martes, 21 de marzo de 2017

Mujeres y Política Vidas rotas

Tomada de internet


Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, 20 marzo 2017.- El aborto es legal en México, al menos de manera general en todas las entidades cuando la concepción sea producto de una violación. Pero solo el 0.08 por ciento de las más de 70 mil 600 denuncias por violación sexual interpuestas en las fiscalías o procuradurías de las entidades y de la propia Procuraduría General de la República, entre enero de 2009 y el 30 de junio de 2016, concluyeron en procedimientos de aborto.
El informe de GIRE “Violencia sin Interrupción” revela las dificultades que las mujeres y niñas enfrentan en México para hacer valer ese derecho, a pesar de que para ellas, sobre todo en las niñas, un parto producto de un embarazo forzado puede ser causa de muerte y deja a las sobrevivientes de la violencia sexual con la vida rota.
La razón no es simple. Legislar sobre aborto, que en México, en los códigos penales sustentan hasta ocho excepciones diferentes en las 32 entidades del país, leyes impactadas desde “la moral”, “la religiosidad”, “los prejuicios”, desde la perspectiva sexista y misógina que no da a las mujeres ningún valor para tomar una decisión ya no solo sobre su cuerpo sino sobre el resto de sus vidas.
Recién hablaba una querida amiga sobre el sospechismo que –con razón- levanta el tema del aborto cada vez que lo traen a la mesa. ¿De qué nos quieren distraer ahora? Pregunta. Usted puede sacar sus propias conclusiones, temas nos sobran. Pero, es cierto, el aborto está en la mesa de la discusión en la Cámara de Diputados federal a raíz del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, “el ambiente generado” –que de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- ha confundido a la opinión pública respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación sexual.
Pero no hay que equivocarse, el dictamen no cambia en nada la legalidad de la interrupción del embarazo para las mujeres víctimas de violencia sexual, ha precisado la organización, quien aclara que el objetivo del dictamen es impulsar una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2- 2005, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
Son ocho, decía, las excepciones por las cuales el aborto es legal, en algunas entidades con más posibilidades que en otras. Pero el aborto por violación tendría que ser, por llamarlo de algún modo, en automático. Sin embargo, lo legal en muchas ocasiones no alcanza para que se aplique por razones “particulares” del personal de procuración de justicia y médico, y hay, como ya vimos, miles de víctimas de esa violencia y contamos gracias al trabajo de las organizaciones con testimonios de las víctimas en todo el país, sobre las dificultades para hacer efectivo ese derecho.
Por ello, la Comisión de Igualdad de Género, que está integrada por legisladoras (incluso un legislador) del PRI, PRD, PAN, MC y del PVEM, busca que las entidades federativas tengan programas de capacitación y evaluación al personal, así como que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM 046, regulación que debe o debería garantizar el acceso de niñas y mujeres a recibir atención adecuada cuando sufren violencia sexual, lo que incluye el aborto legal.
Ahora, el dictamen propone que cada estado de la República tenga programas de capacitación, evaluación al personal y que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM-046, porque ante los resultados (61 procedimientos de aborto en seis años, frente a miles de aberrantes violaciones) “reflejan el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud, el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y de la vida de las niñas y mujeres, obstaculizan los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron haber sufrido” (goo.gl/2pzOZZ).
No tiene, entonces, sentido tener derechos si esos derechos no son efectivos. Son meras ilusiones pensar que tenemos derechos si el personal de procuración de justicia o de las clínicas y hospitales públicos insisten en no ejecutar esas acciones y en poner obstáculos a las niñas y las mujeres.
Las cifras que GIRE revela en su estudio deberían ser motivo de vergüenza para las instituciones, cierto ahora la Comisión de Igualdad de Género ha tomado el toro por los cuernos, debe conseguir el objetivo. Y me gana el pesimismo con razón de sobra porque hasta donde recuerdo, en el caso de Oaxaca, han sido varias las organizaciones no gubernamentales que a lo largo de estos 20 años han realizado diversas acciones con las dependencias de salud y de la ahora Fiscalía General de Oaxaca para eliminar los obstáculos morales del personal obligado a no re-victimizar a las mujeres violando sus derechos. Pero no, todavía no se logra que esos criterios se apliquen y México de cumplimiento –como establece la norma- a los compromisos adquiridos en los foros internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989); Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969); Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” (OEA, 1994); Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969); y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).
En fin, tendríamos que ser “personas más humanas” aunque esto le suene a redundante. Humanizar a quienes sugieren que abortar es un pecado, ese instrumento de control en que se convierte la derecha y sus instituciones. El personal médico tendría que ponerse en los zapatos de las niñas y mujeres que sufren violencia sexual para actuar y proteger sus derechos.
Tendríamos que pensar que la violencia sexual y el embarazo forzado son lastres que nos han perseguido desde el principio de la historia y, por qué no, detenernos unos minutos para pensar qué significa para una niña y para una mujer engendrar el producto de una violación. Recuerdo una frase que seguramente ya conoce: sería el recordatorio permanente de la agresión sufrida, el recordatorio de que su vida no vale nada. Pero esa frase no se acerca en nada a lo que seguramente significa para una niña o para una mujer tener una vida rota.
El delito es la violación, a quienes se debe castigar es a los violadores sexuales; el derecho es abortar en condiciones que no pongan en riesgo la vida de las víctimas de violación. De eso se trata la propuesta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.





lunes, 9 de enero de 2017

Mujeres y Política Hechos para la historia





Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, 9 enero 2017.- De gane. El hecho de que 59 mujeres gobiernen en igual número de municipios de Oaxaca habla sobre el más importante avance de las mujeres en el ámbito político electoral del que se tenga noticia desde hace 70 años, si recordamos que fue en 1947 cuando se aprobó en la Constitución mexicana las reformas al artículo 115 que se publicaron un 17 de febrero de ese año, garantizando a las mujeres el derecho a votar, ser votadas y participar en la vida pública de los gobiernos municipales.
“Hecho histórico” como se dice cuando suceden acontecimientos antes no vistos y las mujeres, ya saben, estamos llegando de manera tardía a la vida pública de este país. Pero sin duda es un hecho trascendente. Al asumir 59 mujeres el cargo más importante de un ayuntamiento como sucedió en Oaxaca, esta entidad se coloca en un lugar privilegiado de la numeralia o como decimos la mujeralia. Es el estado con más presidentas municipales en todo el país, todas ellas electas durante 2016.
Por la composición particular de la entidad es obligado explicar que hay dos sistemas de elección, uno que es conocido en el país completo a través de la competencia de los partidos políticos, solos o por coaliciones, incluso de manera independiente, donde en 2016 por primera vez se aplicó el componente de la paridad, también producto de una reforma electoral al artículo 41 constitucional aprobada apenas el 31 de enero de 2014, hace tres años ya. Este mecanismo electoral se aplicó en 153 de los 570 municipios del estado, donde de habitan o residen la mayoría de quienes viven en la entidad.
La otra forma para elegir a sus autoridades es el de los usos y costumbres, renombrado hace muy poco tiempo como sistemas normativos internos, y cada uno de los 417 ayuntamientos que seleccionan a sus autoridades de esta forma, tiene sus propias particularidades y también sus propios periodos y estos pueden ser de uno, dos o tres años. En estos municipios reside una menor cantidad de población.
Así que en Oaxaca fueron electas 38 presidentas municipales a través del sistema de partidos políticos en la elección del 5 de junio pasado; y a lo largo del 2016 en fechas distintas fueron electas otras 21 presidentas municipales, porque –de acuerdo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana- se atendió a la recomendación de que en sus planillas o propuestas fueran incluidas al menos una o dos mujeres. No ocurrió en todos lados, por lo que tendríamos que decir que algunos municipios se enfrentarán a litigios en los tribunales electorales por el hecho de negar en pleno siglo XXI la participación política a las mujeres.
Es real, hay en Oaxaca un avance numérico de mujeres en las concejalías, si consideramos que a través de los sistemas normativos internos fueron electas mil 110 mujeres, la mayoría de ellas, poco más de 600 son propietarias en sindicaturas y en regidurías.
Aunado a ello, de manera directa fueron electas a través de partidos políticos otras 114 mujeres son síndicas municipales, y está en veremos cómo los tribunales resuelven el caso de Pinotepa Nacional, donde Yareli Cariño, fue simplemente reacomodada a una regiduría y no a la sindicatura, cargo por el cual fue electa. Este episodio que es más común de lo que podríamos pensar es parte de los múltiples problemas que enfrentan las mujeres al acceder al poder.
Entonces son 38 presidentas municipales, 114 síndicas y electas de manera directa 252 regidoras por voto directo, a las que se agregaron un número significativo más de mujeres que llegaron a los cabildos por la vía plurinominal como regidoras y cuya cifra podría alcanzar a medio centenar aproximadamente. 
Esto hace, como en el caso de Oaxaca de Juárez que las mujeres sean por primera vez una mayoría de regidoras. Cada una de estas presidentas, síndicas y regidoras tienen una suplente.
El IEEPCO, a través de la concejera Rita Bell, como de la Consejera Elizabeth Bautista han calificado el hecho como algo que no tiene precedente, claro, al menos numéricamente y eso es mucho hay un avance real o sustancial. La comparación no tiene precio: En el proceso electoral anterior, por los sistemas normativos internos solo hubo ocho presidentas municipales en Oaxaca y el mismo número fueron electas en la competencia partidista.
Pese a las dificultades numéricamente las mujeres están en los gobiernos municipales de Oaxaca, aunado a ello, en esta entidad se eligió a una candidata independiente como presidenta municipal, así Rosa María Aguilar Antonio tiene por decirlo un lugar en la historia local y nacional por ser la única en todo el país que logró con sus votos el privilegiado lugar, en la población istmeña de Reforma de Pineda. Y otro hecho especial es lo sucedido en San Dionisio del Mar, donde el pueblo decidió que hubiera una planilla única y ésta claro está era encabezada por una mujer: Teresita de Jesús Luz Ojeda.
Dos datos que revelan que no todo es miel sobre hojuelas: 1) para las mujeres de Oaxaca el espacio público les ha costado dolor y sangre, algunas lamentables pérdidas de vidas humanas, porque hay un sentimiento misógino que sostiene que las mujeres no deben ocupar un cargo público, de ahí que todavía en algunos lugares las mujeres no pudieron ser electas. Así hoy y tras los primeros días de enero están en vilo las vidas de algunas de ellas, sí sus vidas, su bienestar y el de sus familias, el talón de Aquiles de las mujeres, porque se amenaza a la familia. Tal es el caso de la presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, ambas militantes del PRD que hoy siguen dando la pelea porque la razón se la dio el pueblo en las urnas.
2) Un dato que no debemos dejar pasar y es para que lo anoten en la bitácora de la democracia, fue el desafortunado desatino de quien organiza la agenda del gobernador Alejandro Murat, quien no acudió a la toma de protesta de alguna de estas 59 mujeres, pese a como ya vimos el hecho es por demás trascendente para la historia local y, claro, la del país completo. Lástima que no lo vieron. Alguien tendrá que poner más cuidado porque cero y van dos: por un lado, estamos frente a un ínfimo presupuesto para la Secretaría de la Mujer, que él mismo ordenó se creara y, por el otro, no le dieron importancia al ascenso de las mujeres a la vida política.
@jarquinedgar