jueves, 4 de abril de 2013

INTERVIENE CDP EN OAXACA POR LAS AGRESIONES A PERIODISTAS


Oaxaca, Oax., 4 de abril de 2013
 
BOLETÍN DE PRENSA
 
INTERVIENE CDP EN OAXACA POR
LAS AGRESIONES A PERIODISTAS
| Alertan sobre agravamiento de la violencia en el istmo de Tehuantepec | Casa de los Derechos de Periodistas visita la región; se entrevistará con comunicadores en riesgo
 
La Casa de los Derechos de Periodistas demandó este jueves al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, tomar acciones para proteger de manera efectiva a las y los periodistas de ese estado, tras el agravamiento de la violencia contra comunicadores en el istmo de Tehuantepec durante las últimas semanas.
 
En una carta dirigida al gobernador Gabino Cué Monteagudo y al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, en la que hace una relación de diez agresiones recientes contra el ejercicio del periodismo en el estado, la asociación pidió garantizar a comunicadores y periodistas la seguridad para ejercer su oficio con libertad y la protección suficiente a sus derechos humanos.
 
A nombre de la presidenta de la Casa, Judith Calderón Gómez, el documento fue entregado en las oficinas de la gubernatura por el periodista Rogelio Hernández López, coordinador de Protección a Periodistas de la asociación civil, quien además es integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, instancia de la Secretaría de Gobernación.
 
Hernández López se entrevistó hoy en Oaxaca con el defensor Peimbert Calvo y con el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, diputado Pável López Gómez, para exponer la preocupación de la institución civil por las agresiones cometidas últimamente contra comunicadoras y comunicadores.
 
Mañana viernes, el enviado de la Casa estará en diversos municipios del istmo de Tehuantepec, donde se entrevistará con comunicadores agredidos o en riesgo, para valorar con ellos la posible necesidad de medidas especiales de protección.
 
La carta entregada hoy incluye una relación de diez hechos recientes que constituyen agresiones a la libertad de expresión, entre ellos una orden de aprehensión dictada contra el periodista Carlos Sánchez López, de la emisora comunitaria “Radio Totopo”, de Juchitán, que “parece una justificación judicial para acallarlo”, así como los ataques y el robo del equipo de esa difusora.
 
También menciona amenazas y otra orden de aprehensión contra David Henestrosa Carrasco, colaborador de Radio TNT de Juchitán y director del Informativo Generando Opinión; amenazas de muerte contra Filiberto Vicente, de Radio Xadani; el secuestro de cinco periodistas en San Mateo del Mar; amenazas contra María Elena Ramírez, editora de un quincenario y periodista de Radio Juchitán, la Voz del Pueblo, entre otras.
 
La Casa de los Derechos de Periodistas es una asociación civil mexicana fundada en 2010 para prestar apoyo, asesoría, acompañamiento y otras acciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de las y los periodistas, cuando se encuentren en riesgo por el ejercicio de su profesión.
 
A continuación, el texto íntegro de la carta:
 
C. Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo
C. Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo
 
 
Nos dirigimos a ustedes para manifestar una preocupación, ya extendida en organismos internacionales y nacionales, sobre el ambiente negativo para el ejercicio del periodismo y la Libertad de Expresión, que está creciendo en el estado de Oaxaca, más recientemente concentrado en localidades del Istmo de Tehuantepec.
 
Tenemos datos y documentos indicativos de que se están cometiendo actos de gobierno, injustos y arbitrarios, que estimulan un clima de miedo y fomentan la vulnerabilidad de comunicadores de radios comunitarias y periodistas, agravados con amenazas y acoso.
 
La Casa de los Derechos de Periodistas A.C., como es de su conocimiento, tiene como tareas fundamentales la defensa de la libertad de expresión y de los derechos e integridad de periodistas, comunicadores y trabajadores de medios, especialmente cuando los ambientes se tornan agresivos contra el ejercicio de su actividad y lastiman, tanto sus derechos fundamentales que respalda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías que México ha respaldado en tratados, acuerdos y convenciones internacionales para ejercer los derechos universales de manifestación, organización, de prensa y de expresión.
 
Por tanto relatamos los siguientes
HECHOS:
 
1. Al periodista y comunicador Carlos Sánchez López, Director de la Radio Comunitaria “Radio Totopo”, le fue librada orden de aprehensión por un motivo que, por las circunstancias políticas, parece más bien una justificación judicial para acallarlo;
2. Al periodista David Henestrosa Carrasco, colaborador de Radio TNT de Juchitán y Director del Informativo Generando Opinión, quien además de haber recibido defenestraciones públicas injustas y amenazas de políticos de la entidad debido al tipo de periodismo que ejerce, según nos indicó, también tiene ya una orden de aprehensión igualmente injustificada;
3. El comunicador Filiberto Vicente de Radio Xadani recibió hace pocos días serias amenazas de muerte. Su caso ya fue expuesto y defendido por Amnistía Internacional;
4. Los comunicadores de la Radio Voces de los Pueblos, Karina Martínez e Ignacio Garrido, fueron retenidos arbitrariamente en San Mateo del Mar junto a la enviada especial de La Jornada, Rosa Rojas, hace pocos días.
5. Las instalaciones de Radio Totopo han sufrido ataques y el robo de sus equipos, los días 26 y 29 de mar-zo del año en curso.
Además de ellos,
6. La periodista María Elena Ramírez, también Editora de un quincenario y comunicadora de la Radio de Juchitán la Voz del Pueblo recibió, el martes 2 de abril, amenazas de un dirigente de ganaderos de la Región y dudaba en presentar la denuncia en la procuraduría del estado, por los antecedentes de inacción frente a estos delitos;
7. El periodista Said Hernández, de la revista “Tucán”, quien fue apuñalado el 24 de junio de 2012 y amenazado por particulares cercanos a sus agresores, desde ayer entró en otro periodo de miedo porque dos de sus victimarios fueron puestos en libertad, a pesar de la apelación que hicieron sus abogados y la delegación de la Procuraduría General de la República. Por esos motivos, ayer mismo solicitamos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que redoblará las medidas cautelares que le habían implementado, porque sa-bemos que el peor mensaje es la impunidad y los agresores se envalentonan;
8. El periodista, Antonio Francisco Rodríguez, (conocido como Antonio Mundaca), según relata, fue despedi-do de la empresa radiofónica ORP Comunicaciones “por presiones de funcionarios de gobierno”, y ha re-cibido amenazas telefónicas, que son verosímiles con altos grados de riesgo, por lo cual ya solicitamos la intervención del Mecanismo de Protección del gobierno federal;
9. El periodista Fernando Palacio Cházares, quien señaló haber sido agredido por autoridades municipales de Eloxochitlán de Flores Magón también recibió amenazas de muerte, por lo que nuestra Asociación Igualmente gestionó y obtuvo medidas cautelares del Mecanismo Federal;
10. El comunicador y defensor de los Derechos Humanos, David Cilia Olmos, también ha sido adoptado por nuestra Asociación para medidas de protección correctiva y, por ello también tiene medidas cautelares del Mecanismo federal de Protección por el ambiente hostil y descalificador que le creó la actitud y las acusa-ciones infundadas que hizo públicas el mismo Secretario de Gobierno, Jesús Emilio Martínez Álvarez; ambiente que lo hace vulnerable frente a amenazas de muerte anteriores.
 
Sabemos de otros casos de periodistas y comunicadores, también afectados por el ambiente negativo que sigue creciendo contra el ejercicio de la libertad de expresión, pero que hoy nos reservamos hasta documen-tarlos plenamente.
 
Por todo lo anterior, de manera respetuosa, pero firme, demandamos a ustedes las acciones necesarias para frenar este ambiente y responder a las obligaciones que aceptaron al asumir sus cargos, de cumplir y hacer cumplir las leyes, el Estado de Derecho y garantizar a comunicadores y periodistas que tendrán la seguridad para ejercer con libertad y la protección suficiente a sus derechos humanos.
 
Atentamente
 
Lic. Judith Calderón Gómez, Presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, A. C.;
Periodista Rogelio Hernández López, Coordinador de Protección y Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación;
Lic. Omar Viniegra Ávila, Coordinador de Asuntos Jurídicos.
 
c.c.p  Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca
c.c.p. Mecanismo federal de Protección
c.c.p. Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos
c.c.p. Organizaciones de periodistas de Oaxaca y de México
c.c.p. Freedom House

Escandalosa la dimensión de la pobreza juvenil en México



Escandalosa la dimensión de la pobreza juvenil en México

Amnistía Internacional recibe con preocupación el informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México” elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
De acuerdo con este informe, presentado el pasado 3 de abril, casi la mitad (46%) de las 52 millones de personas que de acuerdo al CONEVAL viven en situación de pobreza en el país, son niñas, niños y adolecentes.
Además, estos 21.4 millones de menores en la pobreza representan más de la mitad del total de menores de edad en México (el 53.8% de un total de 39.2).
Para Amnistía Internacional estas confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada diez niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada diez niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe.
La pobreza tiende a formar un círculo vicioso, quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado –o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado.
Especialmente preocupante es que la mayoría de jóvenes del país se encuentre en esta situación, pues de no tomarse medidas urgentes se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayormente en la pobreza.
Amnistía Internacional ha dado seguimiento a recientes anuncios sobre un plan de combate al hambre y la pobreza. La organización saluda estos compromisos pero señala su preocupación por que estos anuncios no han establecido objetivos claros y medibles, plazos, acciones específicas ni han indicado cual será el presupuesto que se dispondrá  para hacer realidad estos compromisos.
“La pobreza no es inevitable, es resultado de decisiones que personas toman sobre la vida de otras personas. Es el resultado de políticas públicas que durante décadas han condenado cada vez a más millones de personas en México a vivir bajo los devastadores efectos de la pobreza” Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
“Sin embargo, si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia”  agregó Zapico.
Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivos. Se debe  especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia.
Además la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles. Por ello, la organización recuerda a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas (PFPIDESC). Este protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas.
Información Adicional
Desde 2008 Amnistía Internacional ha hecho campaña para pedir a México que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas. Este protocolo que permitiría a las personas viviendo en situación de pobreza denunciar la violación de sus derechos ante un mecanismo de la ONU, entró en vigor tras su ratificación por parte de Uruguay el pasado día 5 de febrero. Sin embargo, a pesar de que México fue uno de los países que impulsó en un principio la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de más de 40 países firmantes.
Tras darse anunciarse en enero del presente año una estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza, Amnistía Internacional dio a conocer una serie de requisitos fundamentales que esta estrategia debería incluir para poder ser verdaderamente efectiva, este documento puede consultarse en la siguiente dirección:http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/01/23/es-momento-de-verdaderas-acciones-contra-la-pobreza-millones-de-personas-no-pueden-esperar-mas/