lunes, 22 de julio de 2013

Mujeres y Política Ciudadanía…y elecciones


Alejandra García Morlan

Mujeres y Política
Ciudadanía…y elecciones

Soledad JARQUÍN EDGAR
En el proceso electoral que todavía no acaba, Dulce Alejandra García Morlan promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca para la Protección de sus Derechos Político-Electorales del Ciudadano contra el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO). De esta forma, García Morlan, quien milita en Acción Nacional desde que era muy joven, actual regidora en el cabildo de la ciudad de Oaxaca y candidata plurinominal al Congreso local, defiende sus derechos claramente establecidos en la Constitución Mexicana, en la local y en instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.
La impugnación es por el acuerdo CG-IEEPCO-81/2013 emitido por la autoridad electoral en el que asegura no observó el principio de equidad, paridad y alternancia de género pues aplica un procedimiento sin considerar hacer efectivos los principios en relación con la lista de candidatos registrados por el PAN, su partido, y la asignación final que haga vigente y efectiva la acción afirmativa de género como se establece en la Constitución mexicana y la del Estado de Oaxaca y su obligación de respetar e interpretar los derechos fundamentales que se formulan en los tratados internacionales.
Una explicación seria y responsable de los derechos en todos estos ámbitos la lleva a plantear su inconformidad presentada este 18 de julio, asegurando que el IEEPCO se aleja del cumplimiento con la regla de la alternancia de género al validar la lista de candidatos de representación proporcional a dos candidatos propietarios del género masculino en forma consecutiva en las personas de Sergio Bello Guerra y Perfecto Rubio Heredia, lo que deja fuera, claramente, a las mujeres y en específico a ella.
En el amplio documento donde expone las razones de su impugnación, García Morlan cita las leyes que protegen sus derechos políticos, mediante la acción afirmativa que busca que más mujeres tengan la posibilidad de gobernar, aún cuando ella estaba colocada en el número cuatro de la lista de candidatos de representación proporcional y al ser electa por mayoría relativa la candidata que estaba en el número dos, la autoridad debería privilegiar su candidatura y colocarla en segundo lugar para que el PAN llegue al Congreso con una representación paritaria: un hombre-una mujer.
De lo contrario, la autoridad electoral, plantea García Morlan, contravendría la regla de la alternancia, transgrediendo el Artículo 1º de la Constitución Mexicana haciendo nugatorio el principio de equidad de género y alternancia en la integración definitiva de la lista de asignación de diputados por el principio de representación proporcional al Congreso local.
Sin duda, lo expuesto en su impugnación por Alejandra García Morlan moverá hacia la incomodidad a quienes aún piensan que está equivocada, que no hay razón suficiente en su petición. También “molestará” a las autoridades y a miembros del PAN, incluido el candidato Perfecto Rubio Heredia y su suplente, nada más ni nada menos que el ex director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán.
García Morlan muestra con esta impugnación los huecos, rendijas y hendiduras por las cuales todavía hay quienes pretenden y buscan obstaculizar la participación política de las mujeres, una lucha que todavía no se concreta en México a 60 años de que fueran reconocidos los derechos políticos de las mujeres, y que ha derivado en lo que ella expone en su impugnación: búsqueda permanente y por todos los medios de equidad y paridad de género. Materia que muestra cómo las y los legisladores, que pronto se irán, nos deben a las mujeres, en general, a la sociedad y por tanto a la tan llevada y traída democracia, pues en lugar de legislar correctamente emiten actos de simulación o de plano no hacen nada.
Todo a pesar de lo que establecen, como ya se ha dicho la propia Constitución Mexicana, la local y pasando, incluso, por encima de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer que establece con claridad en su artículo 7 la obligación de los Estados parte (como México) de tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando sus derechos políticos y el reconocimiento de la igualdad de facto; además claro está de jurisprudencia que al respecto ya se ha emitido y que de alguna forma clarifican en lo legal el por qué de su impugnación.
Por otro lado, García Morlan ha despertado en poco días la solidaridad de grupos de mujeres independientes, académicas y feministas, incluso de otros partidos por la defensa de sus derechos políticos, ya que como afirma la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera, “la ciudadanía de las mujeres se construye en movimiento, en la práctica social, en la concreción de derechos, en la deconstrucción de identidades patriarcales que propicien en las mujeres asumirse como sujetas de derechos…”
El dedo en el renglón
La violencia se ha desatado y ratifica su existir en las mujeres,  contra quienes ejercen la tarea de informar o defensores de derechos humanos. Del otro lado, un mundo ciego y sordo no atina a dar respuestas positivas, claras, precisas y en cambio la sociedad recibe engaños, promesas, palabras que el viento se lleva. El arte de mentir a través de eso que llaman comunicación social o escenarios de papel como la creación de más burocracia cuando lo que reclama la sociedad oaxaqueña es justicia y cero tolerancia a la impunidad, pero no en discursos que de tanto repetirse se han vuelto viejos ante una sociedad que de a poco y a pesar de la pobreza lacerante, la televisión y hasta de la educación deficiente que imparte el gobierno y el magisterio, aprende paso a paso a no creer solo en las palabras…
El asesinato de Alberto Bello López, reportero de Policiaca de El Imparcial es una afrenta para la sociedad que duele en el ánimo de quienes informamos, deja un sitio imposible de llenar para su familia y será una ausencia lacerante en la vida de sus hijos. Por ello la exigencia de justicia para Alberto “El Chamaco” y con ello para toda la sociedad. Lo hemos dicho, una y otra vez, la violencia no tiene justificación alguna y reclamamos que las autoridades cumplan con su obligación, esa que hace rato dejaron de lado para dar paso a la simulación.
Este asesinato, como el de las tres mujeres en Nundaco, Tlaxiaco, son un reflejo de que en Oaxaca hay dos grupos sociales: uno que reside en el paraíso gubernamental, con su tlatoani Gabino Cué, rodeado del séquito del gabinetazo, con sus guardias, camionetas blindadas y dinero en abundancia. El otro, donde está el resto de la sociedad desprotegida, alejada de la mano del tlatoani, envuelta en la impunidad y el olvido, no es gratuito que Oaxaca ocupe los primeros lugares históricamente (y se les llena la boca) en pobreza, educación, salud, seguridad…
Por eso insisto, van 217 mujeres asesinadas en Oaxaca desde hace 31 meses, desde que gobierna Gabino Cué. Y no decimos feminicidios para que en el gobierno no se confundan y pretendan confundir a la sociedad como hacen algunos funcionarios y funcionarias enfrascados en esa discusión, como pasó está semana con el subprocurador regional de “Justicia” en la Mixteca, Víctor Alonso Altamirano, en esa estúpida pretensión de tapar el sol con un dedo, cuando lo que se desea es justicia y no impunidad. Por eso digo, repito, ¿dormirán bien Gabino Cué y los tres López: Anabel López de IMO, el procurador Manuel de Jesús  López, y el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López?
@jarquinedgar



A Reserva La vida de las mujeres, decreto del gobernante

Entonces así quedamos. Sí jefe, como digas


A Reserva
La vida de las mujeres, decreto del gobernante

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Claro que no resultan novedosas, aunque sí indignantes, las cifras que colocan en Oaxaca a las mujeres, desde perspectivas diversas y, por supuesto, en desventaja.  Esta desigualdad, no es exclusiva de Oaxaca, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que a pesar de las mujeres representan el 40 por ciento de la Población Económicamente Activa, en los países poco desarrollados es más frecuente la falta de reconocimiento al talento y capacidad de las mujeres, al tiempo que se les deposita el mayor número de tareas.
Sería ocioso en este momento describir las innumerables formas de discriminación que padecen las mujeres y las niñas en una sociedad como la nuestra, donde ellas, las mujeres como grupo poblacional, sufren diversos tipos superpuestos de vulnerabilidad –baste mencionarlos- pobreza, baja escolaridad, discriminación, abuso sexual, patrones culturales negativos, exceso de trabajo, mala salud, violencia intrafamiliar y soledad.
En estas condiciones, Oaxaca pasó un proceso electoral más, sin pena ni gloria para las mujeres, cuyos resultados solo ponen a la vista cifras actualizadas -enfadosas y provocadoras-: para los municipios habrá siete presidentas municipales, 37 síndicas y 154 regidoras;  15 diputadas, se repite el número para los escaños en la próxima legislatura.
Y de los números que continúan está el referente a las mujeres que ocupan puesto de primer nivel  en el gabinete del gobernador Gabino Cué Monteagudo –una sola funcionaria-; en el Poder Judicial del estado solo seis magistradas, menos de 30 juezas, engrosando el número las muchas juezas de lo familiar, materia “propia” de las mujeres.
Toda esta danza de números viene a referencia por un acontecimiento social político de gobierno, se inauguró con bombos y platillos el Centro de Justicia de las las Mujeres, evento presidido, claro, por el gobernador del estado, la flamante directora de esta multi-instancia dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado y cuyas funciones aún no se dilucidan si estarán bajo las órdenes de la Subprocuradora de Delitos contra la Mujer o será al contrario.
En este “magno” acontecimiento hubo discursos y declaraciones de propios y extraños, el jaloneo de quienes quieren salir más cerca del jefe político, destapó algunas rencillas atoradas y muchas porristas declarando y haciendo peripecias para estar en la foto.
El discurso frondoso y ocurrente, el gobernador Cué Monteagudo lanzó una consigna conocida por la mayoría de las oaxaqueñas, “los indicadores de la violencia de género, no bajan hay que evitar que se conviertan en homicidios”,  refiriéndolo como “indicadores de salud pública” ¿Salud? Bueno, entonces se cura.
De pronto el decreto, fuerte y firme…La violencia de género se erradica y no más feminicidios…Así de fácil, 15 días, convocatoria ¡Acción! Ojalá fuera suficiente con un chasquido del gobernador para detener así sin planeación, sin coordinación, sin protocolos claros, contundentes y eficaces, sin mecanismos de prevención formales debidamente presupuestados…Ojalá que éste gobierno del cambio mostrara interés y convicción en el desarrollo de las mujeres y niñas oaxaqueñas en igualdad de condiciones y pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Resultó digno de análisis la participación del titular del poder judicial del estado Alfredo Lagunas Rivera, quien aseguró que cuando menos el Tribunal ya se convirtió en una “estructura sede de acceso plena de la dignidad de las mujeres”; también afirmó que actualmente las mujeres participan activamente en los espacios y organización del poder judicial, además, ya se están capacitando. Pero de la impartición de justicia para las mujeres, nada, se le olvidó.
Algo serio se escuchó en esa inauguración, mas cifras, desgarradoras, de COECIDA, su titular las informa, 157 casos de violación a mujeres solo en 2012 y lo que va de este 2013. Son las que llegan a las instituciones de salud.
Y de la cifra, esa que horroriza y que al parecer no es la más importante, la definitiva, la que debe mover a actuar, dejar la retórica y la glorificación mediática, la cifra que comparada a las pequeñas cifras de mujeres presidentas municipales, diputadas, funcionaria mayor, resulta enorme, ingente, aterradora, 217 mujeres asesinada en 31 meses; como quiera llamarle el responsable de procurar justicia e investigar los crímenes, -homicidio asesinato o feminicidio- son 217 vidas arrebatadas que a decir por alguna organización que contabiliza el fenómeno del feminicidio el 98% están impunes.
Además…
El director del IEEPO, Antonio Iturribarría Bolaños, manifestó que en éste próximo ciclo escolar 2013-2014, al no estar aprobadas las leyes secundarias y la nueva ley general de educación, los maestros y maestras recién egresados de las escuelas normales tendrán la oportunidad de colocarse en las escuelas del Estado sin realizar los exámenes de evaluación.
La entrega de unos cuantos millones a sus líderes y listo.
Son parte de los acuerdos tomados entre el gobierno del Estado, y la Sección 22, para permitir la celebración de la Guelaguetza y no establecer el plantón anual en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.
@BarbaraEGCH


Palabra de Antígona Violencia contra mujeres, sin control



Palabra de Antígona
Violencia contra mujeres, sin control

Por Sara Lovera
El mayor signo de la desigualdad que viven las mujeres mexicanas es, sin duda, cómo viven y sufren la violencia en todos los aspectos. Esa que nos acosa nacionalmente y también afecta a toda la población. No obstante, por enésima vez, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, constituido por representantes del gobierno federal, las presidentas de los institutos estatales de la mujer y presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, dijo no a los organismos civiles que piden acuciosamente el establecimiento de la alerta de género para el Estado de México.
Ello, a pesar de los argumentos y las cifras. En el Estado de México en seis años mil 500 mujeres han sido asesinadas, 60 por ciento fueron halladas en la vía pública y 40 por ciento dentro de sus hogares; el caso volvió a analizarse por un mandato de los tribunales, ya que el Observatorio Ciudadano de la Violencia Contra las Mujeres que preside Rodolfo Domínguez, se amparó contra la negativa desde 2010.
El contra argumento que hizo votar a 33 personas en contra de la Alerta, que es obligada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, frente a  la aceptación de sólo tres presidentas o secretarias de la mujer, Tabasco, Oaxaca y Baja California, es que de 563 mujeres asesinadas, sólo 115 podrían identificarse como feminicidio. El tipo penal por el que han trabajado decenas de mujeres en los últimos tiempos.
Es evidente que el tema de la Alerta se encuentra en un callejón sin salida. Legaloide. La estructura de la Alerta, se dijo en esa reunión, está mal hecha. Los requisitos para la Alerta, en un exceso de reglamentación que ha atacado a las dirigentes y a las diputadas, ahora se ha convertido en la mejor manera de negar una acción integral en determinado territorio donde las cifras son alarmantes, pero no aplica el mecanismo.
Pienso que este exceso de reglamentación en el que invierten tiempo y vida muchas “expertas” y militantes si ha servido para hacer evidente que el asunto no puede resolverse en una sociedad desigual, injusta, de graves problemas democráticos y donde el tema de la justicia es preponderante de impunidad, a todo lo largo y ancho de este país.
Me llama la atención esta negativa, pero más me inquieta que no hay una estrategia para entrarle al problema de una manera más inteligente. Es claro que nos acosa la violencia contra las mujeres, tanto que la abogada Patricia Olamendi, aseguró que la violencia en el Estado de México contra las mujeres se encuentra fuera de control y ha alcanzado “niveles alarmantes”,
Ella, integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los temas de discriminación hacia las mujeres y Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia  contra la Mujer de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como Belem Do Para, política en activo, sabe lo que dice.
Y argumentó: “…las cifras del INEGI no mienten: 55 por ciento de las mexiquenses sufre violencia y éstas son las más altas en el país. Aunque el gobierno del Estado de México emprendió desde 2010 —bajo presión política— diversas reformas y acciones para atender las denuncias de violencia generalizada contra su población femenina, como la creación de la ley estatal para erradicar la violencia contra la mujer y una Fiscalía de Feminicidios, la realidad es que estos avances no bajan a la población”.
Habló en Toluca, el 18 de julio, mismo día que se negó establecer la Alerta de Género, con sobrada responsabilidad y experiencia: las mujeres no son atendidas en los ministerios públicos, además de que en la realidad ni jueces ni autoridades ministeriales ejercen su facultad de brindarles las medidas precautorias que recién se aprobaron en ley, pero que no operan en la práctica.”
Me parecen suficientemente claros. Es preciso que sean sus propias palabras las que aclaren lo que sucede. Agregó: “La buena noticia para el Estado de México es que ya cuenta con un excelente marco legal para las mujeres, la mala noticia es que no se aplica; la buena noticia es que ya hay una subprocuraduría para la atención de delitos contra la mujer, la mala noticia es que si vas al ministerio público no te atienden”, luego llamó directamente al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, para que acepte la alerta de género.
Ello se decía mientras la negativa era reiterada. Olamendi, que como digo sabe lo que dice, señaló que lo de la Alerta: “está más politizada que la propia solicitud que se hace desde 2010 por organizaciones de derechos humanos”.
Entre los argumentos de las señora que deben velar por la ley, por la paz, por el cese de la violencia contra las mujeres, están más al lado de la burocracia. Señalaron que “no hay violencia sistemática como lo define la Corte Internacional: genocidio y crímenes de lesa humanidad”; y además, “ya existe una Fiscalía Especializada” y encima las estadísticas, es decir, los hechos de homicidio “sucedieron antes de que se tipificara el feminicidio”.
El enredo puede ser peor. Ello obliga a marcar la retirada de ese engorro que es infernal, arrastrar el lápiz por hacer y hacer leyes. Sobre la igualdad y la mejor vida de las mujeres conté seis; de planes y programas ni hablar, millones de pesos invertidos para cambiar el lenguaje y, sin embargo, lo que hasta ahora no se ha logrado es cambiar la mentalidad de ministerios públicos y jueces. Hace falta cambiar la estrategia; se necesita una verdadera y nacional protesta, organizar a las mujeres para hacer efectivas leyes que ya existen, que se multiplican en todo el país, que pocas personas conocen y pocas exigen; hacen falta imaginación, entrega y menos palabras. En muy pocas palabras Patricia Olamendi ha puesto el dedo en la llaga.
Ojalá que se tomarán en serio los hechos y que nos cimbraran de tal manera que se elijan estrategias y no nuevas leyes. Veamos: en el Estado de México hay un subregistro de los casos de violencia contra las mujeres de 91 por ciento, pues según la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), solo nueve casos de cada 100 se denuncian.
Los resultados indican que 55 por ciento de las mexiquenses ha sufrido violencia, 46 por ciento trabaja y 43.7 por ciento no. La violencia alcanza todos los ámbitos y se recrudece en las comunidades indígenas, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI).
Las cifras de la ENDIREH 2011, explicadas por  Jaime Arturo Vergara, representante de INEGI en el Estado de México son contundentes: el tipo de violencia más frecuente en esa entidad es la emocional, con un 82.4 por ciento; le sigue la económica, con 53.5 por ciento; la física, con 16.5 por ciento, y la sexual se encuentra en el último sitio, con 6.8 por ciento.
Lo más grave, los “hechos” más frecuentes de violencia física que sufren las mexiquenses son en primer lugar los “golpes con manos y objetos”, en 17 por ciento; empujones y jalones de cabello, en segundo lugar con una incidencia de 16 por ciento; arrojarles objetos, 8.8 por ciento, y patearlas, seis por ciento.
En violencia sexual, 13.6 por ciento de las mujeres reportó ser forzada u obligada a mantener relaciones sexuales; mientras que 3.9 por ciento reportó ser forzada a realizar “cosas que no quieren” durante el acto sexual.
En pleno siglo XXI, el 24.8 por ciento de las encuestadas dijo que su pareja les prohíbe trabajar o estudiar; 21.4 por ciento reportó “tacañería” de sus parejas para solventar algunos gastos, a pesar de tener los recursos; 13.2 por ciento dijo que su pareja no aporta el gasto; en tanto que 16.1 por ciento acusó a su pareja de gastárselo en otras cosas, mientras que 3.4 por ciento han sido despojadas de objetos o bienes.
Las mujeres que reportaron “violencia extrema”, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, fueron el 14.5 por ciento, mientras que 12.8 por ciento reportó “violencia extrema” a lo largo de toda su relación. En el caso de las mujeres indígenas, 64.1 por ciento dijo vivir con violencia, mientras que un 38.1 por ciento de todas las mujeres encuestadas reportó haber vivido “violencia extrema” alguna vez.
Y lo más sorprendente, dirían en la comentocracia televisiva, vea usted lo increíble. Sí para quien apenas se asoma a la desigualdad social mexicana.
Ahora es cuando, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) llama a la ciudadanía a presentar propuestas que permitan elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. El Programa, al que se llama a ponerle propuestas, servirá para trazar  los objetivos, las estrategias y las metas necesarias para que todas las personas de nuestro país gocen de igualdad para desarrollarse en un marco de respeto a los derechos humanos y libre de discriminación y violencia. Tan, tan… veremos.