20 mujeres zapotecas de Loxicha también denunciaron agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y policías del Estado, años antes los mismos hechos ocurrieron entre mujeres de la etnia Triqui por parte de elementos del ejército. En Castaños, Coahuila, soldados del ejército mexicano violaron a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia en julio de 2006.

En Veracruz está reciente aún el caso de una anciana violada por militares en 2007 y otros hechos ocurridos entonces en la misma Sierra Zongolica. En Atenco, Estado de México, en 2006, 23 mujeres fueron agredidas sexualmente por agentes policiacos. En Michoacán, se registró la denuncia de cuatro adolescentes en 2007, que habrían sufrido violencia sexual por parte de militares.

El estado de guerra que hoy vivimos, representa para muchos de estos malos servidores públicos la oportunidad para subyugar y mostrar su fuerza sobre las mujeres, en esa intención de denigrarlas por el concepto que sigue prevaleciendo en relación a la supuesta disminución de las mujeres, en especial entre las mentes que las consideran objetos que pueden usar y desechar cuando se les da la gana amparados en sus uniformes de botones dorados y condecoraciones por sus “heroicas” acciones. Se trata de tomar a las mujeres del bando “enemigo”, como han explicado las expertas en género, como botín de guerra.

En Quintana Roo la violación a los derechos humanos se ha convertido en los últimos meses en una constante, es la nota permanente. No sólo hay represión a las y los informadores y comunicadores, que sufren el golpeteo de una u otra forma, campañas completas de terror, que pasan por la decisión de algunas y algunos de los trabajadores de salir de la entidad y dedicarse a otra cosa.

Un botón de muestra de la violación permanente a los derechos humanos y la inacción del estado, es el alto grado de discriminación, agresiones y detenciones arbitrarias como la que se cometió contra Gabina Pat, insisto por ser mujer, indígena y pobre.

Pero lo peor, dicen las voces de aquella entidad, es que hay un silencio terrible de los responsables de los derechos humanos o actúan con torpeza, es como si no existieran y cuando el asunto se vuelve una noticia nacional es porque ha pasado mucho tiempo. La única esperanza que persiste es que aún hay una sociedad organizada que responde, a veces, desde otras entidades para detener tantas arbitrariedades.

La valiente denuncia de esta indígena maya, debe indignar a toda la población mexicana y seguir el caso hasta sus últimas consecuencias, hasta que la víctima reciba justicia y sus agresores sean detenidos, sancionados y encarcelados por el abuso de poder y la tortura a que sometieron a la joven de apenas 24 años. No sé qué le pasó al muchacho que gobierna Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, pero mientras el madura, otros le comen el mandado y mandan en su entidad aunque tengan que pasar por encima de los derechos de la población.

Bien haríamos en no quitar la vista de Quintana Roo durante los próximos años.

@jarquinedgar

Canalgentelibre.com