A Reserva
Atraso y corrupción: Autotransporte en Oaxaca
Bárbara García Chávez
Para empezar habrá que
afirmar con contundencia que una ley inamovible que regule asuntos que por sí
mismos son sujetos de permanente movimiento y actualización, es una ley
ineficiente, atrasada y conservadora, en concreto es una ley desfasada y obsoleta,
que muy a menudo, casi siempre protege cacicazgos y privilegios insanos.
Es el caso de la Ley de Tránsito del Estado De Oaxaca cuya publicación inicial fue
desde el 5 de julio de 1969. Una ley que ha permanecido y cómodamente se ha
mantenido por 43 años, no por casualidad o por olvido, que ya sería grave,
menos porque resulte eficiente y adecuada; la ley por si misma así lo determinó
quedó establecido con toda la intención siniestra de preminencia y prevalencia
en el control hegemónico del servicio del transporte público.
De acuerdo a la propia ley en mención que es vigente hasta
el día de hoy - Ius estrictum – el marco jurídico inscrito en su Artículo
Segundo Transitorio que a la letra dice: “en
tanto no se expida el reglamento de la presente ley, continuara en vigor el
reglamento de tránsito y transportes del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 26 de junio de 1954. Es decir que Oaxaca se rige en
materia de transporte por un reglamento desfasado y vetusto que se pretendió
modificar su vigencia en 1973 obviando la descripción formal y por tanto su positividad y vigencia al
nombrarlo exclusivamente Ley de Tránsito de Oaxaca, omitiendo de
hecho y derecho la regulación expresa y explicita del transporte público.
Aun suponiendo que en Oaxaca hubo regulación del transporte público
normado en esa Ley de Tránsito sin reglamentarse hasta la fecha, fue en los artículos 17 al 29 contenidos en
su Capítulo IV. TRANSITO, CONCESIONES Y PERMISOS;
quedando sujeta a una dirección sin reglamento por demás ineficiente,
inoperante, burda y corrupta, que sirvió
y ha servido para solventar y mantener
los intereses económicos y políticos tanto de los propios transportistas como de los gobiernos
de antes y de ahora, que sostienen aberrantes complicidades como el inusitado
caso de nombrar a la dueña casi monopólica del transporte en el Estado –Aurora
López Acevedo- como funcionaria responsable del transporte, generando por
supuesto un conflicto superlativo de intereses y el abuso ciclópeo de
facultades que sin ninguna restricción
ensancharon su riqueza y privilegios, sin ningún recato, perjudicando a la
sociedad con pésimo servicio, cometiendo ilícitos mayúsculos incluso delitos
que por cierto hasta hoy no han sido castigados, bueno, el colmo fue la
presentación de la señora López
Acevedo como ciudadana ejemplar en la
campaña del actual gobernador Cué Monteagudo.
En una verdadera anarquía jurídica el transporte
público se definió con planes y acciones políticas que fueron llevándolo de
dirección a secretaria sin concretar con seriedad jurídica la situación formal
de la regulación control y vigilancia del servicio público del transporte.
Claro que de esta forma ha habido condiciones de mantener sin límites esa
relación corrupta e impune de complicidad que se traduce en que el Estado les deja hacer, les permite todo lo que les convenga siempre y cuando los
transportistas le sirvan al gobierno en turno como fuerza informal (grupos de
choque) acarreadores para efectos electorales, incluso como grupo de
información política.
Hoy por hoy los asuntos del transporte público en
Oaxaca no son diferentes, a pesar de haberse modificado otra vez la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en la que se insertó la
secretaría de Vialidad y Transporte quedando como responsable el ilustre y
reconocido priista José Antonio Estefan Garfias, fiel servidor de Diódoro
Carrasco y del malo Ulises Ruiz Ortiz, hoy bien acomodado en el gobierno del
cambio; cuya función en esta nueva Secretaría ha pasado con más pena que
gloria.
El problema fundamental de las ineficaces políticas en
la materia, es la ausencia de una ley del transporte público propia y
determinante que obligue a hacer lo que se debe hacer en beneficio de la
ciudadanía; que resuelva de fondo el desorden y predominio de los poderes
fácticos del transporte, es decir que los sujetos de esta ley verdaderamente se
sujeten al predominio de la ley.
Desde hace buen rato, nos han informado que la ley ya
está cocinándose, pero al parecer faltan mucho para estar en el horno. Ha sido
menester como sucedió con otras leyes ya aprobadas durante este gobierno
aliancista, llamar a quien será sujeto de la ley, lo que se ha distorsionado con una óptica
obtusa desde la cámara de diputados que buscan por un lado consensar entre los
transportistas como afectar menos sus intereses y privilegios, y por otro, los
partidos y sus grupos buscan el control cómplice de lo que saben por
experiencia deja mucho dinero y mucho poder.
Los intereses y necesidades de las y los verdaderos
sujetos de la ley que son usuarias y usuarios del servicio, la ciudadanía en
general, se han dejado a un lado y cada vez como siempre se ve lejano en Oaxaca
las acciones directas y urgentes dirigidas a alcanzar el bienestar general y
esa justicia democrática que tanto se cacareó no llega y el deficiente,
negligente y si muchas veces criminal transporte publico sigue igual o peor.
Unidades chatarras, choferes drogados y de por si
patanes y prepotentes, servicio caro y malo sin ninguna seguridad ni fáctica ni
formal, que ponen en riesgo constante la integridad y la vida de usuarios y
sobre todo usuarias de quien se abusa mayormente.
Riñas entre grupos de transportistas que afectan no
solo el servicio sino a la sociedad entera, como sucedió recientemente en la región del istmo y en la ciudad de
Oaxaca, con actos violentos y bloqueos infames.
Mototaxis sin límites que ahora son la prevenida más
codiciada que otorgan los grupos de poder político a sus agremiados, expresión “moderna” del transporte
que salen por donde quiera conducidos una buena parte por menores
irresponsables, muchos puchadores de drogas, y otros han resultado hasta
violadores impunes de jovencitas.
Así, nuevamente aumentarán las tarifas del transporte
público en Oaxaca, así, el gobierno estatal
lo autorizará respondiendo a los favores de los que se creen dueños del absolutos
del servicio, que pasan por alto que solo son concesionarios, que la concesión
es un acto administrativo unilateral y que un gobierno responsable les
ajustaría cuentas en beneficia del pueblo.
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