lunes, 1 de agosto de 2011

Mujeres y Política. Rosa y negro, sugestivo


Soledad JARQUIN EDGAR

Con una semana de retraso a su promesa, Gabino Cué “inauguró” las instalaciones de la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y firmó en ese acto rosa-negro (muy sugestivo) el decreto de creación. Fue un evento muy “chic”, como lo muestran las fotos distribuidas por comunicación social. Minucias frente a la realidad pero que sin duda nos hablan de la banalidad con la que actúan algunas funcionarias, remanentes de la vallistocracia.

Este mismo domingo, los medios locales reportaron otro asesinato cometido contra una mujer. Es decir, a pesar de que las cifras oficiales hablan de 41, el recuento de los diarios locales sumó 52, repito: CINCUENTA Y DOS en lo que va de la actual administración. Los datos están publicados por los medios.

La danza de las cifras siempre ocurre, debido a la falta de un mecanismo que permita llevar ese recuento fatal, es al final la medida de las acciones gubernamentales a favor de la vida de las mujeres. Por eso a nadie le gustan las cifras. Un ejemplo es lo que sucedió en 2009, ya tenemos tres cifras distintas: la representante de ONU Mujer, María de la Paz López, dio el último dato en un desangelado foro que se hizo para “discutir” la tipificación del feminicidio en la Cámara de Diputados local.

De la Paz dijo que en 2009, ocurrieron en Oaxaca 67 asesinatos contra mujeres, dato que obtuvo de las estadísticas vitales, de las actas de defunción, a las que le añade un elemento: “con presunción del homicidio”. En las actas de defunción se establece la CAUSA DE MUERTE y quien realizó este trabajo debió entonces presumir o interpretar que la causa de muerte fue o no un homicidio.

Por otra parte, en ese año la ahora Suprocuraduría reportó 64 asesinatos de mujeres, los medios locales 58. La funcionaria de ONU Mujer dice que fueron 67, basada en la interpretación de las actas de defunción. Una danza de cifras que confunden y que habla de otro renglón desatendido por los gobiernos.

Esta semana, también hubo un foro en la Cámara de Diputados denominado La tipificación del feminicidio: un desafío para el sistema de justicia mexicano. Como en las cifras en este tema también hay muy distintas visiones. Teresa inchaústegui, por ejemplo, opina que se deben eliminar los conceptos subjetivos como misoginia, machismo y otros, como elementos calificativos del feminicidio, considerado como asesinato de mujeres. Elsa Ancona incluye el concepto, aún cuando habla de un delito autónomo.

Todos los días una aprende. En Chihuahua por ejemplo analizan la conveniencia o no de tipificar el feminicidio, las especialistas del norteño estado mexicano concluyen que es suficiente como está establecido en el Artículo 126 del Código Penal, que establece el homicidio de mujeres como suficiente para agravar la penalidad entre 30 a 60 años de cárcel. Debemos recordar que en Chihuahua hay un trabajo serio en este sentido por parte de feministas y académicas.

Se trata, me explican, de no limitar con elementos subjetivos, de difícil comprobación, el asesinato de mujeres, esto podría favorecer a los perpetradores y no a las mujeres. En fin, hay mucho que discutir al respecto.

El problema más grave en este sentido es la falta de interés del legislativo de Oaxaca. Solamente cinco diputadas estuvieron en el foro. Pero nunca estuvieron las seis o más horas que duró, algunas como Aleyda Serrano del PRD llegó hacia el medio día, jugó con su teléfono celular y 15 minutos después se marchó del lugar.

Suficiente para que pasara lista aunque no por lista. Otras estuvieron una o cuando mucho dos horas. La que si se quedó todo el tiempo fue la panista Ivonne Gallegos, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, faltaba más, lo que no sabemos es si entendió las propuestas bien planchaditas que le llevaron a la diputada y para lo cual se le paga a la “expertas” en el tema venidas del Distrito Federal, mientras en Oaxaca se monta un teatro. Eufrosina Cruz Mendoza, quien inauguró se apropio del discurso feminista sin ser feminista. Habló cual experta de cómo se debe tipificar este delito, pero tan pronto como pudo se fue aludiendo sus múltiples responsabilidades como presidenta de la mesa directiva del Congreso local.

En fin, el problema se multiplica cuando vemos que no solo nos enfrentamos a los modos de quien gobierna sino cómo nos gobiernan. Lo cierto, insisto por enésima vez, en que el legislativo tiene poco interés. Increíble que una de 42 diputados y diputadas haya estado presente en el foro y que otros cuatro lo hicieron para salir en la foto. Eso nos conduce a un doble discurso, a una diferencia clara y profunda, entre el decir y el hacer.

Una historia repetida en México incansables veces, desde aquel que dijo que defendería el peso como un perro hasta el oaxaqueño que juró que nunca más se utilizarían las fuerzas policiacas contra el pueblo. O aquellos funcionarios públicos en la pared tienen la frase juarista que les invita “a vivir en la honrada medianía” y piensan que la Honrada Medianía es una isla paradisiaca a donde irán que vacacionar alguna vez.

Decir y hacer que a veces abre una ancha brecha que se traduce en desigualdades grotescas. Gabino Cué volvió a decir, volvió a prometer, veremos el hacer, daremos tiempo para ello. Sin embargo hay ya tareas que puede cumplir en lo inmediato para cumplir su dicho de “cero tolerancia a la impunidad”, como señaló al inaugurar la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Una tarea pendiente es procesar, enjuiciar y si es necesario encarcelar a los hoy servidores públicos del IEEPO, incluyendo al titular Bernardo Vásquez, denunciados la semana pasada por acoso sexual. Algo debe hacer frente a la segunda denuncia por violencia física presentada por la pareja o ex pareja del titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Algo tiene que hacer para detener el influyentismo de un médico de apellido Jiménez Herrera, agazapado bajo los apellidos de su hermano, funcionario público del pasado y del actual gobierno, en su pretensión de despojar a su ex pareja.

Bueno, que decir de la denuncia que presentó una universitaria contra Zenén Bravo Castellanos, ex diputado del PRD y ex subsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado.

Pendiente también está en el actuar contra los maestros de la Sección 22 acusados de violar sexualmente a niñas y niños en sus aulas de clase y que por pertenecer al magisterio son intocables. Sin duda alguna, muchos pendientes para que el decir y el hacer se encuentren en algún punto.

Cero tolerancia también significa que todos crímenes contra mujeres sean esclarecidos y que los asesinos cumplan sentencias, no es ningún consuelo el anuncio con fanfarreas que hace el Procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López al indicar que el 40 por ciento de las averiguaciones previas por asesinatos de mujeres se han esclarecido. Eso todavía es impunidad.

No se trata de hacer eventos “chic” dignos de revistas del corazón, sino de hacer las cosas como deben ser. Ya hay una Suprocuraduría, muchas personas lo festinan aunque en el fondo esa “institución” ni siquiera esté regulada legalmente y carezca de presupuesto legal. Eso sí, quienes ahí trabajan cobran desde hace mucho tiempo como si esa dependencia fuera una suprocuraduría, para ellas no habrá cambio. Lo que se espera es que las mujeres víctimas de la violencia y sus familias puedan sentir el cambio. Tortuoso el camino, ni duda cabe. Por lo pronto Cué ya tiene por dónde empezar a cumplir su palabra y hacer realidad su dicho –reitero- de “cero tolerancia a la impunidad”.

Aquí en el norte del país, se nota la violencia, pero también la pobreza. Peligroso sin duda.

Caracolasfem.blogspot.com

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A Reserva. Democracia Participativa y ciudadanización

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

El centralismo político pretende organizar y controlar, desde el centro del poder, la vida de la comunidad sustituyendo las formas espontáneas en los diferentes roles ciudadanos, en mecanismos y estructuras premeditadas y dirigidas, eliminando toda ideología diversa y por supuesto el pensamiento crítico divergente.

En una sociedad que se contempla como democrática, la jerarquía de la libertad exige defenderse tanto del abuso del más fuerte como del sometimiento a una hegemonía cultural e ideológica. La condición de ciudadanía da al sujeto derecho, voz y posibilidad de pertenencia al grupo humano, con ideas, acciones y reacciones propias.

La fragilidad de las democracias modernas, conlleva una profunda crisis de legitimidad del Estado. Se observa el agotamiento de las fórmulas tradicionales, frente a un electorado que se identifica con un discurso pragmático que pregona eficacia y dureza para resolver sus problemas inmediatos y cotidianos, frente a discursos ideológicos trasnochados, aburridos y repetitivos que encuentran rechazo unánime por parte de los grandes colectivos desilusionados.

La ciudadanía quiere mejores servicios públicos, trabajo seguro y decente, sueldos dignos y remunerativos, quiere tener una mayor incidencia en las decisiones de las cosas que lo involucran, quiere elegir con certeza a sus gobernantes, concejales, diputados y otros cargos de elección popular. La ciudadanía necesita saber que es protagonista de su propia historia y de su futuro. Así, para ficticios y revestidos personajes de falsos ropajes democráticos, el final está cerca.

Una objeción de conciencia colectiva contra una democracia anquilosada y centralista, nace y se desarrolla con una nueva mentalidad democrática que pugna por una sociedad participativa en las decisiones de los gobiernos y la creación de nuevas leyes que verdaderamente representen los intereses de los diversos sectores ciudadanos.

Los nuevos tiempos han dejado atrás la evocada democracia centralista, herencia totalitaria y populista de Estados dominantes que subestiman la inteligencia y la participación de las y los ciudadanos en la construcción de sus propios ideales realizables en libertad y una democracia descentralizada y eficiente.

Recapitulando sobre la democracia y sus significaciones, cuya característica predominante es la organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante.

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social, entre habitantes libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
De forma clásica, la democracia ha sido dividida en directa e indirecta. En la democracia directa, el pueblo reunido en asamblea o concejo, delibera y toma las decisiones que van a regular la vida en sociedad, de forma horizontal. Mientras que en la indirecta o representativa, el pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones, de forma jerárquica.
Se distingue una tercera categoría atenuando a la democracia indirecta, donde el pueblo participa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través del plebiscito, referéndum, iniciativa popular y destitución popular o revocación de mandato.
En el plebiscito el pueblo elige «por sí o por no» sobre una propuesta. En el referéndum el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma (constitución, ley, tratado). A través la iniciativa popular un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o derogación de una ley. En tanto, mediante la destitución popular o revocación de mandato, la ciudadanía puede destituir a un representante electo antes de finalizar su período.

El sistema de gobierno de México adopta la democracia representativa, que se caracteriza por un menor activismo de los ciudadanos, el cual se reduce a elegir al representante popular el día de las votaciones, los promotores de esta visión se enfocan en el perfeccionamiento de los sistemas electorales: organismos autónomos, elecciones libres, equidad en la elección y representatividad en los órganos del Estado, entre otros.
Mientras la democracia participativa conlleva el activismo ciudadano, esto es, no solo elegir al representante, sino busca estar presente en la toma de decisiones, ser parte activa en las tareas del Estado, lo que implica estar más informado y atento a las acciones de los gobernantes.

El término de democracia participativa es un concepto intermediario entre democracia directa y democracia representativa. Se buscan los mecanismos políticos para que todos los ciudadanos puedan participar de la decisión política. Se expiden leyes que obligan al gobierno a organizar consultas populares y a tomar en cuenta las decisiones ciudadanas. Sin embargo, ese tipo de reformas políticas pueden generar también nuevas formas de clientelismo, lo cual constituye un riesgo permanente para la democracia.

La crisis política en países latinoamericanos, como México, deterioró la figura de la representación democrática a partir de que el Estado y sus leyes potencializaron el poder político de los partidos, incrementando profusamente su financiamiento, otorgándoles espacios de sobrerrepresentación y el monopolio electoral.

Asimismo, las prácticas gubernamentales que pervierten con insólito cinismo el quehacer político con pérfidas faenas de enriquecimiento descarado, tráfico de influencias, corrupción sin límites, ineficacia e impunidad. Ante tan perniciosos males, la solución propuesta, siempre desde la sociedad civil, es más democracia y la ciudadanización de la política. Se privilegia la reflexión muchas veces inmadura y desinformada, que solo con nuestra intervención desinteresada y limpia (mientras no seamos de la clase política nos conservamos sin mancha) alcanzaremos el bienestar y la armonía. Por otro lado, además la democracia participativa intentaría paliar los fenómenos de la apatía y el descrédito de la vida política.

México y Oaxaca, por supuesto no son la excepción, la ciudadanización en las decisiones y en el encargo público, no es un requerimiento consciente de la ciudadanía como ente colectivo, lo es para algunos grupos que han respaldado la utilización retórica que le permita al gobierno legitimarse mediáticamente, escamoteando la participación democrática de la sociedad civil en su conjunto, con el protagonismo conveniente de algunos intereses sectarios, incluso los del viejo y abominable régimen.
En el marco de la consolidación de una democracia participativa es esencial cambiar el concepto tradicional cerrado y aislado de gobernar, por uno actualizado, abierto, verdaderamente representativo, democrático y fundido con todos los sectores de la sociedad con el fin de preservar una amplia interpretación del interés público que abarque las necesidades de los seres humanos como un todo.

La ciudadanización implica participación no solo de las élites de activistas sociales mediáticamente populares, la sociedad civil es más, mucho más; no implica de manera alguna ser cooptada por los mecanismos soeces del gobierno que convenientemente utiliza como mecanismo de legitimación y desecha cuando le son incomodos.

Un gobierno que se llame democrático, como nombra al suyo Gabino Cué en Oaxaca, debe evitar seguir en el error de crear “burocracias ciudadanas” amamantadas por los procesos de transición social y que tarde o temprano se convierten en círculos de poder reaccionarios que terminan planteando como fin sus propios objetivos, haciendo uso infame de lo público y perdiendo la perspectiva de la justicia y la igualdad.
La democracia participativa es el poder de la ciudadanía, la
ciudadanización de la libertad, que sin duda requerimos como individuos y como pueblo, sujetos capaces de futuro en el sentido pleno del término. Es nuestra tarea como ciudadanas y ciudadanos responsables de nuestro destino.

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