Mujeres y política
¿De quién fue la culpa?
Soledad
JARQUÍN EDGAR
Sin duda
hay problemas serios para quien propone, quien dispone y quien termina por
realizar las cosas. Son como tres automóviles cada uno en su carril. Eso es lo
que le pasa al ejecutivo, al legislativo y no está fuera de esta circunstancia
el judicial.
En agosto
de 2011, Gabino Cué Monteagudo presentó ante el Congreso local la iniciativa
para tipificar como delito el feminicidio, iniciativa que contemplaba otros dos
tipos penales: la violencia obstétrica y la violencia familiar, pero estas dos
últimas no pasaron. En el caso de la violencia obstétrica hubo un excesivo
temor a trastocar los “saberes” de la ciencia médica y las lamentables, comunes
y cotidianas malas prácticas de ese potente gremio.
Un día
antes de que se cumpliera un año de que entró la iniciativa gabinista,
elaborado por cierto por algunas de las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan los derechos humanos de las mujeres con asesoría de abogadas del
Distrito Federal, el pasado 8 de agosto finalmente se aprobó la tipificación
del feminicidio como delito, es decir, el asesinato de mujeres por razones de
género, con sólo 34 de 42 votos. Ya lo dijimos se opusieron algunos diputados
del PRI, principalmente.
Recién en
una conversación con el diputado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, de Acción
Nacional, nos relataba que lo que se ha llamado en la prensa como un veto del
gobernador Gabino Cué resulta aberrante, primero porque es el ejecutivo quien
propone la iniciativa y no firma el documento final por contener “errores”, precisamente señala el
legislador, se trata del artículo 134 que ahora no le gusta, pero que él firmó
y propuso desde un principio en la iniciativa presentada en 2011.
Por otra
parte, el panista coincide con las voces de las organizaciones no gubernamentales
como la abogada Yéssica Sánchez Maya, quien ha dicho que se trata de una
dilación del ejecutivo y del legislativo para no presupuestar recursos en
materia de feminicidio, lo que al mismo tiempo retrasará otros puntos
fundamentales como la creación de protocolos de investigación por parte de la
Procuraduría General de Justicia del Estado. La iglesia en manos de Lutero,
como dicen algunas especialistas que no ven con buenos ojos que sea el propio
Procurador quien elabore los protocolos.
Hay razón
en lo que dice el legislador, considerando que tuvieron un año para analizar la
inicitiativa de ley y para que el titular de la Dirección Jurídica y de
Gobierno se diera por enterado.
Claro que
en ese punto no fue el único que se dio cuenta a destiempo de la aberración que
supuestamente contiene el artículo 134 o que por lo menos lo señala a
destiempo, como sucede con el propio legislador panista, quien apunta que el
134 “choca con el carácter humanista del derecho penal”.
Por otro
lado, Luis de Guadalupe Martínez califica que hay desgano de quienes deben
accionar los mecanismos y terminar con esto en el legislativo donde –reitero-
nadie tiene interés alguno de apurarse. La junta de coordinación política, que
preside el panista Juan Mendoza Reyes -quien dicho sea de paso está más ocupado
en la contienda interna de su partido para obtener la presidencia del
desvencijado blanquiazul- no tiene interés real en resolver el entuerto a pesar
de la gravedad del problema.
Sí,
porque aún cuando las y los legisladores no vean el tamaño del problema de la
violencia y el feminicidio en Oaxaca seguirán empujando pifia tras pifia,
caminarán con la lentitud propia de una tortuga y como dice Martínez Ramírez con
mucho desgano, o tal vez, pienso, con desinterés premeditado.
Con estas
actitudes, la diputación y Gabino Cué deberían saber que no se ponen el cuerno
entre ellos, sino que están dando largas a un asunto penoso que en lo que va de
la presente administración llevan 161 asesinatos de mujeres y lo increíble es
que el ejecutivo sigo fanfarroneando con una campaña que empezó en septiembre y
no en enero con el lema del “Año de la no violencia contra las mujeres en
Oaxaca”, donde además en el contenido de la campaña se volaron una idea, hay
plagio.
Nadie
tiene ninguna prisa e insisto en que la vida de las mujeres les importa un
bledo. Entrampados en sus rebatingas políticas del legislativo y ejecutivo,
tienen otras dolencias que no resolverán ni siquiera con una sesión
extraordinaria propuesta para el 24 de septiembre próximo. Dejando además pasar
los otros tipos penales: la violencia obstétrica y la violencia familiar. Como
diríamos en Oaxaca “hay a ver para cuándo”.
Por otra
parte, con relación a la violencia familiar, “atorada” dicen porque no saben
qué hacer si considerarla grave o no, con la experiencia que se vive en la
práctica cotidiana del derecho con la actual legislación de violencia
intrafamiliar que si considera grave este delito, propuesta que votó el
legislativo en 2011, por lo que el victimario no alcanza fianza y que como ya
hemos dicho “le están encajando el diente a las mujeres”.
Sin embargo, dice Luis de Guadalupe Martínez, frente a ello, los jueces empezaron a negar fianzas, los abogados empezaron a solicitar amparos y el criterio de la Corte es que no debe ser grave. ¿Qué está ocurriendo? Bueno que se aplica el criterio de los tratados internacionales que señalan que no debe ser grave y, finalmente, sí están dando fianzas, lo que evidencia los errores de la legislación. Alguien les tiene que enmendar la plana.
Sin embargo, dice Luis de Guadalupe Martínez, frente a ello, los jueces empezaron a negar fianzas, los abogados empezaron a solicitar amparos y el criterio de la Corte es que no debe ser grave. ¿Qué está ocurriendo? Bueno que se aplica el criterio de los tratados internacionales que señalan que no debe ser grave y, finalmente, sí están dando fianzas, lo que evidencia los errores de la legislación. Alguien les tiene que enmendar la plana.
Por eso
decimos que el ejecutivo va por una vía, el legislativo por otra y el judicial
por la suya y al garete toda la población. Vemos otra vez lo que pasaba antes del
“gobierno del cambio”, los actores políticos están jugando a Juan Pirulero,
donde cada quien atiende su juego.
Hay otros
temas pendientes en el legislativo, pero como en los arriba mencionados parece
que no hay prisa, como la ley de fiscalización y la de protección a los
derechos político electorales, por lo pronto mientras todo esto sucede seis
magistrados tienen seis meses cobrando y no tienen sala para trabajar. Todo
parece que tendrán que esperar hasta el 15 de noviembre y el tiempo es el
enemigo a vencer frente al proceso electoral de 2013, en el caso de los
mecanismos de protección a los derechos político-electorales, a ver si
alcanzan.
Esto me
recuerda mucho el pasado inmediato. Donde cuando hay tiempo no se hacen las
cosas y cuando no hay tiempo las leyes o modificaciones se aprueban al vapor y
ya sabemos que pasa después.
La disputa que viene
Dicen
quienes saben que hay una disputa de antología entre las personas que sienten
que Enrique Peña Nieto les habla al oído y ya manejan que serán los elegidos
para dirigir las delegaciones federales, la pregunta es ¿le alcanzarán los
puestos para pagar los “buenos” oficios de los políticos de Oaxaca?
Lo que
también ha trascendido es que el propio presidente electo ya no los quiere en
Oaxaca y que sí tienen la promesa de que les darán su hueso delegacional pero
será fuera de Oaxaca.
Siendo
así, el consenso de muchos habitantes de esta sufrida entidad es que por favor
los coloque lejos, muy lejos porque ya
se sabe de qué pie cojean. También existe una opinión generalizada que nadie
como los políticos oaxaqueños para pacificar aguas calientes en entidades como
Veracruz (pero al norte para que no queden tan cerca), Tamaulipas, Chihuahua,
Morelia, Nuevo León y, porque no, también Sinaloa. De verdad, ojalá San Peña
Nieto escuche las plegarias de la población oaxaqueña y los mande muy, pero muy
lejos.
@jarquinedgar
