jueves, 7 de junio de 2012

DERECHOS HUMANOS



Frente a las próximas elecciones ¿Son los derechos humanos una prioridad para los candidatos y la candidata presidencial?
Ciudad de México a 7  de mayo de 2012
Señores candidatos, señora candidata:
Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”[1]  hemos documentado  graves violaciones a los derechos humanos, desde poco más de 20 años. Nuestra labor y trayectoria nos ha llevado  además, a ser testigos tanto de avances y compromisos asumidos, como de abusos y acciones incumplidas en materia de derechos humanos.

No obstante, en los últimos años se ha constatado que sucesos como desapariciones forzadas, feminicidios, discriminación en el sistema de justicia, discriminación por parte de las autoridades e instituciones públicas, abusos de las fuerzas de seguridad pública, agresiones a defensoras y defensores, omisión de las autoridades en la implementación efectiva de medidas de protección, afectaciones a derechos laborales, abusos contra las personas migrantes, violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; por mencionar algunos, han aumentado en  frecuencia y gravedad.
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la agudización de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con el informe de ONU mujeres, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidios, aumentó 68%  entre los años 1985 a 2006. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por su parte,  registró en los últimos cuatro años 3139 muertes violentas contra mujeres, en tan sólo 13 Estados del país. Lo anterior, sin contar que en Chihuahua la discriminación de género se traduce en la forma de violencia extrema a la que fueron sometidos  cuerpos de mujeres (tortura, mutilación, quemaduras, violencia sexual, entre otras). Adicionalmente, se han identificado graves problemáticas que impactan en el acceso a la justicia para mujeres, como los feminicidio[2], las desapariciones de mujeres y niñas, y la criminalización de las mujeres en varios estados del país por ejercer su derecho a decidir sobre una maternidad libre y voluntaria.
Otro tema de preocupación consiste en el aumento considerable de actos ocasionados por las autoridades mexicanas que afectan derechos básicos de transmigrantes,  migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas.  También llamamos su atención sobre la grave situación de secuestros de personas migrantes en tránsito,[3] sobre la vulnerabilidad intrínseca en que se encuentran las/ los niños y adolescentes migrantes no acompañados, y de aquellas personas que trabajan en el sector de servicios y en trabajos informales, centros de entretenimiento en donde viven en condiciones de sobre explotación laboral o son víctimas de trata de personas.  
Por otra parte, la situación de vulnerabilidad y discriminación en la que viven los pueblos indígenas en México, es reflejo del desprecio, el despojo, la explotación y represión que a lo largo de los años el Estado ha ejercido contra quienes ahora se ubican en los peores índices de desarrollo humano. La falta de implementación adecuada de un marco legal, incluyendo la reforma Constitucional al Artículo 1, agrava el problema estructural de la discriminación en un contexto donde, los derechos de los pueblos indígenas son considerados oficialmente protegidos por estas normas, pero las instituciones replican patrones históricos de discriminación.

Finalmente, la falta de políticas públicas que atiendan estas causas estructurales de la pobreza extrema, que generen una verdadera política benefactora y de desarrollo no solamente ayuda asistencialista, se mantiene como el mayor obstáculo para erradicar la marginalización y discriminación.
 Ahora bien, en lo que respecta al tema ambiental, debe decirse que en México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación irracional de recursos naturales y la contaminación de agua y aire, entre otros, son situaciones que vulneran no solo nuestro derecho a un medio ambiente sano sino una serie de derechos humanos vinculados.
A pesar de la existencia de una gran variedad de leyes y normas en materia ambiental suaplicación y efectividad es deficiente y en ocasiones nula. A pesar de recientes reformas en materia de acceso a la justicia ambiental, los mecanismos existentes no son efectivos sumado a la falta de  voluntad política de los gobernantes  para acatar las decisiones judiciales.
En un clima adverso para el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, muchos de nuestros colegas han sido objeto de amenazas, hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidio. Creemos fundamental que las propuestas que sean impulsadas desde sus plataformas, retomen la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar un ambiente de trabajo propicio para la defensa de los derechos humanos, y de impulsar acciones que pongan fin a la impunidad que rodea todas estas agresiones.
Finalmente hacemos hincapié sobre la falta de mecanismos para una verdadera participación en espacios de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas por parte del gobierno en coordinación con la sociedad civil.  En este sentido, es necesario un reconocimiento del Estado Mexicano de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de una democracia participativa.  
Ante lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado para que hagan un compromiso explicito en relación con el respeto a los derechos humanos y los deberes que tiene el Estado mexicano, frente a las obligaciones que éste ha adquirido a través de la suscripción y ratificación de los distintos instrumentos internacionales, en el entendido de que los derechos humanos constituyen el parámetro de legitimidad de cualquier Estado democrático
Adicionalmente, les instamos a que lejos de abordar el tema de derechos humanos como una bandera política o un mecanismo para incrementar la simpatía, fijen posturas y compromisos claros, accesibles y permanentes en los siguientes asuntos cruciales que a nuestro entender constituyen una agenda mínima para asegurar la vigencia de los derechos humanos en México:
1.  DERECHOS CIVILES: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
1.1 Otorgar autonomía al Ministerio Público, las defensorías públicas y los servicios periciales a todos los niveles.
1.2 Garantizar el principio de Presunción de Inocencia, y eliminar el arraigo.

1.3 Investigar y sancionar todos los casos de graves de violaciones a los derechos humanos del pasado y recientes sin importar el cargo de los responsables.

1.4 Reformar el Código de Justicia Militar para acotar el fuero castrense, en concordancia con las sentencias emitidas contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.5 Retirar de manera progresiva a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y procuración de justicia que hoy de facto desempeñan, con un plan calendarizado para tal efecto.

1.6 Dejar atrás la retórica de guerra que estigmatiza a las víctimas de la violencia y entiende las violaciones a derechos humanos como daños colaterales, destruyendo así el tejido social.  

1.7 Fortalecer la menguada autonomía del sistema ombudsman.
2. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
2.1  Garantizar la primacía de los derechos económicos, sociales y culturales, por encima de intereses privados, transnacionales y de acuerdos económicos multinacionales, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
2.2 Adecuar la política social para que todas las personas tengas acceso a servicios básicos, de manera integral.

2.3. Atender a las necesidades en materia de educación que existen actualmente cumpliendo con las obligaciones que el Estado tiene ante este derecho para que sea una educación: accesible, disponible, aceptable y adaptable al contexto de las personas.

2.4. Integrar el tema ambiental como eje transversal y definir indicadores de cumplimiento ambiental para cada dependencia de la Administración Pública Federal.

2.5. Cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido el país en materia de biodiversidad, bioseguridad, desertificación, sustancias dañinas y áreas naturales protegidas, y rendir cuentas públicas periódicamente.

2.6. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales sobre el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, para que exista representatividad de los dueños de la tierra, comunidades rurales e indígenas, y que sus recomendaciones se reflejen en los programas gubernamentales.
3. DERECHOS HUMANOS LABORALES
3.1. Diseñar y ejecutar un programa nacional de empleo digno, con salarios  satisfactorios y equitativos, cuyo objetivo sea garantizar la plena vigencia de todas las libertades sindicales, derecho de negociación colectiva y huelga; y los de seguridad social y pensiones.

3.2. Lograr que el salario suficiente sea una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure a los trabajadores y trabajadoras una vida digna.

3.3. Defender y promover el derecho a la Contratación Colectiva legítima y el acceso a una justicia laboral imparcial, pronta y expedita.

3.4. Salvaguardar el derecho a la seguridad social, incluidos los derechos de pensiones y jubilaciones y los servicios de salud para todos los trabajadores y las trabajadoras.
4. DERECHOS DE LAS MUJERES
4.1 Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ampliando la cobertura de servicios de salud y planificación familiar, y despenalizando el aborto.
4.2 Diseñar políticas públicas para erradicar la violencia de género, basadas en transformar las instituciones de procuración e impartición de justicia existentes.  
4.3 Garantizar acceso efectivo a servicios obstétricos de emergencia, atención previa y durante el parto con perspectiva de género, que reduzcan las muertes prevenibles de mujeres por causa de embarazo o parto.

4.4 Prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual, así como reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante asistencia prenatal y servicios que eviten poner su vida en riesgo.

4.5 Implementar e instrumentar de manera efectiva los mecanismos de protección,  contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como las órdenes de protección y la alerta de género para los casos de desapariciones de mujeres, violencia sexual y feminicidios.
5. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
5.1. En materia de pueblos indígenas, se garanticen por todos los medios posibles, el derecho a su libre determinación, a su territorio, a los recursos naturales y a la consulta efectiva. 
5.2 Cancelar los proyectos de desarrollo de gran escala que hayan sido diseñados sin consultar a las y los afectados, y afecten las tierras y los territorios de los pueblos indígenas.
6. DERECHOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
6.1  Garantizar la seguridad e integridad de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, a través de medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar delitos cometidos en su contra por razón del trabajo que realizan
7. DERECHOS POLÍTICOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7.1 Garantizar la pluralidad de los medios de comunicación masiva, y el funcionamiento de radios comunitarias, a través de un marco legal  preciso y razonable,
7.2 Reconocer e implementar los mecanismos de participación ciudadana: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. 
7.3 Fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en todos los niveles. 
8. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIO Y REFUGIADAS
8.1 Promover reformas legales que aseguren el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y sus familias; incluyendo la garantía de no repetición y reparación en casos de secuestro y desaparición forzada.
8.2 Diseñar, implementar y evaluar  una política migratoria con una perspectiva de derechos humanos, desvinculada al tema de la seguridad nacional y pública, que tenga como finalidad la atención integral y no la administración control y detención de flujos migratorios.
Señores candidatos, señora candidata: El debate en puertas les ofrece una oportunidad para posicionarse con claridad en los temas más acuciantes de la agenda de derechos humanos y despejar de ese modo las incógnitas que dejan sus respectivas plataformas electorales. 
El respeto a los derechos humanos no debe ser una dádiva ni un elemento marginal de sus programas de gobierno, sino un componente transversal que oriente la acción gubernamental de forma integral; sobre todo ante una coyuntura como la presente, marcada por la crisis de violencia y la falta de justicia.  Por ello, les exhortamos a que en las campañas ya iniciadas se definan aclarando al pueblo de México cuáles son sus planes y perspectivas sobre la agenda pendiente de los derechos humanos. 
Cordialmente, 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” Conformada por las siguientes 71 organizaciones en 22 estados de la República:  
Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de  Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA – León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

[1] La Red “Todos los derechos para Todas y Todos” A.C. está integrada por 71 organizaciones no gubernamentales, en 21 Estados de la República.  Ver:  www.redtdt.org.mx
[2] El OCNF ha definido el término feminicidio como los asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas por su condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado quien, por acción y omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
[3] Para mayor información puede consultarse el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes, elaborado por la CNDH en 2011.  Ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrantes.pdf