viernes, 30 de septiembre de 2011
Destapar las pantallas
"Debemos crear una contracultura feminista", opina Isabel Moya
jueves, 29 de septiembre de 2011
México: Derechos sexuales y reproductivos en retroceso
Amnistía Internacional considera como muy decepcionante el hecho que no se alcanzaron los votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la reforma del estado de Baja California que protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
La organización lamenta que la Suprema Corte haya dejado pasar la oportunidad para poner la Constitución del estado de Baja California en línea con los avances de la jurisprudencia internacional en materia de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas en México.
"La reforma es un gran paso atrás para los derechos de las mujeres y niñas en México," dijo Javier Zúñiga, Asesor Especial de Amnistía Internacional.
"Al penalizar el aborto, la reforma podría llevar a consecuencias desastrosas. Es sabido que algunas mujeres y niñas, antes de ser obligadas a seguir con un embarazo que pueda ser peligroso para su integridad física o mental, intentan suicidarse. Otras optan por abortos practicados en situaciones de riesgo, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida."
La acción de inconstitucionalidad fue desestimada en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe - cuando Amnistía Internacional se unió a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
"Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos. Esto incluye el revocar leyes que penalizan el aborto y castigan a mujeres que han tenido un aborto o intentado tenerlo," dijo Javier Zúñiga
En 2007, el Distrito Federal despenalizo la práctica del aborto
inducido <http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido> a petición de la mujer hasta las doce semanas de embarazo lo que había constituido un primer paso positivo en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas en México.
BOLETIN DE PRENSA
A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
EN BAJA CALFORNIA SE PROTEGE LA VIDA DESDE EL MOMENTO DE LA "CONCEPCIÓN" HASTA LA MUERTE NATURAL Y DICHA POSTURA IDEOLÓGICA FUE LEGITIMADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO LOGRÓ VOTOS SUFICIENTES PARA IMPUGNAR EL ART. 7MO CONSTITUCIONAL EN BAJA CALIFORNIA- La resolución de la Suprema Corte genera incertidumbre jurídica entre las mujeres bajacalifornianas no dejando claro si usar el DIU, anticonceptivos o la PAE Pastilla de Emergencia es o no delito. BC es el 2do Estado a nivel nacional con mayores índices de Feminicidios y aún así tienen años criminalizando a las mujeres por su función reproductiva. La reforma que protege la vida desde la "concepción" abre la posibilidad de penalizar el aborto en cualquier momento de preñez y en cualquier situación, más esto no es aplicable si no se modifica el Código Penal de Baja California. "LAS MUJERES EN BAJA CALIFORNIA NO VAMOS A PERMITIR QUE SE SIGAN VIOLANDO NUESTROS DERECHOS Y SEGUIREMOS LLEVANDO CASOS Y PRUEBAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONTRA LA MUJERES A LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS"- Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. 29 de septiembre de 2011. Tijuana, BC. La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Centro de Servicios, la Colectiva Feminista Binacional, AvalonLes, No + Sangre Tijuana, Colectivo Intransigente, entre otras organizaciones y grupos de mujeres y hombres jóvenes, nos dimos cita el día de ayer a las 18 horas en la Glorieta "de las Tijeras" frente al CECUT con el fin de manifestar nuestra inconformidad con la resolución de la Suprema Corte al no impugnar el artículo 7mo de la constitución local que protege la vida en gestación sobre la vida más viva que es la de las mujeres. En el Distrito Federal, las compañeras del Pacto por la Vida, la Libertad y la Salud de las Mujeres marchó del Monumento a la Madre al Zócalo manifestando su repudio a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, ahora legitimada por la Suprema Corte de Justicia, contando con presión política de Felipe Calderón al buscar la modificación de las reservas que tiene México en la Convención Americana por "proteger la vida desde la concepción". Las mujeres bajacalifornianas estamos indignadas porque el fallo de la Corte legitima las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres en Estado que desde el Caso Paulina se han venido sucediendo. Hay un profundo desprecio a la vida de las mujeres, cuando se "encuentran" cadáveres de mujeres en el asfalto inmediatamente se le vincula con la delincuencia organizada sin investigar si es un femicidio o un homicidio común. Es necesario y urgente que las mujeres bajacaliforniana sepan lo siguiente: 1. No es delito usar la Pastilla del Día Siguiente, si acudes a una farmacia y se te niega la venta ponte en contacto con nuestra organización y nosotras te orientaremos. 2. No es delito usar anticonceptivos ni necesitas ser mayor de edad para usarlos, es recomendable no automedicarse y solicitar apoyo profesional para saber qué anticonceptivos nos conviene y cuál no. 3. No se ha reformado el Código Penal , existen excluyentes de delito de aborto en los siguientes casos: I.- Aborto culposo.- Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; II.- Aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial. III.- Aborto terapéutico.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, quien dará aviso de inmediato al Ministerio Público, y éste oirá el dictamen de un médico legista, siempre que ésto fuere posible y no sea peligrosa la demora. 4. Que es probable que si llegan con un sangrado a cualquier hospital serán interrogadas buscando culparlas, por lo que te aconsejamos contar con información suficiente antes de acudir al hospital, ir acompañada por alguien de tu confianza y solicitar apoyo legal. 5. Pasa la voz de que toda persona que sufra una muerte violenta en el Estado o una muerte no natural deberá contar, la familia, con una indemnización por parte del Estado ya que protege la vida desde la "concepción" hasta su muerte natural. No permitiremos ser tratadas como incubadoras, estamos acudiendo a instancias internacionales para poner en los ojos de la comunidad internacional que el Estado de Baja California viola sistemáticamente los derechos fundamentales de las mujeres. El 26 de Octubre de este año, la Dra. Gloria Ramírez de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en acompañamiento de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias llevará a nombre de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos 5 casos de discriminación del Estado de BC en contra de mujeres ante el Comité de Expertas de la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer en Ginebra, Suiza. Podrán encontrar acciones jurídicas y políticas, grupos de estudio y espacios de discusión para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en:
www.redderechoshumanos.org <http://www.redderechoshumanos.org/>
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La Red Iberoamericana es una organización que se integra por mujeres profesionistas, hombres solidarios, estudiantes indígenas, mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, académicas y jóvenes en la investigación y la ciencia. Trabajamos desde la transdisciplina buscando el litigio estratégico de derechos humanos propios de un Estado democrático y Laico. Luchamos desde una visión pluricultural, de género y con enfoque de derechos humanos.
miércoles, 28 de septiembre de 2011
AMNISTIA INTERNACIONAL Declaración Pública
Despenalizar el aborto es urgente para el continente
El día de hoy, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, los gobiernos del continente deben promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo. Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.
En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?
Algunos lugares de América Latina y el Caribe han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas. Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.
Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar educación y difusión de los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva.
Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.
Información adicional
Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar a la Tortura.
Los Estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita anteriormente. Sus acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando. En este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
martes, 27 de septiembre de 2011
Reunión extraordinaria de periodistas de los estados. Pronunciamiento especial por el periodismo en Veracruz
Al Gobernador de Oaxaca
A la Opinión Pública
En los últimos meses se ha vivido una escalada de violencia extrema en contra de las y los compañeros periodistas que ejercen su profesión en el estado de Veracruz; asesinatos, desapariciones, amenazas, agresiones, actos de intimidación e incluso violencia institucional en forma de descalificaciones a periodistas en riesgo, acoso judicial y leyes especiales contra twuitteros.
Frente a ello el gobierno de Veracruz está cayendo en el delito de omisión por no realizar medidas efectivas que frenen esta escalada; su responsabilidad no radica en negar o desmentir estos hechos lacerantes e indignantes sino en actuar con políticas publicas claras de prevención e investigación de los hechos que claramente atentan contra toda la sociedad veracruzana al acallar y cerrar los canales de información y comunicación a los que tienen derecho.
Hay evidencia de un éxodo irrefrenable de periodistas de Veracruz, y esto es otra muestra alarmante de que en dicha entidad no existen las condiciones mínimas para ejercer el periodismo. Una sociedad sin periodistas ni comunicadores está condenada a ser una sociedad sumida en la oscuridad y en el desconocimiento de la realidad que le rodea.
Urgimos y exigimos al gobierno de Javier Duarte que de inmediato investigue y castigue a los responsables de todos y cada uno de estos hechos, que garantice el ejercicio profesional de las y los periodistas en todo el territorio estatal y sobre todo que asuma su responsabilidad de cara a la nación sin minimizar o negar esta verdad tan dolorosa.
Ciudad de México. Firman: periodistas de 13 entidades de la República asistentes al Seminario Nacional por leyes y mecanismos de protección en los estados de la república, convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas.
Pronunciamiento. Por la protección del ejercicio del periodismo en los estados de la república
Somos mexicanas y mexicanos que ejercemos el periodismo en los estados de la república.
Nos hemos reunido durante dos días, por convocatoria de la Casa de los Derechos de Periodistas, para evaluar las causas del actual ciclo de agravios que afectan severamente esta actividad de interés público y nacional.
Escuchamos atentamente las visiones de este fenómeno así como sus planes y acciones que nos expusieron representantes de la Secretaría de Gobernación, del fiscal especial de la Procuraduría General de la República, de las cámaras del Congreso de la Unión, de la oficina en México de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y nacionales que protegen la libertad de expresión y de organizaciones de periodistas de las más activas en la defensa de nuestra profesión.
Confirmamos que, a pesar de condiciones distintas que tenemos para trabajar en cada entidad, padecemos circunstancias comunes derivadas de la vulnerabilidad estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, por la inexistencia de leyes que reconozcan nuestros derechos laborales y profesionales, por la debilidad jurídica para la protección del ejercicio, por malas prácticas de gobernantes, servidores públicos, elementos de las fuerzas de seguridad de todas las corporaciones y hasta de muchos empresarios de medios de prensa.
Advertimos que cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país. Especialmente en el corredor de tierra caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México así como en los estados de Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua, esto como consecuencia de las amenazas, agravios y asesinatos que cometen no sólo criminales de la delincuencia organizada sino también servidores públicos de todos los niveles.
Hoy hemos aportado un complemento a las diferentes concepciones que se tienen del fenómeno de las agresiones al ejercicio del periodismo, y es la de entender que ocurren más fácilmente porque la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos es más entre quienes realizan este trabajo en las entidades del país porque padecen las condiciones más difíciles, especialmente los periodistas y radios indígenas y los reporteros gráficos de todos los medios. Por esta visión afirmamos que se requieren, no sólo medidas de seguridad como reacción rápida ante amenazas o riesgos inminentes, sino también leyes, políticas públicas y planes nuestros para la protección correctiva y preventiva en todos los aspectos.
Nos preocupan sobremanera tres asuntos contingentes; la descomposición acelerada de las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz, el enfoque de las investigaciones por los feminicidios de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González en el Distrito Federal y las intenciones en el Congreso de la Unión de constreñir más la libertad de expresión y la libertad de prensa en las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y leyes orgánicas, como de la Armada.
Nos comprometemos a continuar impulsando, y extender a otros periodistas, las coincidencias que hemos encontrado en este seminario nacional para defender y proteger el ejercicio del periodismo en cada entidad, con especial énfasis a periodistas y medios en riesgo o más vulnerables.
Nos comprometemos a promover en cada entidad la construcción de comités de protección los propios periodistas, como primera instancia de auxilio, para atender colegas en riesgo y gestionar que sean atendidos sin dilación por los órganos de gobierno responsables de garantizar la seguridad.
Nos comprometemos a impulsar redes estatales de periodistas y de organizaciones, especialmente en espacios electrónicos, y promover uno o varias conexiones nacionales hasta contar con una red de redes de alerta temprana y de reacción rápida ante riesgos y amenazas.
Nos comprometemos a promover que los periodistas organizados sean reconocidos como interlocutores legales en cada entidad para trazar y verificar la aplicación de propuestas de ley y de políticas públicas tanto para la protección correctiva como preventiva, que eleven la fortaleza profesional del periodismo.
Solicitamos a la Casa de los Derechos de Periodistas continuar con sus tareas de gestoría, facilitación, creación de puentes y estimulo de sinergias entre los periodistas de todo el país entre sí y con entidades del Estado, con organismos internacionales y nacionales para proporcionar refugio, protección, asesorías y acompañamiento jurídico. Uno de las primeras acciones que le requerimos es un plan inmediato para realizar una jornada de cursos itinerantes de autoprotección, de prevención para impedir acosos y demandas judiciales cuando se ejerce el periodismo y para la asesoría legal y acompañamiento en aquellas entidades donde se promuevan leyes e instancias oficiales de protección.
DEMANDAMOS
Al gobierno federal una reunión inmediata con el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República para examinar el estado en que se encuentra el llamado mecanismo federal de protección a periodistas, para examinar los casos de riesgos que tenemos en diversas entidades de la república y conocer los avances en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas del año 2000 a la fecha.
Al Senado de la República iniciar un dialogo sobre la intención de crear una ley federal de protección de los derechos para el ejercicio profesional del periodismo y revisar la situación que guardan los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y otros postergados.
De la Cámara de diputados del Congreso de la Unión iniciar el dialogo para saber el estado que guarda la iniciativa de reforma a su reglamento interior para convertir en comisión ordinaria, capaz de dictaminar leyes, a la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas.
Al gobierno y Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que intensifiquen sus procesos, tanto legislativo como de políticas públicas, para la construcción de garantías, mecanismo y protocolo de protección para que la capital del país se consolide como el sitial para el refugio de periodistas en riesgo.
Demandamos la atención también de los gobiernos estatales a coadyuvar pronta y diligentemente con las instancias federales de protección o de organizaciones civiles para atender casos de periodistas o medios de prensa en riesgo con medidas cautelares y de seguridad, sin poner reparos arguyendo –como ha ocurrido en Jalisco y otros estados-- que se invada la soberanía o que quieran cobrar dinero por las medidas cautelares que proporcionen.
Demandamos de los Congresos estatales a descongelar iniciativas o acelerar procesos sobre leyes de protección y/o fomento de los derechos del ejercicio del periodismo en cada entidad y que consideren una la realización de una reunión cumbre de las legislaturas interesadas en acelerar esos trabajos.
De todos los colegas en cada una de las 32 entidades de la república requerimos una actitud más definida y solidaria con el auxilio y protección de periodistas y medios en riesgo y para mejorar las condiciones del vulnerabilizado ejercicio profesional del periodismo en todo México.
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2011
Chiapas: Ángeles Mariscal, Colegio de Periodistas y Comunicadores de Chiapas./ Distrito Federal: Luis Alberto García, independiente; Genaro Bautista, Agencia Internacional de Prensa Indígena; Matilde Pérez, Sitrajor; Jaime Eduardo García, independiente; Jorge Islas, independiente; Alejandro Olvera, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión; Mariela Paredes, Contralínea; Cristina Renaud, independiente; Omar Raúl Martínez Sánchez, Fundación Manuel Buendía, CDP; Amado Avendaño Villafuerte, independiente, CDP; Agustín Miguel Badillo Cruz, Contralínea, CDP; Judith Calderón Gómez, Sitrajor, CDP; Balbina Flores Martínez, CDP; Manuel E. Fuentes Muñiz, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, CDP; Perla Gómez Gallardo, CDP; Sara Lovera López, CDP; Rogaciano Méndez González, SNRP, CDP; David Peña Rodríguez, CDP; José L. Reveles Morado, CDP; Amalia Rivera de la Cabada, Sitrajor, CDP; Rogelio Hernández López, CDP; Edgar Omar Viniegra, CDP; Jaime Guerrero, CDP; Amalia Zavala Soto, CDP. / Estado de México: Marycarmen Aguilar, Comunicadores y Periodistas Asociados; Evelia Barrón, Colegio de Periodistas del Estado de México; Edmundo Cancino, Frente por la Defensa de los Periodistas; María Castillo, SNRP; Mario Eduardo Bernardo. SNRP; Martha Guerra, independiente; Carlos Hernández, Agencia CNM; Christofer Hernández, Agencia CNM; Alejandro Olivas, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; Fernando Olivas, SNRP; Héctor Peñaloza, Frente de Periodistas del Estado de México; Carlos Sánchez, Nuevo Enlace; David Serrano, SNRP; Jorge Villa, independiente./ Guerrero: Franco Gabriel Hernández./ Hidalgo:; Carlos Camacho, independiente; Eduardo Gómez Mora, Asociación Nacional de Locutores de México; Rodrigo Huerta, SNRP; Eduardo Mejía, colegio de Profesionales de la Comunicación del Estado de Hidalgo; Alberto Witvrun, independiente. / Michoacán: Jesús Lemus, independiente. / Morelos: Maciel Calvo, Red de Reporteros de México; Estrella Pedroza, Red de Reporteros de México; Pedro Tonantzin, Red de Reporteros de México; Diana Valderrábano, Red de Reporteros de México. / Oaxaca: Melquiades Cruz, Agencia Internacional de Prensa Indígena; Franco Gabriel, Agencia Internacional de Prensa Indígena; Beatriz López, SNRP; Antonio Loredo, SNRP; Jorge Rodríguez SNRP. / Quintana Roo; Nombre reservado. / San Luis Potosí: Gerardo Alméndarez, Colegio de Periodistas de San Luis Potosí. / Tamaulipas: Nombre reservado.
Responsable de la difusión: Rogelio Hernández López, Casa de los Derechos de Periodistas.
Boletín de Prensa
Confiamos en la aprobación del Proyecto del Ministro Franco
Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres
Martes 27 de septiembre de 2011
Los proyectos a discusión presentan sólidos argumentos jurídicos que de forma integral y en correspondencia con los derechos humanos, señalan la manera en que estas reformas violan los derechos reproductivos de las mujeres. Asimismo, las propuestas del Ministro Franco no desmerecen el valor jurídico de la vida prenatal, señalan que ésta se debe proteger pero sin desconocer los derechos de las mujeres, no llevar esta protección al extremo que se ponga en peligro la vida, la salud y la libertad de las mujeres.
Los y las legisladores de 16 estados de la República pasaron por encima de los derechos de las mujeres al proteger en sus constituciones la vida desde la concepción. Hoy estamos ante la oportunidad de que al menos dos de esos agravios sean declarados nulos. Esta ofensiva contra los derechos debe detenerse pues representa en los hechos la criminalización y penalización de nuestros derechos.
Las mujeres y organizaciones integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en que
Confiamos en que nuevamente la Corte defenderá los derechos humanos de las mujeres, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones.
Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres: pactofeminista2009@yahoo.com.mx
lunes, 26 de septiembre de 2011
México: Amnistía Internacional condena asesinato de periodista y usuaria de redes sociales
Amnistía Internacional condena el asesinato de María Elizabeth Macías Castro, una editora de un periódico de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre en la ciudad fronteriza.
La organización urge una investigación exhaustiva de este nuevo asesinato de una periodista para que no quede impune y debilite aún más el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
A pesar de que todavía falta realizar una investigación a fondo de los hechos, al parecer junto al cuerpo apareció un mensaje señalando que fue asesinada por miembros del crimen organizado en represalia por la información que la víctima había distribuido en redes sociales denunciando las actividades de los delincuentes en Nuevo Laredo.
El mensaje es una clara amenaza a los usuarios de las redes sociales en las regiones de mayor violencia en México. El 14 de septiembre de este año, los cuerpos de otras dos personas fueron encontrados en Nuevo Laredo junto con un mensaje que también señalaba que habían sido asesinadas en represalia por denunciar en redes sociales las actividades de la delincuencia organizada en la ciudad. Estos tres homicidios parecen representar una alarmante estrategia para intimidar a los usuarios de las redes sociales para que dejen de comunicar información relacionada con la violencia.
El hecho de que por lo menos 8 trabajadores de los medios de comunicación hayan sido asesinados este año, indica la grave vulnerabilidad de las personas que trabajan en los medios y la falta de impacto real de las medidas para prevenir y sancionar las agresiones contra los periodistas.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para esclarecer el asesinato de María Elizabeth Macías Castro, llevar a los responsables ante la justicia y asegurar un clima en que los medios de comunicación tradicionales y los usuarios de las redes sociales puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor de ser asesinados u hostigados.
A Reserva. Principado, Patricios, Plebeyos y uno que otro bufón
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
En el año 27 a. C. se estableció una ficción política en el Imperio Romano que le otorgó a Octaviano el título de Imperator Caesar Augustus. De tal manera, se aseguró el poder manteniendo un frágil equilibrio con apariencia republicana, que de facto pendía de un Senado cada vez más débil frente al poder casi total del princeps. Funcionaba como monarquía dinástica con aspecto constitucional -lo que es conocido como el Principado-.
El Principado es un régimen político considerado como una democracia autoritaria: democracia porque el acceso a los distintos puestos del poder estaba abierto a todos los ciudadanos y autoritario porque el príncipe es el titular de un poder soberano y no estaba sometido a control alguno.
Muchos gobernantes en la actualidad que se presumen democráticos y de convicción republicana se comportan auténticamente como reyezuelos, emperadores o príncipes; el aval de la democracia que toman como bandera únicamente es esgrimido como el origen de su triunfo electoral. “Gané porque el pueblo me eligió”, repiten y se repiten a ellos mismos.
Aun en el caso de las coaliciones, como sucede en Oaxaca, es el protagonismo mesiánico del que se inviste el gobernador como personaje que proclama su soberanía y sus aliados sólo demuestran su carácter de soberano democrático de pluralidad comprobada.
El Principado de Huaxyacac
Como sucedía en Roma antes de Cristo, el príncipe Cué, va absorbiendo el poder de los órganos republicanos, se impone frente la legislatura, decide quién y cómo actuará desde los órganos jurisdiccionales y por supuesto, de las instancias comiciales.
A diferencia de las monarquías, los poderes del príncipe que simulan ser democráticos, los recibe por disposición constitucional; norma jurídica que como lo hizo Gabino “El Hermoso” puede modificar desde sus plenipotenciarios emisarios legisladores, a quienes dispuso, por supuesto de manera democrática –ya que en su mayoría son de la plebe- y fueron en su momento ratificados por el pueblo.
Las atribuciones del joven Príncipe Cué, como en Roma hace 25 siglos, le permiten dirigir de manera absoluta la política exterior, poder declarar la guerra o concretar la paz; disponer y hasta distribuir el Ager Publicus, conceder la ciudadanía, dictar decretos de carácter general o particular y hasta designar candidatos a las magistraturas recomendándolos para desempeñar determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política, con lo que se altera el Cursus Honorum, implicando neciamente privilegios, conductas de corrupción e impunidad.
En el imperio romano esto sucedía como resultado precisamente del carácter imperial de entonces y el ilimitado ejercicio del poder político, su permanencia que les significaba el control emblemático territorial propio de su estatus nación-imperio.
Gabino Cué, en su posición de príncipe, gobierna Oaxaca utilizando a la medida su potestad censoria: poderes y atribuciones de censor, que implica facultades de valoración ética y de fiscalización purificadora de la vida ciudadana. Califica sin recato las actividades ciudadanas y desde su trono decide quien vive y quien debe pasar al cadalso.
Es por supuesto un lenguaje figurativo, ya que ni en los tiempos romanos era utilizada la pena de muerte, que les significaba barbarie no digna de un gobierno “democrático”. La política de la paz y el progreso sólo aplica represión de baja intensidad: ni los veo ni los oigo.
Desde su soberbia autoritaria, como Augusto, se atribuye la Potestad Tribunicia, referente a los Tribunos, que eran cargos otorgados a los diferentes grupos de la plebe, que constituía la tercera clase ciudadana. La segunda estirpe la formaban los militares; los patricios pertenecían a la alcurnia y los representaban los cónsules.
Los tribunos de la plebe surgieron como contrapoder de los cónsules, para defender a los plebeyos. En un principio se elegían por sufragio de las tribus, que exigían magistrados plebeyos que hicieran valer sus canonjías de grupo frente a los privilegios de los patricios. De esta manera se fortalece al tribunado y el Príncipe alcanza mayor legitimidad. Con el tiempo esa relación se pervierte por el excesivo poder de los tribunos y la cada vez menos representación de la plebe.
Es ahora como antes, a fin de cuentas, que el principado refuerza su poder aprovechando la necesidad e ignorancia de la plebe y la ambición de quienes dicen representarlos. La complicidad del príncipe con aliados se robustece con la impunidad institucional.
El derecho de imperio del príncipe se traslada a los tribunos dóciles obsequiándolos con protección especial de carácter sacrosanta que permitía a sus tribus alcanzar los beneficios políticos y socioeconómicos para solventar, entre ellas, una constante competencia de poder y prebendas.
Pensemos en los grupos aliados al príncipe Cué como los tribunos de entonces, igual que antes extienden su poder a partir de su cercanía y halago, ponen en jaque la maquinaria del Estado a pesar de formar parte de él. Las tribus ahora son los partidos y sus grupos que cobran al príncipe su alianza con programas y acciones para sus representados lo que les implica control y manipulación de sus huestes con fines de lucro y electoral.
Los tribunos no tenían la consideración de magistrados romanos, por lo tanto no eran aptos de las curules reservadas a los magistrados, estos cargos pertenecían a los patricios. Ellos sostenían la permanencia y continuación del principado como la élite política y social que daba cuenta de sus privilegios de clase.
El principado históricamente comienza a decaer cuando los tribunos plebeyos destacan políticamente por su amplio poder, relegando a los patricios; por eso Augusto decide imponerse a través del senado la tribunicia potestas, adjudicándose los poderes de los que algún día fueron sus grandes aliados.
En una óptica análoga, el príncipe Cué se encamina formando un consejo de notables magistrados, patricios que funjan como resguardo político del principado de Huaxyacac, que refuercen el gobierno de clase.
Por un lado, es cada vez más notoria la actividad paralela de los grupos aliados pertenecientes al PRD, PT, PC y de las organizaciones sociales que pretenden vigorizarse política y económicamente, argumentando su derecho de tanto, que debe ser -según estos grupos- pagado con puestos, recursos y espacios políticos.
En contraparte, la aristocracia que acompaña al príncipe Cué reclama su primacía de clase y le exige respuestas que pongan a cada quien dónde le corresponde: retirar concesiones a la plebe y recuperar los espacios que estratégicamente les habían prestado, para alcanzar un gobierno democrático e instalarse como poder soberano. Tal vez la rancia aristocracia que se perfila -patricia y arrogante-, permita como bufón una cara sucia danzando alrededor del príncipe.
¡Viva el príncipe!
Canalgentelibre.com
Caracolasfem.blogspot.com
Mujeres y política. Terror y esperanza
Soledad JARQUÍN EDGAR
La violencia está instalada en México. Lo sucedido en Veracruz nos debe llenar de indignación y terror, más miedo que nunca, más indignación que antes y al mismo tiempo la parálisis permanente.
Aunado a ello, se desploman los mercados bursátiles del mundo lo que genera incertidumbre entre la población mexicana, golpeada por una elevada pobreza que pega directo en cada hogar del país, familias que por supuesto no pertenecen a la clase privilegiada: la clase política, la única con salvoconducto para “vivir mejor”.
Me angustia ver cómo funcionarios de primer nivel siguen culpándose unos a otros, lo que es cierto es que la responsabilidad de lo que hoy vivimos es una larga cadena de malas conductas, de ejercicios de poder excesivo y por supuesto de ambiciones desmedidas, todo lo cual inició hace algunos años. Escuela de los que gobernaban antes y que perfeccionaron, con rapidez inaudita, los hombres de las camisas azules y las manos negras, parafraseando a Ana Lilia Pérez, autora del libro del mismo nombre que nos revela la corrupción en PEMEX.
Unos facilitaron el crecimiento del narcotráfico, haciéndose de la vista gorda, como decimos en este país; otros impidieron la aplicación de la justicia con acciones incorrectas de investigación. Omisiones que generaron un caldo hediondo y profundo de podredumbre, provocando lo que vivimos: la impunidad total y la incertidumbre sistemática. Y en medio de todo, la ocurrencia de una guerra.
La gravedad de estos hechos es lo que vemos todos los días, saldos rojos, rojísimos por la sangre que se esparce en calles y carreteras, en comunidades pequeñas o las capitales en las ciudades más importantes del país. Nadie se escapa. Pero tampoco tenemos ninguna respuesta de las instituciones.
Hace muy poco tiempo decíamos que el narcotráfico tenía en jaque a las entidades del norte, algunas ciudades turísticas como Acapulco y Cancún, el resto vivía una paz sostenida con alfileres, pues los problemas sociales estaban siempre presentes en muchas entidades del sur y sureste del país: pobreza, migración, trata de personas, falta de inversión en el campo, el crecimiento de la dependencia alimentaria, despojo de la riqueza natural a las comunidades y muchos etcéteras.
Esta semana, hubo otra noticia, un hecho inesperado nos recordó uno de esos episodios lamentables y lastimosos de la historia reciente mexicana, esa que produce daño social, dolor colectivo, la matanza de 32 mujeres y 13 hombres en el campamento los Naranjos, comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, un 22 de diciembre de 1997, acto salvaje e inhumano que habrían perpetrado grupos paramiliatares priistas.
Quién puede olvidar esa indolencia, esa afrenta que se colmó de impunidad, siempre desgarrador, totalmente excesivo, con tintes de exterminio contra un grupo indígena acosado, fastidiado, expulsado de su propia tierra. Un hecho que en menos de tres lustros parecía cubierto por el polvo del olvido. Sin embargo, la noticia es la demanda que en Estados Unidos se presentó contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por omitir una advertencia.
Zedillo, hoy flamante catedrático de la Universidad de Yale, en el vecino país del norte, afirma que la acusación es una calumnia. Es más plantea la posibilidad de una venganza en su contra (¿Salinas detrás?). Las Abejas y familiares de las personas asesinadas señalaran que de ahí no salió esta propuesta de demanda, pero tampoco ven con malos ojos la posibilidad de justicia. Los abogados –que buscan la reparación de daños por 50 millones de dólares- de quienes lo demandan sostienen que existen pruebas contundentes contra el ex mandatario. La demanda se presentó en Connecticut porque es la entidad norteamericana donde vive Zedillo. Quizá como dice el obispo Raúl Vera, tal vez fuera del país haya justicia.
No se conoce el nombre de los demandantes, ya lo sabremos, lo importante es que esa acción despierta algo que en México parece estar dormida: la esperanza de justicia. Pero sabemos que respira. Y le recuerda a quienes hoy nos gobiernan y nos han gobernado que nos queda dignidad en México. La acusación contra Zedillo es parte de la memoria que aún está despierta, parte del dolor que aún respira, es parte de esa memoria rota por la violencia.
Es también un mensaje para los servidores públicos de todos los niveles y colocados en todos los escalones, pues a pesar de todo, la población mexicana o alguna parte de ella, tiene una gran intolerancia hacia la corrupción y un enorme rechazo a la impunidad, a la corrupción de quienes permanentemente violentan los derechos humanos y pretenden arrebatarnos los sueños de libertad, de justicia, de vivir en un país en paz y en igualdad de condiciones.
Que sirva, entonces este momento, para que los gobernantes de hoy, y los políticos ocupadísimos en la contienda electoral que todavía no empieza descuidando así sus tareas de gobierno, de servicio a la gente, para que pongan sus barbas a remojar. No es simple ni sencillo llegar a sus conciencias, debemos tener paciencia y darle tiempo al tiempo.
Avances y retrocesos
El libro Usos y Costumbres y Ciudadanía Femenina, de la doctora Verónica Vázquez García, presentado en el IISUABJO por especialistas Gloria Zafra, Jorge Hernández y Jaime Martínez Luna, es una forma de dar voz a las 18 presidentas municipales que por este sistema político ha habido en Oaxaca entre 1996-2000. Sobresalen las historias de esfuerzo de estas mujeres que cambiaron el devenir de sus poblaciones en medio de mucha violencia –considerando que el 40 por ciento de ellas no concluyeron-, es también un breviario de aprendizaje sobre cómo gobernar, según explicó la propia autora, quien es investigadora del Colegio de Postgraduados.
En el acto en el que estuvieron presentes un número importante de ex presidentas municipales que relatan sus procesos en el libro de la doctora Verónica Vázquez García, fue notoria la ausencia de la diputada Eufrosina Cruz, quien aunque no fue presidenta de Santa María Quiegolani, en el texto de más de 300 páginas se incluye su experiencia. El reclamo sobre su ausencia vino de una de las ex presidentas quien de pasadita dijo también que era notoria la ausencia de las funcionarias del gobierno del cambio y en especial de aquellas que tienen que ver con los asuntos de género, sin duda tenía razón.
Y justo el viernes cuando se presentó este libro, con preocupación leímos que en la población de San Antonino Castillo Velasco, la asamblea general de esa población acordó la destitución de Natalia Santiago Matías como presidenta municipal. A la munícipe se le acusó de “falta de transparencia” en la aplicación de 17 millones de pesos del presupuesto de 2011, año que por cierto todavía no termina. En realidad, esta acción se suma a las resistencias patriarcales para que las mujeres gobiernen.
En Oaxaca, este ha sido un año difícil, están pendientes los casos de Evic Julián Estrada, destituida como presidenta municipal de San Juan Lalana Choapam y de Evitelia Pacheco Ramírez, integrante del cabildo de la comunidad de Emiliano Zapata, a quien la agredieron y encarcelaron, y peor aún, amenazaron con quemarla viva.
En estos casos como en otros que se han sumado en la historia local, la violencia está presente sólo por una razón: el hecho de ser mujeres. Las resistencias al cambio siguen manifestándose. La investigadora y las propias ex presidentas sostienen que después de un gobierno encabezado por una mujer las cosas no pueden ser iguales y que cuando esto avanza ya nadie lo detiene. El problema es que de la grave violencia y de los hechos aún pendientes en la tienda de enfrente nadie se entera.
Por cierto, realizamos un recuento más minucioso de los asesinatos de mujeres en Oaxaca en los últimos 11 meses, entre diciembre de 2010 y este mes de septiembre, debemos corregir la cifra: van 65 mujeres asesinadas, sí leyó bien: SESENTA Y CINCO.
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