lunes, 5 de diciembre de 2011

Mujeres y política. Omisión y opacidad gubernamental


Soledad JARQUIN EDGAR

María Elena, Marlyn, María de los Ángeles, Teresa, Felícitas, Virginia y Daniela son apenas algunos de los cientos de casos de mujeres cuyas vidas han sido “tocadas” por la violencia por el hecho de ser mujeres. En todos estos casos prevalece un factor: la falta de justicia, porque cuando la justicia no es completa no es justicia.

María Elena López Bretón interpuso una queja ante la Comisión para la Defesa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por “hostigamiento y discriminación laboral”, acciones que derivaron en que su embarazo, diagnosticado en el IMSS como de alto riesgo, terminara en el lamentable aborto de un embrión de 10 semanas de gestación.

El hostigador laboral, Jesuswaldo Martínez Soria, Coordinador de Evaluación del Desempeño, en la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura no sólo no respetaba los horarios de trabajo de María Elena López Bretón, sino que le negaba y se molestaba porque tenía que acudir cada 15 días a consulta por recomendación de su médico familiar del IMSS. En alguna ocasión, el funcionario señaló: “como las mujeres no piensan que cuando se embarazan, dejan de lado las responsabilidades del trabajo y uno tiene que aguantarlas…”.

La contadora pública María Elena López Bretón tiene 35 años de edad, desde hace 11 labora en el Gobierno Estatal donde ha ocupado diversos cargos. El 13 de junio ingresó al IMSS, donde le informaron que tendrían que practicarle un legrado porque el embrión había muerto. De manera responsable llamó a su jefe inmediato para comunicarle que no regresaría a la oficina. La respuesta de Martínez Soria aún está fresca en la memoria de María Elena López Bretón y testigos que lo escucharon por el alta voz del teléfono celular:

“…lo único que te voy a decir es que por favor la próxima vez nos avises con tiempo, porque no es posible que abandones así el trabajo; hace rato yo personalmente tuve que ir a pedir unas cosas hasta la planta baja y eso no es posible, yo no tengo que hacer tu trabajo; es una irresponsabilidad que te vayas así cuando hay tanto trabajo…”

María Elena López Bretón perdió a su hijo como resultado del excesivo trabajo que le fue impuesto por su jefe inmediato tras conocer que estaba embarazada; Martínez Soria “un estudioso doctor” egresado de la Universidad de Barcelona, prosiguió con el hostigamiento cuando ésta volvió a su trabajo y decidió marginarla colocándola en un reducido espacio de la oficina gubernamental, es decir, la sacó del cubículo que ocupaba antes de ser hospitalizada.

La DDHPO resolvió el pasado 17 de noviembre que en términos del artículo 45 de la Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acreditando violaciones a los derechos humanos de María Elena López Bretón, por parte de Jesuswaldo Martínez Soria.

Es increíble, pero desde el principio tuvo conocimiento el gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien ofreció atender el caso y afirmó –de acuerdo a lo dicho por López Bretón- que personas como Jesuswaldo no deberían seguir trabajando en el gobierno estatal porque hacían daño… pero nada pasó, el servidor público sigue laborando en la misma oficina, en tanto que a María Elena se le ofreció desde la Secretaría de Administración un cambio para que no tuviera que seguir viendo al funcionario que había violentado sus derechos, está vez sería como “oficial” en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. María Elena no aceptó y le recordó al titular de la dependencia que la víctima era ella.

De acuerdo con la propia DDHPO, María Elena López Bretón sufrió una serie de violaciones a sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y otras reglamentaciones.

Pero esto no ha sido todo, un médico del IMSS de nombre Luis Salvador Aguilar Rodríguez, encargado de la Coordinación del Departamento Clínico de Ginecología proporcionó al Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Iturribarría Pérez, documentos propiedad del IMSS con la pretensión de descalificar las acusaciones de María Elena. Sin duda, una violación más a sus derechos que podrían ocasionar una nueva demanda ante la DDHPO e, incluso, de tipo penal contra quién o quiénes resulten responsables.

Aunado a ello, ha recibido advertencias que suenan a amenazas “tus llantas podrían salirse”, en tanto otra empleada que atestiguó ante la DDHPO a su favor fue despedida y un compañero fue marginado por solidarizarse con ella. Hoy, María Elena López Bretón tiene una justicia a medias, que exhibe la actuación de los servidores públicos, su falta de ética y de humanidad, que se suman al enorme abuso de poder al grado de obtener documentos que debían ser confidenciales entre pacientes y personal médico del IMSS, pero que finalmente revelan una serie de complicidades que alcanzan al propio mandatario oaxaqueño.

En suma, hay complicidad, opacidad y omisión que revelan que aquello del gobierno de los derechos humanos, como se autonombran, es una falacia.

Los siguientes son casos pendientes, no justificaciones para el gobierno gabinista, porque aunque estos crímenes no se cometieron en la actual administración, es hoy el responsable de su solución.

María de los Ángeles

El pasado 24 de noviembre se cumplieron 10 años desde que María de los Ángeles López Díaz, quien estaba embarazada, fue quemada viva por su compañero, un policía ministerial de nombre Samael Cruz Delgado. Las heridas le produjeron un aborto y finalmente la muerte un 1 de enero de 2002.

Su familia ha tenido que enfrentar un larguísimo proceso que todavía no termina, Samael Cruz Delgado no ha sido sentenciado, a pesar que fue aprehendido en 2009 en Estados Unidos por el FBI y deportado a Oaxaca para enfrentar a la justicia. Por increíble que parezca pronto se cumplirán 10 años y nada pasa.

Marlyn

Marlyn del Rosario Cruz Rodríguez murió en un consultorio dental ubicado en la agencia municipal de Cinco Señores donde le fue practicado un aborto. Los hechos que ocurrieron en agosto de 2006 aún no están resueltos por la justicia. Los presuntos responsables de los hechos ni siquiera están detenidos, incluso uno de ellos Alfonso Santos Zavaleta, fungió como agente municipal de esa agencia durante la administración municipal anterior.

Virginia y Daniela

La desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, ocurrida el 5 de julio de 2007 nunca ha sido investigada y se atribuyó a un conflicto interno entre grupos de la etnia triqui. Su familia sigue esperando que regresen la maestra bilingüe, Virginia entonces tenía 20 años, y su hermana Daniela apenas 14 años y era estudiante de secundaria.

Teresa y Felícitas

En la misma zona de la mixteca oaxaqueña ocupada por el grupo triqui, Teresa Bautista y Felícitas Martínez fueron asesinadas cuando apenas tenían 22 y 24 años. Ambas eran locutoras de la Voz que Rompe el Silencio, estación radiofónica comunitaria ubicada en San Juan Copala. Estos hechos ocurrieron un 7 de abril de 2008.

Como en el caso de las hermanas Ortiz Ramírez, los asesinatos de las locutoras triquis no han sido aclarados y los cuatro crímenes son sin duda producto de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ya que frente al conflicto las mujeres se convirtieron en un botín de guerra.

Violencia obstétrica

Un enamorado secretario de Salud no se dio por enterado de la iniciativa de ley que se supone envió el ejecutivo al legislativo. El ejecutivo posibilitó y pidió la elaboración de la misma a organizaciones civiles, nadie leyó el encargo una vez que organizaciones que participaron en su elaboración concluyeron su trabajo, se firmó y como si fuera un “paquete” lo llevaron ante el Congreso.

Del entuerto, lo increíble es que el titular de Salud, German Tenorio, no estuviera enterado. Es como si su jefe Gabino Cué le hiciera “manita de puerto”. Falta de comunicación o es que ahora nadie quiere hacerse responsable de nada, frente a la embestida de las organizaciones y colegios médicos.

Verdades a medias o mentiras completas. Mientras el personal médico asegura que nadie los consulto; Eduardo Liendro, uno de los promotores de esta iniciativa, dice que ya lo habían platicado con diversas organizaciones médicas.

Quienes ahora ven plácidamente la batalla de dimes y diretes en que se ha convertido el tema de la violencia obstétrica que tiene detenido todo “el paquete de reformas” que favorecerían una vida libre de violencia para las mujeres, son las y los legisladores que debían analizar la propuesta, pero no se preocuparon, la decisión sería política y en ese camino saltaron los chipotes.

Del tema, nadie sabe a ciencia cierta nada. Hay quienes opinan, incluso, que la violencia obstétrica debe legislarse pero su sitio correcto es la Ley de Salud estatal. Lo que sí quedó claro, es que el Secretario de Salud no conoce la iniciativa, lo peor -sin duda- es que según su propio dicho, tampoco se preocupó por saber de qué se trataba. Es decir, el chipote creció mucho entre legisladores y los empleados gubernamentales. Vaya cosa.

@jarquinedgar

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BOLETÍN DE PRENSA

México D.F. a 4 de diciembre del 2011

El COMITÉ NORMA ANDRADE

Denuncia el intento de homicidio en Ciudad Juárez contra la defensora de derechos humanos Norma Andrade, el pasado viernes 2 de diciembre y exige la ampliación y cumplimiento de las medidas cautelares determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra (de 17 años) asesinada en febrero 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. A partir de entonces junto con Marisela Ortiz fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización dedicada a apoyar a las madres de las jóvenes y niñas asesinadas y desaparecidas en dicha entidad. Ambas defensoras de los derechos humanos se han caracterizado por el enorme valor de denunciar la impunidad que ha amparado al crimen en el municipio juarense, por lo que han sido agredidas y amenazadas de muerte en reiteradas ocasiones. Motivos por los cuales, Marisela Ortiz y toda su familia tuvieron que exiliarse en Canadá, mientras que Norma Andrade ha permanecido en Ciudad Juárez y su segunda hija, María Luisa García Andrade, ha tenido que buscar asilo en la Ciudad de México frente a las amenazas e intento de asesinato de que han sido víctimas.

El pasado viernes Norma Andrade fue balaceada por un grupo de sicarios al salir de su casa recibiendo cinco impactos de bala. En este momento se encuentra hospitalizada delicada de salud y su hija, María Luisa García Andrade (Malú) regresó a Ciudad Juárez a apoyarla y a buscar la forma de trasladarla de forma segura a la Ciudad de México a fin de evitar la violencia de la que es objeto y salvaguardar su vida e integridad; y también poner a salvo a los hijos que dejó Lilia Alejandra, quienes sufrieron un trauma y gran daño emocional al encontrase al lado de la abuela en el momento del atentado ya que están bajo su custodia. Cabe recordar lo que sucedió a la familia Reyes Salazar a la que le mataron seis miembros y el magnicidio de Marisela Escobedo frente a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.

Ante las amenazas constantes que ponen en riesgo la vida de la familia Andrade, el estado mexicano no ha cumplido a cabalidad con las medidas cautelares impuestas al mismo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de María Luisa García Andrade y su familia, que ineludiblemente incluye a Norma Andrade (madre de Malu), Jade García Andrade (sobrina de Malu), Kaleb García Andrade (sobrino de Malu), Sarahí Bustos Andrade (hija), Brayan Bustos Andrade (hijo) y Cesar Ivan Enciso Flores (esposo).

Por tanto, exigimos al gobierno de la República Mexicana, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para toda la familia.

De la misma manera exigimos al Sr Felipe Calderón como representante del estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señale y sancione a las autoridades responsables del incumplimiento de la sentencia expedida el 16 de noviembre del 2009 y obligue al cumplimiento irrestricto de las medidas y su ampliación en favor de la familia Andrade, ya que la omisión de dicho cumplimiento ha puesto en riesgo la vida de todos los integrantes de la familia.

Al gobernador de Chihuahua César Duarte solicitamos que garantice la protección, atención y acompañamiento de la activista Norma Andrade, María Luisa García y sus familiares dentro del estado de Chihuahua, absorba los gastos y conceda todas las facilidades para la realización de trámites necesarios.

PETICIONES:

1. Que la Secretaría de Gobernación garantice las medidas cautelares y verifique su cumplimiento puntual, para la Sra. María Luisa García Andrade y las extienda a Norma Andrade, sus hijos, esposo y sobrinos en primer grado.

2. Salida y protección de la familia Andrade de Ciudad Juárez hacia la ciudad de México. Y que el estado de Chihuahua asuma los costos y gastos que se generen y realice las vinculaciones necesarias para su protección y reinserción social de la familia Andrade como parte del cumplimiento de la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado.

3. Que el estado de Chihuahua cubra todos los gastos médicos y legales que la situación amerite y los procedimientos generen.

4. Que el estado de Chihuahua garantice la transparencia e investigación del atentado a la luz pública sin dilación y que evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.

5. Que el estado de Chihuahua reponga los bienes que la familia se ha visto obligada a abandonar por garantizar su vida y la de su familia.

6. Detención inmediata y sentencia de sujetos que perpetraron el atentado.

7. Que el Estado mexicano abra expedientes en las distintas instancias de gobierno como la CONAVIM. Procuraduría social. Y PGR y mantenga informada a la opinión pública y a éste comité, sobre los avances de dichas investigaciones y del caso.

COMITÉ NORMA ANDRADE

Responsables de ésta publicación: Yan María Yaoyólotl Castro, Josefina Mena Abraham, Humberto Robles, Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez Arreola.

Para mayor información escribir a: comitenormaandrade@gmail.com http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/

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A Reserva. Culto a la personalidad

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

El culto a la personalidad como fenómeno político es tan execrable como el mismo autoritarismo; la historia nos muestra que en la antigüedad se desarrolló con el César en el imperio romano, en la Unión Soviética con José Stalin, en Alemania con Adolfo Hitler, en Irak con Sadam Hussein, en Chile con Pinochet, Joseph-Désiré Mobutu del Congo o Porfirio Díaz en México, entre otros.

El mandatario o jefe de Estado que se comporta y manifiesta síntomas políticos proclives a la exacerbada adulación, normalmente se rodea de la devoción y recepción sin crítica de quienes lo consideran superior, por su heroísmo, caudillismo o simplemente por ser el personaje del poder unipersonal.

Para tal efecto, los mecanismos mediáticos puestos a modo, rebelan bajo cualquier condición, la presencia del líder político adjudicándole frases hechas y proezas. Su gobierno pareciera solo ser producto de elaboración de relaciones que a menudo parecen absurdas por inoperantes; acciones glamorosas que un sector de la sociedad las considera casi sagradas, incuestionables e infalibles, en cuanto a todo lo que dice y hace.

¿Nos parece conocido? Cada vez más parece ser el caso del gobernador Gabino Cué Monteagudo, su natural egocentrismo se fortalece día a día con la complacencia y el beneplácito de los líderes políticos aliancistas, tanto locales como nacionales; esa práctica puede llevarnos a una involución histórica, a un retroceso; la percepción que se tiene es que estamos tropezando con la misma piedra.

La actuación de Cué Monteagudo, durante un año, se refleja sin duda en su discurso político plasmado en el mensaje que dio al pueblo oaxaqueño, relativo a su informe del primer año de gobierno, sin acciones ni obra pública, ni políticas que refrenden seriamente su compromiso de transición democrática, que tanto se espera en Oaxaca.

La clase política en el poder canta loas y dirige frenéticos aplausos a su paladín, mientras la oposición guarda silencio temeroso, para no contradecir a quien sin duda tiene elementos de sobra para perjudicarlos; sin embargo, mientras se llegue a acuerdos perversos que deterioran la credibilidad y deforman el ejercicio público, de por sí amorfo, en detrimento de la población. Los unos sostienen a los otros y viceversa.

La necesidad de un cambio significativo en el gobierno, la desinformación política y la manipulación, dio la pauta para disponer de un héroe que desplazara a los verdugos de las libertades y los derechos fundamentales, presentándose la opción del “cambio”, con un discurso populista que afirma enfocarse en el pueblo y velar por él. Este es el primer paso para iniciar un marcado culto a la personalidad.

Gabino Cué durante su campaña y en el principio de su gobierno, comenzó a desempeñarse con alto grado de aceptabilidad, esencialmente dispuesto, atento con ancianos, niñas y niños, lo cual ha usado como herramienta política; cualidades que no le han sido suficientes, por el contario es un hombre opaco, poco tolerante autoritario y muy, muy poco eficiente.

En este contexto, la auto adulación, la opacidad y, sin duda, la falta de gobernanza, privaron en el mensaje, preámbulo de lo notificado en el documento oficial del primer informe de presentado por el gobernador del Estado Gabino Cué Monteagudo. Referencias subjetivas, desproporcionadas y sin alcance mínimo a la planeación 2011.

Cierto, la Política Social ha sido la columna vertebral que mueve a este gobierno, ni duda cabe, el problema es la precisión del tipo de políticas sociales, traducido en acciones todas asistencialistas, neo-populistas que de ninguna manera podrían coadyuvar al desarrollo social y económico de los sectores más desprotegidos.

Sobre salud, atención médica y medicamentos, su informe, queda como falta de sensibilidad o cuando menos de información de una realidad que ante sus ojos se ve de una forma distante, muy diferente a la que percibe diariamente la población en los servicios de salud, deficientes e irresponsables, bastaría mencionar un caso general, como ejemplo, la suspensión unilateral del servicio indispensable de diálisis en el hospital civil, que ha dejado en la abandono a cientos de pacientes, en real peligro de muerte.
En lo particular, el caso de la niña Monserrat Bernal de 4 años de edad que se encuentra en estado vegetativo, por una clara y criminal negligencia médica. Un ejemplo del interés del gobernador y de su Secretario de salud, es la instrucción “de que fueran reservados para no ventilar en caso a los medios de comunicación”. 
Así podríamos mencionar decenas de casos generales y cientos de particulares. ¿Alguien de la sociedad oaxaqueña ha sabido del uso de un helicóptero o una avioneta del Gobierno del Estado para el traslado de pacientes graves? 
Referente a las mujeres violentadas, habrá que informarle que las asesinadas, hasta ayer suman 92, y a la fecha el decreto que crea la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razones de Género, solo es enunciativo, jurídicamente no le refiere competencia y presupuesto legal, por lo que la tan anunciada voluntad del gobernador no es más que una demostración del poder sui generis y sin contra pesos de un seudo dictador.
En ese mismo camino, se crea casi subrepticiamente la Comisión de la Verdad, que reviste de mesiánico el pago de indemnización a unos cuantos que se dicen perjudicados sociales por los acontecimientos del 2006, sin establecer criterios válidos de medición y cotejo de perjuicios y asignación económica por reparación de daños; por supuesto, ésta medida divisionista, poco inteligente y obscura, traerá repercusiones que desacrediten al gobernador incluso frente a sus aliados.

Tal vez, la mayor bofetada la recibimos cuando el gobernador Cué, afirmó que Oaxaca se encontraba entre los primeros lugares nacionales de mayor seguridad; por donde lo vea, los índices delictivos aumentan cada día, formalmente Oaxaca está en el número 14 y solo registra los delitos denunciados, sin embargo, todas y todos sabemos que la credibilidad de las instancias de procuración de justicia está por los suelos, por lo que la mayoría de robos en vía pública no se denuncian; los secuestros y levantones son pan de cada día y la sensación de inseguridad y miedo llega a grados de terrorismo, tanto frente a los delincuentes como de la policía. Así estamos, la inseguridad es de los flagelos mayores en nuestra entidad. ¿De qué habla el gobernador?

Hagamos cuentas, el gobernador prometió que el próximo año, habrá una inversión de 150 millones de pesos para el programa “Un Niño, Una Computadora”, mediante el cual se van a distribuir más de 30 mil computadoras portátiles entre el alumnado y personal docente de 109 primarias de la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca. Cada máquina le costará 50 pesos, menos que los uniformes que no ha entregado en muchas escuelas. ¿Aún, si fuera así, no estaríamos ante un privilegio más, fomentando la desigualdad? ¿Y las otras escuelas y las y los otros niños? Las computadoras sin clases ¿aumentaran el nivel educativo?

Lo que me parece seguro es que esas computadoras serán motivo de presión del magisterio, recordando que incluyó al personal docente como beneficiario.

En el colmo de su egocentrismo, Gabino Cué participó entre bombos y platillos, su gran inusitado e histórico logro, once audiencias públicas, atendiendo el personalmente a seis mil 121 personas, 16 horas por audiencia que se traducen en 176 horas que a su vez resultan 10 mil 560 minutos. Es decir, si fuera objetivo, cada persona es atendida personalmente por el gobernador, después de hacer cola por tres horas como mínimo, el insuficiente e infructuoso tiempo de 1.7 minutos.

Ponderar éste criterio como parámetro de buen gobierno, es solo un engaño, resultado del afán de aplauso y loas para su persona.

La situación en Oaxaca se hace cada vez más insostenible para quienes viven al margen de la nueva burbuja gabinista, que como ya se dijo, mas parece un útero cómodo y calientito; la crisis económica generalizada, la notoria ausencia de liquidez en el comercio; los problemas de inseguridad que nos avasallan y escalan rangos insospechados en una realidad dantesca; rangos insospechados de desigualdad y feminicidios, los bretes comunales y limítrofes añejos; los extensos territorios indígenas conflictuados; todos problemas que no han sido mínimamente atendidos; a lo que se aúna el desencanto progresivo y la desesperanza.

Gabino Cué Monteagudo se está equivocando. Desde las atezadas comunidades indígenas hasta los más refinados descendientes de españoles, rechazan la demagogia del gobernante que implícitamente actúa para sí y no en beneficio de quien verdaderamente dispone: el pueblo.

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