Mujeres y Política Violencia política

Mujeres y Política

Violencia política

Soledad JARQUIN EDGAR

Estaba previsto y se veía venir.

Falta mucho para que las mujeres tengan un lugar diferente. Distinto al que hoy tienen, no se trata de privilegios, como sí los tienen los hombres. Se trata de un lugar en igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones, como en masculino genérico lo explica la Real Academia Española de la Lengua. Lenguaje de doble filo y de conveniencia, pero que tiene una misión: excluir a las mujeres.

Todavía en algún rincón del mundo o tal vez dentro de nuestra familia, grupo de amistades, de trabajo, los medios de comunicación y, por supuesto, los gobiernos y todo lo que usted pueda imaginar que puede tocar nuestras vidas, quedan infinidad de ideas y comportamientos que hablan del lugar que las mujeres ocupan, pensamientos que se traducen en hechos concretos que cimientan y construyen una sociedad de desiguales.

Eso explica que en el siglo XXI de nuestra era, las mujeres sigan pidiendo los mismos derechos que se plantearon desde hace más de cien años y que dio origen a lo que hoy se conoce como el Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, es decir, la próxima semana.

También muestra porqué apenas hace dos años en México la paridad en materia política se convirtió en una realidad en la Constitución mexicana. Y me refiero a los muchos años de atraso en materia política de igualdad para las mujeres. Porque tuvieron que pasar otros 60 años, después del reconocimiento del voto universal (en 1953) para que se dieran cuenta de que la buena voluntad y las otras cuotas la 70/30 o la 60/40 no lograban los objetivos.

Alcances que también corresponde a las mujeres, en específico, a muchas feministas.

Es desigualdad considerar que las mujeres tienen determinadas tareas asignadas casi por naturaleza, lo que lleva a creer a muchas más personas de las que nos imaginamos, que la política no es para ellas.

Esa idea pervertida es la que lleva a ejercer violencia contra las mujeres y la política no es la excepción. Las mujeres, piensan muchos hombres, les arrebataron –primero- sus lugares en las fábricas, ahora lo están haciendo en la vida púbica y política.

El costo para las mujeres ha sido muy terrible. Hay historias de terror detrás de lo que se consiguió esta semana en Oaxaca: tipificar la violencia política de género. Por años, hemos documentado las agresiones a las mujeres y las que incursionan en la política no son la excepción. La primera que recuerdo es la cometida contra Elsa Lara, presidenta municipal de San Martín de los Cansecos destituida por un asunto personal; después conocimos la historia de Macrina Ocampo, presidenta municipal en la década de los ochenta de la comunidad de San Juan Lalana, a quien también se le “castigó” mediante el encarcelamiento por emprender la defensa de las tierras. En los noventa se registraron varias destituciones de presidentas municipales.

En el medio quedaron las agresiones registradas contra síndicas, tesoreras y regidoras, incluso con amenazas de muerte. Casos extremos de violencia, el asesinato de quien en 2004 fuera la candidata a la presidencia municipal, Guadalupe Ávila Salinas, por el Partido de la Revolución Democrática a manos del entonces munícipe del PRI de San José Estancia Grande, Cándido Palacios Loyola, quien nunca fue detenido y por tanto nunca se castigó.

Y años más tarde sucedió lo mismo con otra perredista, también en la costa oaxaqueña, Beatriz López Leyva, dirigente de ese partido político en San Pedro Jicayán, quien fue asesinada.

Posterior fue el atentado que casi cuesta la vida a la diputada Rosalía Palma López, donde la pérdida se extendió a dos integrantes de su familia, su sobrina y su esposo. Eso sin contar las aberraciones que se cuecen en la política y que tienen que ver con la violencia sexual de la cual difícilmente hablan las mujeres, al menos no lo harían o estarían dispuesta a hacerlo de manera pública, pero que sí lo han aceptado como el acoso sexual, las proposiciones de relaciones sexuales a cambio de una candidatura.

Agresiones físicas como la ocurrida a la consejera electoral en Juchitán, Lorena Nava Cervantes, quien recibió golpes e insultos en un restaurante por un grupo de mujeres quienes ejecutaron la orden que dio un señor.

Violencia que también se registró recientemente en Temixco, Morelos, donde su alcaldesa Gisela Mota Ocampo fue cobardemente asesinada, como también sucedió con otras mujeres, algunas de ellas citadas en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a las modificaciones legislativas adicionando el artículo 401 BIS al Código Penal de Oaxaca, que sanciona con dos a seis años de prisión y multa de siete mil a quince mil pesos a quien realice por si o a través de terceros cualquier acción u omisión para causar un daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra  de su voluntad.

Estas modificaciones al Código Penal de Oaxaca, aunado a los criterios generales emitidos por el Instituto Nacional Electoral a efecto de garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel local, es decir, en las 13 entidades donde habrá elecciones el próximo 5 de junio.

La reforma al artículo 41 constitucional que incorpora la paridad de género en las candidaturas, los lineamientos del INE y el hecho de que la violencia política de género es ya un delito, mejoran las condiciones de un camino todavía difícil para las mujeres. Recordemos que en Oaxaca se proyecta con toda claridad una acción que yo llamo misoginia legislativa impulsadas desde el ejecutivo por otras personas con pensamiento misógino, que llevan a creer que en 417 municipios las mujeres no se les dan esas garantías para no trastocar los abusos de costumbre, lo cual, después de lo establecido por el INE está hoy por hoy en veremos.

La vigencia del patriarcado es la explicación del por qué en Oaxaca a los partidos políticos no les importa tener una candidata al gobierno estatal. Pero el cinismo es que algunas ex funcionarias y diputadas que buscan ser legisladoras o presidentas municipales apoyadas en la falsa bandera de los derechos humanos de las mujeres, cuando apoyaron la idea sesgada, discriminatoria de que Oaxaca hay ciudadanas de primera que viven en 153 municipios donde sí aplica la paridad y las de segunda que viven en 417 municipios donde, esas legisladoras y los legisladores, acordaron por ser de sistemas normativos internos no aplicará la paridad. Sí me refiero a la ex titular del IMO, Anabel López y a la diputada panista Alejandra García Morlan. Ambas cometieron violencia política, pero contra las ciudadanas, lástima que esa no se castiga.

El mismo árbol ¿diferente frutos?

¿Usted ha visto un árbol que dé naranjas, peras y manzanas al mismo tiempo? ¿No verdad? Eso nos pone en blanco y negro lo que va a suceder en la próxima contienda electoral donde todos los frutos vienen del mismo árbol (PRI), así que usted no espere que los frutos sean distintos. Y todos son todos.

@jarquinedgar

Mujeres y Política Promesas y verborrea

Soledad JARQUÍN EDGAR

Las estadísticas nos revelan una aproximación a la realidad. Si hablamos de más de 12 mil delitos de violencia familiar y sexuales en Oaxaca entre los años 2010 y 2016, es decir, el tiempo de la actual administración, quiere decir que el promedio diario de denuncias es de casi siete.

De esa cifra, casi nueve mil casos son denuncias por violencia familiar. Esto quiere decir que al menos cinco mujeres se presentan cada día para demandar justicia frente a hechos de violencia familia, es decir, en la inmensa mayoría por parte de su pareja, a veces, incluso de su ex pareja.

Y, aunque no lo creamos la violencia sexual contra niñas y mujeres sigue siendo alto, más de tres denuncias por día.

Pero la tragedia más grande que han enfrentado las mujeres que viven en Oaxaca ha sido el feminicidio. En los cinco primeros años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, poco más de dos mujeres han sido asesinadas por semana. En este 2016, 18 mujeres asesinadas según la propias Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Es decir, hay un ligero pero significativo repunte en este inicio de año, pues supera los 2.5 asesinatos por semana y de acuerdo con los datos proporcionados por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, se ha duplicado el número de asesinatos contra mujeres y niñas comparado con el mismo periodo pero del año anterior (2015).

Los datos fríos podrían no decir nada a nadie, excepto a las familias y a las mujeres que desde sus muy diversas trincheras, filias políticas e ideologías han puesto el dedo en el renglón porque lo que sucede en Oaxaca no es normal, se ha normalizado, que es una cosa totalmente diferente.

Lo otro es qué pasa después de un hecho de violencia. Una situación tan dramática como el propio momento de la violencia machista contra las mujeres.
¿Qué sucede con las denuncias? Pregunté esta semana a Ileana Hernández Gómez, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y el recuento es realmente espeluznante y del que ya habíamos planteado aquí, solo a partir de las quejas de las mujeres sobre la falta de contundencia para aplicar la ley por parte de las instituciones, llámese Fiscalía, el ominoso caso del Centro de Justicia para las Mujeres o el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, cuyo papel es distinto pero que resulta igualmente responsable.

De acuerdo con la Fiscal solo el 10 por ciento de quienes denuncian a sus agresores llega hasta el momento de la consignación. Pero después ese 10 por ciento puede reducirse aún más si la pareja “acuerda” con su violentador al tomar una salida alterna, la cual puede consistir en obligar a su pareja o ex pareja a proporcionarle alimentos, o siguen la vía del divorcio y en algunos casos vuelen con ellos con la condición de que acudan a la escuela de reeducación para hombres violentos dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque de estos últimos son los menos, pero mucho menos.

Esto nos habla de la construcción social que sí importa y que sigue imperando en el mundo de hombres y mujeres totalmente desiguales y en condiciones de desventaja para ellas.

Por un lado en la punta de iceberg, tal vez, podemos decir que muchas mujeres desisten de continuar sus procesos, como así lo han denunciado en repetidas ocasiones las víctimas, debido a la falta de trato digno o malos tratos, para nadie nuevo que las mujeres además de agredidas por la pareja o ex pareja sufren agresión institucional, la ineficiencia e ineficacia de la burocracia que investiga los hechos o los delitos, y lo tardío que resulta el proceso de investigación, la corrupción que impera en los cuerpos policiacos -que como también se ha denunciado cobran para ejecutar la orden de aprehensión-, solo por citar algunos casos.

Bajo el agua que oculta al iceberg de esta fatal violencia están varias marcas de género. De acuerdo con la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género muchas mujeres dejan sus denuncias a mitad del camino por miedo a su agresor. ¿Solo miedo al agresor? No, los miedos son muchos, uno es a romper con lo establecido dentro de la familia de donde se proviene. Miedo al qué va a decir la gente. A contradecir los mandatos eclesiásticos que claramente establecen “que lo que Dios a unido no lo separa el hombre”.

Miedo a quedarse sola ¿cómo si nos dijeron que somos la mitad de otros? Miedo a enfrentar la vida cuando se ha dependido económicamente de la contraparte, porque ellos son los proveedores. Miedo a no saber qué hacer porque nunca se ha trabajado fuera de su casa, donde por cierto nadie reconoce su aportación ¿acaso no era su obligación cuidar a los hijos, a la pareja, a los padres y madres y tener la casa limpia, tanto como la ropa y la comida caliente?

Miedo porque no se tiene a dónde ir. No es para menos, recién conocimos que los hombres poseen 91 por ciento de las viviendas en este país. Además, hay otro dato menos del 15 por ciento de las mujeres son propietarias de la tierra en este país.

¿Cómo denunciar al agresor, además el padre de sus hijos e hijas –que si son menores se quedan desprotegidas, que sin son mayores cuestionan la conducta de su madre, porque las patadas, los gritos, la violencia emocional o económica no era para tanto-, si es el proveedor, mal o regularmente; a dónde ir a vivir, en qué trabajar?

Y como la violencia familiar y todas las violencias machistas y misóginas se ven, se analizan, se estudian, se enfrentan desde las instituciones, cuando eso pasa, de manera parcial, no existen soluciones integrales. Ya se ha planteado en otros países la Ciudad de las Mujeres, una especie de colonia donde las mujeres encuentran eso que hoy hace que el mundo se le cierre a muchas mexicanas, como en este caso a las oaxaqueñas que el 90 por ciento de los casos renuncia a tener justicia para ellas y que la impunidad respecto a los delitos que se cometen contra las mujeres alcanza el 99 por ciento.

Ese es el cuestionamiento para quienes sostienen que “algo se ha hecho”, que en la garantía al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia estamos del otro lado, que ya crearon diversas instancias y se ha engrosado la burocracia de procuración de justicia, además de que ahora sí el funcionariado entiende de género y de igualdad.

¿Será suficiente?

No, frente a la realidad, se cae a cachitos la verborrea. Porque lo que no se ha hecho es plantear una forma distinta para nuestra sociedad desigual, no hay acciones claras y precisas de prevención de la violencia.

Gabino Cué Monteagudo está a solo meses de terminar una funesta administración para las mujeres. Y como decía Lucha, mi querida abuela, se irá con la cola entre las patas. No tuvo nunca ni disposición ni ganas de enfrentar el problema, que creció cobijado por la omisión y la impunidad, y permitió que las omisiones vinieran desde el propio Instituto de la Mujer Oaxaqueña, desde todas esas instancias donde se sigue conciliando la justicia entre el agresor y su víctima, como si hubiera lugar para tomar esas decisiones tan pálidas y equivocadas, que al cabo del tiempo llenan los panteones de cruces.

La verdad siempre duele para quienes no son cínicos. El problema es que los nuestros son gobiernos cínicos de ahí que el oportunismo persista. Si no cómo nos explicamos ese acto de campaña anticipada de la ex directora del IMO, Anabel López Sánchez, quien renunció al cargo hace 15 días y que hará –dice- “un balance de los avances y retos de la agenda de las mujeres”, el próximo jueves en un conocido hotel de la ciudad de Oaxaca.

Ella en busca de una candidatura, -que se afirma por designio de Cué- utiliza la información institucional para hacerse notar, adelantándose a quienes podrían ser dentro del mismo PRD sus contrincantes. Ella que afirma ha luchado por los derechos de las mujeres, pretende hacer a un lado a más de una en ese instituto político, donde no ha militado, para tener un lugar. Y eso no lo dice quien escribe, lo dicen las perredistas, molestas por el oportunismo de López Sánchez.

Cero tolerancia a la violencia, empiezan a decir algunos futuros candidatos a la gubernatura, como Alejandro Murat, que va por el PRI, o Pepe Toño Estefan Garfías o Benjamín Robles Montoya que irán por la alianza PRD-PT-PAN (el mole de muchos colores), la pregunta es ¿de verdad?

@jarquinedgar

Mujeres y Política: México, país de violencia

Tomada de www.quequi.com.mx

Soledad Jarquín Edgar

México no es Siria. Está tan lejos de nuestro país que no podemos imaginar que podríamos parecernos a quienes habitan esa nación. México no está en guerra, dicen, sin embargo, las cosas que soñamos están lejos de alcanzar, tan lejos como Siria, tan lejos como la paz y la tranquilidad.

El 6 de septiembre de 2015, la noticia le dio la vuelta al mundo. Aylan Kurdi, de tres años fue encontrado ahogado en una playa de Turquía. El pequeño y su familia vivían en Kobane, al norte de Siria y junto con otros integrantes de su familia, entre ellos su madre y otro hermano, buscaban un lugar de paz para vivir, pero la embarcación en la que habían zarpado desde la península turca de Bodrum hacía la isla griega de Kos, naufragó.

En México esa es una tragedia que se repite de manera cotidiana. En Pinotepa Nacional, Oaxaca, un bebé de siete meses fue asesinado junto con su papá y su mamá, apenas hace una semana. Se trataba de una pareja muy joven. Al igual que el niño ahogado en Turquía, la fotografía del pequeño de siete meses, en la costa de Oaxaca, nos revelan la crueldad de las guerras, donde las víctimas podemos ser todos y todas, lo que no deja fuera a las y los niños. Imagen que ya antes habíamos visto en Guerrero, en Michoacán, en Chihuahua, en Veracruz…

México y Siria son dos países que no tienen comparación entre ellos, lo único que hay en común entre ambas naciones son los seres que los habitan, sus culturas son abismales. Uno en guerra y otro sin una guerra declarada tienen cifras aterradoras. En Siria, que no es México, la guerra civil ha dejado 220 mil muertos, entre 2011 y 2015. En México, que no es Siria, 164 mil personas son víctimas mortales de la guerra contra eso que llaman “crimen organizado”, según datos que el INEGI dio a conocer en agosto pasado, en el lapso entre 2007 y 2014. A la fecha la cifra se ha incrementado.

Tanto en Siria como en México la violencia tiene las mismas víctimas: la población civil. Pero en México, esa población civil está cercada por los cordones de delincuentes, por la corrupción de autoridades y la falta de justicia, la justicia que ahora sí, está bien ciega, además de sorda. Eso es en realidad lo que se llama el crimen organizado, cuyo funcionamiento depende de operadores políticos y de alguna burocracia de altos niveles, de otra manera no se puede explicar el mar de impunidad en el que vivimos.

En el periodo que refiere INEGI, hemos visto extenderse la violencia de entidad en entidad y, como sucede con la violencia machista contra las mujeres, en muchas personas se volvió parte de la vida cotidiana, una repetición rutinaria, unos por sufrirla y otros por observala. Un riesgo para toda organización social, sin duda, es aceptar la violencia como parte de la vida cotidiana, como si se tratara de algo ineludible, aunque creemos firmemente que esa violencia nunca será cometida en nuestra contra.

La iglesia católica plantea que los seres humanos hemos olvidado que somos hermanos y hermanas. En civismo esa condición se traduce en ciudadanía, con los mismos derechos (¿?) y las mismas obligaciones (¿?), se dice reiteradamente y de manera demagógica, porque ni tenemos los mismos derechos ni mucho menos las mismas condiciones y eso nos da como resultado la desigualdad que permea, que atraviesa, que lacera y que en mayor o menor medida es el acicate de la violencia, un mecanismo sin justificación.

En México, la ciudadanía, está pagando con creces el crecimiento acelerado de una multiplicidad de formas de violencia; el narcotráfico un monstruo de mil cabezas y tentáculos, cerebros y operadores, que tienen estrecha relación con la trata de personas, con fines sexuales como sucede a las mujeres y niñas; para laborar en campos de cultivo o en laboratorios clandestinos, cuyas víctimas son hombres jóvenes. Y hasta el “pago de piso”, la extorsión, el secuestro. Miles de víctimas mortales, miles de huérfanos, familias desechas, vidas terminadas. Del lado contrario, en la banqueta de enfrente, una ciudadanía expectante y autoridades pasivas, permisivas, coludidas, dándole vuelta tras vuelta al fango de la impunidad.

No hay fórmula secreta para hacer frente a los delincuentes, como tampoco la hay para detener la violencia machista contra las mujeres, cierto, lo que sí tenemos es un aparato de investigación y otro de justicia que tendrían que hacer su trabajo, darle resultados a la población, que cada vez está más insegura y sin posibilidades de defender su vida, su patrimonio o su libertad. Bajo esa condición de país que no es Siria, que no está en guerra, cada vez son más las familias a las que esa delincuencia, permitida, consentida, con licencia otorgada por las autoridades omisas, nos tocan las puertas de nuestras casas y nos destruyen moralmente porque simplemente no se entiende cómo, por qué y quién lo permite.

No se puede hablar de seguridad en un país de desiguales.

En México la violencia social, la violencia electoral, la violencia del narcotráfico resultan la misma cosa, todas esas formas de violencia tienen al país en vilo y las víctimas somos cada día más.