lunes, 4 de julio de 2011

Mujeres y política. Mujeres que brillan

Soledad JARQUIN EDGAR

En Oaxaca hay más 14 mil comunidades, esta misma entidad tiene en su amplio territorio los 100 municipios más pobres del país. Otra cantidad importante apenas supera esa pobreza y la migración es un factor de escape a esa lacerante carencia de lo fundamental: educación, salud, empleo… Esa larga lista de los derechos que ya conocemos.

San Lucas Quiavini es un ejemplo de esas muchas comunidades oaxaqueñas donde la suerte cambia viajando miles de kilómetros, se arriesga la vida, se atraviesa el río Bravo y en medio de ese recorrido todas las explotaciones inhumanas que sabemos no se cuentan, agravadas hoy por la guerra contra el narcotráfico y que disfrazan el sueño americano, sueño profundo en el que también han dormido los gobernantes.

El envío de dinero es de todos los días, antes viajaban sólo los hombres, hoy las mujeres también están del otro lado, son residentes ilegales de las entidades norteamericanas de Nueva York y California, principalmente. Trabajadores que aceitan la maquinaria estadounidense sin recibir sus derechos. La vida se convierte en trabajo sin derechos. La diferencia con su lugar de origen es que aquí no había ni trabajo ni derechos y menos lo que conocemos como políticas públicas capaces de hacer la diferencia.

San Lucas Quiavini es un asentamiento zapoteca fundado hace 424 años, desde la ciudad de Oaxaca se recorren 50 kilómetros, es decir, en menos de una hora pasando Tlacolula y ahí está el caserío gris, gris por el color de los bloques de cemento que sustituyeron las cercas vivas de cactus columnares, “el desarrollo” llegó a través de los dólares a Quiavini palabra zapoteca que significa “piedra que brilla, piedra rocío o piedra preciosa” y que algunos dicen que se habría equivocado el historiador José María Bradomín cuando señaló que significaba “piedra que llora”. El origen del nombre debió ser sin duda por sus minas, porque las piedras lloran o brillan.

Es extraño y hasta increíble, pero San Lucas Quiavini es una muestra de cómo todo se detiene frente a la inacción de los gobiernos y la corrupción que sigue penetrando todos los niveles, ese barril sin fondo de la ambición humana que practican con cinismo cada día muchos políticos a quienes no les interesa cómo los habrá de juzgar la historia y cuyo resultado es letal para las demás personas.

Desde que los hombres empezaron a partir, las mujeres de Quiavini buscan cómo resolver los problemas de su casa, la educación de sus hijos, cultivan la tierra, incluso ya son parte de los comisariados ejidal y comunal, sí están labrando su historia, sus historias personales también cambian, saben de la importancia de aprender y van a la escuela, buscan vencer ese panorama desolador que produce la pobreza –más del 40 por ciento de sus habitantes tiene carencias educativas-, el abandono de sus pueblos no por los hombres que se fueron sino por los buenos gobiernos que no llegan, tras más de 400 largos años ¿increíble no?

Lo que si llegó hace apenas un año, gracias a la gestión de la antropóloga Socorro León Monterrubio, fue la Misión Cultural Rural número 19, educación extraescolar, dependiente de la Coordinación de Educación para Adultos del IEEPO. Algo brilla en ese abismo negro.

La Misiones Culturales, me informó el supervisor de la zona, el profesor Fausto Reyes Calvo, se crearon tras aprobación de un decreto de fecha 20 de octubre de 1923, cuando José Vasconcelos era Secretario del Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena y estás quedaron bajo el mando del maestro Rafael Ramírez Castañeda, se trataba de capacitar a los maestros y maestras rurales en técnicas de enseñanza y debido a su éxito se extendió a los habitantes de las comunidades.

En Oaxaca, estas misiones se instalaron en 1926, empezaron en Santiago Yolomécatl y en San Antonio de la Cal. Se suspenden en el periodo Cardenista porque rebasaban el principio de la educación socialista y se reinstalaron en 1942. A partir de 1981, estas misiones integraron la especialidad en educación básica, para disminuir el analfabetismo y atender a las personas para que estudien primaria y secundaria. Entonces uno no entiende esos barriles sin fondo en que se convierten otras “instituciones” que atienden la educación de los adultos.

En San Lucas Quiavini las mujeres, más de 200, se inscribieron de inmediato hace un año y esta semana muchas de ellas terminaron sus primeros cursos que les permiten auto emplearse en una gama diversa de actividades que nos sonaran comunes y otras que rompen con el sexismo como la carpintería, actividades agropecuarias, albañilería y textilería, además de las culturales como la música y danza.

Esta que fue una puerta en sus vidas, las llena de alegría, porque no aprendieron una actividad sino dos o tres, y lo mejor, muchas de ellas culminaron en un año su primaria y otras avanzaron en la secundaria, la mayoría de ellas madres de familia, mujeres que encabezan solas sus hogares, porque los hombres, parejas, padres o hijos están lejos a kilómetros de ellas. Qué orgullo ver a una mujer de más de 70 años decir que ya puede escribir y leer su nombre.

Me hubiera gustado que muchos servidores públicos de Oaxaca hubieran observado las caras de alegría de las mujeres de San Lucas Quiavini cuando recibían de manos de sus autoridades locales y sus maestros sus constancias de estudios y detrás del micrófono el entusiasmo de las maestras, orgullosísimas de sus alumnas, increíbles las maestras alentando, hablando de la importancia de la educación, algo que las alumnas ya habían comprendido y seguirían invitando a otras mujeres para que siguieran su ejemplo.

Sin duda, ante la parálisis educativa que vive este país, derivada de lo que ya sabemos provoca el barril sin fondo que permite que su lideresa Elba Esther Gordillo tenga a muchos políticos de todos los partidos postrados a sus pies y a sus órdenes, que sea “dueña” de su partido político y que instaure –para vergüenza de muchas mujeres- el nepotismo partidista con el nombramiento de su hija como secretaria general del PANAL o que su yerno ocupe un sitio en la SEP, etcétera, etcétera… o que el magisterio oaxaqueño, también postrado por sus líderes, pasen de apóstoles de la educación a verdugos de Oaxaca, y que el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio esté en campaña buscando ser el candidato de la derecha a la presidencia de México, cosa que hizo desde que llegó a ese lugar, nos dice que si no fuera por las Misiones Culturales Rurales, un programa de la segunda década del siglo pasado, este país estuviera peor, mucho peor.

Qué pena que los grandes funcionarios no lleguen nunca a estos eventos que visten de gloria a las comunidades de Oaxaca, qué pena que se pierdan del privilegio de ver el rostro que produce la educación extraescolar en las mujeres de San Lucas Quiavini y ver la satisfacción de sus maestras y maestros. En San Lucas Quiavini, por sus mujeres, la piedra no llora, la piedra brilla.

Me pregunto si Vasconcelos y el maestro Ramírez pensaron que las misiones tendrían que durar toda la vida o lo planearon de manera temporal, mientras la educación formal llegaba a las comunidades, es decir, un profesorado competente, instalaciones educativas dignas y adecuadas, programas educativos eficientes…llegada que todavía no sucede, por todo lo que toca la corrupción, la ambición, el poder que no se entiende para la población sino para beneficios personales, esos de los que hoy se habla tanto y se castiga poco.

El único castigo es la exhibición pública: desde el que se roba más de mil millones de pesos del erario en la administración de URO hasta los funcionarios que acosan sexual o laboralmente a las trabajadoras, como la denuncia valiente hecha por la licenciada Elizabeth Vásquez Blas, por el acoso laboral por parte de Carlos Alberto Robles Montoya, hermano de Benjamín Robles secretario particular de Gabino Cué (¿Quién es el hermano incómodo?). Este hermano incómodo es jefe de la Unidad de Desarrollo Intercultural y Medicina Tradicional de la SSO (El Imparcial/1 julio 2011/Yadira Sosa). ¿Qué no iba a ser diferente todo en Oaxaca? A creer a la iglesia, como decía mi abuelita Lucha.

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A Reserva. ¿Derechos humanos garantizados?


Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Esta semana, durante su visita en México, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, planea abordar los temas de seguridad, derechos de las personas migrantes, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, así como la discriminación y la libertad de expresión.

La gira de trabajo inicia en Oaxaca. El gobernador Gabino Cué, quien sin duda tiene excelentes enlaces internacionales, ofrece a la Alta Comisionada de la ONU, con apoyo de algunas organizaciones civiles aliadas a la alternancia desde su actividad social e incluso insertando algunos activistas en la nómina oficial, un magno evento protocolario, en presencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación denominado “Por un Oaxaca a favor de los Derechos Humanos y la no Discriminación”, donde se presenta la iniciativa de Ley para la igualdad y la no discriminación del Estado de Oaxaca, así como el anuncio de un organismo autónomo contra la discriminación.

En Oaxaca, a siete meses de ser gobernada bajo el lema “Por la paz y el progreso”, es hasta este acontecimiento coyuntural que reviste de importancia mayor el asunto de los derechos humanos y no discriminación; me refiero a las actuaciones más que a los pronunciamientos que sin duda han rebasado con mucho las acciones públicas de verdadero impacto en los diferentes sectores de la población. ¿Por qué no contempló la reforma legislativa cuando menos la adición constitucional relativa a la no discriminación? ¿Los derechos humanos de las y los oaxaqueños están verdaderamente garantizados?

Arrastrando el pasado reciente –siete meses atrás- la primera disposición del gobernador en esta materia fue el nombramiento de la comisionada de los derechos humanos, que jurídicamente no es recomendable toda vez que una autoridad garantista no debe quedar sujeta a los designios y criterios de la actividad gubernamental, que no sólo duplica las funciones institucionales de la instancia formal de protección de los derechos humanos, en ocasiones las sobrepasa; las funciones de esta comisionada desde la cuestionable cercanía a la autoridad suprema del ejecutivo, pierden gran parte de su legitimidad.

El rezago que muestran las 40 mujeres asesinadas en este corto plazo, superan con mucho cualquier otro tiempo reciente, demuestra cuando menos la ineficacia de políticas y acciones públicas dirigidas a resguardar la vida e integridad de las mujeres, demostrando la molicie del ejecutivo y la pereza legislativa.

Es evidente la creciente inseguridad que padece Oaxaca, resultado de las pésimos gobiernos anteriores, que no ha podido revertir la nueva administración, al contrario se ha robustecido la delincuencia, continuando la corrupción e impunidad, haciendo crítica la situación de terror con el aumento incontrolable de secuestros y levantones, a lo que de viva voz el Procurador de Justicia, Manuel de Jesús López, el pasado 23 de junio, frente al gobernador Gabino Cué argumentó que en razón de los secuestros no se hacía nada por falta de recursos. ¿Cómo entonces suscribió el gobernador de Oaxaca el Acuerdo Nacional para prevenir y castigar el secuestro?

Los conflictos agrarios, los problemas de límites territoriales y el abandono de los gobiernos, los de antes y el de ahora, han motivado los frecuentes asesinatos en comunidades de la sierra sur que han dejado a unas 650 viudas, madres de tres hijos en promedio, que viven en extrema pobreza, invisibles para las políticas públicas y los programas de beneficio social; la ausencia del ministerio público aumenta la impunidad, incrementa la violencia y el encono social frente a la inacción de las autoridades.

En relación a los derechos humanos de los migrantes, Oaxaca es protagonista en el tránsito migratorio de la frontera sur; donde se les da un trato inhumano, principalmente a su paso por los municipios istmeños, incumpliendo flagrantemente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares suscrita y ratificada por México, que establece en su Artículo 7º:

“Los Estados parte se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”.

Es cierto que la migración en el contexto jurídico es competencia federal, en este sentido argumenta el padre Alejandro Solalinde –defensor de los derechos de los migrantes- que el gobierno federal ha omitido su responsabilidad, sometiéndose a los intereses norteamericanos, convirtiendo en un teatro sus compromisos frente a la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos de los migrantes, por lo que –dice Solalinde- tendría que desaparecer el Instituto Nacional de Migración.

Sin embargo, no deja de haber responsabilidad del gobierno estatal respecto del resguardo de la seguridad y la garantía de sus derechos fundamentales, de lo que hasta ahora no hay indicios de acciones de justicia y prevención frente al secuestro y asesinato de migrantes.

El marco jurídico internacional contra la discriminación aparece formalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; sucesivamente otras convenciones y tratados que nuestro país suscribe y ratifica, obligándose a cumplirlos.

En México el antecedente de mayor trascendencia y peso en esta materia es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece expresamente este principio antidiscriminatorio, lo anterior a raíz de que en el año 2001 se reformó su artículo 1º para que se prohibiera toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A raíz de la reforma, en 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el marco de ésta, 17 entidades estatales han creado paulatinamente leyes locales contra la discriminación, se trata de Tamaulipas, Nayarit, Distrito Federal, Zacatecas, Baja California Sur, Estado de México, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Durango y Yucatán.

Oaxaca hasta hoy había legislado en el rubro de derechos, igualdad y no discriminación, publicando en administraciones anteriores la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura; Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; Ley de Atención a Personas con Discapacidad; Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Sin embargo, es evidente que para la clase política, la de antes y la actual, la necesidad social y jurídica de crear la ley armonizando la legislación local con la nacional y los tratados internacionales, pasó desapercibida, tal vez se han negado a reconocer la discriminación, pero las acciones civiles de feministas, de la comunidad de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, han dado paso al derecho fundamental de no ser discriminados.

Bueno, pues al parecer los derechos humanos y la cultura de igualdad y no discriminación en Oaxaca estarán hoy vigentes en el discurso y los medios lo convertirán en una verdad…mientras tanto hombres y mujeres oaxaqueñas esperamos se hagan realidad.

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